CSJ - SP8398-2016

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente SP8398-2016 Radicación No. 42720 Aprobado Acta No. 189 Bogotá D. C., veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016). ASUNTO Profiere la Sala sentencia dentro del proceso adelantado en contra del ex Director Seccional de Fiscalías de Pasto, ÁLVARO ROLANDO LARA ZAMBRANO, acusado por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO Álvaro Rolando Lara Zambrano, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 12.955.102 expedida en Pasto (Nariño), natural del municipio de Sandoná (Nariño) el 1º de junio de 1950, con 65 años de edad, de profesión abogado, se desempeñó como Director Seccional de Fiscalías en Mocoa (Putumayo) y Pasto (Nariño)1.

ANTECEDENTES

1. FÁCTICOS.

ÁLVARO ROLANDO LARA ZAMBRANO, en su condición de Director Seccional de Fiscalías de Pasto, expidió las resoluciones 598 de 27 de agosto de 2008 y 657 del 17 de septiembre del mismo año, por medio de las cuales,

mediante la primera, dispuso reasignar manualmente las investigaciones que se adelantaban en contra del ex alcalde del municipio de Tumaco y otras personas, por el Fiscal 20 Seccional de Pasto al Fiscal 19 Seccional de la misma ciudad, y con la segunda, trasladó al Fiscal 20 Seccional de Sub Unidad dentro de la misma ciudad.

2. PROCESALES 2.1 El 21 de agosto de 2013, ante un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, a través del Fiscal Séptimo Delegado 1 Datos contenidos en el escrito de acusación.

2 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. ante la Corte Suprema de Justicia, formuló imputación a Álvaro Rolando Lara Zambrano como autor de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo con abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.2 2.2 El 18 de noviembre del mismo año, el Fiscal Séptimo Delegado presentó escrito de acusación ante esta Corporación, llevándose a cabo la audiencia de formulación de cargos el 18 de marzo de 2014 en la que se reiteró la incriminación imputada. 2.3 Realizada la audiencia preparatoria en varias sesiones, el 22 de febrero de 2016 se instaló el juicio oral. Las partes expusieron los alegatos de apertura, y la Fiscalía presentó las pruebas decretadas, incorporándose 26 estipulaciones probatorias y la recepción del testimonio de Carlos Julio Ramírez Layton. La defensa por su parte

manifestó no tener pruebas por practicar.3 Culminada la fase probatoria, el 29 de febrero siguiente se reanudó el juicio con la exposición de los alegatos de conclusión por parte de la fiscal, el representante de víctimas, el representante del Ministerio Público y el defensor. La Sala emitió sentido de fallo de carácter condenatorio por el delito de abuso de función pública y absolutorio por 2 Récord 53:44 y 46:29. 3 Récord 2:01:14. 3 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. los delitos de prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. 2.4 Finalmente, el 24 de mayo de 2016, se cumplió con la audiencia de que trata el artículo 447 del C. P. P, en la que las partes e intervinientes coincidieron en solicitar que la pena a imponer parta del primer cuarto ante la carencia de antecedentes penales del acusado y la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad. Igualmente, concuerdan en que el procesado permanezca en libertad. FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN Con arreglo a los términos de la acusación formulada por el órgano requirente, Álvaro Rolando Lara Zambrano en su condición de Director Seccional de Fiscalías de Pasto expidió la resolución 598 de 27 de agosto de 2008 por la cual reasignó manualmente los procesos seguidos en contra del ex alcalde del municipio de Tumaco (Nariño), Nilo del Castillo Moreno, que se adelantaban por el Fiscal 20

Seccional de Pasto al Fiscal 19 Seccional de la misma ciudad, y la resolución 657 de 17 de septiembre de 2008, por medio de la cual definió la estructura de la Unidad de Administración Pública de Pasto, ordenando, además, cambiar al Fiscal 20 Seccional (Dr. Carlos Julio Ramírez Layton) de la Sub Unidad de delitos contra la Administración Pública a la Sub Unidad de delitos contra la Seguridad Pública, en la misma ciudad. Estos comportamientos, en sentir de la Fiscalía, contrariaron manifiestamente el artículo 243 de la 4 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. Constitución Política, la sentencia C – 873 de 30 de septiembre de 2003, según la cual la reasignación de los procesos penales es ejercicio exclusivo del Fiscal General de la Nación, y la resolución 0 - 3605, artículo 3º, del 3 de noviembre de 2006 emitida por el Fiscal General de la Nación. Por ello, la acusación se concretó en el delito de prevaricato por acción, artículo 413 del C. P., en concurso homogéneo. Adicionalmente, y con relación a la resolución 657 del 17 de septiembre de 2008, se acusó igualmente a Lara Zambrano por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tipificado en el artículo 416 del C. P., pues, se excedió en el ejercicio de sus funciones como Director Seccional de Fiscalías, ordenando el traslado de Sub Unidad al Fiscal 20 Seccional, decisión que estuvo motivada en la negativa de declararse impedido para conocer

de los procesos que se seguían en contra del ex alcalde de Tumaco, especialmente el radicado 151018 en el que se había proferido medida de aseguramiento y expedido ordenes de captura.

4. Alegaciones de Apertura.

4.1. La Fiscalía. Prometió demostrar más allá de toda duda que el acusado Lara Zambrano incurrió en el delito de prevaricato 5 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. por acción al emitir resolución manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico con el ánimo de favorecer al ex alcalde de Tumaco, el ex secretario y ex tesorera municipal, para lo cual se sirvió del Fiscal 19 Seccional de Pasto de ese entonces. De igual forma, aclaró que solicitará sentencia condenatoria únicamente por el delito de prevaricato por acción, pues el punible de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, por el que también se acusó, es subsumido por aquél.4 4.2 La Defensa. Aseguró el defensor que demostraría la inexistencia de los delitos de prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto al haberse errado en la tipificación de los hechos imputados.5

5. Alegatos de Conclusión.

5.1 La Fiscalía. Por haberse demostrado más allá de toda duda que el acusado, en ejercicio del cargo de Director Seccional de Fiscalías de Pasto, emitió las resoluciones 598 de 2008 por medio de la cual varió la asignación de algunas investigaciones que adelantaba el Fiscal 20 Seccional de la

Sub Unidad de Administración Pública de Pasto, y 657 del 4 Récord 13:01. 5 Récord 22:08. 6 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. mismo año, con la cual trasladó al Fiscal 20 Seccional de Sub Unidad, con el propósito de favorecer los intereses de personas que habían desfalcado al municipio de Tumaco, disposiciones que contrariaron manifiestamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las resoluciones del Fiscal General de la Nación, solicitó la emisión de sentencia condenatoria en contra de Álvaro Rolando Lara Zambrano por el delito de prevaricato por acción6. Aseguró, que el cambio de asignación de procesos decretado por el acusado estuvo motivado en la negativa del Fiscal 20 Seccional para declararse impedido de conocer el proceso radicado 151081 y entregar las demás investigaciones seguidas en contra del ex alcalde de Tumaco. Resaltó que el procesado tenía capacidad de comprender su actuar y de determinarse conforme a esa comprensión por lo que era imputable para el momento de los hechos, de la misma forma, por la importancia del cargo que desempeñaba era claro que conocía las resoluciones del Fiscal General de la Nación y las decisiones de la Corte Constitucional. 5.2 La víctima. Concretó su intervención7 a destacar que en la resolución 0002 de 3 de enero de 2005 se facultaba a los Directores Seccionales de Fiscalía para reorganizar a las Unidades de Fiscalía adscritas a cada Dirección para operar

6 Récord 25:40 y 26:34. 7 Récord 26:52. 7 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. el nuevo sistema penal acusatorio, aspectos sobre el cual giró la estipulación número 7, por ello, no se configura el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, sino el de usurpación de funciones públicas que no fue imputado. 5.3 Representante del Ministerio Público.8 Consideró que el acusado Lara Zambrano cometió la conducta punible de prevaricato por acción al emitir la resolución 598 de 2008 desconociendo el carácter vinculante de la sentencia de inexequibilidad C-873 y las resoluciones 0002 del 8 de junio de 2004 y 03605 de 2000 que regulaban la competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación para la reasignación de procesos. Advirtió que la intención del acusado fue la de favorecer los intereses del ex alcalde Nilo del Castillo Moreno, su secretario y la tesorera del municipio de Tumaco, afectados con medida de aseguramiento y orden de captura dentro del proceso radicado al No. 151081 que instruía el Fiscal 20 Seccional de Pasto dentro del programa de descongestión que se adelantaba. El acusado omitió el procedimiento legalmente establecido para que el Fiscal General de la Nación procediera a reasignar el proceso, normativa que conocía por la condición de Director Seccional de Fiscalías que ostentaba. 8 Récord 32:50. 8 Única No. 42720.

Álvaro Rolando Lara Zambrano. Sumado a lo anterior, la motivación plasmada en la resolución 598 de 2008 es falsa porque si los procesos contra el ex alcalde eran tramitados por el Fiscal 20 Seccional para descongestionar a la Fiscalía Seccional de Tumaco, por decisión de la anterior Directora Seccional de Fiscalías, no se explica cómo ahora se aduzca esa misma razón cuando al quitarle los procesos al cognoscente quedaba sin carga laboral. Concluyó solicitando sentencia condenatoria por un solo delito de prevaricato por acción en que se incurrió al haber emitido las resoluciones 598 y 657 de 2008, como quiera que la segunda hace parte del mismo iter criminis, presentándose unidad fáctica y no concurso de delitos de prevaricato. 5.4 La Defensa.9 Solicitó la absolución de su defendido por las siguientes razones: Reconoce que la reasignación de las investigaciones penales está atribuida exclusivamente al Fiscal General de la Nación, para lo cual debe respetarse el procedimiento establecido, no obstante ello, la reasignación que efectuó el acusado a través de la Resolución 598 del 27 de agosto de 2008 no violó manifiestamente la Ley, por lo que la conducta resulta atípica del delito de prevaricato por acción. 9 Récord 53:07. 9 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. Admite que su asistido no era competente para realizar la reasignación de procesos, razón por la cual la conducta desplegada por Lara Zambrano no constituye punible de

prevaricato sino usurpación de funciones públicas tipificado en el artículo 428 de la Ley 599 de 2000 ya que “realizó un acto que se encuentra reservado únicamente al Fiscal General de la Nación”10 conforme lo determinó la Sala de Casación Penal de la Corte en la decisión proferida dentro del radicado 39279. La Resolución 657 del 17 de septiembre de 2008 tampoco es contraria a derecho como quiera que existían normas que le permitían al Director Seccional de Fiscalías realizar la reorganización de las unidades de fiscalías, conforme se dejó consignado en las estipulaciones probatorias 2, 6 y 7. El actuar del acusado al reasignar los procesos tampoco resulta antijurídico ni culpable. Lo primero porque con la resolución en cita no se contradijo el ordenamiento jurídico ni se afectó el bien jurídico de la administración pública, por el contrario “se preservó la imparcialidad, celeridad y eficacia de la administración de justicia”11. En cuanto a la inculpabilidad aseguró que la Fiscalía no demostró el dolo que se requiere, en cambio, quedó probado que Lara Zambrano actuó con coherencia, eficacia y ajustado a derecho, aunque se haya equivocado al reordenar 10 Récord 1.07:42. 11 Récord 1.12:40. 10 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. la distribución de los procesos que adelantaba el Fiscal 20 Seccional. Su asistido no actuó con la intención de atacar la

función pública, ya que en las estipulaciones probatorias se dejó establecido que las resoluciones proferidas se realizaron dentro del ordenamiento jurídico, usurpó las funciones públicas “al querer ser diligente y querer dar agilidad y eficacia a la administración de justicia”12 como quiera que los procesos reasignados tenían mensaje de urgencia como lo indicó Carlos Julio Ramírez en su declaración. Concluyó solicitando sentencia absolutoria acorde al artículo 448 del C. de P. P., al no existir prueba o indicio que comprometa a su asistido en la comisión de los delitos imputados, y por el contrario se demostró el error en que incurrió la Fiscalía en la tipificación del delito.

CONSIDERACIONES

1. Con arreglo a lo normado por el artículo 32 – 9 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la Sala es competente para proferir sentencia en este asunto, en virtud a que el acusado Álvaro Rolando Lara Zambrano al momento de realizar las conductas atribuidas se desempeñaba como Director Seccional de Fiscalías de la ciudad de Pasto, y pese a no cumplir en la actualidad esas funciones el fuero se prorroga debido a la innegable conexión entre los delitos 12 Récord. 1.18:04.

11 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. imputados y el cargo desempeñado en ese momento, conforme a lo reglado en el parágrafo del artículo 32 ibídem.

2. Acorde a lo preceptuado en el artículo 7º de Ley 906

de 2004, “Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda”. En el mismo sentido, el artículo 381 ibídem, establece que para condenar se requiere conocimiento más allá de toda duda sobre el delito y la responsabilidad penal del acusado, a partir de las pruebas debatidas en la audiencia de juicio oral, las que deben ser apreciadas en conjunto, siguiendo los criterios establecidos para cada medio de convicción, como lo instituye el artículo 380 del C. de P. P. Atendiendo estos presupuestos la Sala asumirá el examen de las pruebas vertidas al juicio oral con el objeto de establecer si los delitos por los que se acusó a Álvaro Rolando Lara Zambrano y su responsabilidad penal se hallan acreditados más allá de toda duda. Como en el caso sub examine se cuestiona la emisión de las resoluciones 598 de 27 de agosto de 2008 y 657 de 17 de septiembre del mismo año, calificadas por la Fiscalía como contrarias al ordenamiento jurídico y por ende típicas del delito de prevaricato por acción, adecuación que es rechazada por la defensa como se verá más adelante, la Sala se pronunciará por separado frente a cada cargo. 2.1 Resolución 598 de 2008. 12 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. En el juicio se acreditó que el doctor Álvaro Rolando Lara Zambrano ostentaba la calidad de servidor público, específicamente, Director Seccional de Fiscalías de Pasto para el momento en que se emitieron las resoluciones 598 y

657 de 2008, pues así lo dieron por demostrado las partes a través de la estipulación probatoria No. 1 en la que se consignó que Lara Zambrano asumió el cargo de Director Seccional de Fiscalías de Pasto el 1º de agosto de 2008, al ser trasladado de la Dirección Seccional de Mocoa, mediante resolución 2-1714 del 3 de julio de 2008. Se demostró igualmente, a través de la estipulación probatoria No. 12, que el 27 de agosto de 2008 el Dr. Lara Zambrano, en su condición de Director Seccional de Fiscalías de Pasto, emitió la resolución 598 por medio de la cual “reasignó manualmente los sumarios No. 151081, 151079, 151519, y las previas 151080, 151070, 151067, 151068, 151065, 151069 y 151558, seguidos contra el exalcalde de Tumaco Nilo del Castillo, adelantados en la Fiscalía 20 Seccional, a cargo del doctor Carlos Julio Ramírez Leyton, los trasladó a la Fiscalía 19 Seccional, a cargo del doctor Gilberto Palacios Moreno.” En estas condiciones, ninguna duda se advierte en la demostración de la calidad de servidor público del procesado para el momento de los hechos imputados y la materialidad de la conducta por la que se formuló acusación y se reclama 13 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. condena, aspectos que no fueron debatidos por las partes e intervinientes a lo largo del juicio. 2.1.1 Para la Fiscalía y el Representante del Ministerio Público, la decisión adoptada por el procesado desconoció

manifiestamente la sentencia de constitucionalidad C - 873 de 2003, el artículo 243 de la Constitución Política y la Resolución 0-3605 del 3 de noviembre de 2006 expedida por el Fiscal General de la Nación en la que se estableció que la posibilidad de variar la asignación de los procesos estaba radicada en cabeza del Fiscal General de la Nación, de ahí que su comportamiento se ajuste al tipo penal de prevaricato por acción. 2.1.2. La Corte Constitucional en la sentencia citada estudió la exequibilidad, entre otros, de los artículos 613 y 11314 del Decreto Ley 261 de 2000 “Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación”, y 115-215 de la Ley 600 de 2000, respecto de los cuales el actor 13 El Artículo 6º del Decreto Ley 261 de 2000,: “Las funciones de la Fiscalía General se realizan a través de las Unidades Delegadas de Fiscalías, a nivel nacional, seccional y local, salvo que el Fiscal General o los Directores de Fiscalías destaquen un fiscal especial para casos particulares.” 14 “Para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, corresponde al Fiscal General de la Nación, los Directores de Fiscalías y los Fiscales a quienes se les asigne la función de Jefes o Coordinadores de Unidad.

3. Efectuar el seguimiento y evaluar los resultados de las investigaciones adelantadas por las distintas Unidades de Fiscalías y Fiscales y cambiar su asignación cuando lo estime necesario, en orden a una pronta y cumplida administración de justicia. Los Jefes o Coordinadores de Unidad solo podrán cambiar la asignación previa delegación efectuada por el Fiscal General de la Nación o los Directores de Fiscalías,

respectivamente.” 15 El Artículo 115 de la Ley 600 de 2000: “FISCAL GENERAL DE LA NACION. Corresponde al Fiscal General de la Nación: (…) 2. Cuando lo considere necesario, y en los casos excepcionales que requieran su atención directa, investigar, calificar y acusar, desplazando a cualquier fiscal delegado. Contra las decisiones que tome en desarrollo de la instrucción sólo procede el recurso de reposición.” 14 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. afirmaba que al admitirse la posibilidad de que el Fiscal, los Directores de Fiscalía o el Vicefiscal General de la Nación pudieran designar fiscales para casos particulares o desplazarlos del conocimiento de un proceso para asignárselo a otro, se vulneraba el concepto constitucional del juez natural, particularmente los elementos de independencia, imparcialidad y juez previamente predeterminado por la ley. Al resolver los cargos, la Corte señaló: “(…) lo que para la Corte resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional es que sean funcionarios distintos al Fiscal General quienes tengan la potestad de designar fiscales especiales para conocer de casos concretos, tal y como lo prevé el artículo 6º del Decreto Ley 261 de 2000, al establecer que los Directores de Fiscalías podrán efectuar tal nombramiento, o el artículo 112 de la Ley 600 de 2000, que atribuye dicha facultad al Vicefiscal General de la Nación. Lo anterior se explica por el hecho de que los fiscales de los diversos órdenes son delegatarios del Fiscal General de la Nación, según dispone el artículo 249 de la

Constitución –que habla de “fiscales delegados”-, y es en ese carácter – como superior jerárquico titular de las funciones que ejercen los fiscales en tanto delegatariosque dicho funcionario puede desplazarlos del conocimiento de determinado proceso y asignárselo a otro fiscal, también delegado suyo; es éste el fundamento último de las figuras de reasignación de investigaciones y asunción personal de procesos por el Fiscal General. Como ni los Directores de Fiscalías ni el Vicefiscal se encuentran en la misma posición que el Fiscal General, es decir, como los fiscales delegados no son delegatarios de aquellos sino de éste último, no puede la ley atribuirles una facultad propia del Fiscal General de la Nación, que en cualquier caso se encuentra justificada en casos excepcionales, y debe respetar los mencionados principios de independencia y autonomía judicial.”(Las líneas que subrayan el texto no aparecen en el contenido original) 15 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano.

Y resolvió: “Declarar INEXEQUIBLE la expresión “o los Directores de Fiscalías” contenida en el artículo 6º del Decreto Ley 261 de 2000. Declarar INEXEQUIBLE el aparte “que éste designe para casos especiales” contenido en el artículo 112 de la Ley 600 de 2000.” Declarar EXEQUIBLES en forma condicionada el numeral 5 del artículo 22 del Decreto Ley 261 de 2000, las expresiones acusadas contenidas en los numerales 2 y 4 del artículo 115 de la Ley 600 de 2000 y el numeral 3 del artículo 116 de la misma ley, EN EL ENTENDIDO de

que el Fiscal General de la Nación al asignar y desplazar a sus delegados en las investigaciones y procesos deberá exponer en forma concreta, en cada caso, los hechos que motivan su decisión y notificar por un medio idóneo dichas decisiones al Agente del Ministerio Público y los demás sujetos procesales y no podrá asignar a otro Fiscal las investigaciones o procesos que haya asumido directamente.” Igualmente, al referirse a la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 11 ibídem se consideró lo siguiente: “(…) el cambio en la asignación de procesos únicamente puede ser realizado por el Fiscal General de la Nación, teniendo en cuenta las pautas establecidas en los acápites precedentes de esta providencia –es decir, que se adopte esta determinación mediante resolución motivada debidamente notificada a los afectados, y sin que implique una invasión de la independencia y autonomía de los fiscales delegados”. 16 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. Con relación al artículo 32 - 1 del Decreto Ley 261 de 200016, en virtud del cual corresponde a los Directores Seccionales de Fiscalía dirigir, coordinar, asignar y controlar las actividades de investigación y acusación que adelanten las Unidades de Fiscalía Adscritas, así como velar porque tales actividades se adelanten de conformidad con las políticas de la Fiscalía General, declaró la inconstitucionalidad de la expresión “asignar” contenida en este apartado al igual que en el artículo 30 - 3 y el artículo 31-2 del Decreto Ley 261 de 200017, porque “(…) el ejercicio exclusivo de la función de reasignación de procesos por

el Fiscal General de la Nación, que no puede ser cumplida por funcionarios distintos -.” 2.1.3 Posterior a la emisión del fallo de constitucionalidad, el 3 de noviembre de 2006, el Fiscal General de la Nación expidió la Resolución 0-360518 que reglamentó los mecanismos de reasignación de investigaciones y designación de fiscales especiales en asuntos penales de conocimiento de la entidad, estableciendo un procedimiento específico para ello, destacándose en el artículo 2º que “Tanto la designación de fiscales delegados especiales como la reasignación de investigaciones entre despachos de fiscalía, procederá por solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, del denunciante, de las víctimas o terceros que evidencien interés en 16 ARTICULO 32. DIRECCIONES SECCIONALES. Las Direcciones Seccionales de Fiscalías tienen las siguientes funciones:

1. Dirigir, coordinar, asignar y controlar las actividades de investigación y acusación adelantadas por las Unidades de Fiscalía adscritas. 17 El literal DECIMO SEGUNDO de la parte resolutiva dispuso: “Declarar INEXEQUIBLE la expresión “asignar” contenida en el numeral 1, citado” 18 Derogada por el artículo 12 de la Resolución 689 de 2012.

17 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. la búsqueda de la verdad y la justicia, siempre que se sustente en razones objetivas calificables como excepcionales, especialmente en los casos en los que procede el cambio de radicación y siempre que esas circunstancias no puedan ser subsanadas a través de los mecanismos

procesales previstos en la legislación vigente.”19 (Resaltado fuera del texto original). En tanto que en el artículo 3º dispuso que las solicitudes de reasignación podían presentarse ante el respectivo fiscal de conocimiento, las Direcciones de Fiscalía o los Despachos del Fiscal General de la Nación y del Vicefiscal General de la Nación, quienes debían remitirla, junto con sus anexos, al despacho del Fiscal General de la Nación, quien previo trámite ante los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia adoptaría la decisión. 2.1.4 El artículo 115 de la Ley 600 de 2004, por la cual se regían los procesos reasignados a través de la Resolución 598, dispone que el Fiscal General de la Nación tiene la potestad de “ordenar la remisión de la actuación adelantada por un fiscal delegado al despacho de cualquier otro”, siempre y cuando fuera necesario para asegurar la eficacia de la instrucción, para lo cual debía emitir resolución motivada. De la misma manera, el artículo 116 de la Ley 906 de 2004, titulado “Atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación” asigna al Fiscal General de la Nación la facultad de “(…) asignar y desplazar libremente a sus servidores 19 En el artículo siguiente también se otorgaba legitimidad para promover la solicitud al fiscal de conocimiento de la actuación, remitiendo la solicitud al despacho del Fiscal General de la Nación, manifestando las razones que la fundamentaran. 18 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. en las investigaciones y procesos, mediante orden motivada.”

2.1.5 Esa titularidad del Fiscal General de la Nación para la asignación de investigaciones, también encuentra sustento en el artículo 251, numeral 3, de la Carta Política, al disponer que una de sus funciones especiales es: “3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos…”. Hecho este recuento normativo y jurisprudencial, surge indiscutible que la competencia para reasignar una investigación penal recaía y recae exclusivamente en el Fiscal General de la Nación, pues así lo establece la Carta Política, la Ley Procesal, la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional y la Resolución 0 - 3605 de 2006 emitida por el mismo órgano de investigación, vigentes para el momento de los hechos. Acorde con esa regulación, la decisión de reasignación de investigaciones debía agotar previamente el procedimiento establecido en el acto administrativo en cita, en el que el Director Seccional de Fiscalía únicamente cumplía la labor de receptor de la solicitud como también el fiscal de conocimiento o el Vicefiscal General, recayendo en el Representante Legal de la entidad la decisión respectiva. En conclusión, la orden emitida por el Director Seccional de Fiscalías de Pasto, Álvaro Rolando Lara Zambrano, a través 19 Única No. 42720. Álvaro Rolando Lara Zambrano. de la Resolución 598 de 2008, desconoció claramente las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que asignaban, con carácter exclusivo, al Fiscal General de la

Nación la competencia para asignar y desplazar a los fiscales del conocimiento de las investigaciones en curso, arrogándose de esa manera funciones públicas diversas a las que legalmente le fueron discernidas como Director Seccional de Fiscalías, proceder que no es discutido por la defensa conforme se dejó consignado en el acápite de alegaciones. 2.1.6 Ahora, la Fiscalía y el Ministerio Publico sostienen que la conducta desplegada por el acusado es típica del delito de prevaricato por acción ante la manifiesta contrariedad con la Ley, mientras que la defensa arguye que la adecuación correcta es la prevista en el artículo 428 del C. P., “usurpación de funciones públicas”, para lo cual se apoya en la decisión que la Sala adoptó dentro del radicado 39279. Ciertamente en la CSJ SP, 24 Sep 2014, Rad. 39279, la Sala se ocupó del estudio de las características dogmáticas del injusto de abuso de función pública, resaltando sus diferencias con el punible de prevaricato por acción. Así se refirió la Corporación: “El eje de la conducta del delito de abuso de función pública se refiere a una ilegalidad signada por desbordar una atribución funcional que le corresponde ejecutar a otro funcionario, en lo cual radica la ilegalidad del acto. En cambio, en el prevaricato, el sujeto puede ejecutar el acto en el ámbito de su función, pero al hacerlo, infringe manifiestamente el orden jurídico. En otras palabras, mientras en el abuso de función pública el servidor realiza un acto que por ley le 20 Única No. 42720.

Álvaro Rolando Lara Zambrano. está asignando a otro funcionario que puede ejecutarlo lícitamente, en el prevaricato el acto es manifiestamente ilegal, sin que importe quién lo haga. Precisamente, la Sala, en ese sentido, ha señalado lo siguiente: “Acertó entonces el Tribunal en la decisión recurrida, al señalar que el abuso de la función pública se tipifica al actuar en donde no se tiene competencia, mediante comportamiento que puede ser desarrollado lícitamente por el empleado que tiene facultad para ello; en cambio en el abuso de autoridad y en el prevaricato, como bien lo pone de resalto el señor defensor, el acto es ilegal, no import