CSJ - SP3886-2022(52175)

HUGO QUINTERO BERNATE

Magistrado Ponente SP3886-2022 Radicación No. 52175 Acta 267 Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022). ASUNTO Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la defensa de LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 23 de noviembre de 2017, mediante la cual revocó el fallo emitido el 08 de noviembre de 2016 por el Juzgado Penal del Circuito de Guamo (Tolima), para en su lugar condenar al prenombrado procesado como autor de los delitos de Fraude procesal y Falsedad en documento privado. CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA HECHOS En el fallo de segundo grado fueron presentados como se transcribe a continuación: Los hechos jurídicamente relevantes iniciaron el veintiséis (26) de septiembre de 2008, cuando LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA, en su calidad de Gerente de la Cooperativa "Coontransal Ltda", radicó ante la Alcaldía del municipio de Saldaña, Tolima, un escrito dirigido tanto al Inspector de Policía como al Secretario de Gobierno, a través del cual adjuntó una solicitud, supuestamente coadyuvada por ALFONSO RIVERA LOZANO y LUIS ALBERTO ARCINIEGAS RIVERA, de cancelación del registro del taxi de placas WXG 654, marca Chery, modelo 2007, afiliado a dicha

empresa y de propiedad de los dos últimos, lo cual se concretó mediante resolución 219 del 8 de octubre siguiente, para asignárselo al de placas WTK 810, marca Daewoo, modelo 2000, color amarillo, motor número G15MF795504B, Chasis número KLATF19Y1Y260856, de propiedad de

ARCESIO CRUZ PUENTES.

Sin embargo, DIANA YINNETH PENAGOS CHÁVEZ y HENRY OMAR ANDRADE DUCUARA, funcionarios de dicha administración municipal, se percataron de ciertas irregularidades en el referido trámite dentro de las cuales se destaca el hecho de que RIVERA LOZANO y ARCINIEGAS RIVERA negaron haber rubricado dicha petición, pues las firmas allí plasmadas no correspondían a las habitualmente utilizadas por ellos en sus actos públicos y privados, razón por la cual denunciaron tales hechos.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. El 27 de mayo de 2013, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Guamo (Tolima), la Fiscalía formuló imputación en contra de

2 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA LUCIO EDUARDO MANJARRÉS por los delitos de Fraude procesal en concurso heterogéneo con Falsedad en documento privado, cargos que no fueron aceptados por el inculpado.

2. Ante el Juzgado Penal del Circuito de la misma población, en audiencia adelantada el 10 de octubre de 2013,

se formuló acusación, por los mismos hechos y calificación jurídica que se formuló la imputación.

3. Luego de adelantar la audiencia preparatoria el 16 de octubre de 2014, el juicio oral se llevó a cabo en sesiones de 18 de noviembre de 2015, 25 de febrero y 10 de agosto de 2016, última en la cual se anunció sentido de fallo absolutorio.

4. El 08 de noviembre siguiente el cognoscente profirió la correspondiente sentencia que fue apelada por la Fiscalía delegada y el representante de la víctima, recurso que únicamente sustentó este y fue decidido por el Tribunal Superior de Ibagué el 23 de noviembre 2017.

En tal virtud, revocó el fallo impugnado y condenó a LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA como autor responsable de los delitos de Fraude procesal y Falsedad en documento privado, imponiéndole las penas de 78 meses de prisión, 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 5 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos 3 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA y funciones públicas; así mismo, le concedió la prisión domiciliaria.

5. Contra el fallo de segunda instancia la defensa interpuso el recurso de casación, cuya demanda fue admitida mediante auto de 06 de noviembre de 2019. Posteriormente, el 03 de julio de 2020, se ordenó dar aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 20 de 2020 de la Sala de Casación Penal de la

Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de que la sustentación y los traslados del libelo se hicieran por escrito. DEMANDA DE CASACIÓN Plantea el censor un único cargo por violación indirecta de la ley por error de hecho - falso juicio de identidad, debido a que la sentencia de segunda instancia desconoció las reglas de apreciación de las pruebas en que se fundamentó. En ese sentido, afirma que al testimonio de Diana Yinneth Penagos Chávez se adicionaron manifestaciones que ella no hizo, pues según el Tribunal habló de la presentación de un contrato de vinculación entre la Cooperativa Cootransal Ltda. y Arcesio Cruz -propietario del vehículo de placas WTK810-; empero ella no dijo eso; sino que afirmó que para vincular un automotor al servicio se requería contrato de vinculación con una empresa de transporte. Añade que con base en las “especulaciones” de los testigos Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas 4 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA Rivera -las víctimassobre la responsabilidad del procesado en la falsificación documental, el fallador de segunda instancia así la tuvo por demostrada contrariando las precisas exigencias del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, pues ellos no tuvieron certeza de quién firmó la solicitud de desvinculación de su vehículo, aunque presumen que lo hizo LUCIO MANJARRÉS porque era el representante legal de la Cooperativa Cootransal Ltda. Critica, por tanto, que se les diera un mayor valor

probatorio del que tienen, al tener por probada la responsabilidad del procesado no obstante que la Fiscalía si bien comprobó con la prueba pericial allegada la materialidad de la conducta falsaria, no logró demostrar que LUCIO MANJARRÉS plasmó las firmas de los prenombrados en el documento debatido. No se probó que, acorde con la acusación, fue autor de la conducta, ni su grado de participación como determinador, según el Tribunal, o cómplice, o que incurrió en comisión por omisión. Además, censura el argumento del Tribunal acerca de que delitos como los aquí investigados suelen estar motivados por una finalidad de provecho económico, porque la Fiscalía no demostró que el procesado tuvo un interés de esa índole, evidenciándose mayor el yerro cuando en el fallo controvertido se supone que el beneficio obtenido por LUCIO MANJARRÉS provino de la desvinculación del taxi de placas WXG654 y la nueva asignación del cupo al vehículo WTK810 de Arcesio Cruz, sin demostrar que se trató del mismo cupo, 5 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA o que entre el procesado y este último existía alguna clase de relación. De igual manera yerra el ad quem en la valoración del presupuesto fáctico relativo a la notificación a LUCIO MANJARRÉS, como representante legal de la cooperativa de transporte, de la Resolución No. 219 de 08 de octubre de 2008 de la Alcaldía de Saldaña que desvinculaba al vehículo

de placas WXG654, pues con ello no se demuestra que él presentó la solicitud previa a ese efecto, teniendo en cuenta que Diana Penagos manifestó que el trámite lo podía hacer cualquier persona. Esto, acompañado de la apreciación dada a la intervención del incriminado para la expedición de la tarjeta de operación del automotor por el año 2009, luego de que las víctimas solicitaran nuevamente la vinculación de su taxi al servicio público, a diferencia de lo considerado por el Tribunal, demuestra que cumplió con sus funciones. De otra parte, expone que el testimonio de Alfonso Rivera Lozano abre espacio a la duda porque reconoció que su sobrino Luis Arciniegas Rivera y su cuñado Heriberto N., eran quienes se encargaban de firmar por él los trámites relacionados con el automotor de su propiedad; por ende, alguien más pudo haber firmado el cuestionado documento,

no LUCIO MANJARRÉS.

6 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA Si el juzgador de segunda instancia no hubiera faltado a las reglas de valoración de la prueba, adicionando las declaraciones de las víctimas y de la ex funcionaria de la administración municipal de Saldaña (Tolima), a la vez que conjeturando o suponiendo lo que pudo haber ocurrido, no habría concluido la responsabilidad penal del procesado en la realización de la falsedad en documento privado y el consecuente fraude procesal. Por consiguiente, peticiona casar el fallo impugnado y

absolver a LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA de los cargos por los que fue condenado en segunda instancia.

INTERVENCIONES EN EL TÉRMINO DE TRASLADO

1. La defensa del encausado ratificó las censuras expuestas en el libelo y solicitó una especial valoración de las declaraciones de Alfonso Rivera Lozano y Dina Yineth Penagos Chavez, que fueron apreciados por el ad quem en forma distinta a lo que realmente manifestaron en el juicio oral, al igual que el reconocimiento del in dubio pro reo.

Se refirió inicialmente a la prueba pericial que demuestra la materialidad de la falsificación documental, para significar que con la misma no es posible establecer quién alteró o plasmó falsamente las firmas de Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas Rivera, tampoco la responsabilidad de LUCIO EDUARDO MANJARRÉS en esa conducta. 7 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA Reiteró que, de acuerdo con el testimonio de la denunciante Diana Yineth Penagos, su asistido no fue quien radicó la documentación ante la administración municipal de Saldaña, ni se logró establecer que tuviera interés en ello; de ahí que se generen dudas a su favor porque no puede considerarse que por ser el representante legal de la Cooperativa Cootransal Ltda., resulte responsable de las actuaciones irregulares que se surtieron ante las autoridades locales; concluir de esa manera, configuraría responsabilidad objetiva, proscrita del ordenamiento jurídico nacional.

Insistió en que el testimonio de Diana Yineth Penagos Chávez fue estimado por el Tribunal asignándole un valor probatorio distinto al que realmente tiene, porque ella no dijo que fue presentado un contrato de vinculación entre la mencionada cooperativa y Arcesio Cruz, dueño del vehículo de placas WTK-810; luego se interpretó en forma errada su dicho para concluir, especulativamente, que LUCIO MANJARRÉS obró con el interés de desvincular el automotor¡ de las víctimas y favorecer a terceros, sin que se demostrara el presunto provecho económico que lo habría motivado a obrar de la forma que concluyó el ad quem. Cuestionó, así mismo, que el Tribunal dedujera la responsabilidad del procesado como determinador a pesar de que la Fiscalía lo acusó en calidad de autor de los delitos de falsedad y fraude, porque tras notificarse de la resolución expedida con base en documentación falsa, omitió denunciar 8 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA la irregular situación, lo cual, añade, de ninguna manera demuestra el dolo en su conducta. En consecuencia, reiteró la petición de casar la sentencia impugnada y mantener la de primer grado que

absolvió a LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA.

2. El Fiscal Tercero Delegado ante la Corte, comienza por exponer en qué consiste el falso juicio de identidad para seguidamente replicar que el libelo incumple los requisitos de procedencia del recurso extraordinario, debido a que no

identifica qué se adicionó, cercenó o tergiversó de algún medio probatorio, conforme a la técnica que rige la sustentación de la causal escogida. En concreto, no se señalaron cuáles fueron las manifestaciones de la testigo Penagos Chávez que el Tribunal adicionó, pues el impugnante se centró en cuestionar la valoración de esa prueba, lo cual configuraría una censura que debió promover con diferente enfoque al propuesto. Al margen de esa falencia, considera acertada la valoración probatoria del Tribunal porque existe prueba más allá de toda duda, en primer lugar, de la tipicidad objetiva de las conductas punibles acusadas en tanto a través de dictamen pericial se estableció la falsificación de las firmas de Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas Rivera en el documento que se radicó ante la Alcaldía de Saldaña para solicitar la desvinculación del taxi de placas WXG-654 y, con 9 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA base en ello, emitir la Resolución No. 219 de 08 de octubre de 2008, contraria a derecho. La responsabilidad de LUCIO MANJARRÉS LOMBANA se colige probada con las declaraciones de los atrás mencionados y de Yinneth Penagos Chávez, el análisis de la secuencia temporal y cómo se desarrollaron los hechos, con especial atención a la línea de tiempo que reconstruye: - El 25 de septiembre de 2008, nueve (9) días después de que ocurriera el accidente del vehículo de placas WXG654 de propiedad de Alfonso Rivera Lozano, por insistencia de Fernando Quintana, él acudió a Cootransal Ltda. en compañía de Luis Alberto Arciniegas Rivera y se reunió con LUCIO MANJARRÉS, representante legal de la empresa, quien les aconsejó firmar un documento solicitando la exoneración de cuotas de administración del rodante que la aseguradora tenía para reparación. - Pasados ocho (8) días de la firma de esa solicitud, estando desvinculado el taxi de la cooperativa, el 3 de octubre de la misma anualidad se radica ante la Alcaldía de Saldaña el documento falso con las firmas de Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas Rivera, en el cual se pedía desvincular el taxi de placas WXG-654. - Cinco (5) días más tarde, el 8 de octubre, se obtuvo como respuesta la Resolución No. 219 por la cual se ordenaba la desvinculación del referido automotor, acto 10 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA administrativo que fue notificado personalmente a LUCIO MANJARRÉS el 22 de diciembre siguiente. - Entre tanto, el 21 de octubre de 2008 se produjo la vinculación del vehículo de placas WTK-810 de propiedad de Arcesio Cruz Puentes a Cootransal Ltda. Entonces, LUCIO MANJARRÉS, representante legal de la cooperativa, buscó, contactó y convenció a Alfonso Rivera Lozano de desvincular provisionalmente el taxi placas WXG654 de la empresa con el argumento aparente de librarlo de

los pagos debidos a la misma; al tiempo, solicitó la fraudulenta desvinculación del cupo asignado a ese vehículo ante la alcaldía de Saldaña, liberando la capacidad transportadora, para asignarlo al rodante WTK-810. Solicita, por consiguiente, no casar la sentencia condenatoria proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

3. La Procuraduría Tercera Delegada igualmente se sumó a la petición de no casar la providencia impugnada, sin perjuicio de lo cual pide garantizar el principio de doble conformidad, debido a que el fallo condenatorio fue proferido en segunda instancia.

Tras identificar como problema jurídico determinar si se comprueba más allá de toda duda que el procesado es responsable de los delitos de falsedad en documento privado 11 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA y fraude procesal, considera desacertada la demanda porque no es cierto que en la sentencia de segunda instancia se incurriera en el error de hecho alegado. Memora las consideraciones del ad quem acerca de la demostración de la materialidad de las ilicitudes y la responsabilidad del procesado con base los medios de convicción practicados, descartando la duda probatoria postulada por la defensa; por tanto, concluye que no asiste razón al demandante pues en el fallo de segunda instancia se tomó en cuenta no solo el testimonio de la funcionaria de la alcaldía Diana Yinneth Penagos, sino los del perito grafólogo y los afectados Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto

Arciniegas Rivera, cuyos análisis reproduce en lo pertinente. En ese contexto, plantea que la censura no explica con claridad y de manera objetiva, como exige la jurisprudencia de la Corte, en qué tipo de error de hecho por falso juicio de identidad incurrió el fallador de segundo grado, si por deformación, cercenamiento, mutilación o adición. En cambio, destaca el soporte de la decisión adoptada conforme a las reglas de la sana crítica por haberse corroborado de manera directa y fehaciente el actuar doloso del procesado que, como gerente de la cooperativa y actuando dentro de sus funciones de solicitar en consuno con los propietarios la cancelación del registro de un taxi de acuerdo con el artículo 29 del Decreto 172 de 2001, lo hizo usando 12 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA un documento que contenía las firmas falsificadas de los interesados. Llama la atención que no tachara de falsa su propia firma si no la había estampado en dicho instrumento, es decir, si no era auténtico el presentado para solicitar la desvinculación de un vehículo afiliado a su empresa. Acorde con el Tribunal, concluye que el procesado guardó silencio porque era consciente de ser el autor del documento usado de manera fraudulenta para obtener, mediante inducción en error a la administración municipal, la resolución de desvinculación del automotor y un beneficio económico contrario a los intereses de los reales propietarios. Culmina criticando al demandante que ataca las

argumentaciones del Tribunal por unos supuestos errores de hecho, a la vez que postula la duda probatoria, evidenciando de esa manera que lo pretendido es imponer su propio criterio sobre la valoración de las pruebas que tuvo en cuenta la autoridad de segunda instancia. En consecuencia, reitera la solicitud de no casar la sentencia controvertida.

4. El apoderado de las víctimas por su parte, también reclama no casar el fallo impugnado porque se sustentó en un estudio concienzudo de las pruebas aportadas al proceso,

13 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA que condujeron al Tribunal a revocar la sentencia absolutoria de primera instancia y condenar a LUCIO MANJARRÉS. Al respecto, las declaraciones de sus poderdantesAlfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas Riverason plena prueba de los sucesos previos y posteriores a la ocurrencia de las conductas ilícitas investigadas, incurriendo la defensa en yerros jurídicos de apreciación y valoración de estos y los demás medios de prueba que se practicaron al proponer que otra persona cometió la falsedad del documento con el cual supuestamente se pedía desvincular el automotor de la empresa. Además, está probado que la totalidad de oficios del trámite de desvinculación fueron firmados por LUCIO MANJARRÉS, sin olvidar las obligaciones legales que tenía como representante legal de la cooperativa de transporte. Para culminar, asevera que las proposiciones del censor i) distan de la realidad procesal pues los medios suasorios

que obran en el proceso y su valoración en conjunto no permiten conclusión distinta a la de que el procesado es el responsable de los delitos investigados; ii) no son presentadas conforme a los requisitos de procedibilidad del recurso extraordinario y carecen de connotación jurídica relevante porque fueron debatidas a cabalidad en el fallo de segunda instancia. 14 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación

LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA

CONSIDERACIONES

1. En atención a que LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA fue condenado por primera vez en segunda instancia, la Corte garantizará en el marco del recurso de casación, su derecho a la doble conformidad con base en el Acto Legislativo 01 de 2018.

Con esa perspectiva, primero se examinarán los reproches planteados en la demanda de casación; y luego, en caso dado, se abordará el estudio de legalidad de la sentencia condenatoria a partir de la naturaleza de los tipos penales objeto de la acusación, confrontando individual y conjuntamente los medios probatorios con el fin de establecer si se cumple el estándar para condenar que prevé el artículo 381 de la Ley 906 de 2004.

2. Examen del cargo único presentado en la demanda de casación El reproche propuesto por el libelista se propone por la violación indirecta de la ley sustancial, causal prevista en el artículo 181-3 de la Ley 906 de 2004, que procede cuando se presenta el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha

fundado la sentencia. La modalidad de error de hecho por falso juicio de identidad se presenta cuando el juez al aprehender la 15 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA prueba, que existe material y jurídicamente, le hace decir algo que objetivamente no dice. El defecto surge en el proceso de aprehensión material de la prueba. Se trata de un error de naturaleza objetiva en tanto recae sobre el medio probatorio como objeto de conocimiento. En tal evento, el juzgador puede, al aprehenderlo, incurrir en tergiversación, distorsión, adición o cercenamiento, haciendo decir al medio algo que objetivamente no contiene. Por eso se llama de identidad, porque al obrar así, el Juzgador “desidentifica” el medio probatorio al hacer de él, lo que no es. Por tanto, corresponde al recurrente identificar la prueba y su contenido exacto, qué dijo de ella el sentenciador precisando el sentido de la alteración en cualquiera de las variantes explicadas haciéndolo producir efectos que objetivamente no surgen de su contenido y, finalmente, demostrar la trascendencia del yerro, es decir, acreditar cómo, de no haber incurrido en este el fallador, habría lugar a una decisión diversa y favorable al procesado. La demanda postula que el sentenciador de segunda instancia hizo agregados a las atestaciones de Diana Yinneth Penagos Chávez como también a los testimonios de las víctimas, esto es, Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas, e indistintamente censura que se excedió en el

valor probatorio asignado a estas pruebas, ninguna de las cuales informa que LUCIO EDUARDO MANJARRÉS 16 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA LOMBANA fue quien falsificó las firmas impuestas en el documento presentado en la alcaldía de Saldaña (Tolima) con el fin de desvincular del servicio público el taxi de placas WXG-654, como a la postre ocurrió al expedirse el acto administrativo que así lo resolvió. Las evidentes deficiencias en la presentación de tales censuras serán obviadas por la Corte por cuanto la admisión del libelo impone el examen de fondo del ataque a la decisión cuestionada. 2.1. La crítica a la labor del juez colegiado porque adicionó manifestaciones no hechas por Diana Yinneth Penagos Chávez, funcionaria de la alcaldía de Saldaña para la época de los hechos investigados, se contrae a que con su testimonio el ad quem consideró probada la vinculación a la cooperativa Cootransal Ltda. del vehículo de placas WTK-810 de propiedad de Arcesio Cruz Puentes. Esta conclusión, afirma el censor, contrasta con lo que ella afirmó pues se limitó a expresar que uno de los requisitos para vincular un automotor al servicio público con autorización de la alcaldía municipal, era la previa celebración de un contrato de vinculación entre la cooperativa y el o los propietarios de un vehículo de esa clase. En el estudio del fallo de segunda instancia es oportuno precisar que el debate en sede de segunda instancia se

centró, conforme a la petición del apoderado de las víctimas 17 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA apelante, en establecer la responsabilidad de MANJARRÉS LOMBANA, habida cuenta que la materialización de las ilicitudes contra la fe pública y la eficaz y recta impartición de justicia, no suscitó duda o controversia alguna para las partes e intervinientes procesales en el discurrir de la primera instancia, el recurso de alzada, ni en sede de casación, cabe agregar. Así las cosas, es premisa irrebatible que la materialidad delictiva múltiple está probada más allá de toda duda con los diversos medios cognitivos reseñados por el ad quem, dígase con los testimonios de las víctimas Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas Rivera, la pericia grafológica rendida por Mario Gómez Carreño y la atestación de la denunciante Diana Yinneth Penagos Chávez, servidora de la alcaldía de Saldaña (Tolima) para la época de los hechos1. Delimitado el debate en esos términos, la Sala advierte que la censura al fallo de segunda instancia, no se aviene a su contenido material como se pasa a explicar. En el interrogatorio cruzado practicado en el juicio oral a Diana Penagos, se le indagó, entre muchos otros temas, sobre cuáles eran los requisitos exigidos por la alcaldía de Saldaña a fin de expedir las tarjetas de operación para automotores de servicio público de transporte en esa

comprensión territorial, respondiendo que uno de ellos era la 1 Sentencia de segunda instancia, p. 9. 18 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA existencia de “contrato de la empresa con el propietario del vehículo”2. Tal cita se hizo con el fin de respaldar la tesis del Tribunal en el sentido de que MANJARRÉS LOMBANA tenía pleno conocimiento de la forma en que se había procedido a la inscripción del automotor WTK-810, con posterioridad a la desvinculación del taxi WXG-654 de propiedad de Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas Rivera, corroborando así mismo que «…en sana lógica, este tipo de conductas obedecen a una específica finalidad impulsada por alguien en particular de cara a la obtención de un concreto provecho generalmente económico, como aquí sucede.» 3 La referencia se incluyó a espacio siguiente de aludir al contenido de la denuncia que presentó la otrora funcionaria, específicamente en relación con las irregularidades que se advirtieron al momento de proceder a la inscripción del rodante […] distinguido con placas WTK 810, marca Daewoo, modelo 2000, color amarillo, motor No. G15MF795504B, Chasis No. KLATF19Y1Y260856, PROPIETARIO ARCESIO CRUZ PUENTES; solicitud que fue accedida por el entonces alcalde municipal, precediéndose a expedir la tarjeta de operaciones No. 0073 de fecha 21 de octubre de 2008, renovada el 15 de

enero 2009, bajo la tarjeta de operación 0148.4 2 Audiencia de 25 de febrero de 2016, récord 00:20:43. 3 Sentencia de segunda instancia, p. 20. 4 “50 Fl. 118 carpeta”. 19 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA Entonces, surge palmario para la Sala que no se realizaron los agregados a las manifestaciones de Diana Yinneth Penagos Chávez que alega el censor, esto es, que no incurrió el Tribunal en el error denunciado en la demanda. De igual manera refulge incontrastable que el testimonio de Diana Penagos no fue tomado en consideración para concluir, según afirma el libelista en contravía de la objetividad, la existencia de un contrato entre la empresa Cootransal Ltda. y Arcesio Cruz Puentes, sino para sustentar la tesis de que LUCIO MANJARRÉS LOMBANA era conocedor de las exigencias que se debían cumplir para la expedición de la tarjeta de operación, como la que le fue asignada al automotor registrado para suplir el cupo del taxi de los señores Rivera Lozano y Arciniegas Rivera desvinculado fraudulentamente por error inducido de la administración municipal. En consecuencia, no hay lugar a casar la sentencia por el cargo examinado. 2.2. Se cuestiona la sentencia de segunda instancia porque desatendió que los testigos Alfonso Rivera Lozano y Luis Alberto Arciniegas Rivera, manifestaron desconocer quién habría falsificado sus firmas en el instrumento

presentado a la alcaldía de Saldaña con la finalidad de que fuera desvinculado el taxi de su propiedad. No obstante, se concluyó demostrada la responsabilidad del procesado porque ellos dijeron presumir que por ser LUCIO 20 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA MANJARRÉS el representante legal de la cooperativa Cootransal, habría sido el autor de la falsificación. Esta crítica impone recordar que por mandato legal toda decisión judicial debe estar debidamente motivada fáctica, jurídica y probatoriamente; por consiguiente, crucial la labor judicial de conjugación armónica y sistemática de los supuestos de hecho materia de juzgamiento, la correcta selección e interpretación de la normatividad aplicable al caso y la valoración de los medios de prueba acopiados, definiendo en cuanto a estos el valor que se les asigna individual y conjuntamente. Al respecto la Sala ha considerado: Lo que se exige es motivar fáctica, probatoria y jurídicamente la providencia, deber que significa que el juez debe precisar cuál es el peso específico de la prueba en la decisión, sin necesidad de referirse a todos y cada uno de los detalles de la misma, si estos no inciden en lo sustancial de la conclusión judicial.5 Por lo tanto, dejar de mencionar un aparte o fragmento específico de un medio probatorio no constituye de por sí un error de hecho por falso juicio de identidad por cercenamiento con entidad suficiente para quebrar el fallo judicial, pues si el juzgador tuviera que referirse hasta el más

mínimo detalle a cada medio de convicción aducido en un asunto determinado, la decisión sería muy extensa y poco clara. 5 CSJ SP2131-2019, 12 jun. 2019, rad. 50963. 21 CUI 73671 60 00 476 2010 00120 01 Número Interno 52175 Casación LUCIO EDUARDO MANJARRÉS LOMBANA Cobra sentido, entonces, la obligación que tiene el demandante de demostrar la trascendencia del yerro y cómo de no haberse incurrido en él, la determinación a adoptar sería otra; es decir, no es suficiente identificar qué parte del medio de prueba fue omitida, s