CSJ - SP836-2024(61525)

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente SP836-2024 Radicado N° 61525. Acta 83. Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS Se examina en sede de casación el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Bogotá el 17 de noviembre de 2021, en el cual se confirmó, con modificaciones, la decisión condenatoria de primera instancia proferida el 26 de abril de 2021 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en contra de JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA, CÉSAR ALBERTO BOHÓRQUEZ CORREAL y SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO, a quienes se impuso, en su orden, la pena de 106 meses de prisión y multa en cuantía de 3,367 SMLM, en calidad de autor del delito de concierto para delinquir agravado y Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros cómplice de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; 138 meses de prisión y multa de 4.034 SMLM, como coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y, 128 meses de prisión, junto con multa de 3.600 SMLM, a título de coautor del punible de concierto para delinquir agravado.

Así mismo, se dispuso la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por lapso igual al de la pena de prisión, y se negaron a los procesados, los subrogados de suspensión de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria. HECHOS Debido a la decisión que se tomará, la Sala estima necesario transcribir los hechos por los cuales la Fiscalía convocó a juicio a los acusados, así resumidos en el fallo de primer grado: La presente investigación surgió mediante información aportada por fuente humana no formal, quién advirtió de la existencia de una organización nominada “LOS ÚSUGA”, dedicada a cometer homicidios, extorsiones, manejo de tráfico de estupefacientes y otros punibles, centrando su actividad delincuencial en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños, liderada por alias “HUMBERTO, EL VIEJO o EL PRIMO”. Igualmente señaló la fuente humana, que la organización criminal permanecía generalmente en la zona de San Andresito de Bogotá, desde donde articulaban la oficina de cobro, aportando algunos nombres, apellidos, características físicas y números telefónicos de sus integrantes. 2 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros Por todo lo anterior y mediante labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, se logró recolectar importantes elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron establecer la existencia de una organización delictiva en la ciudad

de Bogotá, con el nombre de “LOS RUDOS”, originaria del grupo delincuencial conocido como “LOS ÚSUGA”, compuesta por miembros activos e inactivos de la Policía Nacional. Seguidamente, a través de intervenciones legales de comunicaciones telefónicas, búsqueda selectiva en base de datos, monitoreo técnico e inspecciones a lugares distintos al del hecho, actividades de vigilancia y seguimiento, entre otras diligencias investigativas surgidas a partir del actuar delictivo de la organización, se conoció que “LOS RUDOS” venían ejecutando delitos aproximadamente desde el año 2012, por medio de una cadena de mando determinada por diferentes roles que ejercían sus miembros en cabeza de RUBÉN GARCÍA RENDON, alias “HUMBERTO, EL VIEJO o TARZÁN”, Ex - miembro de la Policía Nacional, quién compartía el mando de la organización con EDWARD ARCESIO NAVARRO HOYOS, alias El Capi, oficial en uso de retiro de la Policía Nacional adscrito al curso No. 64 de oficiales, ex - socio de alias “CEJAS”, jefe de una oficina dedicada al sicariato, perteneciente a la persona conocida como el “LOCO BARRERA”. La organización contaba con un grupo de inteligencia y tráfico de armas, encargado de la vigilancia de las posibles víctimas, en las inmediaciones de los inmuebles en los que habitaban, utilizando fachadas como ventas ambulantes de productos de consumo diario y alimenticios o alquilando un inmueble en el sector, con el fin de estar atentos de cada movimiento, entradas y salidas de las viviendas, los vehículos en que se transportaban, horarios, rutinas

y vías utilizadas para el desplazamiento por cada persona. Actividad que era útil para la planeación de los homicidios. Los miembros de la Policía Nacional en servicio activo que conformaban “LOS RUDOS”, ayudaban a la organización suministrando información privilegiada, extraída de las bases de datos de uso exclusivo de la Policía Nacional, como direcciones y teléfonos de las víctimas; asimismo, obtenían información institucional sobre la existencia de caletas con armas o estupefacientes, datos aportados por fuentes no formales, que acudían a las autoridades públicas para suministrar dicha información, de la cual la organización delictiva se aprovechaba para apropiarse del contenido y luego realizar su comercialización. 3 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros Por otra parte, se estableció que la organización denominada “LOS RUDOS”, contaban con un grupo de personas dedicado al tráfico de estupefacientes, conformado por ex - policías quienes tomaban contacto con miembros activos de la Policía Nacional y otras instituciones. Es así como del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pudieron sacar ilegalmente una cantidad de sustancia estupefaciente que había sido incautada y se encontraba almacenada en sus bodegas, con el fin de distribuirla y comercializarla en diferentes expendios de la ciudad de Bogotá. Todo lo anterior, utilizando órdenes de policía judicial y documentación falsa. En relación con el tráfico de estupefacientes, se conoció que el día 11 de septiembre de 2014, “LOS RUDOS” coordinaron el transporte de una sustancia estupefaciente,

obtenida de manera ilegal de las bodegas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y consecutivamente la Policía Nacional, logró detener un vehículo tipo camión de placas WDD-573, el cual era conducido por dos servidores públicos de la Policía Nacional, adscritos a la SIJIN - Metropolitana de Bogotá, entre ellos se encontraba el patrullero YAMID ALEXANDER DUARTE GÓMEZ, funcionario que se encontraba en vacaciones y el patrullero JUAN PABLO ÁLVAREZ MORALES, el cual se encontraba en día de descanso. Al inspeccionarse el contenido del vehículo, se encontraron 91 paquetes debidamente embalados y rotulados, los cuales conforme a la prueba de identificación preliminar homologada (PIH), contenían un total de 51 kilos de clorhidrato de cocaína y 1.483 gramos de heroína, hecho investigado bajo el radicado 1100160000172014-13817, por la Fiscalía 310 Seccional Delegada ante el GAULA de la ciudad de Bogotá. Durante la indagación se supo que “LOS RUDOS” planificaron diferentes acciones criminales, que fueron advertidas por la policía judicial, razón por la cual algunas se lograron evitar, no obstante, otras acciones fueron consumadas. Afirma la Fiscalía que se tuvo conocimiento que “LOS RUDOS” atentaron contra la integridad física del señor FABIÁN DAZA ROA, el día 07 de agosto de 2014 en la autopista norte con calle 181, por medio de un sicario que le disparó 4 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros en repetidas ocasiones, hasta que el arma utilizada sufrió un atasco, razón por la cual el señor DAZA ROA no pudo ser asesinado. El día 25 de noviembre de 2014, en la calle 147 No. 19-79, en vía pública del barrio Cedritos, al norte de la ciudad de Bogotá, la organización delictiva perpetró el homicidio del señor HERNANDO RUBIANO HERRERA, resultando herido el señor JOSÉ LIBARDO MARÍN, hechos investigados bajo el radicado 11001600028201403372, en la Fiscalía 210 Seccional Unidad de Vida de Bogotá. Igualmente esta misma organización planeó el homicidio del Mayor de la Policía Nacional RAFAEL ERNESTO CASTRO SARMIENTO, adscrito a la Dirección de Antinarcóticos, el cual se pudo evitar debido a las labores de vecindario que realizó la Policía Nacional en el conjunto residencial dónde habitaba, así mismo por las fachadas de ventas ambulantes y controles técnicos realizados a las llamadas salidas de los abonados celulares utilizados por los integrantes de la organización, los cuales estaban intervenidos. También se logró por parte de la Policía Nacional prevenir el homicidio del señor RICHARD RIQUELME, dueño de la finca INCA CAMBIOS S.A., quien al parecer era un ciudadano peruano que residía en el barrio Villas de Granada de la ciudad de Bogotá; alerta

dando lo de los planes de la organización avisando a la asistente de su empresa. ACTUACIÓN PROCESAL Ante el Juzgado 11 Penal Municipal de Bogotá, los días 27 de febrero, 2 y 3 de marzo de 2015, se legalizó la captura

de SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO, JOSÉ VICENTE

PALACIOS SANTAMARÍA y CESAR ALBERTO BOHÓRQUEZ CORREAL.

A su vez, se formuló imputación, de la siguiente manera: BOHÓRQUEZ CORREAL y PALACIOS SANTAMARÍA, concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y homicidio agravado –artículo 340 inc. 2º y 342 del Código Penal–, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes –artículo 376 5 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros ib.–, cargos que no fueron aceptados; y, a RODRÍGUEZ ROMERO, concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y homicidio agravado –artículo 340 inc. 2º y 342 del Código Penal– administración de recursos relacionados con actividades terroristas –artículo 345 ib.– y concusión –artículo 405 ib.–, cargos que no aceptó Se impuso a todos los procesados medida preventiva de detención en establecimiento carcelario. El escrito de acusación se presentó el 4 de agosto de 2015, y fue repartido al Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado; sin embargo, ante la manifestación de

impedimento de su titular, que se determinó fundada, el asunto le correspondió a su homólogo Primero. La audiencia de formulación de acusación, en la cual se reiteraron los cargos presentados en la imputación, tuvo lugar el 19 de enero de 2016. La audiencia preparatoria se llevó a cabo en sesiones del 14 de marzo, 17 de mayo y 23 de junio de 2016. El juicio oral inició el 13 de agosto de 2018 y culminó el 11 de marzo de 2021, con anuncio de sentido de fallo absolutorio frente a Elkin Esteban Gómez Bonilla y SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO, por los ilícitos de cohecho propio y concusión; y condenatorio en lo atinente a RODRÍGUEZ 6 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros ROMERO, JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA Y CESAR ALBERTO BOHÓRQUEZ CORREAL, respecto de los punibles de concierto para delinquir agravado, con la circunstancia de agravación descrita en el artículo 342 del Código Penal, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, aunque este último solo cobijó a PALACIOS SANTAMARÍA y BOHÓRQUEZ

CORREAL.

El 29 de abril de 2021 se dio lectura a la sentencia, contra la cual la defensa de los condenados interpuso recurso de apelación. Finalmente, el 17 de noviembre de 2021, se profirió el fallo de segundo grado, en las condiciones expuestas en el

proemio, oportunamente impugnado en casación por los defensores de JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA, CÉSAR ALBERTO BOHÓRQUEZ CORREAL (conjunto para estos dos) y

SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO.

En decisión del 17 de mayo de 2022, la Corte admitió las demandas de casación, razón por la cual se dio cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 020, del 29 de abril de 2020, obra de la Sala, respecto de la correspondiente argumentación. 7 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros EL FALLO DE PRIMER GRADO Después de reseñar las razones por las cuales se emitía fallo absolutorio respecto de los delitos de cohecho y concusión -que no son objeto de debate ahora-, el A quo asumió el estudio de los punibles de concierto para delinquir agravado en circunstancias de agravación y tráfico de drogas, acerca de los cuales realizó una semblanza general de tipicidad. A renglón seguido, reseñó cómo, con el investigador judicial Edwin Mauricio Baracaldo Carvajal, se introdujeron tres informes de Policía Judicial, que dan cuenta, primero, de la existencia de una organización criminal, conocida con el mote de Los Rudos, integrada por miembros activos e inactivos de la fuerza pública y dedicada a delitos de homicidios y tráfico de drogas; segundo, del seguimiento a varios de los miembros de la agrupación que permitió su

identificación; y, tercero, de las interceptaciones que permitieron descubrir un caso de tráfico de drogas, a partir del hurto de estupefaciente incautados y guardados en el Instituto de Medicina Legal. En similar sentido, destacó lo referido por el investigador líder, intendente Luis Alejandro Millán, quien se refirió a dos informes de Policía Judicial. 8 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros El primero, que correspondió a labores de vigilancia y seguimiento de los alias Pollito, Humberto, Capi y Gómez; este último, respecto de quien se pudieron captar sus rasgos morfológicos. El segundo informe, se anota, corresponde al resultado de las interceptaciones telefónicas de los aparatos utilizados por Elkin Esteban Gómez. Entiende el A-quo, que con las declaraciones de ambos investigadores en juicio, se pudieron escuchar las interceptaciones telefónicas que definen el “estrecho vínculo” de los acusados con la agrupación criminal, razón suficiente para estimar cubierto el delito de concierto para delinquir por el cual se les vinculó en juicio. En respuesta a lo planteado por los defensores respecto de la insuficiente identificación de los procesados como las personas referenciadas en tales escuchas, el juzgador de primer grado destacó que, en efecto, lo consignado en las escuchas telefónicas y los seguimientos es suficiente para el efecto, pues, los investigadores sin ambages y con plena credibilidad delimitan que las personas allí señaladas no son

otros que los acusados. A su vez, se define que uno de los acusados es miembro activo de la Policía Nacional y los dos restantes pertenecieron a esa institución. 9 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros Atinente al delito de tráfico de estupefacientes, el despacho de primer grado significa que a través de lo declarado por el funcionario de policía Judicial Juan Carlos Castillo, se introdujeron 4 discos compactos que contiene interceptaciones telefónicas, en las que se registra el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2014, en el cual varias personas concertadas se apoderaron de 50.965 gramos de clorhidrato de cocaína y 1.438 gramos de heroína. Gracias a dichas interceptaciones, se logró capturar a dos servidores de la policía Nacional, quienes transportaban la droga. Con lo declarado por el funcionario Baracaldo Carvajal, quien dio detalle del contenido de las interceptaciones, fue posible establecer la intervención que tuvo cada uno de los acusados en dicha operación ilícita -se transcriben varios de los audios, en los cuales se mencionan varios alias, atribuidos a los ahora procesados-. Así, alias Sargento, no sólo se encargó de ubicar un abogado que ayudara a los policías capturados, sino que participó directamente en el cargue de la droga al interior del Instituto de Medicina Legal; al tanto que alias Pino, con Chemo y Guillermo, consiguieron el vehículo utilizado para el delito. 10 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros Respecto de las pruebas presentadas por la defensa, el despacho A quo destaca que no tienen valor suficiente para desvirtuar la incriminación. Así mismo, acerca de la alegada ilegalidad de las interceptaciones, porque no fueron sometidas a control posterior, el fallador advierte que dichos medios fueron ingresados a juicio, sin que la defensa hubiese podido controvertir su “mismidad” o ilegalidad. Definido, finalmente, que los procesados son coautores de los dos delitos objeto de acusación, el sentenciador emitió juicio de reproche en su contra y dosificó la consecuente sanción, que fijó en 226 meses, en torno del delito de concierto para delinquir, estimado el más grave, al cual agregó 6 meses más por el punible de tráfico de estupefacientes, hasta derivar en sanción final de 232 meses de prisión y multa por el equivalente a 24.734,75 salarios mínimos legales mensuales, para todos los acusados. En igual lapso fijó la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Se negaron los subrogados penales. 11 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Después de resumir el contenido del fallo de primer grado y lo debatido por los apelantes, el Tribunal de Bogotá

asume de fondo lo discutido por la defensa, para cuyo efecto parte por examinar si de verdad, como lo alegan estos, fue afectado el principio de congruencia. Al efecto, aborda los hechos jurídicamente relevantes consignados en la imputación, que condujeron a atribuir a JOSÉ VICENTE PALACIOS y CESAR BOHÓRQUEZ, los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de drogas; al tanto que, a SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ, se le endilgaron estos ilícitos y los de cohecho y financiación de grupos criminales. Y si bien, se acota, existe una divergencia en la acusación, respecto del homicidio atribuido a RODRÍGUEZ ROMERO, ello resulta intrascendente de cara a los delitos por los cuales finalmente se le condenó. Por lo demás, se agrega, los hechos jurídicamente relevantes y consecuente denominación jurídica sí definen el verbo rector, transportar, en el punible de tráfico de drogas, y la participación, autor, de SEVERO RODRÍGUEZ, con lo cual se desvirtúa lo controvertido por su defensor. 12 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros En lo que atiende a JOSÉ VICENTE PALACIOS, se anota, es cierto que se le atribuyó el punible de tráfico de drogas a título de cómplice, pero se le condenó como coautor, asunto que, en sentir del Ad quem, no viola sus derechos, pues, el juzgador puede adecuar la conducta a lo efectivamente

sucedido y es lo cierto que el acusado y su defensa conocían desde un principio los hechos que se le atribuyen. De igual manera, se “colige” que el verbo rector atribuido a este es el de “transportar” la droga. De otro lado, ya sobre el fondo de los delitos objeto de examen, el Tribunal parte por delimitar la naturaleza del concierto para delinquir. A continuación, examina las escuchas telefónicas presentadas en juicio, para lo cual parte por señalar que lo referente a la legalidad del acto y su control posterior ya fue resuelto por esa Corporación en auto anterior, al cual se remite. Después, asume la tacha a lo referido en juicio por el investigador Edwin Baracaldo, para desvirtuar que se le tilde de mendaz por el solo hecho de que fue extraditado a los Estados Unidos de América, acusado de narcotráfico. Así mismo, a partir de lo declarado por este en el juicio, es posible establecer que SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ es el alias Andresito a que se refieren las escuchas, quien, dada 13 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros su posición en la Policía Nacional, contribuyó con información para adelantar la ejecución fallida, de un homicidio, no en forma activa, sino, faltando a su “posición de garante”. De igual manera, facilitó información para detectar a una persona que transportaba dólares -se le fijó con fotografía portando un uniforme y usando una moto de la institución-.

Para responder a los cuestionamientos de la defensa del acusado, el Tribunal recurre a lo dicho por el investigador Baracaldo, acorde con los informes que este presentó en juicio, de los cuales deriva que, en efecto, el procesado se conocía como el alias Andresito, quien se comunicaba con alias Chemo para coordinar el homicidio frustrado y hacer devolución de una motocicleta incautada. En este sentido, destaca que el investigador Baracaldo, pese a que no fue posible determinar a quién pertenecía la chaqueta fijada en la fotografía, ni cuál era la identidad de alias Andresito, corroboró que ello se relaciona necesariamente con SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ. Y si bien, continúa, el informe de policía no es prueba, no puede pasarse por alto que el investigador Baracaldo acudió a juicio y rindió un testimonio veraz. 14 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros Entiende el Ad quem, así, que está demostrada la responsabilidad de SEVERO RODRÍGUEZ, en el delito de concierto para delinquir, razón por la cual confirma la condena, aunque, como existe error en la tasación de la pena, porque el A quo partió del primer cuarto medio a pesar de no existir circunstancias genéricas de agravación, disminuyó la sanción a 128 meses de prisión y 3.600 SMLM. Luego, asume el estudio de la responsabilidad atribuible a los otros dos acusados, CESAR BOHÓRQUEZ y JOSÉ VICENTE

PALACIOS, para lo cual parte por señalar inequívoco que estos corresponden, respectivamente, a los alias Pino y Sargento, que se detallan en las interceptaciones telefónicas, acorde con lo revelado por el investigador Baracaldo en el juicio. La identificación de estos, prosigue el Tribunal, operó en atención a labores de seguimiento y por obra de las interceptaciones, de lo cual se concluye que en llamada telefónica realizada por una institución financiera, el primero entregó su nombre completo y número de cédula; de igual manera, al segundo se le fijó en fotografía cuando se hallaba en el sector de Unicentro. Estos datos, resalta el fallador de segundo grado, fueron consignados en los informes policiales, documentos que se utilizaron para “refrescar la memoria” del testigo Baracaldo. 15 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros Destaca, entonces, que los acusados corresponden a quienes se escucha en las conversaciones telefónicas planeando el hurto de estupefacientes al interior del Instituto de Medicina Legal. De ello se extracta que alias Pino, JOSÉ VICENTE PALACIOS, estuvo involucrado en la consecución del vehículo utilizado en el hurto de la droga, al tanto que alias Sargento, CESAR BOHÓRQUEZ, intervino en el cargue del automotor. Al respecto, se destaca que Cesar Castillo Villegas, analista, acudió a juicio y detalló el contenido de las escuchas, en las cuales se delimita la cronología del delito, hasta que se obtuvo la captura de los ocupantes del vehículo.

Esa actividad, aunque única, resalta el fallador, permite establecer, a la par, la participación de los acusados en mención dentro de la banda criminal Los Rudos, dada la permanencia de esta y la intención de cometer delitos indeterminados -se releva cómo se pudo establecer que el grupo ha ejecutado otras conductas-. Atinente a que los testigos en cuestión, investigador Baracaldo y analista Castillo Villegas, lo son de referencia, como aduce la defensa, el Tribunal destaca que “los deponentes acudieron al juicio oral, señalaron lo que les consta y percibieron directamente, fueron objeto de interrogatorio y contrainterrogatorio, además, el delegado del 16 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros Ente acusador jamás aludió tal calidad en su solicitud probatoria hecha en la preparatoria o, eventualmente, en el juicio”. Estimada cubierta la responsabilidad de los acusados, el Tribunal destacó que el A quo nunca delimitó por qué se probaba la calidad de policías retirados de los acusados y la forma en que ello influye en la agravante referida a los servidores públicos. Tampoco, igual que en el caso anterior, era posible ubicarse en los cuartos medios de dosificación. Redosificó la sanción e impuso a CESAR BOHÓRQUEZ, pena de 138 meses de prisión y multa en cuantía de 4.34 SMLM; al tanto que a PALACIOS SANTAMARÍA le delimitó 106 meses de prisión y multa de 106 SMLM.

LAS DEMANDAS

1. A nombre de SEVERO ANDRÉS RODRÍGUEZ ROMERO

1. Cargo primero Lo inscribe el recurrente dentro de la violación del debido proceso en su acápite del principio de congruencia, respecto de los hechos jurídicamente relevantes consignados en la tríada imputación, acusación y fallo.

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros En aras de precisar su crítica, asume el examen de cada uno de esos hitos procesales, para significar, respecto de los hechos jurídicamente relevantes consignados en la imputación –los cuales transcribe-, que allí no se hizo una descripción clara, detallada y sucinta de los mismos, pues, a partir de una vinculación penal eminentemente genérica, se dejaron de consignar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que gobiernan la definición de los cargos atribuidos a

RODRÍGUEZ ROMERO.

No es posible, entonces, colegir “por lo menor en grado de posibilidad o inferencia razonable”, por qué se le estima autor de los delitos endilgados. Algo similar advierte en lo que toca con el escrito de acusación –también transcribe algunos apartados de este-, aunque añade que, en el contexto de lo ocurrido, reseñado en el acápite de hechos –organización criminal con sede en Bogotá-, no se hace mención de su representado judicial. Junto con ello, reitera que no se precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar a partir de las cuales determinar “con probabilidad de verdad”, la participación del

acusado. En torno del fallo de primer grado, destaca que se emitió absolución por el delito de cohecho y condena por concierto para delinquir agravado. 18 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros A renglón seguido, transcribe los apartados del fallo de primer grado en los cuales se examina la prueba de responsabilidad penal por el delito de concierto para delinquir. Y, acerca de lo resuelto por el Ad quem, destaca cómo el Tribunal desechó su solicitud de nulidad por violación del principio de congruencia, con argumentos que estima “graves”, procediendo, para ello, a transcribir el párrafo pertinente. Finaliza el cargo referenciando su criterio en torno de los factores que gobiernan las nulidades y las normas violadas, entre ellas, algunos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos (8), el Pacto Internacional de Derechos Humanos (14), el artículo 29 de la Carta Política, y los artículos 288, 337 y 448 de la Ley 906 de 2004.

2. Cargo segundo Acude a la causal tercera dispuesta en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho, que así se resumen: -Falso juicio de identidad respecto de lo expresado por el

Investigador Edwin Mauricio Baracaldo. 19 Casación acusatorio N° 61525

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De lo dicho por este, destaca cómo negó haber efectuado solicitud a los operadores de telefonía móvil para verificar la identidad de los poseedores de los aparatos involucrados en las interceptaciones; que tampoco adelantó búsqueda selectiva en bancos de datos, ni identificación de voces; ni se determinó quién es el propietario de la chaqueta de policía con número 1716676, a más que, agregó, en las fotografías no es posible definir cuál fue el vehículo de la institución que estuvo aparcado en el sector de Unicentro. Entonces, acota, no podía el Tribunal sostener, como lo hizo, que con lo dicho por este declarante se determina la responsabilidad del acusado, en tanto, constituye prueba de referencia, que no cuenta con elementos materiales en los cuales fundar sus afirmaciones. En torno del tema de la chaqueta de policía, considera que el Tribunal dio a la prueba una “interpretación que la misma no tiene”. En este mismo sentido, asegura que no hubo traslado, previo a la audiencia de juicio público, de las fotografías que dijo haber tomado el investigador, cuya incorporación tampoco se solicitó en ese momento. Por ello, acota, dicho elemento documental no puede examinarse o fundar en él la responsabilidad del procesado. 20 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros De igual manera, prosigue el demandante, dado que el investigador Baracaldo Carvajal aceptó que no era él quien realizaba las fijaciones fotográficas, su testimonio debe entenderse de referencia, en el entendido, que no le consta la

presencia del acusado en el sector de Unicentro. En este mismo orden de ideas, el declarante en cita dijo que sólo escuchó algunas interceptaciones, pero no las individualiza; tampoco señaló haber escuchado la voz del acusado o realizar interceptación de su celular. Su versión, entonces “es algo contradictoria y no es clara”, pues, agrega el demandante, vulnera el principio lógico de no contradicción. Reitera que, en tanto, era el investigador Villegas quien desarrollaba las labores de interceptación, a más que este se hallaba disponible para declarar, lo expuesto al respecto por Edwin Mauricio Baracaldo, corresponde a prueba de referencia inadmisible. Junto con ello, pese a que el Tribunal desestimó el argumento de la defensa encaminado a desacreditar lo dicho por Baracaldo Carvajal –extradición a los Estados Unidos de Norteamérica por acusaciones de narcotráfico-, es lo cierto que con posterioridad al juicio se obtuvo certificación que registra ese hecho, lo que debería llevar a que el Tribunal revise el punto. 21 Casación acusatorio N° 61525

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JOSÉ VICENTE PALACIOS SANTAMARÍA / Otros -Destaca, de otro lado, que el agente de policía Luis Alejandro Millán referenció el alia