CSJ - SP594-2022(60370)

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Magistrada Ponente SP594-2022 Radicación N° 60370 Aprobado acta No. 44 Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022).

1. V I S T O S Se decide el recurso de apelación interpuesto por el fiscal, el procurador judicial y los apoderados de las víctimas, en contra de la sentencia proferida por la Sala Especial de Primera Instancia el 23 de agosto de 2021, que absolvió a SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN por los delitos de soborno, falso testimonio, fraude procesal, prevaricato por acción agravado y concierto para delinquir.

Segunda instancia 60370

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2. A N T E C E D E N T E S 2.1 Fácticos Por el sentido de la decisión, se rememoran brevemente los hechos imputados en la acusación.

En el mes de mayo de 2008, el abogado SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN se concertó con Blanca Julia Murillo Sanabria, Wilson Gerardo Peña Quiñonez, entre otros, para cometer delitos indeterminados que favorecieran la situación de Pedro Nel Rincón Castillo, alias «Pedro Orejas», en el proceso que se le adelantaba por el homicidio de Miguel Antonio Pinilla Pinilla, donde el primero fungía como defensor principal. En desarrollo de ese concierto, el procesado: 1) Entregó, junto con otras personas, $7.500.000 a Ruth

Mayerly Peña Porras y le prometió otro tanto, para que faltara a la verdad retractándose de su versión incriminatoria contra Pedro Nel Rincón Castillo. 2) A través de la coacción ejercida contra dicha mujer y contra Luis Enrique Pinilla Pinilla, obtuvo que estos suscribieran o rindieran las declaraciones del 3 y 4 de septiembre de 2008, respectivamente, ante el Notario Primero 2 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 de Chiquinquirá, en las que negaron falsamente el señalamiento contra Rincón Castillo. 3) Utilizó esos 2 medios probatorios en la sustentación de la petición de revocatoria de la orden de captura vigente contra su defendido, induciendo en error al Juez Promiscuo Municipal de Pauna -Fernando Soler Rojaspara que profiriera la decisión ilegal que le era deprecada (audiencias preliminares del 8 de septiembre y 14 de noviembre de 2008). Y, 4) Acordó con el citado funcionario judicial que este accediera a su petición y, por tanto, revocara o cancelara el mandato de captura en mención contrariando la ley de modo manifiesto. 2.2 Procesales Por tales hechos, el 15 de abril de 2016, ante el Juzgado 3 Penal Municipal de Duitama-Boyacá con función de control de garantías, se formuló imputación a SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN, Blanca Julia Murillo Sanabria, Wilson Gerardo Peña Quiñonez y Fernando Soler Rojas, entre otros, así:

- A SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN, Blanca

Julia Murillo Sanabria y Wilson Gerardo Peña Quiñonez, por 3 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 los delitos de falso testimonio1 (autores mediatos), soborno2 (coautores), fraude procesal3 (coautores), prevaricato por acción agravado4 (determinadores) y concierto para delinquir (autores)5. - Y, a Fernando Soler Rojas, los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción agravado, concusión y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Por razón del fuero legal, la Fiscalía presentó escrito de acusación ante el Tribunal Superior de Tunja en contra de SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN y Fernando Soler Rojas -y Pedro Nel Castro Díaz-, continuando la actuación contra los demás procesados bajo una radicación distinta. El 15 de mayo de 2017, la Sala Penal del citado tribunal dio inicio a la audiencia de formulación de acusación; pero, decretó la ruptura de la unidad procesal respecto de SIMÓN 1 Art. 442 C.P., modif. Ley 890/2004: «El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio, …». 2 Art. 444 C.P., modif. Ley 890/2004: «El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, …». 3 Art. 453 C.P., modif. Ley 890/2004: «El que por cualquier medio fraudulento

induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, …». 4 Arts. 413 C.P.: «El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, …». Y art. 415: «Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, homicidio, …». 5 Art. 340 C.P., modif. Ley 733/2002: «Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, …». 4 Segunda instancia 60370

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EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN porque, al ejercer el cargo de Procurador Judicial II, la competencia para juzgarlo correspondía a la Corte Suprema de Justicia. El asunto fue enviado, entonces, a la Sala de Casación Penal que, a su vez, mediante auto del 23 de julio de 2018, lo remitió a la Sala Especial de Primera Instancia. El 23 de marzo anterior, un fiscal delegado radicó un «escrito de aclaración, adición y corrección a la acusación» circunscribiéndola al aforado en mención. El 29 de mayo y el 28 de junio de 2019, la Sala de Primera Instancia realizó la audiencia en la que se formuló acusación al procesado por los mismos delitos inicialmente imputados, aunque aclarando la Fiscalía que el delito de prevaricato de

acción agravado lo atribuía a título de interviniente y el de falso testimonio en la condición de determinador. En la misma diligencia se autorizó la intervención como víctimas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la señora Ruth Mayerly Peña Porras. La audiencia preparatoria tuvo lugar los días 22, 30 y 31 de octubre de 2019; 6 y 24 de agosto; y 24 de septiembre de

2020. En la tercera de tales sesiones, el acusado manifestó que renunciaba a la prescripción de la acción penal por todos los delitos y dicha manifestación fue aceptada por la

Sala de Primera Instancia. 5 Segunda instancia 60370

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El juicio oral se realizó en varias sesiones todas en el año 2021: 28 de enero; 19, 20, 22, 26, 27, 28 y 29 de abril; 4 al 6 de mayo, y 11 de agosto. Al finalizar el debate, la Sala de Primera Instancia anunció que el sentido del fallo sería absolutorio por todos los delitos profiriéndolo, en su integridad, el 23 de agosto de 2021. En contra de dicha sentencia interpusieron sendos recursos de apelación el delegado de la Fiscalía, el representante del Ministerio Público y los apoderados de las víctimas. Con auto del 9 de septiembre de 2021, una vez surtido el traslado a los no recurrentes, la Sala Especial de Primera Instancia concedió las apelaciones en el efecto suspensivo.

3. L A S E N T E N C I A

3.1 Respecto de la acusación por falso testimonio 3.1.1 Falso testimonio de Ruth Mayerly Peña Porras. 6 Segunda instancia 60370

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La declaración en juicio de esta mujer es inconsistente porque las intimidaciones que dijo recibir desde que incriminó a Pedro Rincón Castillo y su traslado forzado el 3 de septiembre de 2008 a Chiquinquirá, no se compadecen con el encuentro voluntario que después sostuvo con aquel; y, se contradice con declaraciones previas frente a las actividades que ejecutaba cuando fue recogida por la fuerza en Pauna y frente a la hora que llegó, el mismo día, a la casa de Blanca Murillo. De otra parte, quedó demostrado que el 3 de septiembre de 2008 MARTÍNEZ ESCANDÓN permaneció en la Universidad de Boyacá cumpliendo funciones de jurado de preparatorios: Claudia Janeth Vargas López dio cuenta de esa permanencia; Ruby Elsa Amador Díaz explicó que una vez finalizaban los exámenes, el jefe de área debía elaborar actas individuales de calificación, registrarlas, imprimirlas y firmarlas; el propio acusado ratificó el cumplimiento de esas tareas; la estipulación 10 acreditó esa actividad académica en el horario 8 a.m.-2 p.m.; y, la número 11 que el último registro informático que realizó fue a las 7:23 p.m. La improbabilidad de la presencia del acusado en Chiquinquirá aquel 3 de septiembre encuentra respaldo adicional en los testimonios de Edgar Bejarano Rodríguez,

quien aseguró que la declarante debió presentarse a la Notaría, y de José Aquilino Rondón González, quien calculó 7 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 que el desplazamiento desde Tunja al referido municipio implicaba unas 3 horas por trayecto. Otras debilidades del dicho de la testigo fueron: recibió $500.000 de Rincón Castillo para favorecerlo; consultó a su cuñado Maximiliano Cañón, enemigo de aquel y empleador del fallecido Miguel Pinilla Pinilla, sobre el sentido en que declararía; recuerda con exactitud las acciones del acusado, pero olvida aspectos que permiten dilucidar temas cruciales; la «simpleza» de los términos de la retractación descartan la necesidad del asesoramiento de MARTÍNEZ ESCANDÓN y más de carácter presencial; la testigo reconoce que no escuchó nada de lo dicho ese día por el abogado, que no se dirigió a ella ni le ofreció dinero; y, por último, se comportó hostil en el contrainterrogatorio. El procesado solicitó la realización de la audiencia de solicitud de revocatoria de orden de captura sin contar con la declaración notarial de Ruth Mayerly Peña Porras porque esta se produjo después, y la única razón para que la diligencia no se practicara el 27 de agosto de 2008 sino el 8 de septiembre siguiente fue una petición de la Fiscalía. Además, ya en la diligencia, la mayor parte de su argumentación giró en torno a la certificación de aquella de que carecía de elementos probatorios suficientes para imputar a su defendido.

En fin, no se demostró la intervención del acusado en la elaboración de la declaración notarial del 3 de septiembre de 8 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 2008, porque no quedó establecida su presencia en el lugar donde ello ocurrió ni que haya ejercido actos de intimidación de forma remota; tampoco que la unidad de criterio defensivo con Blanca Murillo incluyera la utilización de medios ilícitos. Es decir, no se probó que el acusado conociera que las declaraciones que recibió para la audiencia hubiesen sido resultantes de coacciones o dádivas. 3.1.2 Falso testimonio de Luis Enrique Pinilla Pinilla. Este declarante reconoció en juicio que la verdad de lo que percibió durante el crimen de su hermano es lo plasmado en la declaración notarial y que así lo atestiguó en el juicio contra Pedro Rincón, negando cualquier presión o consejo por parte de MARTÍNEZ ESCANDÓN. Además, Juan Carlos Páez Valderrama, funcionario notarial que le recibió la mentada declaración al interior de la cárcel, lo desmiente cuando aseguró que solo firmó una hoja en blanco y, en todo caso, la estipulación 18 ratificó que el acusado no ingresó al establecimiento carcelario entre mayo y diciembre de 2008. En suma, no se configuró delito porque lo consignado en la declaración extraprocesal corresponde a la verdad. Por último, aunque José Libardo Pachón Fajardo declaró que uno de los abogados de Pedro Rincón Castillo lo asesoró para que declarara en favor de este, manifestó que ese grupo

estaba conformado por 9 profesionales del derecho, 2 de los cuales respondían al nombre de Simón y, por si fuera poco, 9 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 suministró unas características físicas del consejero que no coinciden con las del acusado. Su eficacia es poca, adicionalmente, porque tiene antecedentes por favorecimiento y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos probatorios; incumplió la prisión domiciliaria a la que estaba sujeto; y reconoció que era enemigo del abogado Simón por el solo vínculo de este con Rincón Castillo. 3.2 Respecto de la acusación por soborno El hecho fundante de esta imputación fue la reunión sostenida el 3 de septiembre de 2008 con Ruth Mayerly Peña Porras, pero se descartó que el acusado hubiese participado en la misma. Agréguese que ni dicha mujer ni Luis Enrique Pinilla Pinilla o José Libardo Pachón Fajardo señalaron que los haya contactado para que se retractaran de su versión incriminatoria. Y, ninguna otra prueba dio cuenta de que haya acordado o prestado colaboración a quienes ofrecieron o pagaron dádivas a la citada declarante. 3.3 Respecto de la acusación por fraude procesal Las razones de la absolución fueron: (i) la declaración extraprocesal de Luis Enrique Pinilla Pinilla no es falsa; (ii) se descartó la asistencia del acusado a la reunión del 3 de septiembre de 2008; (iii) este solicitó la audiencia preliminar sin contar con los elementos cuestionados, pero sí con la

certificación de la Fiscalía de no tener reunidos los 10 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 presupuestos para imputar; (iv) unas fueron las evidencias que él recaudó y otras las que le entregó su suplente el mismo día de la audiencia en protocolo notarial; (v) la oportunidad para confeccionar las versiones cuestionadas obedeció a la petición de reprogramación de la diligencia por la Fiscalía; y, (vi) ninguna prueba enseña un acuerdo para sobornar testigos y/o falsear sus dichos. 3.4 Respecto de la acusación por prevaricato La ausencia de responsabilidad obedeció a que: (i) no se demostró consejo o presión alguna del acusado hacia el Juez Promiscuo Municipal de Pauna para resolver la petición de cancelación de la orden de captura; (ii) el fundamento de la decisión judicial fue el reconocimiento de la Fiscalía de que carecía de material probatorio para formular imputación; y, (iii) la petición del abogado se enmarcó en los presupuestos constitucionales y legales que imponen la limitación de la injerencia en derechos fundamentales y el correcto ejercicio de la defensa, pues si no existían bases suficientes para imputar a su defendido, menos para capturarlo con tal fin. 3.5 Respecto de la acusación por concierto para delinquir. Según todo lo anterior, lo único demostrado en el proceso fue que el acusado se asoció para asumir la defensa de Pedro 11 Segunda instancia 60370

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CUI 150016000000201700037 Nel Rincón Castillo y en desarrollo de este encargo solicitó la revocatoria de la orden de captura contra este, siendo ajeno a la recolección de las 2 declaraciones calificadas de falsas.

4. L O S R E C U R S O S 4.1 Recurrentes 4.1.1 El Fiscal 5 delegado ante la Corte solicita se revoque parcialmente la decisión absolutoria y, en consecuencia, se profiera condena por los delitos de falso testimonio, soborno y fraude procesal.

Empezó por indicar cada uno de los hechos que considera fueron probados, para luego precisar que nunca se atribuyó al acusado haber intimidado a Ruth Mayerly Peña Porras sino el revisar y corregir la declaración del 3 de septiembre de 2008, para lo cual hizo presencia en la oficina de la defensora suplente Blanca Murillo. Enseguida, pasó a controvertir los argumentos de la sentencia para restar mérito al testimonio de la citada víctima, así: - El motivo por el cual aceptó reunirse con «Pedro Orejas» en la finca de Blanca Murillo después de haber firmado la retractación, fue la presión que sufrió para que compareciera a ratificarla en el juzgado, la cual incluyó el envío de $7.500.000 adicionales a los que le habían dado inicialmente y, después, la entrega de $500.000 para los 12 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 gastos de traslado a la audiencia en Tunja. Tales

ofrecimientos fueron ratificados por José Libardo Pachón Fajardo y no existen razones para que la testigo quisiera perjudicar al acusado. Por último, recuerda que la versión inicial de Luis Enrique Pinilla Pinilla, que cambió también por amenazas y dádivas, fue tenida por cierta en la sentencia que condenó al mencionado homicida. - Es entendible que luego de 13 años la declarante incurriera en imprecisiones sobre contenidos secundarios, como el relativo a las actividades que ejecutaba cuando la recogieron en Pauna; además, ella justificó las diferencias sobre tal aspecto aduciendo que ese día aprovechó para hacer varias diligencias y, en todo caso, lo esencial es que siempre indicó que fue abordada por sujetos armados cerca de la iglesia y obligada a subir a una camioneta para ser llevada a Chiquinquirá. En contraste, José Higinio Poveda Peña, quien declaró que ese traslado fue voluntario, no ofreció mayores detalles. - Las contradicciones sobre la hora en que llegaron a la casa de la abogada Blanca Murillo en Chiquinquirá son aparentes porque la testigo aclaró que fue recogida en Pauna a las 11 a.m., llegó a aquella vivienda a la 1 p.m. y la regresaron al punto de partida a las 4 p.m. aproximadamente; o sea que, su permanencia en el sitio donde suscribió la falsa declaración, en cuya elaboración intervino el acusado, fue de 1 hora. Y, aunque se estipuló que este último estuvo en Tunja entre las 8 a.m. y las 2 p.m.,

13 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 también se demostró que un mismo día podía haber estado en esa ciudad, en Chiquinquirá y en Pauna, aunque a diferentes horas. - No puede admitirse que el procesado fue engañado al recibir las declaraciones espurias porque tan solo 19 días después del homicidio él, directamente, recaudó 4 entrevistas que negaban la participación de su cliente en el hecho homicida o que fue en legítima defensa, para desvirtuar así los motivos de la orden de captura. Y, aunque sea cierto que las retractaciones le fueron suministradas por la abogada Blanca Murillo, entre estos existía una causa común de defensa. - Un trayecto entre 2 de las siguientes poblaciones: Tunja, Chiquinquirá y Pauna, en un buen vehículo, podía hacerse en 2 horas, según se infiere del relato de Ruth Mayerly, lo cual desvirtúa que el acusado solo pudiera estar en dicha capital los días que cumpliera funciones en la Universidad de Boyacá y/o en la Defensoría Pública, gestiones que constaban en planillas o registros y en la «memoria prodigiosa» de algunos testigos que recordaban perfectamente lo acontecido 13 años atrás (Rubi Elsa Amador Díaz, Claudia Vargas López y el procesado). - Si bien la estipulación 11 tuvo por demostrado que el acusado, ese 3 de septiembre, ingresó 6 veces al sistema SIIUB, también lo es que 5 de ellas fueron por la mañana y 14 Segunda instancia 60370

SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 la última a las 07:23:07 p.m.; por lo que, bien pudo haberse desplazado en horas de la tarde de Tunja a Chiquinquirá para revisar y corregir la declaración que se hizo firmar a Ruth Mayerly Peña Porras. Esa posibilidad fue reafirmada con la prueba de que otros días, a pesar de que debía cumplir actividades profesionales en Tunja, también visitó los otros municipios boyacenses. Al respecto, aclara que la estipulación sobre los horarios programados en la Universidad y en la Defensoría, no incluía su cumplimiento. - Si bien Luis Enrique Pinilla Pinilla, a quien se le hizo firmar en la cárcel una hoja en blanco que luego fue incorporada a una declaración de retractación del 4 de septiembre de 2008, no señaló como partícipe al abogado MARTÍNEZ ESCANDÓN; la similitud de contenidos y formatos notariales permite inferir que estuvo involucrado, como defensor principal de «Pedro Orejas», en la producción del documento, al igual que frente a Peña Porras. - Y, en lo que hace a las barras de defensores públicos realizadas ese 4 de septiembre, la testigo Tania Victoria Orozco Becerra, Defensora Regional de Tunja para el 2016, se limitó a indicar que suscribió la contestación a una petición formulada por el acusado, con base en documentos que no fueron elaborados por ella. Adicionalmente, se introdujo prueba de la intervención de aquel en audienciasy en otras diligencias investigativasdentro del proceso seguido contra «Pedro Orejas» en Pauna, Chiquinquirá o

15 Segunda instancia 60370

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Tunja, en horarios en los que también tenía actividades programadas en la Universidad de Boyacá. 4.1.2 El Procurador 3 delegado para la Investigación y Juzgamiento, igualmente, se opone a la absolución por los delitos de falso testimonio, soborno y fraude procesal. - Sobre la determinación de falso testimonio, reclama que la sentencia desestimó el dicho de Ruth Mayerly Peña Porras por imprecisiones sobre aspectos secundarios de su relato (la hora de su encuentro con los abogados y las diligencias previas que realizó), sin considerar que los estructurales se han mantenido en todas sus declaraciones a pesar del transcurso de más de 12 años. El testimonio en cuestión, agrega, fue corroborado en algunas partes por los de Luis Enrique Pinilla Pinilla y José Libardo Pachón Fajardo, pues estos también recibieron amenazas y ofrecimientos para que se retractaran de sus dichos igualmente incriminatorios. El último de ellos, inclusive, reafirma que los defensores de quien ellos sindicaron fueron promotores de esas promesas remuneratorias. Y, el primero dio cuenta de que su entrevista sobre el homicidio llegó rápidamente a manos de «Pedro Orejas», aspecto corroborado por el policía judicial Ferney Vargas Herrera, quien explicó que Samuel Barrera, comandante de la SIJIN de Chiquinquirá, le pidió con extraña urgencia la carpeta. 16 Segunda instancia 60370

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CUI 150016000000201700037 De otro lado, a Ruby Elsa Amador Día y Claudia Janeth Vargas no les consta que el acusado hubiese permanecido en la Universidad de Boyacá todo el día ese 3 de septiembre de 2008 y los registros de esta fecha suscritos por aquel solo dan cuenta del cumplimiento de sus obligaciones académicas como docente y jurado de exámenes preparatorios. Debe tenerse en cuenta que el procesado compartía la defensa de Pedro Nel Rincón Castillo con Blanca Julia Murillo, siendo contrario a las máximas de la experiencia que tuvieran estrategias jurídicas distintas; y que Peña Porras y Pachón Fajardo coinciden en señalar que los 2 abogados y Wilson Peña Quiñonez estaban confabulados para obtener sus retractaciones, sin olvidar que el último suscribió un preacuerdo aceptando su culpabilidad. - Sobre la coautoría del soborno, alega que no era necesario que MARTÍNEZ ESCANDÓN entregara el dinero a Ruth Mayerly Peña Porras, porque la abogada Blanca Murillo y su auxiliar Wilson Peña se encargaron de hacerlo, obviamente, mediando un acuerdo común consistente en combinar estrategias defensivas lícitas y fraudulentas, siendo él quien se encargaría de utilizar las declaraciones irregulares para buscar decisiones judiciales que garantizaran la libertad de su defendido. 17 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 - Y, sobre la responsabilidad en el fraude procesal, insiste en que: (i) no es viable pensar que el acusado utilizara

2 declaraciones extrajuicio sin saber la forma como fueron obtenidas, máxime cuando se trataba de 2 «testigos de excepción»; (ii) por esta característica, tales elementos probatorios eran idóneos para inducir en error a cualquier funcionario judicial; y, (iii) aunque el Juez Promiscuo Municipal de Pauna haya tenido en cuenta argumentos y medios cognoscitivos distintos para resolver la petición de revocatoria de orden de captura, recuerda que la conducta punible es de mera conducta. 4.1.3 El apoderado de Ruth Mayerli Peña Porras, inicialmente, formula dos peticiones de nulidad: - Una principal «por afectación del derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición» que invalidaría el proceso desde la formulación de imputación. El objeto de esta medida sería que la Fiscalía efectúe una relación circunstanciada de los hechos imputados que garantice los derechos del procesado, especialmente el de conocer aquellos. - Una subsidiaria para que se rehaga lo actuado desde la presentación del escrito de acusación porque la narración de los hechos vulneró el debido proceso de las víctimas, en particular la garantía de representación judicial de Ruth Mayerly Peña Porras en las etapas anteriores a la audiencia 18 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 de formulación de acusación. El vicio consistiría en que el pliego de cargos incluyó los delitos de concierto para delinquir y prevaricato, por los cuales tanto la Fiscalía como

las víctimas solicitaron absolución. Después, asegura que la acusación fue demostrada porque: (i) es irrelevante que Ruth Mayerly no recuerde el dispositivo en que se corrigió la declaración; (ii) es inadmisible que el procesado alegue que no sabía que «su suplente, subordinada y colaboradora» obtuviera evidencias por medios ilícitos; (iii) el 3 de septiembre de 2008, él pudo ir a Chiquinquirá pasadas las 2 p.m. y regresar a la Universidad antes de las 7:23 p.m.; (iv) el dicho de José Higinio Poveda es mendaz porque era trabajador de «Pedro Orejas»; (v) los dichos de Ruby Amador, Adriana Blanco y Tania Orozco son sospechosos «por el mismo vínculo de estrecha amistad y camaradería con el procesado»; (vi) es creíble que la víctima haya guardado los $15.000.000 que recibió de los delincuentes y luego los denunciara. 4.1.4 El apoderado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicita que se revoque la absolución, exclusivamente, por el delito de fraude procesal. Se restó credibilidad a Ruth Mayerly Peña por incurrir en contradicciones, pero lo sospechoso sería la repetición exacta de sus afirmaciones. El acusado fue quien, en la condición de defensor, en una audiencia aportó la falsa 19 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 retractación de aquella ante el juzgado municipal de Pauna,

aun cuando contaba con otras declaraciones que soportaban su pretensión. No hay razón, además, para que conociera los motivos aducidos por la Fiscalía para solicitar la orden de captura contra su poderdante si esta diligencia es reservada, los que después controvirtió para deprecar la cancelación de tal medida. Por todos esos detalles, el acusado «estaba en capacidad de conocer» que la retractación de Peña Porras no correspondía a la realidad. 4.2 No recurrentes 4.2.1 El defensor solicita la confirmación integral de la sentencia absolutoria porque, como esta lo declaró, se demostró: - Que el acusado estuvo en Tunja el 3 de septiembre de 2008 cumpliendo funciones académicas desde las 8 a.m. hasta las 7:09 p.m., lo que fue acreditado con los registros, actas de preparatorio, soportes informáticos y los testimonios de Rubi Amador Díaz y Claudia Vargas López. A ello se suman las «imprecisiones fundamentales» de la testigo Peña Porras y que fue desmentida por José Higinio Poveda Peña en el carácter forzado de su traslado a Chiquinquirá, y por Edgar Alberto Bejarano Rodríguez, notario que afirmó la necesaria presentación de aquella a su oficina. 20 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 - Que Luis Enrique Pinilla Pinilla no pudo reunirse con el acusado para el 4 de septiembre de 2008 porque se encontraba recluido en una cárcel y quedó estipulado que este no ingresó a dicho establecimiento. Tampoco ese día no

pudo ir a recibirle o corregirle una versión porque cumplía tareas como coordinador académico de la Defensoría Pública y, por si fuera poco, el propio declarante reconoció que no tuvo contacto con aquel. Por último, Bejarano Rodríguez descartó que el recluso firmara una hoja en blanco porque comisionó a Juan Carlos Páez y este recibió su declaración leyéndosela antes de que la suscribiera. - Que el acusado recibió las declaraciones notariales el mismo día de la audiencia en que las usó y que el fundamento de la decisión judicial de cancelar la orden de captura fue la respuesta de la Fiscalía consistente en que no tenía elementos para imputar (estipulación 5). De otra parte, la Fiscalía acusó a MARTÍNEZ ESCANDÓN por pretender engañar al juez el 8 de septiembre de 2008; pero, en los alegatos finales y en la apelación enfocó esa conducta fue a la diligencia del 14 de noviembre siguiente. Por último, los jueces involucrados (Soler Rojas y Gómez García) explicaron el contexto y motivo de sus decisiones. - Que el investigador Fabio Villate Torres introdujo la solicitud del registro de la audiencia del 2 de mayo de 2008, la cual desvirtúa una obtención fraudulenta de la información allí ventilada. 21 Segunda instancia 60370 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN CUI 150016000000201700037 - En relación con la apelación de la Fiscalía, alega que tergiversa las pruebas y desconoce las estipulaciones realizadas. Fue un hecho estipulado que el 3 de septiembre de

2008, de 8 a.m. a 2 p.m., el acusado participó como jurado de preparatorios. La apelación, inclusive, llega a afirmar que el procesado hizo firmar la declaración a Ruth Mayerly, cuando la acusación lo que indica es que esta fue llevada a una notaría -lo que negó-. La Fiscalía había imputado al acusado amenazas a la víctima y ahora lo niega; además, insiste en atribuirle una intervención en la redacción de la declaración, pero aquella admitió que no escuchó nada de lo que aquel conversó ese día. Y, con respecto a Luis Enrique Pinilla Pinilla olvida que este atestiguó que su declaración extraprocesal era veraz y que en este acto no tuvo injerencia el entonces defensor de «Pedro Orejas». Niega que exista un «precedente especial» sobre la eficacia del testimonio de Peña Porras porque ni siquiera fue abordado o discutido en este juicio y, en todo caso, su invocación pretende sustituir la competencia del juez del caso. De otra parte, su condición de «testigo protegida» no le otorga