CSJ - SP880-2025

Página 1 de 37 JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO Magistrado ponente SP880-2025 Radicación n.° 65576 (Acta n.° 074) Bogotá, D.C., dos (02) de abril de dos mil veinticinco (2025)

I. ASUNTO Corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la admisión de la demanda de casación presentada por el apoderado de FERNANDO GARCÍA FAYAD contra la sentencia del 1.° de septiembre de 2023. Con este fallo, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá confirmó el que el 23 de julio de 2021 dictó el Juez 16

Penal del Circuito de esa misma ciudad que lo condenó por el delito de peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

II. HECHOS

1. Entre 1993 y 1996, FERNANDO GARCÍA FAYAD, coordinador de la Oficina Jurídica del Fondo Pasivo Social deCasación 65576

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Puertos de Colombia, en adelante, FONCOLPUERTOS, ordenó el pago de cuantiosas sumas de dinero a extrabajadores portuarios, pese a carecer de un mínimo sustento fáctico y normativo:

2. En las resoluciones n.° 2387 del 23 de noviembre de 1995 por $400.000.000 y 2670 del 29 de diciembre de ese mismo año,

pese a carecer de un mínimo sustento fáctico y normativo:

2. En las resoluciones n.° 2387 del 23 de noviembre de 1995 por $400.000.000 y 2670 del 29 de diciembre de ese mismo año, reliquidó las acreencias de dos extrabajadores con la inclusión de 17 días de prima vacacional por cada año prestado a la empresa1

(hecho 1) por un valor total de $1.795.945.381. Eso a pesar de que esa prima debía cancelarse por cada periodo de vacaciones y no por año de servicio.

3. En otras resoluciones suscritas en 1996, el procesado ordenó el pago de salarios moratorios sobre “moratorios”2 (hecho 2). Canceló indemnizaciones a dos personas que no habían sido trabajadores ni pensionados de FONCOLPUERTOS 3 (hecho 3).

Reliquidó una prestación a partir de la adición de una “prima sobre prima” (hecho 4)4.

4. En ese mismo año, como apoderado de FONCOLPUERTOS, GARCÍA FAYAD suscribió dos actas de conciliación con montos indebidos: en la primera, se reliquidó la prestación con la inclusión de dotación de uniformes y calzado, a pesar de que ello no constituye factor salarial5 (hecho 5). En la segunda, se incrementó la prestación laboral según lo dispuesto en las leyes 4 de 1976 y 71 de 1988 6 (hecho 6). Eso sin importar que esos aumentos ya habían sido reconocidos en el pasado7. 1 La resolución n.° 2387 del 23 de noviembre fue por $400.000.000.00, mientras que la n.°

aumentos ya habían sido reconocidos en el pasado7. 1 La resolución n.° 2387 del 23 de noviembre fue por $400.000.000.00, mientras que la n.° 2670 del 29 de diciembre fue por $1.395.945.381.59 2 Resolución n.° 044 del 12 de enero de 1996 por $48.492.756 (0 (341.20 s.m.m.l.v.).3 Resolución n.° 261 del 8 de febrero por $114.209.578.48 (803.59 s.m.m.l.v.).4 Resolución n.° 346 del 20 de febrero por $1.139.660.648.95 (8.018.73 s.m.m.l.v.),5 Acta de conciliación n.° 4 del 5 de octubre de 1995, en cuantía de $1.728.464.728.00.6 Acta de conciliación del 13 de septiembre de 1995 (sin número) por $1.662.899.452.00.7 Importante anotar que los efectos jurídicos como económicos de estas resoluciones y actas de conciliación se extendieron hasta el 30 de mayo de 2008, cuando el Juzgado SegundoCasación 65576 CUI 11001310401620130007601

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III. ANTECEDENTES PROCESALES

5. El 24 de abril de 2002, la Fiscalía General de la Nación ordenó la vinculación mediante indagatoria de FERNANDO GARCÍA FAYAD8. Atendiendo que el Ente acusador no logró su comparecencia, el 5 de septiembre de 2007, se declaró persona ausente.

6. El 7 de julio de 2011, se clausuró la investigación y se

comparecencia, el 5 de septiembre de 2007, se declaró persona ausente.

6. El 7 de julio de 2011, se clausuró la investigación y se ordenó a las partes presentar sus alegatos de precalificatorios9.

7. El 28 de noviembre siguiente, la Fiscalía acusó a GARCÍA FAYAD por el delito de peculado por apropiación agravado a título de coautor10. El 7 de junio de 2013, se confirmó íntegramente esa decisión11.

8. El 24 de julio de ese mismo año, el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá avocó conocimiento del asunto y, el 8 de octubre, tuvo lugar la audiencia preparatoria. Sin embargo, en el marco del juicio, transcurridas dos sesiones 12, el acusado se acogió a los cargos formulados en su contra13.

9. El 7 de abril de 2014, el Juzgado declaró la invalidez parcial de lo actuado a partir de la notificación de la resolución Penal del Circuito de Descongestión de FONCOLPUERTOS condenó a Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, exdirector de esa entidad.8 El 5 de diciembre de 2006, la Fiscalía dispuso conexar la investigación adelantada contra GARCÍA FAYAD a la actuación surtida contra Alfredo Torres Ebratt. 9 El 11 de octubre de 2011, esa decisión quedó en firme. 10 En este proceso también se investigó a Eduardo Mejía Mendoza y a ALFREDO TORRES. A

ellos la Fiscalía los acusó por el delito de peculado por apropiación agravado, a título de coautor y determinador, respectivamente.11 Esa decisión fue adoptada por la Fiscalía 22 delegada ante el Tribunal de Bogotá. 12 El 14 de noviembre y 3 de diciembre de 2013. 13 El 12 de diciembre de 2013, el Juzgado llevó a cabo la diligencia de formulación y aceptación de cargos y ordenó la ruptura de la unidad procesal.Casación 65576 CUI 11001310401620130007601 FERNANDO GARCÍA FAYAD Página 4 de 37 acusatoria de primera instancia. Consideró que la Fiscalía debía precisar la acusación contra GARCÍA FAYAD con el concurso homogéneo sucesivo de las conductas, así como la cuantía real de lo apropiado. En particular, porque la suma era de $6.466.862.626.71 y no, como se dijo en esa oportunidad, de $4.940.709.964.00.

10. El 26 de septiembre de 2014, el procesado y su apoderada radicaron un memorial ante la Fiscalía solicitando sentencia anticipada. Por eso, el 8 de octubre de ese año, la Fiscalía, sin efectuar la modificación solicitada por el juez, presentó acta de formulación de cargos para sentencia anticipada.

11. El 21 de abril de 2015, el a quo declaró la nulidad parcial del procedimiento desde el escrito de aceptación de cargos.

Consideró que la Fiscalía no había modificado la acusación con la modalidad concursal y tampoco había calculado adecuadamente, la cuantía de la suma indebidamente apropiada por el procesado.

Consideró que la Fiscalía no había modificado la acusación con la modalidad concursal y tampoco había calculado adecuadamente, la cuantía de la suma indebidamente apropiada por el procesado.

12. El 21 de agosto de ese mismo año, la Fiscalía precisó la imputación jurídica contra GARCÍA FAYAD con el concurso homogéneo sucesivo y la cuantía real de lo apropiado ($6.466.862.626.71)14. La defensa del procesado apeló esa decisión. 14 Vale la pena resaltar la parte resolutiva de la resolución de acusación: “ "PROFERIR RESOLUCJON DEACUSACION en contra de FERNANDO GARCIA FAYAD de condiciones civiles y personales conocidas, como COAUTOR de la conducta contra la Administración Pública, denominada delito de Peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, conducta agravada por la cuantía, derivada en et cobro de $6.466'862.626,71 pesos, equivalente a 29.533,71 S.M.L.M. V. para el año 1995y23.053,87S.M.L.M. V. para el año 1996, conforme se anotó en la parte motiva de esta determinación”Casación 65576

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13. El 20 de enero de 2017, esa decisión fue confirmada15, por lo que la resolución de acusación contra GARCÍA FAYAD quedó en firme. Eso llevó a que el proceso retornara al Juzgado ya referido.

13. El 20 de enero de 2017, esa decisión fue confirmada15, por lo que la resolución de acusación contra GARCÍA FAYAD quedó en firme. Eso llevó a que el proceso retornara al Juzgado ya referido.

14. El 2 de mayo siguiente tuvo lugar la audiencia preparatoria.

Sin embargo, el día 23 de ese mismo mes, el juzgador de primer grado declaró la invalidez de la actuación, a partir de la audiencia preparatoria por indebida notificación.

15. Corregido el yerro y transcurrido el juicio16, el 23 de julio de 2021, el Juzgado condenó a GARCÍA FAYAD, en calidad de autor y determinador17, por el delito de peculado por apropiación agravado por la cuantía, en concurso homogéneo y sucesivo, a 188 meses de prisión, inhabilitación de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal, y multa de

$6.466.000.000.

16. Asimismo, le impuso la sanción de inhabilitación para el “ejercicio de la abogacía” por 35 meses y 28 días 18, y le negó el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como la prisión domiciliaria.

17. La defensa del procesado apeló esa decisión. Alegó que la acción penal estaba prescrita, lo que supuso la violación del derecho al debido proceso de su representado, ya que se había “sobrepasado el límite señalado para el acaecimiento del fenómeno prescriptivo”. Asimismo, consideró que el a quo erró al

derecho al debido proceso de su representado, ya que se había “sobrepasado el límite señalado para el acaecimiento del fenómeno prescriptivo”. Asimismo, consideró que el a quo erró al 15 Esa decisión fue adoptada por la Fiscalía 1.° Delegada ante el Tribunal de Bogotá. 16 La audiencia pública de juzgamiento se desarrolló en sesiones de 18 de julio y 23 de octubre de 2017.17 El a quo condenó a GARCÍA FAYAD en calidad de autor de la referida conducta por los hechos 5 y 6, mientras que su responsabilidad como determinador se derivó de los hechos 1, 2, 3 y 4. 18 El A quo le impuso esta sanción a GARCÍA FAYAD solo por los hechos 4 y 5, atendiendo que en ellos el procesado obró “en despliegue de su ejercicio como profesional del derecho (…) donde fungió como mandatarios de FONCOLPUERTOS en las conciliaciones (…)”.Casación 65576 CUI 11001310401620130007601 FERNANDO GARCÍA FAYAD Página 6 de 37 reconocerle la calidad de servidor público a GARCÍA FAYAD, ya que él solo era “un contratista” sin ninguna función pública a su cargo.

18. Además, suscribió las referidas resoluciones “en cumplimiento de decisiones judiciales de forzoso acatamiento”.

Sin que entre sus obligaciones estuviera la de reliquidar las acreencias de los extrabajadores de FONCOLPUERTOS, pues eso estaba a cargo de la Oficina de Prestaciones Económicas de esa entidad. Por último, expuso que la modificación de la calificación jurídica desconoció los principios de congruencia y la garantía del non bis ídem.

estaba a cargo de la Oficina de Prestaciones Económicas de esa entidad. Por último, expuso que la modificación de la calificación jurídica desconoció los principios de congruencia y la garantía del non bis ídem.

19. El 1.° de septiembre de 2023, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá negó la solicitud de prescripción de la acción penal, así como la nulidad deprecada por la defensa y confirmó el fallo de primer grado.

20. El 5 de septiembre siguiente, la defensa de GARCÍA FAYAD interpuso recurso extraordinario de casación contra esa decisión.

Lo sustentó, oportunamente, el 30 de noviembre de 2023.

DEMANDA DE CASACIÓN

21. El apoderado del demandante presentó tres cargos contra la sentencia del Tribunal, uno principal y dos subsidiarios, como a continuación se detallan: Cargo primero (principal)

22. El censor direccionó el primer cargo bajo la causal 3.° consagrada en el art. 207 de la Ley 600 de 2000. Aunque loCasación 65576

CUI 11001310401620130007601 FERNANDO GARCÍA FAYAD Página 7 de 37 desarrolló bajo la causal 1.° ibidem. Alegó que la acción penal había prescrito para el momento en quedó en firme la resolución de acusación, lo que constituye un error in procedendo de estructura.

23. En primer lugar, invocó tanto “la interpretación errónea”, así como “la falta de aplicación” del artículo 83 de la Ley 599 de

2000. Recalcó que ambas instancias negaron la petición de prescripción de la acción con base en el criterio jurisprudencial fijado por esta Sala consistente en que el término prescriptivo,

2000. Recalcó que ambas instancias negaron la petición de prescripción de la acción con base en el criterio jurisprudencial fijado por esta Sala consistente en que el término prescriptivo, por tratarse de una conducta cometida por un servidor público, no es de 20 años, como expresamente lo dispuso el legislador, sino de “26 años y 8 meses”.

24. A juicio del censor, esa regla jurisprudencial es resultado de “una errada interpretación de las normas sustantiva(s) que regulan el tema de la prescripción” (sic). Concretamente del artículo 82 del Decreto 100 de 1980, reproducido, posteriormente, en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, ya que esa postura desconoce el sentido claro y expreso de la ley, según la cual, se insiste, la acción penal prescribe en un término máximo de 20 años.

25. Afirmó que interpretar sistemáticamente esa norma, tal y como esta Sala de Casación lo ha hecho hasta la fecha y, con ello, extender el término prescriptivo de las conductas cometidas por servidores públicos en una 1/3 parte, contraría la verdadera finalidad que el legislador buscó con ese aumento, pues lo que “se buscaba era posibilitar el juzgamiento de conductas que se consideraban de mayor dificultad por la calidad del ofensor”.

Además, los artículos 27 y 28 del Código Civil obligan a interpretar gramaticalmente y de forma restrictiva aquellosCasación 65576 CUI 11001310401620130007601

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interpretar gramaticalmente y de forma restrictiva aquellosCasación 65576 CUI 11001310401620130007601 FERNANDO GARCÍA FAYAD Página 8 de 37 preceptos legales que son claros y libres de cualquier ambigüedad.

26. También criticó que la interpretación en la que se basa el precedente jurisprudencial de la Sala “no se citan las normas que interpretadas sistemáticamente (…) permitirían el incremento de la prescripción penal a 26 años y 8 meses cuando el infractor sea servidor público”. Según dijo, esa postura desconoce varios principios constitucionales como son el de la seguridad jurídica, la dignidad humana y el plazo razonable.

27. También resaltó que las normas que regulan la prescripción de la acción penal hacen parte del debido proceso y, adicionalmente, constituyen un límite importante al ejercicio del poder punitivo del Estado. Eso para afirmar que: “no resulta fácil de entender qué no sean suficientes los 20 años establecidos en la ley como plazo máximo, para lograr la resolución de acusación o la imputación contra un servidor público”. En especial, porque la aplicación del referido precedente lleva que, en un caso como este, el procesado permanezca en un estado sub iudice “durante casi 40 años”. Eso si se suman los 26 años y 8 meses que se tiene para la investigación más los 13 años y 4 meses que puede durar la etapa de juzgamiento.

28. En suma, aseveró que esa interpretación normativa es la que menos favorece al procesado y a la sociedad en general, ya que la persona investigada “no tiene el deber de esperar que el

la etapa de juzgamiento.

28. En suma, aseveró que esa interpretación normativa es la que menos favorece al procesado y a la sociedad en general, ya que la persona investigada “no tiene el deber de esperar que el Estado, por medio del órgano persecutor, califique el mérito del sumario, sino también para la sociedad, que requiere el pronto señalamiento de los responsables o de los inocentes de los delitos que se investigan”.Casación 65576

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29. En segundo lugar, alegó la interpretación errónea del artículo 83 del Decreto 100 de 1980, replicada en el artículo 84 de la Ley 599 de 2000. Afirmó que, de acuerdo con esa norma, el término de prescripción de la acción de las conductas punibles de ejecución instantánea “comenzará a correr desde el día de su consumación”.

30. Señaló que, a pesar de lo dispuesto en esa norma, el Tribunal aplicó el criterio consolidado de esta Sala de que el término prescriptivo, en casos donde se hagan erogaciones periódicas, empieza a correr desde que se realiza el último pago producto del ilícito.

31. Por esa razón, solicitó la revisión de esa postura jurisprudencial, ya que, en su opinión, contraviene los fundamentos del derecho penal de acto. En palabras del censor: “si bien es cierto esta interpretación obedece a doctrina consolidada, considera la defensa que debe revisarse de cara a los

fundamentos del derecho penal de acto. En palabras del censor: “si bien es cierto esta interpretación obedece a doctrina consolidada, considera la defensa que debe revisarse de cara a los eventos aquí juzgados, pues en un derecho penal de acto como el que nos rige, solo se le puede castigar a alguien por lo que efectivamente ha hecho, y no por aquello que escapa de la esfera de su voluntad”.

32. También expresó que el Tribunal acertó en reconocer que el delito de peculado por apropiación no es de ejecución permanente, aunque sus efectos puedan extenderse en el tiempo.

Sin embargo, agregó que: “esta interpretación que toman las instancias amparadas en pacíficos criterios jurisprudenciales, no se corresponde ni con el querer del Legislador ni con el contenido del ya mencionado derecho penal de acto”.Casación 65576 CUI 11001310401620130007601

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33. Lo anterior porque esa postura torna “casi que en imprescriptible el delito”. Eso sin importar que la consumación del punible de peculado por apropiación se da con la incorporación del patrimonio público al patrimonio personal del servidor o de un tercero, lo que en este caso tuvo lugar entre “el 9 de octubre de 1995 y el 20 de febrero de 1996”. Además, la propia ley penal establece que el término máximo de prescripción de la acción penal en la fase de instrucción no puede exceder de 20 años, mientras que en el juzgamiento no puede superar los 10 años, salvo las excepciones contempladas en la ley.

ley penal establece que el término máximo de prescripción de la acción penal en la fase de instrucción no puede exceder de 20 años, mientras que en el juzgamiento no puede superar los 10 años, salvo las excepciones contempladas en la ley.

34. También señaló que la aplicación de ese precedente afectó los derechos y las garantías del acusado como es el principio de seguridad jurídica. En particular, porque este criterio jurisprudencial surgió con posterioridad a que el procesado suscribiera las referidas resoluciones y actas. Por ende, su aplicación atentaba contra las garantías fundamentales de su cliente, pues “el acusado debía tener claro cuál (era) no solo la consecuencia jurídica de su actuar antijurídico, sino también cual sería el término prescriptivo para el delito que le fue imputado y desde cuándo empezaba a correr” (sic).

35. Inclusive afirmó que escapaba a la responsabilidad de GARCÍA FAYAD que las resoluciones y actas que suscribió y que ordenaban pagos periódicos causaran efectos por varios años, ya que el Estado tardó en anularlos. Por esto el acusado “no podía hacer absolutamente nada para impedirlo, pues las mesadas pensionales y los efectos del delito en el tiempo se seguirían pagando, sin su voluntad y decisión, pues, el delito ya no le pertenecía”.Casación 65576

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pagando, sin su voluntad y decisión, pues, el delito ya no le pertenecía”.Casación 65576 CUI 11001310401620130007601

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36. Así las cosas, insistió en la necesidad de que la Sala realizara “una revisión al tema del inicio del término de prescripción en los delitos como el aquí investigado y, por ende la acción del acusado está ligada a ese momento procesal, y no a los efectos que en el tiempo ella haya podido producir”.

37. Finalmente, al explicar la trascendencia del vicio in procedendo denunciado, así como su imposible convalidación, el demandante cuestionó que su representado hubiera sido reconocido como servidor público de FONCOLPUERTOS. Afirmó que la sentencia de primera instancia «reconoce entre líneas que FERNANDO GARCÍA FAYAD no es servidor público», por lo que «mutó su participación a un determinador».

38. Por eso, insistió en que ninguno de los contratos de prestación de servicios que este suscribió con esa Entidad implicó la transferencia de funciones públicas. Todo lo contrario, las tareas asignadas a su defendido consistieron en emitir conceptos y resolver consultas en asuntos jurídicos, sin que eso implicara «una concesión, una administración delegada o la entrega de recurso(s) públicos para su manejo».

39. También afirmó que GARCÍA FAYAD fue condenado por ser

implicara «una concesión, una administración delegada o la entrega de recurso(s) públicos para su manejo».

39. También afirmó que GARCÍA FAYAD fue condenado por ser «determinador» en los hechos 1, 2, 3 y 6, en los que, además, actuó como «contratista», no como funcionario público. Por ende, esos hechos prescribieron con anterioridad a que la resolución de acusación quedara en firme.

40. Eso sumado a que los hechos 1 y 2, esto es, las resoluciones n.° 261 del 8 de febrero de 1996 y 07 del 7 de febrero de 1996, «no ordenaron pagos posteriores como lo reconoce el ad quem». En consecuencia, trascurrieron «20 años, 11 meses desde laCasación 65576

CUI 11001310401620130007601 FERNANDO GARCÍA FAYAD Página 12 de 37 consumación de la conducta hasta que cobró ejecutoria la resolución de acusación…». Por ende, aseguró que, para esa fecha, «el Estado habia perdido la potestad de investigar y juzgar

a FERNANDO GARCÍA FAYAD».

41. Insistió en que en el análisis de los hechos 3 y 6, el Tribunal aplicó el criterio fijado por esta Corporación de que el término prescriptivo solo empezó a operar desde el pago de la última mesada pensional. Sin embargo, consideró, como ya se dijo antes, que esa postura jurisprudencial debía ser depuesta.

42. Recaba en que el incremento de la 1/3 parte en el término

mesada pensional. Sin embargo, consideró, como ya se dijo antes, que esa postura jurisprudencial debía ser depuesta.

42. Recaba en que el incremento de la 1/3 parte en el término prescriptivo que ambas instancias hicieron respecto de la acción penal por las conductas relativas a los hechos 4 y 5, atendiendo que en estos eventos el procesado actuó como autor, es erróneo, pues, como se explicó antes, «no puede superar de ninguna manera el término máximo señalado en la Ley, esto es 20 años en la etapa de instrucción, más aún cuando las excepciones están expresamente señaladas en la norma sustantiva».

43. Por todas estas razones, el censor solicitó decretar la prescripción de la acción penal en cada uno de los eventos en los que se fundó la condena contra su representado.

Cargo segundo (secundario)

44. El censor direccionó el segundo cargo casacional bajo el numeral 1.° del art. 207 de la Ley 600 de 2000 por la aplicación indebida del inciso 1.° del artículo 31 de la Ley 599 de 2000 y la correspondiente falta de aplicación del parágrafo de esa misma norma.Casación 65576

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45. Aseguró que a GARCÍA FAYAD le fue impuesta una sanción punitiva «muy superior a la que en equidad y justicia le correspondía por los cargos que le convocaron a juicio». Eso debido a que una y otra instancia erraron en aplicar en este caso un concurso homogéneo y sucesivo de peculados por apropiación

correspondía por los cargos que le convocaron a juicio». Eso debido a que una y otra instancia erraron en aplicar en este caso un concurso homogéneo y sucesivo de peculados por apropiación agravados. Lo correcto, en este caso, según el censor, era reconocer un «delito continuado».

46. Lo anterior porque, de acuerdo con la valoración que ambas instancias dieron a los hechos y a las pruebas, no se está ante un concurso material de conductas, sino ante un «claro plan preconcebido para defraudar las arcas» de FONCOLPUERTOS «en un determinado espacio de tiempo y con idéntico modus operandi».

47. Es más, refirió que en este caso se cumplían con todos los elementos que la jurisprudencia de la Sala ha señalado para la configuración de este tipo de delitos, pues en ambos fallos se concluyó lo siguiente: «i) existió un plan preconcebido para apropiarse de los recursos del Estado; ii) se adelantaron múltiples acciones encaminadas a lograrlo; y, iii) se afectó un único bien jurídico, pese a lo cual, al momento de tasar la pena, ésta se impuso en la modalidad de concurso homogéneo». Para lo cual no tuvo importancia el elemento temporal en la comisión de las conductas, pues lo esencial «es desentrañar el sentido creativo y teleológico del plan».

48. Adicionalmente, aseveró que, como, en realidad se estaba ante un delito de carácter continuado, el juez de instancia erró al

creativo y teleológico del plan».

48. Adicionalmente, aseveró que, como, en realidad se estaba ante un delito de carácter continuado, el juez de instancia erró al imponerle 94 meses de prisión por el delito base y aumentar esa pena «en otro tanto» hasta los 188 meses de prisión, por el concurso homogéneo de las conductas. Sin embargo, en atenciónCasación 65576

CUI 11001310401620130007601 FERNANDO GARCÍA FAYAD Página 14 de 37 a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, solo procedía aumentar la pena del delito base en una tercera parte «para dejar finalmente la sanción penal en ciento veinticinco (125) meses, diez (10) días de prisión».

49. Así las cosas, solicitó casar el fallo del Tribunal y, en su lugar, dictar uno de reemplazo en el que «se imponga la sanción que en legalidad» corresponda.

Cargo tercero (subsidiario)

50. El demandante fundamentó su cargo «en el numeral 1.° del artículo 181 del CPP». Denunció que el ad quem interpretó erróneamente los artículos 31, 46, 52 y 61.3 de la Ley 599 de

2000. Eso llevó a que al procesado se le impusieran «unas sanciones penales muy superiores a las que en legalidad le correspondían por los cargos que le convocaron a juicio».

Concretamente, en lo que atañe a la pena de prisión y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de la profesión de abogado.

51. Alegó que las instancias:

Concretamente, en lo que atañe a la pena de prisión y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de la profesión de abogado.

51. Alegó que las instancias: i) no tuvieron en cuenta lo prescrito en el numeral 1.° del artículo 63 de la Ley 599 de 2000 que obliga al juzgador a individualizar la pena «una vez ubicado el cuarto correspondiente»; ii) desconocieron los principios y las funciones que ha de cumplir la pena, e iii) incurrieron en un error aritmético que trascendió cuando se impuso la pena accesoria.Casación 65576

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52. En efecto, para aumentar la pena se tomaron elementos propios de la estructura típica de la conducta y del bien jurídico tutelado. En otras palabras, el incremento de la pena se fundamentó en «obviedades» como: la afectación al bien jurídico de la administración pública, así como al erario público. También la calidad en la que obró el procesado (servidor público), el hecho de que fueron varios los peculados cometidos por esa persona y a la cuantía total de la defraudación causada al Estado.

53. En suma, alegó que «el proceso de dosificación está indebidamente motivado». Por ende, debía redosificarse la pena dentro del límite inferior del primer cuarto de movilidad, es decir, 72 meses de prisión.

54. En lo que atañe a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho, indicó que estuvo bien aplicar el Decreto

dentro del límite inferior del primer cuarto de movilidad, es decir, 72 meses de prisión.

54. En lo que atañe a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho, indicó que estuvo bien aplicar el Decreto 100 de 1980 por ser la ley más favorable, la cual contempla una sanción de «hasta cinco (5) años». Sin embargo, el a quo incurrió en un error «lógico y aritmético», pues a pesar de que el fallador de primer grado se ubicó dentro del cuarto mínimo y aplicó un incremento del 48%, lo que le dio como resultado «215, 88 días», lo ajustó en «17 meses y 29 días». No obstante, esos «215 días equivalen solo a 7 meses 9 días de inhabilitación».

55. Igualmente, erró al incrementar esa pena accesoria, ya que esta solo se impuso por dos hechos que llevaron a la condena de GARCÍA FAYAD (hechos 4 y 5), no por los demás casos que devinieron en el concurso de conductas. Por eso, la inhabilidad «no podía ser superior a 14 meses y 18 días».

56. En consecuencia, solicitó casar parcialmente el fallo impugnado y dictar uno de reemplazo en el que «se impogna(n)Casación 65576

CUI 11001310401620130007601 FERNANDO GARCÍA FAYAD Página 16 de 37 las sanciones penales que en legalidad le corresponden a

FERNANDO GARCÍA FAYAD…» (sic).

CNSIDERACIONES DE LA CORTE

57. Antes de resolver si los cargos propuestos cumplen o no con los requisitos que la ley y la jurisprudencia exige para su

FERNANDO GARCÍA FAYAD…» (sic).

CNSIDERACIONES DE LA CORTE

57. Antes de resolver si los cargos propuestos cumplen o no con los requisitos que la ley y la jurisprudencia exige para su admisión, la Sala se pronunciará sobre las características generales del recurso extraordinario de casación. También sobre los requisitos que deben cumplirse cuando el casacionista alega la nulidad de la actuación o la interpretación errónea de una norma sustancial.

Características generales del recurso extraordinario de casación

58. La casación es un recurso extraordinario por medio del cual el interesado puede controvertir ante esta Corporación los fallos de segunda instancia, siempre que en estos se adviertan errores de juzgamiento o procedimiento determinantes de su ilegalidad.

59. Se trata, entonces, de un mecanismo de impugnación reglado, sometido a las precisas pautas de técnica y debida fundamentación desarrolladas por la jurisprudencia de la Sala. No constituye una herramienta para prolongar debates propios de las instancias o para cuestionar el criterio