CSJ - SP822-2025

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS Magistrado ponente SP822-2025 Radicación 58.616 CUI 66001600003620150110801 Aprobado acta número 066 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

I. ASUNTO

1. La Sala se pronuncia sobre la demanda de casación presentada por el apoderado de Isabel Cristina Vargas Valencia en representación de su hijo menor J.M.V.V.,CUI 66001600003620150110801

NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 2 contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2020, por el Tribunal Superior de Pereira, mediante la cual confirmó la absolución emitida el 8 de junio del mismo año, por el Juzgado 3° Penal Municipal con Función de Conocimiento de la misma cuidad, en favor de JOSÉ ORLANDO ALZATE GÓMEZ, a quien se le había acusado de cometer el delito de inasistencia alimentaria .

II. HECHOS

2. Mediante denuncia instaurada por Isabel Cristina Vargas Valencia, el 18 de febrero de 2015, se conoció que JOSÉ ORLANDO ALZATE GÓMEZ, con quien se casó, convivió 1 y procreó un hijo de nombre J.M.V.V 2, de manera injustificada estaba incumpliendo la obligación alimentaria que tenía para con el menor.

Obligación que surgió con ocasión de la sentencia del 21 de octubre de 2010 3, proferida por el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Manizales que, entre otras

que tenía para con el menor. Obligación que surgió con ocasión de la sentencia del 21 de octubre de 2010 3, proferida por el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Manizales que, entre otras determinaciones, fijó como alimentos en favor de J.M. el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, equivalente para el año 2010 a $257.500, suma que ALZATE GÓMEZ debía comenzar a pagar en el mes de noviembre de 2010, lo 1 Se casaron en las Vegas – Nevada y el matrimonio fue registrado en Colombia en la Notaría 28 de Bogotá radicado serial 03674106 y mediante sentencia de 21 de octubre de 2010 se concedió el divorcio, radicado 2010-00242. 2 De 10 años para la fecha de la denuncia. 3 Decisión adoptada dentro de la demanda de divorcio presentada por Isabel Cristina Vargas Valencia, proceso radicado 2010-00242 en la que también se dejó a cargo de aquella la custodia exclusiva de J.M.V.V.CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 3 que nunca cumplió.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

3. El trámite se adelantó bajo la égida del procedimiento especial abreviado incorporado con la Ley 1826 de 2017 al Código de Procedimiento Penal, como consecuencia, el 7 de diciembre de 2017 se corrió traslado del escrito de acusación, documento en que el fiscal puntualizó que los extremos temporales de la conducta

consecuencia, el 7 de diciembre de 2017 se corrió traslado del escrito de acusación, documento en que el fiscal puntualizó que los extremos temporales de la conducta punible de inasistencia alimentaria (Ley 599 de 2000, art. 233 inciso segundo ) que atribuía a ALZATE GÓMEZ, atendiendo la pena máxima prevista para ese punible y las reglas de prescripción, quedaban comprendidos entre el 7 de diciembre de 2011 y el día del traslado de la acusación (7 de diciembre de 2017) 4.

4. La actuación correspondió al Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira, autoridad que con el fin de adelantar la audiencia concentrada fijó el 30 de agosto de 2018 para los señalados efectos.

En esa oportunidad, la Fiscalía —coadyuvada por la defensa— solicitó variar el sentido del acto y en su lugar, al abrigo de los artículos 331 y 332-1°de la Ley 906 de 2004, deprecó la preclusión de la investigación con base en que el 4 Cfr. Archivo en pdf. “1. Expediente completo juzgado”, pág. 5-13.CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 4 procesado se encontraba al día en su obligación alimentaria, toda vez que, según los elementos de conocimiento acopiados: (i) paralelamente a la acción penal, la progenitora del menor afectado promovió un juicio ejecutivo de alimentos

alimentaria, toda vez que, según los elementos de conocimiento acopiados: (i) paralelamente a la acción penal, la progenitora del menor afectado promovió un juicio ejecutivo de alimentos ante el juez de familia competente, trámite en que se acreditó que con varios abonos (que sumaban $24’166.301) el ejecutado había cancelado las mesadas adeudadas (de noviembre de 2010 a marzo de 2016) , más los intereses y costas procesales (para un total de $21’810.335), lo que dio lugar a que dicha actuación terminara por pago total de la obligación así declarada el 7 de marzo de 2016; y (ii) que desde esta última fecha a la de la diligencia en cuestión (30 de agosto de 2018) , ALZATE GÓMEZ había estado cumpliendo a cabalidad con su compromiso alimentario. 4.1 Pese a reconocer la veracidad de los dos supuestos atrás mencionados, a tal pretensión se opuso el apoderado de la víctima con base en que: (i) era un hecho cierto que el procesado entre noviembre de 2010 y marzo de 2016 incumplió la obligación de cancelar la cuota de alimentos señalada en la sentencia de divorcio, y que (ii) el pago de las mesadas causadas en ese lapso con ocasión del proceso ejecutivo de alimentos no equivalen a una indemnización integral comprensiva de los perjuicios causados a la parte ofendida 5. 5 Cfr. Archivo en pdf. “1. Expediente completo juzgado”, pág. 27-33.CUI 66001600003620150110801 NI 58616

integral comprensiva de los perjuicios causados a la parte ofendida 5. 5 Cfr. Archivo en pdf. “1. Expediente completo juzgado”, pág. 27-33.CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 5

5. Mediante decisión del 16 de julio de 2019, confirmada el 20 de septiembre 6 siguiente, fue desestimada la solicitud elevada por la Fiscalía y en consecuencia el 22 de enero de 2020, finalmente fue celebrada la audiencia concentrada 7.

6. El juicio tuvo lugar el 26 de mayo 8 y 8 de junio de 2020, en cuyo desarrollo, además de reiterarse los extremos fácticos precisados en el escrito de acusación, tras la práctica de las pruebas, las partes insistieron en sus posturas, esto es: -. Fiscalía y defensa en solicitar la absolución del acusado por estar acreditado que frente al periodo objeto de controversia se encontraba al día en la obligación alimentaria para con su hijo; -. Mientras el apoderado de la víctima se opuso a esa pretensión aduciendo que, si bien ello era cierto, igualmente lo era que no hubo “ indemnización integral ”9.

7. En la última fecha aludida (8 de junio de 2020) el Juez de Conocimiento emitió sentencia absolutoria , al considerar que, como JOSÉ ORLANDO ALZATE GÓMEZ 6 Folios 57 a 65 del cuaderno denominado “1.Expediente completo juzgado” anexo al expediente virtual.

de Conocimiento emitió sentencia absolutoria , al considerar que, como JOSÉ ORLANDO ALZATE GÓMEZ 6 Folios 57 a 65 del cuaderno denominado “1.Expediente completo juzgado” anexo al expediente virtual. 7 Folio 78 del cuaderno denominado “1.Expediente completo juzgado” anexo al expediente virtual. 8 Folio 118 del cuaderno denominado “1.Expediente completo juzgado” anexo al expediente virtual. 9 Cfr. Archivo pdf. “1. Expediente completo juzgado”, pág. 50-65; 77-79 y 118-135.CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 6 antes de correrle traslado del escrito de acusación (7 de diciembre de 2017) ya había cancelado las mesadas adeudadas de diciembre de 2011 a marzo de 2016, y desde esta fecha al límite temporal fijado en el pliego de cargos había seguido cumpliendo a cabalidad la respectiva prestación alimentaria, no procedía el reproche penal.

8. El 3 de agosto de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 10 resolvió la apelación formulada por el apoderado de la víctima, oportunidad en que confirmó el fallo de primer grado.

Contra la sentencia de segunda instancia, el mismo interviniente interpuso y sustentó en tiempo el recurso extraordinario de casación 11.

IV. LA DEMANDA

9. Cargo único 9.1 El apoderado de la víctima formuló un cargo con fundamento en el artículo 181, numeral 1°, de la Ley 906

extraordinario de casación 11.

IV. LA DEMANDA

9. Cargo único 9.1 El apoderado de la víctima formuló un cargo con fundamento en el artículo 181, numeral 1°, de la Ley 906 de 2004, por violación directa de la ley sustancial. 10 Folio 1 a 17 del archivo denominado “4.1108JOSÉ ALZATE. ABREVIADO (S)” anexo al expediente electrónico. 11 Cfr. Archivo pdf. “4. 1108 JOSÉ ALZATE ABREVIADO (s) Inasistencia alimentaria absuelve por pago cuotas adeudadas”.CUI 66001600003620150110801

NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 7 9.2 Luego de discurrir acerca de la naturaleza y alcance de los artículos 42 y 44 de la Constitución Política de Colombia que entiende vulnerados porque los juzgadores “no los aplicaron acertadamente ”, así como de explicar, con apoyo en doctrina y jurisprudencia, la importancia y trascendencia del derecho a alimentos para los menores, se refirió a: -. La estructura dogmática del delito de inasistencia alimentaria, acerca del cual destacó su carácter de mera conducta y de ejecución permanente; así mismo, recordó que el delito no protege el patrimonio económico, sino la institución de la familia. -. Cuando la víctima es un menor de edad, la inasistencia alimentaria no es desistible ni conciliable. 9.3 Concluyó que el aquí encausado incumplió el deber de suministrar alimentos, ya que:

inasistencia alimentaria no es desistible ni conciliable. 9.3 Concluyó que el aquí encausado incumplió el deber de suministrar alimentos, ya que: -. “[En] forma continua y permanente entre la concepción del menor hijo alimentario (2004) y marzo de 2016 en que el procesado fue compelido judicialmente al pago de las mesadas causadas desde noviembre del año 2010, hasta el pago total ” se sustrajo sin justa causa del pago de la obligación.CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 8 -. Frente a tal omisión “ NO existen salidas procesales a favor del denunciado, según las normas vigentes, y menos que se admita, como se censura, que la regulación de las cuotas alimentarias estén previamente definidas en la justicia civil, o que su pago operó allí, y por lo tanto exista una cosa juzgada, y que, por lo tanto, el pago, per se, desvirtúe el delito, a pesar de ser la víctima un menor de edad”, como lo concluyeron los juzgadores de instancia, pues lo cierto es que, el acusado incumplió el pago de la cuota de alimentos impuesta en una sentencia judicial, respecto de “la cual solo se puso al día cuando fue ejecutado civilmente y se le embargaron algunos de sus bienes, procediendo sólo a pagar la orden judicial, pero no a resarcir todos los perjuicios penales causados, que es el tema basal del inconformismo con la postura del ente

bienes, procediendo sólo a pagar la orden judicial, pero no a resarcir todos los perjuicios penales causados, que es el tema basal del inconformismo con la postura del ente acusador, y de las previas instancias, y que ahora, se reitera en esta impugnación extraordinaria ”. -. “siendo el delito de inasistencia alimentaria un delito contra la familia, que no contra el patrimonio económico, por el bien jurídico tutelado en la norma penal, y su ubicación en el cartulario penal, y estando prohibido el desistimiento o indemnización como forma de terminación de la investigación, al ser la víctima un menor de edad, desacertó la instancia al aceptar que el delito no existía porque se había verificado el pago previo de las cuotas alimentarias causadas, para cuando se decretó el escrito de acusación contra el encartado ”, de suerte que los falladores realizaron “una valoración equivocada de los hechos en sí mismos,CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 9 objetivamente analizados a la luz de las pruebas que los soportaban, como que también realizó una indebida o errónea interpretación de las normas aplicables (…) plasmando en la sentencia inferencias erróneas, deducciones ligeras y especulaciones inexactas frente a los criterios de la sana crítica, ya que aceptó como cierto, SIN SERLO, que existía un previo pago de las cuotas alimentarias causadas, si se tiene en la cuenta que la

criterios de la sana crítica, ya que aceptó como cierto, SIN SERLO, que existía un previo pago de las cuotas alimentarias causadas, si se tiene en la cuenta que la denuncia penal se interpuso en febrero del año 2015, mientras que el pago se realizó en marzo del año 2016, y dentro de un proceso ejecutivo distinto a la causa penal ”. En síntesis, el recurrente adujo “ acusar la sentencia de segunda instancia por violar en forma directa la ley sustancial al sustentar una decisión judicial en un falso juicio de convicción, y restarle valor a varias pruebas legalmente allegadas al proceso, negándoles eficacia y valor (sentencia que reguló la cuota alimentaria, recaudo ejecutivo y su pago, registro civil de la víctima) las cuales, de habérseles asignado el valor probatorio que tienen, hubieran arrojado una sentencia distinta y/o condenatoria ”, motivo por el que solicitó casar el respectivo fallo y en su lugar emitir uno en el que se declare al procesado responsable del delito de inasistencia alimentaria “ por los hechos materia de investigación penal surtidos en la causa que se analiza ”.

V. SUSTENTANCIÓN Y TRASLADOSCUI 66001600003620150110801

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10. Apoderado de la víctima Se ratificó en las explicaciones esgrimidas en la

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10. Apoderado de la víctima Se ratificó en las explicaciones esgrimidas en la demanda, siendo enfático al referir que, lo resuelto en la jurisdicción de familia “no tenía injerencia superlativa en este asunto (…) precisamente, porque la denuncia penal se interpuso en febrero de 2015 y el pago surgió un año después (…)” .

11. El delegado de la Fiscalía Pidió casar el fallo y en consecuencia condenar a JOSÉ ORLANDO ALZATE GÓMEZ en razón a que, durante el trámite procesal, se logró establecer que él, de manera injustificada, incumplió la obligación alimentaria que le asistía para con su hijo J.M.V.V, y que: -. El hecho de que al interior de un proceso civil se haya logrado que ALZATE GÓMEZ pagara las mesadas atrasadas, no desdibuja la configuración del tipo penal. -. Incurrieron en un error las instancias al considerar que el pago tornaba atípica la conducta pues, con ello, la fiscalía no había logrado demostrar que el implicado se haya “sustraído” de su deber legal.CUI 66001600003620150110801

NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 11 -. El bien jurídico tutelado con el delito de inasistencia alimentaria (familia) fue dejado de lado por las instancias al dar mayor mérito al patrimonio económico, con lo que se desconoció que el pago tardío no es una circunstancia que

alimentaria (familia) fue dejado de lado por las instancias al dar mayor mérito al patrimonio económico, con lo que se desconoció que el pago tardío no es una circunstancia que desdibuje la tipicidad, culpabilidad o antijuridicidad del punible. -. El cumplimiento fue parcial y con la absolución los falladores trasgredieron lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, pues desconocieron que el afectado era menor de edad.

12. La representante del Ministerio Público Solicita se mantengan las sentencias absolutorias de instancia, atendiendo a que las evidencias procesales demuestran que, para la época de los hechos o cuando menos hasta el mes de marzo de 2016, el procesado se sustrajo del pago de la cuota alimentaria, sin embargo, también quedó acreditado que el incumplimiento cesó por el pago total de la obligación hasta ese momento y en adelante cumplió regularmente.

Y que, “el ánimo jurídico que asiste al demandante en casación, es el de simple reclamación de una indemnización integral de los daños eventualmente causados a sus representados, situación que es ajena a lo establecido en el asunto por el legislador; quien propende, es, por elCUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 12 restablecimiento de los derechos de las víctimas, a lo cual se procede mediante la prevalencia de los derechos y principios fundantes de la familia. El cargo postulado se erige, igualmente, ausente de la debida sindéresis funcional y, en

procede mediante la prevalencia de los derechos y principios fundantes de la familia. El cargo postulado se erige, igualmente, ausente de la debida sindéresis funcional y, en consecuencia, carente de prosperidad”

13. La defensora En consonancia con lo manifestado por la Delegada de Ministerio Público, pidió no casar la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal de Pereira atendiendo a que: -. Tal como lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sentencia T-098 de 1995, la inasistencia alimentaria es un delito continuado cuya violación persiste hasta tanto se dé cumplimiento a la obligación, así, dado que durante el juicio oral se pudo demostrar que ALZATE GÓMEZ pagó todas las mesadas adeudadas a su hijo, se corroboró la “ausencia de los elementos normativos para el juicio de reproche”. -. Como el proceso ejecutivo que de manera paralela a la denuncia penal inició la representante legal del afectado terminó por pago, se descarta que, como lo sostiene la víctima, el desembolso haya sido parcial. -. La pretensión del agraviado, según la cual, busca la emisión de una sentencia de condena con el propósito deCUI 66001600003620150110801

NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 13 adelantar el incídete de reparación integral, “desdibuja el fundamento del derecho penal dentro de un estado social y democrático de derecho, en el cual el enjuiciamiento penal dada su rigurosidad y nivel de afectación en los derechos

13 adelantar el incídete de reparación integral, “desdibuja el fundamento del derecho penal dentro de un estado social y democrático de derecho, en el cual el enjuiciamiento penal dada su rigurosidad y nivel de afectación en los derechos más importantes del individuo, debe ser el mecanismo ultimo de protección y salvaguarda de bienes jurídicos, así como de restablecimiento de derechos o de sanción”.

VI. CONSIDERACIONES

14. Según lo dispuesto en los artículos 32.1 y 185 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer el recurso extraordinario de casación promovido por el apoderado de la víctima, contra la sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión de absolver a JOSÉ ORLANDO ALZATE GÓMEZ, del delito de inasistencia alimentaria por el que fue acusado .

Lo anterior, dado que con la admisión de la demanda se tiene por superado cualquier defecto del que pueda adolecer, por razón de la prevalencia de los fines del recurso extraordinario de casación, a saber, la eficacia del derecho material, el respeto a las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a las partes y la unificación de la jurisprudencia, tal como lo establece el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 14

15. Del estudio del cargo surge evidente que son varios los motivos que llevan al apoderado de la víctima a

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15. Del estudio del cargo surge evidente que son varios los motivos que llevan al apoderado de la víctima a solicitar se revoque la absolución, estos son que, i) el pago no torna atípica la conducta, ii) la cancelación de las mesadas adeudadas ocurrida dentro del proceso que se adelantó ante la jurisdicción civil no incluyó la indemnización de perjuicios, y que iii) se requiere de la emisión de una sentencia de condena para habilitar el incidente de reparación integral.

16. Para responder los reparos, la Sala recordar á i) la estructura típica del delito de inasistencia alimentaria, para con posterioridad entrar a ii) estudiar el caso concreto.

17. De la inasistencia alimentaria 17.1 De conformidad con el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, incurrirá en esa conducta punible el que se sustraiga “ sin justa causa” a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente.

Es decir, para su configuración dicho ilícito exige la existencia del vínculo o parentesco entre el alimentante y alimentado, la sustracción total o parcial de la obligación y la ausencia de una justa causa, en otras palabras, que laCUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 15

alimentado, la sustracción total o parcial de la obligación y la ausencia de una justa causa, en otras palabras, que laCUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 15 estructuración del incumplimiento ocurra sin motivo o razón que lo justifique (CSJ SP 29 nov. 2017, rad. 44.758). 17.2 Frente al examen sobre el carácter justo o injusto de la infracción al deber de asistencia alimentaria, resulta fundamental la determinación de las posibilidades fácticas y jurídicas del obligado para suministrar alimentos. Al respecto, la Sala de antaño ha precisado lo siguiente 12: Las diversas disposiciones han sido coincidentes y uniformes en otro tema: incluir dentro de la definición típica el elemento “sin justa causa”. Con ello se quiere dar a entender que el delito se estructura con el incumplimiento en la prestación de alimentos, siempre y cuando se haga sin motivo, sin razón que lo justifique, esto es, el dejar de hacer lo que se debe hacer tiene que ser infundado, inexcusable.

4. La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la norma que define la conducta, mediante su sentencia C-237, del 20 de mayo de 1997. En esa decisión, dejó en claro que no puede ser responsable quien incumple sus deberes determinado o empujado por una “justa causa”.

Afirmó: “El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar

deberes determinado o empujado por una “justa causa”.

Afirmó: “El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia...” (…) Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiorila deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la 12 CSJ, SP 19 en. 2006, rad. 2023.CUI 66001600003620150110801

NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 16 carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal); en consecuencia, tampoco este último cargo está llamado a prosperar.” Bajo este entendido, cuando el agente se sustrae del cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia de fuerza mayor como lo es la falta de capacidad económica, la conducta no es punible (CSJ SP 4 dic. 2008, rad. 28.813). 17.3 Dicha obligación (alimentaria) tiene origen constitucional en el deber de solidaridad (art. 42). Así ha

es punible (CSJ SP 4 dic. 2008, rad. 28.813). 17.3 Dicha obligación (alimentaria) tiene origen constitucional en el deber de solidaridad (art. 42). Así ha sido decantando por la jurisprudencia de esta Sala: “El fundamento constitucional de dicha prohibición ha sido suficientemente explicado y decantado. El artículo 1º de la Constitución señala que la solidaridad es un valor esencial del sistema democrático que irradia todo el capítulo II del Título II, en el cual los niños gozan incluso de un nivel de protección más allá del que en general se dispensa a otros integrantes del núcleo familiar. Ese cuerpo de derechos y obligaciones en los que la solidaridad es sustancial, los desarrolla la legislación civil, que establece, entre otros derechos, que se deben alimentos a los descendientes (artículo 411 del Código Civil). Como complemento, el inciso segundo del artículo 422 del mismo código, establece que “ningún varón de aquéllos a quienes sólo se deben alimentos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años, salvo que por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo.” En todos estos eventos, hay que aclararlo, el elemento esencial para extinguir la obligación alimentaria lo constituye laCUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 17 superación de las condiciones que dieron origen a la prestación alimentaria” 13.

NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 17 superación de las condiciones que dieron origen a la prestación alimentaria” 13. 17.4 Por otra parte, sobre la naturaleza y relevancia jurídica del delito, la Corte ha sostenido 14 que constituye una grave violación a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, cuya protección se halla prevista en instrumentos normativos tanto de carácter internacional como nacional. Así ha tenido desarrollo en el ámbito internacional, en los artículos 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 10.1 y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias 15 y; el Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias respecto a Menores 16. Y en el ámbito penal colombiano, el incumplimiento de los deberes alimentarios para con los hijos menores de edad – sin importar si fueron concebidos dentro o fuera del matrimonio -17 y con el fin último de proteger el bien jurídico de la familia 18, se encuentra tipificado como delito en el 13 CSJ - SP3029-2019, 3 jul. 2019, Rad. 51. 530, desde antaño y de manera más amplia sobre el deber de solidaridad en: CC - C237/97. En el mismo sentido ver las sentencias CC - C -1064/00; C-01/02; C-1033/02 y C-156/03, entre otras.

solidaridad en: CC - C237/97. En el mismo sentido ver las sentencias CC - C -1064/00; C-01/02; C-1033/02 y C-156/03, entre otras. 14 CSJSP, 04 dic. 2008 Rad. 28.813; SP19806-2017, 23 nov. 2017 Rad. 44.758; SP1984-2018, 30 may. 2018, Rad. 47.107; AP10861-2018, 22 agt. 2018, Rad. 51.607. 15 Ley 449 de 1998 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias", Montevideo, 15 de julio de 1989.” 16 Suscrito en La Haya el 24 de octubre de 1956. 17 Declaración Universal de los Derechos del Hombre, art. 25. 18 Código Penal, Titulo VI Capítulo 1º y CC - C-237 y C-657 de 1997, entre otras.CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 18 artículo 233 del Código Penal, cuya descripción se hizo en párrafos anteriores. 17.5 Con relación al bien jurídico protegido 19, esta Corporación ha dejado en claro que no se trata del patrimonio económico, pues lo que se sanciona no es la defraudación económica del capital ajeno, sino que pretende proteger a la familiano sólo como institución, sino que incluye los diferentes vínculos y relaciones entre sus miembros- , sancionando la falta de cumplimiento total o parcial de los compromisos que emergen del vínculo de

pretende proteger a la familiano sólo como institución, sino que incluye los diferentes vínculos y relaciones entre sus miembros- , sancionando la falta de cumplimiento total o parcial de los compromisos que emergen del vínculo de parentesco, por cuanto ello pone en peligro la subsistencia del beneficiario y la estabilidad de la familia 20.

18. Caso concreto 18.1 A decir de la víctima, se debe revocar la absolución que las instancias profirieron en favor de JOSÉ ORLANDO ALZATE GÓMEZ, al ser evidente la sustracción injustificada en que incurrió respecto de las cuotas alimentarias que debía a su menor hijo J.M.V.V., lo 19 CSJSP. 03 agt. 2005, Rad. 23.998; SP19 ene. 2006, Rad. 21.023; SP 28 nov.2007, Rad. 28.740; SP, 04 dic. 2008 Rad. 28.813; SP19806-2017, 23 nov. 2017 Rad. 44.758; SP1984-2018, 30 may. 2018, Rad. 47.107 y AP10861-2018, 22 agt. 2018, Rad. 51.607. 20 CSJ. SP19806-2017, 23 nov. 2017, Rad. 44.758; SP1984-2018, 30 may. 2018, Rad. 47.107; SP3029-2019, 3.jul.2019, Rad. 51.530 y CC - C-237/97. De igual manera la Corte Constitucional manifestó en C840/10, reiterada por C-022/15 frente a el valor constitucional de protección a la armonía y la estabilidad

3.jul.2019, Rad. 51.530 y CC - C-237/97. De igual manera la Corte Constitucional manifestó en C840/10, reiterada por C-022/15 frente a el valor constitucional de protección a la armonía y la estabilidad familiar: “Ese ámbito de protección especial, se manifiesta, entre otros aspectos: (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma;(…) Además de lo antes expuesto, el artículo 42 de la Constitución dispone que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley” y en esta línea el Legislador previó una serie de mecanismos legales para prevenir, proteger y restablecer los derechos vulnerados de la familia (…)”-Negrillas fuera de texto-.CUI 66001600003620150110801 NI 58616 Casación José Orlando Alzate Gómez 19 anterior, con independencia del pago tardío que de las mismas hizo al interior del proceso ejecutivo que, para los mismos efectos, se adelantó en su contra. 18.2 Lo primero que la Sala estima pertinente aclarar, es que, tal como especificó la Fiscalía, el presente asunto se inició con ocasión de las mesadas no pagadas entre el 7 de diciembre de 2011 y el 7 de diciembre de 2017, laps