CSJ - SP3728-2022(61526)

FERNANDO BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP3728-2022 Segunda instancia No. 61526 Acta 252 Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022).

I. ASUNTO La Sala decide el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la sentencia del 10 de febrero de 2022, mediante la cual la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare), conjueces, absolvió al doctor JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA -ex juez promiscuo del Circuito de Orocué, por el delito de prevaricato por omisión, artículo 414 de la Ley 599 de 2000, en la CUI: 15693600021920120002604

Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA modalidad de concurso homogéneo y sucesivo, dos de ellos agravados, por tratarse de asuntos relativos a delitos de homicidio (artículo 415 ibidem.

II. ANTECEDENTES 2.1 Fácticos Según el escrito de acusación, los hechos jurídicamente

relevantes se concretan de la siguiente manera: La Fiscalía acusó a JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA porque durante su ejercicio como juez promiscuo del Circuito de Orocué (Casanare), entre el primero de julio de 2000 y el 31 de agosto de 2012 (aunque no hubo solución de continuidad por algunos lapsos) omitió tramitar en debida forma once (11) procesos a su cargo, lo que dio lugar a la

prescripción de la acción penal en todos ellos. Además, el acusado no tomó las decisiones inherentes a evitar la configuración del referido fenómeno jurídico. Los procesos que terminaron con prescripción de la acción penal son1: Radicado Delito Fecha opera Fecha declara prescripción prescripción 1998-842 Homicidio 25/09/2008 30/11/2012 2004-0047 Acceso carnal abusivo con 15/11/2010 27/11/2012 menor de catorce años 2003-0015 Porte ilegal de armas 23/05/2008 07/12/2012 2007-0090 Porte ilegal de armas 31/10/2012 05/12/2012 1 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 299. 2

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA 2007-0097 Porte ilegal de armas 21/09/2012 04/12/2012 2003-0019 Porte ilegal de armas y 11/06/2008 07/12/2012 lesiones personales 2000-0028 Homicidio y lesiones 22/09/2010 30/11/2012 personales 2000-0052 Falsedad documento público 04/09/2006 03/12/2012 y hurto agravado 2007-0052 Sedición 17/07/2012 04/12/2012 2005-0013 Porte ilegal de armas 07/01/2012 06/12/2012 2000-0062 Porte ilegal de armas 10/11/2005 04/12/2012

2.2 Procesales

1. En audiencia que inició el 13 de enero de 20172 y continuó el 21 de abril de 20173, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, la Fiscalía imputó cargos por el delito de prevaricato por omisión, respecto de los once (11) procesos prescritos, dos (2) de ellos agravados por tratarse de delitos de homicidio, artículo 414 y 415 de la Ley 599 de 2000, en la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

2. El 10 de julio de 2017 la Fiscalía radicó el escrito de acusación4 y el 28 de julio de 2017 la Sala Única del Tribunal Superior realizó la audiencia de acusacion, conforme a los cargos de la imputación5.

3. En respuesta a la solicitud de la defensa, el 15 de marzo de 2018 el Tribunal efectuó audiencia de preclusión de la investigación6, y el 19 de abril de 2018 decretó la preclusión de la investigación parcial por prescripción de la 2 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 347. 3 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 325. 4 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 299. 5 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 255. 6 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 193.

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA acción penal a favor del acusado, por los hechos relacionados con los radicados 2003-0015, 2003-0019, 2000-0052 y

2000-0062; decisión que fue apelada por la Fiscalía General de la Nación7.

4. Resuelto el recurso de apelación, la Corte con providencia CSJ AP2034-2018, 16 may., rad 52646 revocó la decisión de prescripción de la acción penal decretado por el Tribunal8; en consecuencia, el proceso continuó respecto de los once (11) casos objeto de acusación.

5. Al inicio de la audiencia preparatoria9, sesión del 14 de septiembre de 2020, la defensa solicitó la nulidad de la acusación por violación del derecho a la defensa con fundamentado en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, por cuanto que la Fiscalía no estructuró en debida forma la acusación, entremezcló hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores. Además, no delimitó la conducta atribuida al procesado a la luz de los verbos rectores previstos en el artículo 414 de la Ley 599 de 2000, ni precisó los aspectos fácticos que permitiera predicar la existencia de la referida circunstancia de agravación.

6. En providencia CSJ AP3307-2020, 25 nov., rad. 58395, la Corte declaró la improcedencia del recurso de apelación, por extemporaneidad del tema alegado, en la medida que la inconformidad debió presentarse y sustentarse en la audiencia de acusación; momento procesal 7 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 182. 8 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 165. 9 Tribunal, carpeta digital 1, primera instancia, folio 28.

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA oportuno en que las partes e intervinientes pueden expresar “oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato”.

7. El 5 de marzo de 2021 el Tribunal retomó la audiencia preparatoria10 y la continuó el 20 de abril de 2021.

Al finalizar la sesión, por no estar conforme con el decreto de las pruebas a practicar en la audiencia de juicio oral, la defensa interpuso el recurso de apelación y el Tribunal lo declaró improcedente, razón para que el recurrente interpusiera el recurso de queja11. La Corte rechazó el recurso de queja propuesto por la defensa, radicado CSJ AP2339-2021, 9 jun., rad. 59566, por considerar «BIEN DENEGADO el recurso de apelación propuesto por el procesado…».

9. El juicio oral tuvo lugar en sesiones12 de agosto 11, septiembre 3, octubre 11 y 22, noviembre 12 y 25 y diciembre 16 de 2021, en esta última fecha el Tribunal emitió sentido de fallo absolutorio.

10. El Tribunal dictó la correspondiente sentencia absolutoria el 10 de febrero de 2022, la cual fue apelada por la Fiscalía13; en condición de no recurrentes14, el Ministerio

10 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 3. 11 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 39. 12 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folios 88, 126, 150, 159, 163, 169, 174 y 197, respectivamente. 13 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 276. 14 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 300. 5

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA Público15, la Defensa16 y el procesado presentaron sus argumentos. La carpeta fue enviada a la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de 202217.

III. DECISIÓN APELADA 3.1. Al proferir la sentencia absolutoria a favor del procesado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA18, la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal (Casanare), consideró lo siguiente: 3.1.1. Por tratarse de un tipo penal que solo admite la modalidad dolosa requiere el cumplimiento del factor subjetivo de la conducta; para esto, debe probarse que el sujeto agente obró con el propósito consciente de apartarse de los deberes propios de su cargo. Por manera que, no es suficiente verificar la simple omisión o retardo en el cumplimiento de sus funciones. Es necesario que medie el conocimiento y voluntad deliberada para pretermitir o postergar el acto o función a que está obligado19. 3.1.2. Para analizar el tema de la apelación con relación al anterior postulado, el Tribunal en la sentencia planteó el

siguiente problema jurídico: Compete a la Sala establecer si los medios de prueba válidamente presentados en el juicio oral seguido en contra 15 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 288. 16 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 295. 17 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 310. 18 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folios 201 - 272. 19 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 257. 6

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA el procesado, permiten arribar al grado de conocimiento más allá de toda duda para proferir sentencia condenatoria en su contra, o si por el contrario, al no desvirtuarse la presunción de inocencia, garantía constitucional y legal que cobija al acusado, debe absolverse por los cargos que le fueron formulados20. 3.1.3. El Tribunal consideró que se demostraron los supuestos de hecho objetivos exigidos por los artículos 414 y 415 de la Ley 599 de 2000, en cuanto a que el procesado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA tenía la condición de servidor público al momento de darse la prescripción de la acción penal en los once (11) procesos que motivaron la acusación; cumpliéndose de esta forma uno de los presupuestos exigidos por el tipo penal de prevaricato por omisión21. También se probó el factor objetivo, en lo que tiene que ver con el verbo rector «omisión», en el entendido de abstenerse de hacer o pasarla en silencio, pues el procesado desatendió los

deberes legales y constitucionales en su posición de Juez promiscuo del circuito de Orocué (Casanare). 3.1.4. Sin embargo, al realizar el análisis del ingrediente subjetivo de la conducta penal de prevaricato por omisión, el Tribunal concluyó que la Fiscalía no logró probar más allá de duda la existencia del dolo. Ninguna de las pruebas indican que el actuar del procesado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA 20 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 258. 21 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 259. Según los acuerdos 019 del 18 de noviembre de 1999; 011 del 03 de mayo del 2000; 10 del 19 de marzo del 2002 y 019 del 29 de mayo del 2002, se nombra como juez promiscuo del circuito de Orocué al Doctor JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA. Asimismo, la certificación expedida el 10 de junio del 2015 por la Dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Tunja, área asuntos laborales, indica los cargos en que se desempeñó. 7

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA estuvo motivado con el ánimo de quebrantar la ley, no se demostró que obró con el propósito consciente de apartarse de los deberes propios del cargo. Para el efecto, el Tribunal fundamentó que: 3.1.4.1. Los informes estadísticos que corresponden al límite temporal propuesto por la Fiscalía no reportan

ninguna terminación de procesos por prescripción de la acción penal, pese a que el formato de estadística establece una casilla para relacionarlos; por tanto, esta prueba documental no resulta valiosa para acreditar la materialidad del delito que se investiga. 3.1.4.2. Las actas de visita del factor organizacional, correspondientes al Juzgado promiscuo del circuito de Orocué (2009 - 2013) determinan que ese Despacho obtuvo una calificación «buena», sin evidenciar alguna situación irregular relacionada con las prescripciones de procesos seguidos conforme a la Ley 600 de 2000. Es decir, esta prueba documental tampoco aporta alguna relevancia para demostrar el actuar doloso del procesado22. 3.1.4.3. Lo mismo ocurre con los oficios DESTJ 16 3560 diciembre 27 del 2016, 1994 de septiembre 7 de 2016 y DPRS 60-R4 de marzo 2 de 2013 de la Defensora del Pueblo y la Defensoría Pública, en la media que no existe discusión sobre que alguna de las causas que terminaron con prescripción fuera como consecuencia de defectos en el ejercicio de la 22 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 264. 8

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA defensa. Documentos que tampoco demuestran el actuar doloso del procesado23. 3.1.4.4. El Tribunal encontró que los expedientes permanecieron inactivos entre los años 2007 y 2012, periodo que correspondería al que estuvieron en la secretaría del

juzgado; luego, planteó la necesidad de determinar si esta situación de inactividad encajaba o no en un propósito o querer consciente del procesado. Para el efecto consideró que24: a) Fueron tres (3) los profesionales que en distintos periodos ocuparon el cargo de juez y quien estuvo el mayor tiempo fue el procesado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA; en esos mismos periodos los procesos estuvieron ubicados en la secretaría del juzgado, sin que ninguno de los jueces advirtiera esa situación. b) Los procesos entre sí no guardan un denominador común que indique que el procesado tenía un interés particular para mantenerlos inactivos. c) La prueba testimonial es demostrativa de las dificultades que limitaban el funcionamiento del juzgado, por: (i) ausencia de interconexión eléctrica hasta el año 2000; (ii) falta de elementos de trabajo, insumos; (iii) reducido espacio de trabajo; lo que si bien no guardaría una relación directa con la producción de las decisiones, sí genera dudas insalvables frente a la concurrencia del dolo, como propósito 23 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 265. 24 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folio 269. 9

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA del procesado para que los once (11) procesos terminaran con decisiones de prescripción de la acción penal. d) En consecuencia, como la Fiscalía no logró probar más allá de toda duda la existencia del ingrediente subjetivo de

la conducta punible de prevaricato por omisión, el dolo, el Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor de JULIÁN

ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA.

IV. RECURSO DE APELACIÓN Para cuestionar la sentencia absolutoria de primera instancia, dictada por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare) a favor de JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA, la Fiscalía sostiene que, contrariamente a la conclusión del Tribunal, el proceso sí cuenta con los fundamentos y hechos indicadores para probar el actuar doloso del procesado25. Postura que prometió desarrollar siguiendo el orden de la sentencia, según estos planteamientos: 4.1. No resulta suficiente alegar que la cantidad y dificultad de las diligencias implicaban un esfuerzo extraordinario para cumplir el ejercicio funcional. Por el contrario, apenas aparecen dos situaciones que indican que esto haya ocurrido e incidido en el trámite de las causas incorporadas en el juicio. Es decir, no se demostró ninguna dificultad. 25 Tribunal, carpeta digital 2, primera instancia, folios 276 - 283.

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA 4.2. No es cierto que la función pública a cargo del procesado se vio afectada por razones de orden público, pues si bien en la región existían grupos armados al margen de la ley, esto no tuvo incidencia en el normal desarrollo de la función de Administrar Justicia; entre otras, porque esos grupos irregulares fueron desmovilizados en el 2005. Por

tanto, esto no afectó el desempeño de la función. 4.3. Se probó que la carga laboral recibida por el procesado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA al inicio de su gestión era inferior a la que dejó en el 2012; además, los ingresos fueron bajos y los egresos en su mayoría se motivaron en decisiones de prescripción. Infiriéndose un consciente abandono de la función pública, cuando ya estaba advertido por las mismas prescripciones que decretaba. Adicionalmente, porque de manera directa se encargaba del reparto interno de tareas, correspondiéndole adelantar los trámites penales del Juzgado promiscuo del circuito. De modo que, siendo conocedor del número de prescripciones que adoptaba, no tomó medidas para evitar el acaecimiento de ese fenómeno en los procesos; es decir, era consciente del estado de los expedientes que estaban a su cargo. Situación que se reflejó en las estadísticas del despacho, pero que en la sentencia de primera instancia no se consideró. 4.4. El Tribunal no tuvo en cuenta la forma como se impulsaban los procesos, pues las decisiones se adoptaban sin respetar el orden de ingreso y la estructura propia del 11

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA proceso -realizar diligencias saltándose etapas necesarias-, y fijar fechas con tal nivel de prontitud que dejaba ver que la agenda no estaba congestionada, pero con falta de interés para su cumplimiento. 4.5. De acuerdo con el acta de visita organizacional de

2012 del Consejo Seccional de la Judicatura, el juzgado contaba con computador; es decir, no había motivó para quejarse de dificultades en el cumplimiento de la función. Además, en las actas no aparece constancia sobre algún exceso de carga laboral o complejidad de los procesos, situación que refrenda el testigo Tomas Florentino Serrano Serrano, quien refiere la inexistencia de casos complejos o voluminosos que afectaran el desempeño del juzgado. 4.6. En la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que el procesado residía en el mismo municipio, ni que los cargos de la acusación eran por delitos de ejecución permanente, como tampoco que las decisiones son carga y responsabilidad del funcionario judicial. Por eso, estima que no tiene sentido que en la sentencia se indiquen las dificultades de acceso al municipio. 4.7. El procesado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA era conocedor del deber funcional, pues no aparece exculpación por falta o superación de la voluntad por hecho externo; sobre el particular no hay prueba alguna. Ante esta situación, el Tribunal no puede pretender que la Fiscalía demuestre la voluntad de omitir a través de prueba directa, pues se probaron los hechos indicadores que 12

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA permiten la inferencia de la consciente omisión del funcionario en el trámite de las causas. 4.8. En la sentencia recurrida no se tuvo en cuenta las intervenciones del procesado en el trámite de cada asunto

prescrito, ni las estadísticas reportadas por más de doce (12) años, tiempo de desempeño funcional del implicado. 4.9. Refiere que no cobra sentido afirmar que el secretario del juzgado era bachiller; ya que, porque él no se encargaba de los procesos penales, por asignación de tareas le correspondía sustanciar los procesos civiles y laborales. 4.10. No se tuvo en cuenta que la Defensoría Pública desarrollaba su labor en el municipio, sin que existieran dificultades que impidieran la oficiosidad y el cumplimiento del deber funcional del juez. Por tanto, no puede alegarse la falta de defensa técnica en el trámite de los procesos, con menos razón, porque contaban con defensa de confianza. Ahora, ante la eventual ausencia de defensores, el juez no agotaba el poder correctivo ni gestionaba lo necesario para llevar a cabo las diligencias. 4.11. La decisión del Tribunal es sesgada, por no considerar que la actuación del funcionario judicial fue aparente o formal, solo se limitó a fijar fechas para audiencias, sin preocuparse de su cumplimiento ni tomar las medidas correctivas para impedir que los procesos terminarán en prescripción de la acción penal. Por ser 13

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA actuaciones conscientes del funcionario, se demuestra la voluntad de no realización. 4.12. Cuestiona que se acepte que los procesos permanecieron estáticos durante un periodo y no se admita la inactividad del juez, el desprecio consciente o displicente

con la administración de justicia, constituyendo un factor determinante para llegar a la prescripción de la acción penal. Concluye que, contrario a lo expuesto en la sentencia absolutoria, existe en el proceso la prueba demostrativa del actuar doloso de JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA, quien de forma voluntaria omitió el trámite y decisión de cada una de las causas. Por tanto, solicita a la Corte revocar la sentencia absolutoria, declarar responsable y condenar al procesado, conforme al marco fáctico y jurídico de la acusación.

V. NO RECURRENTES

1. Defensa26 5.1.1. De acuerdo con el defensor del procesado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA, para demostrar el aspecto subjetivo de la conducta se requiere que el sujeto agente obre con el propósito consciente de apartarse de los deberes propios de su cargo. Por tal razón, no es suficiente la simple omisión o retardo en el cumplimiento de la función. 26 Tribunal, carpeta digita, primera instancia 2, folios 295 - 297

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA 5.2.2. Encuentra que la Fiscalía no cumplió con el propósito de probar la responsabilidad penal de su representado más allá de toda duda, porque solo acreditó la tipicidad objetiva, pero no hizo lo mismo para demostrar que el delito imputado se produjo como consecuencia de un comportamiento doloso. Para el efecto argumenta que: (i) El procesado ocupó el cargo de Juez promiscuo del

circuito de Orocué (Casanare), sin solución de continuidad desde el 2000 hasta el 2012, durante ese lapso fungieron como jueces tres funcionarios diferentes, quienes no se percataron que las causas penales objeto de la acusación se encontraban en la secretaría sin impulso procesal, hasta que fueron ubicadas por el doctor Camilo Socha en el 2012. (ii) No se probó el dolo de la omisión, en la medida que la Fiscalía nada indicó sobre la intención dañina para cometer el ilícito; observa que los reportes estadísticos no solo se ocupan de la carga del despacho en materia penal, sino también de la evacuación de este tipo de procesos, además de las laborales y civiles, por corresponder al área de conocimiento en su condición de juez promiscuo del circuito. (iii) La prueba documental es insuficiente para demostrar que en alguna de las once (11) causas penales exista constancia que indique que se encontraban al despacho del juez para su resolución. Advierte que, si bien esta situación no releva al juez de su obligación de tramitarlas, las carpetas permanecieron en la secretaría, sin 15

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA que ninguno de los secretarios que ocuparon el cargo se percatara de esa situación. (iv) Concluye que, en todo caso, separarse del deber objetivo de cuidado no configura el actuar doloso del procesado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA, porque no es posible inferir la voluntad tendiente a vulnerar el

ordenamiento jurídico. De tal forma, se estaría ante un actuar culposo que escapa a la aplicación del delito de prevaricato por omisión. Por lo anterior, el defensor no recurrente solicita a la Corte confirmar la sentencia absolutoria dictada a favor de su representado JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA. 5.2. Procesado27 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA reitera los argumentos de su representante judicial, y agrega que no se adujeron pruebas para concluir que abandonó las causas penales con el propósito de materializar la prescripción. La Fiscalía no aportó prueba para llegar a esa conclusión; esto se advierte desde el inicio del juicio oral, cuando el ente acusador se limitó a indicar que los procesos habían prescrito por su descuido y negligencia; no obstante, el descuido y la negligencia no demuestran el dolo, como lo pretende hacer ver. 27 Tribunal, carpeta digital, primera instancia 2, folios 300 - 302 16

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA Indica que los testimonios son demostrativos de la situación de orden público, no como una experiencia anecdótica, sino como una realidad vivida en esa zona del país, a la que no se le puede restar gravedad. En cuanto a las estadísticas, para los años 1997 a 2005 los reportes se presentaban según el total del juzgado, es decir, la sumatoria correspondía al trabajo efectuado por todos los funcionarios que se desempeñaron como Juez

promiscuo del circuito de Orocué (Casanare). En el 2005, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 2915, por el cual se dispuso que el reporte corresponde por despacho y funcionario. Señala que el reporte de las estadísticas incorporado con el testigo Josué Mesa Duran no alude a los procesos que terminaron con decisión de prescripción de la acción penal, ni precisa qué funcionario adoptó ese tipo de decisiones. Sostiene que la sentencia de primera instancia no supuso ninguna situación fáctica, como equivocadamente lo afirma la Fiscalía, pues así lo testificó Camilo Alfonso Díaz Socha, secretario del juzgado, al indicar que los procesos relacionados con la acusación los había encontrado en el archivo y en la secretaría. Y que, por esta razón, decidió a pasarlos al despacho del juez Tomas Florentino Serrano Serrano, por estimar que estaban prescritos. Por lo anterior, solicita a la Corte confirmar la sentencia de primera instancia. 17

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA 5.3. Ministerio público28 La Procuradora Judicial 167 Penal II de Yopal considera que la Corte debe confirmar la sentencia absolutoria, por las siguientes razones: 5.3.1. El delito de prevaricato por omisión solo admite la modalidad dolosa, por tanto, debe demostrarse que el procesado, JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA, haya obrado de manera consciente y con el propósito de no cumplir los deberes propios de su cargo. No es suficiente «la

sola omisión, retardo o denegación en el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, es preciso que concurra el conocimiento y la voluntad premeditada de pretermitir o postergar el acto o función a que está obligado» CSJ SP5037-2019, 20 nov., rad. 52107. 5.3.2. La Fiscalía advirtió que no es fácil acreditar el dolo con prueba directa, de ahí la necesidad de acudir a actos externos que permitan leer esa voluntad y ese querer de desconocer la norma; pero no aportó prueba para demostrar esa inferencia de que el procesado conocía y quería la prescripción. La Fiscalía se limitó a citar pruebas indicativas de la tipicidad objetiva, pero ninguna de ellas cuenta con la capacidad para afirmar que las prescripciones fueron el producto del actuar intencional del juez JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA. 28 Tribunal, carpeta digital, primera instancia 2, folios 288 - 293. 18

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA 5.3.3. Encuentra que el análisis realizado por la Fiscalía desconoció la realidad del juzgado y del territorio donde está ubicado, ya que no puede dejar de lado el contexto por el que atraviesa el país, lo que interfiere en la capacidad de administrar justicia en zonas alejadas, donde se presentan dificultades de transporte, cortes de energía en el municipio, sin tecnología ni espacio para organizar los expedientes, como quedó demostrado en este caso. 5.3.4. El apelante parte del conocimiento teórico de los

deberes legales del juez para edificar el dolo, razonamiento que resulta inadecuado en la fundamentación de los elementos cognitivo y volitivo; pues es factible que el procesado haya incurrido en error, o dejado de actuar por mera negligencia o desidia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de «esa separación del deber objetivo de cuidado no puede edificar el actuar doloso exigido en el prevaricato y si bien permite edificar una responsabilidad culposa, esta no es aplicable al ilícito de prevaricato por omisión». 5.3.5. Por tanto, las pruebas no permiten inferir que el procesado tuvo la intención de pretermitir conscientemente su deber de impulsar y decidir las causas por las que fuera acusado. Las pruebas indicadas por la Fiscalía en la apelación no son suficientes para derivar el dolo de la omisión, pues con ellas no se demuestra la intención dañina para cometer el delito. 19

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Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA Concluye el Ministerio Público que la Fiscalía no demostró el dolo en la conducta omisiva por parte del procesado, por ese motivo, no puede predicarse un convencimiento más allá de toda duda, y al no ser superado este estándar de prueba, solicita a la Corte confirmar la sentencia absolutoria.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 6.1. Competencia De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal

de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare), por la cual resolvió absolver a JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de prevaricato por acción, cometidos cuando se desempeñaba en el cargo de Juez promiscuo del circuito de Orocué. En atención al principio de limitación, la Corte solo puede pronunciarse sobre el tema de la apelación, por eso el estudio se concretará a los puntos de inconformidad, sin perjuicio que el análisis pueda extenderse a temas vinculados directamente al objeto de censura. 6.2. Problema jurídico 20

CUI: 15693600021920120002604

Radicado No. 61526 JULIÁN ROMÁN GONZÁLEZ HERRERA Corresponde a la Corte determinar si las conductas de prevaricato por omisión en concurso homogéneo y sucesivo, imputadas en acusación al Juez promiscuo del circuito, fueron o no manifiestamente contrarias a derecho y dolosas; en consecuencia, resolver si se mantiene la sentencia absolutoria o si se procede a su revocatoria, conforme lo solicita la Fiscalía en apelación. Por tanto, de acuerdo con las exigencias del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, se analizará si las pruebas incorporadas y debatidas durante el juicio oral aportan el conocimiento más allá de toda duda para

sustentar la condena que solicita. 6.3. El delito de prevaricato por omisión 6.3.1. El artículo 414 del Código Penal dispone que: «El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32