CSJ - SP656-2024(63743)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS Magistrados ponentes SP656-2024 Radicación Nº 63743 Aprobado Acta No. 064. Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO 1.- La Sala resuelve el recurso extraordinario de casación interpuesto por el representante de la Procuraduría contra la sentencia de 30 de noviembre de 2022, por la cual el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la condena irrogada en primera instancia a DEIBY

Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA ALEXANDER BRAN ZAPATA por el delito de concierto para delinquir agravado.

II. HECHOS 2.- Entre octubre de 2005 y el 6 de abril de 2006, fecha en la que se desmovilizó colectivamente, DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA militó como patrullero del bloque “Héroes del Llano y Guaviare” de las Autodefensas Unidas de Colombia.

III. ANTECEDENTES 3.- El 27 de abril de 2007, y luego recibir su versión libre (en la que aceptó su vinculación con el grupo al margen de la ley), la Fiscalía profirió en favor de DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA resolución inhibitoria de conformidad con las previsiones de la Ley 782 de 2002 y el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, el cual, aunque ya declarado inexequible para entonces por la Corte Constitucional, estimó

aplicable «en virtud del principio constitucional de favorabilidad»1. Esa decisión, sin embargo, fue revocada el 13 de agosto de 2012 con ocasión del recurso de reposición interpuesto por el agente del Ministerio Público2, de manera que no quedó en firme ni consolidó efecto jurídico alguno. 1 Fs. 28 y ss., c. de la instrucción. 2 Fs. 68 y ss., ibidem. 2 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA 4.- Consecuente con lo anterior, el 11 de septiembre de 2012 se inició la instrucción y se ordenó escuchar a DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA en indagatoria3. Dado que dicha diligencia no pudo efectuarse por la imposibilidad de ubicarlo, la Fiscalía lo vinculó al proceso como persona ausente mediante resolución de 1° de febrero de 20184. 5.- Resuelta la situación jurídica de BRAN ZAPATA sin imposición de medida de aseguramiento5, el despacho instructor, en resolución de 17 de julio de 2018, lo acusó por el delito de concierto para delinquir agravado, definido en el artículo 340, inciso 2°, de la Ley 599 de 20006. El pliego de cargos fue apelado por el procurador del caso, quien afirmó prescrita la acción penal. El recurso fue decidido por el superior en decisión de 27 de noviembre siguiente, en la cual lo confirmó bajo el presupuesto de que la conducta investigada es de lesa humanidad y, por

ende, imprescriptible antes de la vinculación formal del responsable al proceso7. 6.- El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, despacho que, agotado el trámite ordinario, profirió la sentencia de 11 de mayo de 2020, por la cual condenó a BRAN ZAPATA por el delito mencionado a las penas de 60 meses de prisión, inhabilitación para el 3 Fs. 89 y ss., ibidem. 4 Fs. 241 y ss., ibidem. 5 Fs. 249 y ss., ibidem. 6 Fs. 292 y ss., ibidem. 7 Fs. 3 y ss., c. de segunda instancia. 3 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, multa de 1.666.67 salarios mínimos legales mensuales vigentes y prohibición del porte de armas por un año8. 7.- Ese fallo fue apelado por la defensa – entre otras razones, insistiendo en que la acción penal prescribió antes de la calificación del mérito sumarial – y confirmado por el Tribunal de Villavicencio en providencia de 30 de noviembre 20229, contra la cual el agente del Ministerio Público interpuso recurso extraordinario de casación.

IV. LA DEMANDA 8.- En un único cargo formulado al amparo de la causal tercera, el actor denuncia que la sentencia impugnada está viciada de nulidad. 9.- Explica que la pena máxima prevista para el delito de concierto para delinquir tipificado en el inciso 2°

del artículo 340 de la Ley 599 de 2000 es de doce años y que BRAN ZAPATA se desmovilizó el 6 de abril de 2006, de modo que la acusación tendría que haber quedado ejecutoriada a más tardar el 6 de abril de 2018, lo cual no sucedió. 8 Fs. 89 y ss., c. de la causa. 9 Fs. 10 y ss., c. del Tribunal. 4 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA 10.- Sostiene que tanto el ad quem como el instructor de segundo grado rehusaron declarar el fenómeno extintivo de la acción penal con el argumento de que el delito atribuido al implicado es de lesa humanidad y, por lo tanto, que el término prescriptivo sólo empezó a correr a partir del momento de su vinculación formal al proceso. Esa postura, sin embargo, reposa en un entendimiento equivocado de la jurisprudencia pertinente a la controversia. 11.- En efecto, aunque esta Sala ha sostenido que el concierto para delinquir «puede ser considerado como de lesa humanidad», ello sólo es posible en cuanto «ese acuerdo criminal… vaya encaminado a la comisión de crímenes etiquetados por el Estatuto de Roma» y, además, en tanto el implicado, tanto más tratándose de un patrullero, «tuviera conocimiento de esas actividades», lo cual debe examinarse en cada caso concreto. 12.- Tanto es así, que las Leyes 1424 de 2010 y 975 de 2005 dispensan tratamiento jurídico diferenciado a los desmovilizados que únicamente incurrieron en concierto

para delinquir, de un lado, y los que estuvieron «involucrados en crímenes de lesa humanidad», de otro, lo cual no sería posible si todo concierto para delinquir con fines de paramilitarismo se clasificara como delito de lesa humanidad. 5 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA 13.- En este asunto, a DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA no se le atribuyó ninguna participación en delitos de lesa humanidad cometidos por la organización a la que perteneció. Se le procesó exclusivamente por la vinculación con la estructura criminal, comportamiento que, en tales condiciones, mal puede considerarse imprescriptible. De no haber cometido el error denunciado, añade, el ad quem habría decretado la cesación del procedimiento. Pide, por lo tanto, que se case el fallo impugnado, se anule el de primer grado y se declare la prescripción de la acción penal.

V. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO 14.- Los no recurrentes guardaron silencio. 15.- El Procurador Segundo Delegado ante la Corte conceptuó en contra de la demanda formulada por su predecesor y pidió que la sentencia impugnada no sea casada. 16.- Sostuvo que a la situación del implicado son «enteramente aplicables» las consideraciones efectuadas por esta Sala «en sentencias… 45795 del 15 de julio de 2015, o el conocido fallo 45110 del 30 de mayo de 2018», en las que se analizó «la actividad de sujetos involucrados en un grupo armado al margen de la ley que ejecutó las

masacres de El Aro y El Roble» y concluyó que el concierto para delinquir de quienes se adscribieron a esas 6 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA estructuras constituye un delito de lesa humanidad con independencia de la jerarquía que el respectivo miembro ocupara en ella. 17.- Advera que, si bien las Leyes 975 de 2005 y 1424 de 2010 prodigan tratamiento jurídico diferenciado a los integrantes de grupos paramilitares «comprometidos directamente en actividades ilícitas de tal gravedad», por un lado, y a los que simplemente pertenecieron a esas bandas, de otro, «ello no quiere decir que la naturaleza de la conducta punible como de lesa humanidad solo resulte predicable en relación con los primeros». 18.- Ello es así porque «la conducta valorada como de lesa humanidad es solo una (y) no se desnaturaliza por el simple hecho de que el rol o las funciones atribuidas al interior de la organización sean de carácter accesorio». 19.- En todo caso, el propio BRAN ZAPATA admitió en versión libre que se vinculó con las A.U.C. voluntariamente y conocía «el propósito de la organización armada», como también que «tuvo participación activa al interior del grupo». 20.- Pidió, por lo expuesto, que no se case el fallo impugnado.

VI. CONSIDERACIONES

A. Cuestión preliminar

7 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA 21.- La Sala ha sostenido repetidamente que la

Procuraduría General de la Nación concurre al proceso penal bajo el principio de unidad de gestión, de manera que, aunque su representación es ejercida en las distintas fases del trámite por diferentes funcionarios, estos, para efectos funcionales, son una misma y única entidad12. 22.- De ahí que, cuando el recurso de casación es interpuesto por un determinado procurador judicial y posteriormente el agente que representa a la entidad en el trámite ante la Corte conceptúa contra los argumentos o pretensiones de la demanda, debe entenderse que la entidad ha desistido de la impugnación extraordinaria: «… la Procuraduría, en cuanto interviniente en el proceso penal, es una sola, sin que la actividad que puedan adoptar sus representantes en el trámite penal pueda dividirse o comportar posturas diferentes o encontradas, como si se tratase de partes diferentes. (…) De esta manera, si sucede que el Delegado del Ministerio Público comienza por manifestar su oposición con el fallo, para lo cual hace uso del recurso extraordinario de casación, pero después el Delegado ante esta Corporación abandona la pretensión y sus fundamentos, dado que, se repite, corresponde la actuación a un marco indivisible de la misma institución, lo único que puede entenderse, en términos estrictamente procesales, es que la Procuraduría, en cuanto interviniente, abjura de esa posición inicial, o mejor, desiste de la demanda, razón por la cual ningún trámite puede darse a la misma, comoquiera que no se ha emitido la consecuente decisión de fondo que la examine –art. 179 F de la Ley 906 de 2004–»13.

23.- Sin embargo, la Sala estima necesario modular ese criterio para precisar que, excepcionalmente, al advertirse en la actuación la existencia de un defecto de 8 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA legalidad manifiesto y trascendente que lesione de manera grave los derechos de las partes e intervinientes, la viabilidad de dictar sentencia de fondo no está condicionada a que el funcionario competente para conceptuar ante la Corte ratifique los argumentos del antecesor que presentó la demanda. 24.- La casación es un recurso de carácter rogado y, en tal virtud, está regido por los principios generales de los mecanismos de impugnación atinentes al interés y la legitimación. Sin perjuicio de ello, y a diferencia de lo que sucede con los recursos ordinarios, tiene fines públicos, en concreto, los de unificación de la jurisprudencia y la efectividad de los derechos materiales. 25.- Bajo este entendido, el interés en el proferimiento de la sentencia de casación puede trascender el de las partes involucradas en el conflicto concreto. Así sucede, precisamente, cuando el fallo de fondo resulta necesario para enmendar una ilegalidad manifiesta advertida por la Corte, a lo cual entonces está habilitada con independencia del concepto negativo del procurador que sucede a quien presenta la demanda. 26.- Y es que, en el actual orden jurídico, la casación tiene una inequívoca connotación de mecanismo de control constitucional regido por el principio de prevalencia de lo sustancial sobre las formas. De esta

manera, ante la existencia de una ostensible ilegalidad con 9 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA incidencia en los derechos de las partes e intervinientes, las consideraciones sobre la unidad de gestión de la Procuraduría y los efectos atribuidos a las posturas discrepantes de quienes la representan deben ceder ante el mandato Superior de enmendar el vicio. Lo contrario implicaría permitir la consolidación irreversible de una injusticia material por una razón puramente procesal. 27.- En otras palabras, si (i) el agente del Ministerio Público que actúa en la causa identifica una ilegalidad grave, (ii) activa la competencia de la Corte mediante la presentación y sustentación de la casación y (iii) la Sala (que es el órgano legal y constitucionalmente encargado de decidir definitivamente y con criterio de autoridad sobre la validez de los procesos penales sometidos a su conocimiento) observa que el yerro en efecto ocurrió, es trascendente y lesiona los derechos y garantías de las partes a cuya tutela está obligada, es evidente, desde una comprensión sustancial del recurso extraordinario, que la opinión discrepante del procurador de mayor jerarquía no puede conducir a la desestimación de la censura, pues ello implicaría, en esencia, convalidar la ilicitud del trámite bajo un pretexto instrumental. 28.- Esto, se insiste, es excepcional. La regla general derivada del principio de unidad de gestión es que la opinión discrepante del procurador delegado de mayor jerarquía respecto de la demanda formulada por su

antecesor constituye un acto de desistimiento vinculante 10 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA para la Sala. La modulación propuesta, según la cual a dicho criterio divergente no puede otorgársele el sentido de abdicar la impugnación, sólo tiene cabida en cuanto la Corte advierta un error patente y trascendente frente al cual se haga manifiestamente necesaria su intervención en aras del cumplimiento de las finalidades constitucionales del recurso extraordinario. 29.- En el asunto que se examina, la casación fue presentada y sustentada por el procurador de la causa. Admitida la demanda, el Procurador Delegado ante la Corte conceptuó negativamente a lo allí argumentado y pidió que la sentencia impugnada no sea casada. Lo anterior implicaría, en principio, que operó el desistimiento tácito de la censura. Sin embargo, y de acuerdo con lo indicado en precedencia, la Sala se pronunciará de fondo, al advertirse la ocurrencia de una ilegalidad manifiesta y trascendente, como se mostrará a continuación. Por lo tanto, la Corte resolverá de fondo, con prescindencia de la manifestación del procurador de superior jerarquía.

B. La imprescriptibilidad de la acción penal respecto del concierto para delinquir agravado cuando tiene íntima relación o conexidad con delitos de lesa humanidad. Reiteración de jurisprudencia

11 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901

DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA

30.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema

de Justicia se ha referido a este asunto en varias oportunidades. Por lo tanto, en este acápite reiterará su jurisprudencia a partir de los siguientes bloques temáticos: (B.1) los delitos de lesa humanidad, (B.2.) el concierto para delinquir, y (B.3) los eventos en los que el concierto para delinquir reviste esa connotación. Luego de ello (B.4) presentará una síntesis de los criterios más relevantes de cara a la resolución del caso concreto. B.1. Delitos de lesa humanidad 31.- La Sala ha sostenido que son cuatro los crímenes fundamentales del derecho internacional: (core crimes o core delicta iuris gentium10): el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión11. Específicamente sobre los crímenes de lesa humanidad, ha afirmado que constituyen graves violaciones de derechos humanos12, de tal magnitud que no solo afectan a la población civil contra la que se dirige el ataque, sino que también «causa[n] un daño por la vía de la representación a toda la humanidad»13. Implícitamente se convierten en un 10 CSJ AP 23 may. 2012, rad. n.° 34180. 11 CSJ AP 16 dic. 2010, rad. n.° 33039; AP 11 may. 2011, rad. n.° 33118; AP 23 may. 2012, rad. n.° 34180; y SP744-2016 de 27 ene. 2016, rad. n.° 44462. En similar

sentido, AP 21 sep. de 2009, rad. n.° 32022. 12 La Sala, citando el caso Erdemović del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, refirió que son «actos graves de violencia que dañan a los seres humanos al atacar lo que les es más esencial: su vida, su libertad, su bienestar físico, salud y/o dignidad». CSJ AP 21 sep. de 2009, rad. n.° 32022. Reiterado en: SP 3 dic. 2009, rad. n.° 32672. 13 CSJ AP 21 sep. de 2009, rad. n.° 32022, reiterado, entre muchas otras, en SP0962024 de 31 ene. 2024, rad. n.° 60207. 12 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA riesgo para la preservación de la paz y seguridad de la sociedad internacional14. 32.- Los crímenes o delitos de lesa humanidad se caracterizan porque (i) son imputables al individuo que los comete, por lo que debe responder penalmente, incluso a nivel internacional; (ii) esa persona no puede ser eximida de responsabilidad en virtud del cargo ostentado (i.e. no opera ningún tipo de inmunidad) ni por haber obrado en cumplimiento de órdenes de un superior (no es aplicable el principio de obediencia debida), y no puede ser beneficiaria de asilo ni refugio; (iii) son incompatibles con figuras que «atenten contra los derechos de las víctimas a tener un recurso efectivo que les permita conocer la verdad» e impliquen

excluyentes de responsabilidad (tales como amnistías, autoamnistías, indultos, leyes de punto final, etc.)15; y (iv) son imprescriptibles16. 33.- Sobre el último punto, la Sala ha aclarado y reiterado que, a diferencia de la sanción penal (Cfr. artículo 28 de la Constitución Política), la acción penal es 14 CSJ AP 27 ene. 2015, rad. n.° 44312. 15 Si bien en los procesos de justicia transicional suelen emplearse criterios de selección y priorización para centrar los esfuerzos de la justicia en los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (personas que tienen «un rol esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito, es decir, que haya[n]: dirigido, tenido el control o financiado la comisión de los delitos». CC C-579-2013 y C-080-2018), en el ordenamiento jurídico colombiano se ha establecido que es obligatoria la selección «de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática» (artículo transitorio 66 de la Constitución), lo que no solo aplica para los asuntos de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que «opera para toda instancia que esté a cargo de la investigación de hechos en el marco del conflicto armado, por cuya finalización se propende a través de la justicia transicional» (CC C-080-2018). 16 Ver SP 24 nov. 2010, rad. n.° 34482; y AP 23 may. 2012 rad. n.° 34180.

13 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA imprescriptible, razón por la cual los delitos de lesa humanidad pueden ser investigados en cualquier tiempo. No obstante, cuando una persona ha sido individualizada y vinculada (a través de indagatoria o declaratoria de persona ausente -en Ley 600 de 200017 o estatutos asimilableso de la formulación de imputación -en los casos de la Ley 906 de 2004-) sí deben atenderse las normas que regulan la prescripción de la acción penal tanto en la fase instructiva como de juzgamiento (v.gr. artículos 83 a 86 de la Ley 599 de 2000, y concordantes y complementarios)18. 34.- La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tiene la finalidad de erradicar la impunidad y garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas19, y encuentra fundamento en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968 (entró en vigor en 1970), norma que ha sido considerada como de ius cogens20, de manera tal que es vinculante para el Estado colombiano así no la haya ratificado21. 17 Ver recientemente AP1804-2023 de 28 jun. 2023, rad. n.° 63953; y SP096-2024 de 31 ene. 2024, rad. n.° 60207. 18 CSJ AP 21 sep. de 2009, rad. n.° 32022, reiterado entre muchas otras decisiones, en AP1804-2023 de 28 jun. 2023, rad. n.° 63953; y SP096-2024 de 31 ene. 2024, rad. n.° 60207.

rad. n.° 60207. 19 CSJ AP 23 may. 2012, rad. n.° 34180; y SP7135-2014, 5 jun. 2014, rad. n.° 35113. 20 Es decir, como una norma imperativa de derecho internacional (que contiene preceptos inderogables e indisponibles) de la que se desprenden obligaciones erga omnes, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 21 Ver CSJ AP 13 may. 2010, rad. n.° 33118; y AP1804-2023 de 28 jun. 2023, rad. n.° 63953. 14 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA 35.- Ahora, los delitos de lesa humanidad se estructuran a partir de los elementos contextuales y los delitos específicos. Sobre los últimos, la Sala ha indicado que han sido enlistados en los estatutos de diferentes tribunales internacionales (v.gr. Núremberg, antigua Yugoslavia y Ruanda)22, pero dado que el Estatuto de Roma es el «parámetro básico de la sistematización y positivización de los delitos de lesa humanidad», actualmente se acude a las conductas mencionadas en el artículo 7.1. de dicho tratado23. 36.- Esas conductas, por lo demás, se encuentran desarrolladas con mayor detalle en los Elementos de los crímenes24 (y algunas de ellas también en el artículo 7.2. del Estatuto de Roma). Adicionalmente, la Sala ha explicado que

«todas las conductas punibles que sirven de medio para la 22 CSJ AP2230-2018 de 30 may. 2018, rad. n.° 45110. 23 a) Asesinato; // b) Exterminio; // c) Esclavitud; // d) Deportación o traslado forzoso de población; // e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; // f) Tortura; // g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; // h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; // i) Desaparición forzada de personas; // j) El crimen de apartheid; // k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Ver, entre muchas otras decisiones, SP096-2024 de 31 ene. 2024, rad. n.° 60207. No debe perderse de vista que el artículo 10 del Estatuto de Roma prescribe que nada de lo establecido en la Parte I (del establecimiento de la Corte), donde se encuentran enlistados los cuatro crímenes internacionales fundamentales, «se interpretará en el sentido de que limite o

menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto». Lo anterior admite la posibilidad de que en el derecho internacional consuetudinario existan otras conductas específicas que se enmarquen en esos cuatro crímenes. 24 Aprobados por la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en sesiones de 3 a 10 de septiembre de 2002. CSJ AP 21 sep. de 2009, rad. n.° 32022; SP 3 dic. 2009, rad. n.° 32672; y AP 14 mar. 2011, rad. n.° 33118. Dicho instrumento, y las Reglas de procedimiento y prueba, fueron aprobados mediante la Ley 1268 de 2008. 15 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA ejecución de los crímenes de lesa humanidad, ya se encuentran tipificadas en la legislación penal colombiana como delitos ordinarios»25. 37.- Sobre los elementos contextuales, la Corte ha afirmado que, para que un delito específico pueda ser considerado de lesa humanidad, requiere haber sido cometido (i) como parte de un ataque, (ii) generalizado o sistemático, (iii) dirigido contra una población civil, (iv) de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política, y (v) con conocimiento de dicho ataque26. 37.1.- El ataque: Se entiende por “ataque” una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los delitos específicos mencionados en el artículo 7.1. del

Estatuto de Roma, a fin de promover un plan o política de un Estado y organización. Los actos producidos deben ser de mayor entidad que unos pocos incidentes aislados27. De acuerdo con los Elementos de los crímenes, no es necesario que esos actos constituyan un ataque militar. 25 CSJ AP 23 may. 2012, rad. n.° 34180. 26 Estos elementos se desprenden de un análisis conjunto de lo expuesto por la Sala en, entre otras decisiones: CSJ AP 21 sep. de 2009, rad. n.° 32022; SP 3 dic. 2009, rad. n° 32672; AP 13 may. 2010, rad. n° 33118; SP 22 sep. 2010, rad. n° 30380; SP 24 nov. 2010, rad. n° 34482; AP 14 mar. 2011, rad. n° 33118; AP 23 may. 2012, rad. n° 34180; SP 6 jun. 2012, rad. n° 35637; AP3455-2014, 25 jun. 2014, rad. n° 43303; AP 27 ene. 2015, rad. n° 44312; AP 16 feb. 2015, rad. n° 44312; AP 16 abr. 2015, rad. n° 35592; SP9145-2015 de 15 jul. 2015, rad. n° 45795; AP2230-2018 de 30 may. 2018, rad. n° 45110; SP2546-2018 de 4 jul. 2018, rad. n° 52747; y SP2544-2020 de 22 jul. 2020, rad. n° 56591. 27 Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares II, Fiscalía c. Bemba

Gombo, ICC-01/05-01/08-424, Decisión de confirmación de cargos, par. 81. 16 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA La Sala ha precisado que los conceptos de “ataque” y “conflicto armado” no son idénticos, ya que el primero no se limita al recurso a la fuerza armada «y comprende igualmente los malos tratos infligidos a la población civil»28. Así mismo, los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos en tiempo de guerra o de paz29. En consecuencia, no son ejecutados necesariamente en el curso de un conflicto armado30. Por otra parte, la Corte ha recalcado que, para la caracterización de una conducta como delito de lesa humanidad, debe existir un vínculo entre la conducta del acusado y el ataque que se dirige contra la población civil. Así, un único acto puede cumplir con las condiciones de un delito de lesa humanidad («[d]e hecho, un individuo que cometa un crimen contra una sola víctima o un número limitado de ellas, puede ser considerado responsable»), siempre que haga parte del contexto de un ataque contra la población civil31. 37.2.- Generalizado o sistemático: El carácter generalizado hace alusión a que el ataque debe ser masivo o a gran escala, frecuente, de gravedad considerable, dirigido contra multiplicidad de víctimas o cometido en una amplia 28 CSJ AP 27 ene. 2015, rad. n.° 44312. 29 SP2544-2020 de 22 jul. 2020, rad. n.° 56591.

30 CSJ SP 24 nov. 2010, rad. n.° 34482. La Sala de Casación Penal explicó que si bien los delitos de lesa humanidad han estado ligados a escenarios de guerra o conflicto (v.gr. tribunales de Núremberg y para la antigua Yugoslavia) «no siempre debe entenderse que esa situación lo caracteriza y condiciona» (v.gr. Ley n.° 10 del Consejo de Control Aliado, Tribunal Penal Internacional para Ruanda o Estatuto de Roma). SP16905-2016 de 23 nov. 2016, rad. n.° 44312. 31 CSJ AP 27 ene. 2015, rad. n.° 44312. 17 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA parte del territorio. Por su parte, el carácter sistemático se refiere a que el ataque debe tener una naturaleza organizada que haga improbable su ocurrencia al azar32, es decir, que exista un patrón de conductas reiteradas o interrelacionadas. 37.3.- Dirigido contra una población civil: Este elemento implica que «el acento no es puesto en la víctima individual, sino, ante todo, en la colectiva» (i.e. el ataque debe tener un carácter colectivo, en oposición a hechos aislados de violencia), toda vez que la victimización del individuo no se deriva de sus características personales, sino de su pertenencia a la población civil objeto principal del ataque33 (cualquier grupo de personas que se encuentren unidas por unas características comunes), la cual tiene derechos y protecciones independientemente de su nacionalidad, origen étnico o cualquier otro signo distintivo34 .

37.4.- En cumplimiento de la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política: De acuerdo con el Estatuto de Roma y los Elementos de los crímenes, se requiere que un Estado o una organización promuevan un ataque contra la 32 CSJ SP2544-2020 de 22 jul. 2020, rad. n.° 56591. En el mismo sentido: Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares I, Fiscalía c. Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red, Decisión de confirmación de cargos, par. 222; Sala de Cuestiones Preliminares II, Situación en la República de Kenia, ICC-01/09-19, Decisión de Apertura de una Investigación, par. 95; y Sala de Cuestiones Preliminares III, Situación en la República de Costa de Marfil, ICC-02/11-14-Corr, Decisión de Apertura de una Investigación, par. 54. 33 CSJ AP 16 abr. 2015, rad. n.° 35592. 34 Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares I, Fiscalía c. Katanga y Ngudjolo, ICC-01/04-01/07-717, Decisión de confirmación de cargos, par. 399. 18 Casación 63743 CUI 50001310700220190000901 DEIBY ALEXANDER BRAN ZAPATA población civil. En el AP 16 feb. 2015 (rad. n.° 44312), la Sala se refirió ampliamente a este elemento35, con fundamento en una decisión de la Corte Penal Internacional36. En esta ocasión, la Sala reiterará y profundizará sobre la política, así

como en el carácter que debe tener una organización. Ello, por su pertinencia para la resolución del caso concreto: 37.4.1. La política tiene que ver, esencialmente, con que el Estado u organización tengan la intención de realizar un ataque contra una población civil y empleen para ello recursos públicos o privados. No requiere un diseño formal ni ser explícitamente definida por la organización (un ataque que es planeado, dirigido y organizado -en oposición a actos de violencia espontáneos o aisladospuede satisfacer e