CSJ - SP887-2022(58286)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP887-2022 Radicación 58286 Aprobado según Acta Nº 066 Bogotá, D.C, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022). ASUNTO La Sala decide la impugnación especial presentada por la defensa de Felipe Casseres Cañate contra el fallo condenatorio proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena que, revocó la absolución dictada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad y, en consecuencia, lo declaró responsable del delito de fraude procesal. Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate HECHOS La señora Ángela Rosa Olascuaga Navarro, a través de su apoderado Felipe Casseres Cañate, promovió demanda de pertenencia, respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 060133290, en contra de quienes aparecían como sus propietarios, estos son: Santos Olascuaga Triviño, José Olascuaga Triviño y Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga. Una primera demanda fue radicada el 26 de abril de 2007, la cual correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, donde los herederos de Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga advirtieron, mediante excepción previa, que dicho demandado había fallecido en 1991. La petición fue resuelta en favor de los intervinientes y conforme a ello, se rechazó la demanda por inexistencia de la parte

demandada. Seguidamente, el 9 de diciembre de 2008, la misma demandante, Ángela Rosa Olascuaga Navarro y su apoderado, Felipe Casseres Cañate, radicaron la demanda por segunda vez, la cual fue asignada al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, bajo el radicado número 2008-617. Este proceso de pertenencia finalizó con sentencia del 7 de junio de 2011, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda ante la falta de oposición de la parte demandada. 2 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate Mediante denuncia penal1 se señaló que la demandante, señora Ángela Rosa Olascuaga Navarro y su apoderado Felipe Casseres Cañate, sabían que todos los demandados: Santos Olascuaga Triviño, Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga y José Olascuaga Triviño, eran personas fallecidas, razón por la cual era obligatorio convocar al proceso a los herederos conocidos y con nombre propio, tal y como se había advertido en el auto que rechazó la primera demanda. Así, ante el silencio de la parte demandante y su apoderado de no convocar de manera directa a los herederos, estos no pudieron ejercer su defensa e intervenir directamente en la actuación, pues fueron representados por curador ad litem. Naturalmente, esta omisión conllevó a que se surtiera el trámite a espaldas de los interesados, con la finalidad de obtener una sentencia de pertenencia favorable a sus pretensiones. Esta forma de proceder la califican como actos

fraudulentos que llevaron a cabo, Ángela Rosa y su apoderado. Finalmente, expone el denunciante que los herederos llegaron a conocer la existencia de la decisión judicial adversa a sus intereses, cuando, el 10 de diciembre de 2013, acudieron a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 1 Interpuesta por el señor Felipe Segundo Rodríguez Álvarez, en calidad de víctima, como hijo de Rodolfo Rafael Rodríguez Díaz, hijo ya fallecido de Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga. 3 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate a pedir el certificado de libertad y tradición para adelantar los trámites propios de la sucesión y se llevaron la sorpresa que la señora Ángela Rosa Olascuaga Navarro era la actual y única dueña del inmueble. ACTUACIÓN PROCESAL 1.- El 28 de julio de 2016, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, la Fiscalía Primera Seccional de Cartagena formuló imputación a Felipe Casseres Cañate y a Ángela Rosa Olascugua Navarro, por el delito de fraude procesal tipificado en el artículo 453 del C.P. 2.- El 20 de octubre de 2016, la Fiscalía Primera Seccional de Cartagena radicó escrito de acusación, que fue asignado al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad. La acusación se formalizó en audiencia celebrada el 05 de mayo de 2017. 3.- Durante los días 10 de octubre de 2017 y 25 de abril

de 2018 se llevó a cabo la audiencia preparatoria. El juicio oral tuvo lugar en sesiones del 24 de octubre y 13 de noviembre de

2018. En sesión del 12 de febrero de 2019 se presentaron los alegatos de conclusión y se emitió sentido de fallo absolutorio en favor de Ángela Olascugua Navarro y Felipe Casseres Cañate, decisión que fue adoptada en sentencia del 12 de marzo de 2019.

4 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate Para el juzgado de primera instancia, el Fiscal delegado incumplió su carga de acreditar la existencia de una maniobra engañosa, en virtud de que, por su falta de manejo de las técnicas de juicio oral, omitió incorporar elementos procesales trascendentales para corroborar que no se enlistó a los herederos determinados del demandado Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga. Por lo tanto, a su juicio, no se acreditó la comisión delictual endilgada.

4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en sentencia de 18 de diciembre de 2019, leída en audiencia del 17 de febrero de 2020, al resolver la apelación presentada por la representante de la víctima, confirmó la

absolución de Ángela Olascuaga Navarro. No obstante, revocó el fallo absolutorio dictado a Felipe Casseres Cañate, para, en su lugar, condenarlo como autor del delito de fraude procesal, imponiéndole las penas principales de 78 meses de prisión y multa de 270 salarios mínimos legales

mensuales vigentes y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 63 meses. El Ad quem negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y concedió el beneficio de prisión domiciliaria. 5.- Advertidas las partes de la procedencia de la impugnación especial para garantizar la doble conformidad judicial en los términos consagrados en el acto Legislativo 01 de 5 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate 2018 y conforme a las reglas trazadas por esta Sala en AP12632019 Rad. 54215, el defensor de Felipe Casseres Cañate, interpuso y sustentó la impugnación especial. LA SENTENCIA IMPUGNADA La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, luego de explicar la naturaleza y alcance del concepto de maniobra engañosa en el delito de fraude procesal, determinó que en el presente caso podía extraerse, sin ninguna dificultad, la responsabilidad penal que le asiste al abogado Felipe Casseres Cañate. En primer lugar, refirió que la parte demandante, dentro del proceso de prescripción adquisitiva de dominio tiene el deber de señalar el nombre de las personas que conozca y contra las cuales debe dirigirse la demanda de pertenencia y, el no hacerlo, como aconteció en el presente caso, constituye una maniobra engañosa desde el punto de vista objetivo. Si bien en el particular caso, la Fiscalía no cumplió con la carga de incorporar el completo texto de la segunda demanda, en la que se corrobora la omisión de detallar el nombre de los

herederos conocidos, ello puede superarse con una valoración integral de todas las pruebas recaudadas en el juicio. Así, luego de señalar que el Código de Procedimiento Penal no establecía una tarifa legal para acreditar la responsabilidad penal, enfatizó en que el a quo pasó por alto analizar la 6 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate declaración del procesado Casseres Cañate, en la que justifica y explica las razones por las cuales no cumplió con la obligación de reseñar a los herederos conocidos contra quienes debía dirigirse la demanda de pertenencia. En opinión del Tribunal, de las declaraciones del juicio se puede conocer que el apoderado de la demandante tenía pleno conocimiento del nombre de los herederos del señor Rafael Rodríguez Olascuaga, pues en la primera demanda, estos sucesores habían hecho explícito su interés de oponerse a las pretensiones de la señora Rosa Ángela Olascuaga Navarro, hasta el extremo de haber logrado su rechazo inicial, por indebida integración del contradictorio. Pese a lo anterior, decidió dirigir una nueva acción contra “herederos indeterminados” sin individualizarlos, es decir, con evidente incumplimiento de su obligación de dotar de información veraz y completa, teniéndola a su alcance. Agrega el a quem, que no es lo mismo dirigir una demanda contra “herederos del demandado” de manera indeterminada, que fijar en el libelo los nombres de aquellos, pues en este caso se procura la notificación personal de estos y la posibilidad de designar apoderado de confianza para que

los represente, mientras que, en la primera hipótesis, la notificación es por edicto, la cual no asegura el propósito de enterar a los demandados de la existencia de la actuación en su contra, y terminan siendo representados por un curador ad litem, como en efecto ocurrió. 7 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate Para el Tribunal, resulta claro que el propósito era discurrir el proceso de pertenencia por una senda menos traumática a la parte demandante, pero por medio de la desfiguración de la verdad, esto es, no especificar los herederos a quienes se debía dirigir de manera directa la demanda. Esta omisión, desde la perspectiva penal, conlleva la inducción en error al funcionario, propia de la conducta de fraude procesal. No cabe duda que esa distorsión de la realidad constituyó un ardid a través del cual el apoderado de la demandante para provocar que no se llamara o convocara a la parte demandada, como si se tratara de un caso en que ellos no se conocieran, ello con la finalidad engañosa de evitar una oposición a sus pretensiones. De manera que, en virtud del principio de libertad probatoria que caracteriza al proceso penal, el a quem encontró acreditada la responsabilidad penal que le asiste al abogado Felipe Casseres Cañate quien, pese a la formación profesional en el área civil que se precia tener, como lo aseguró en su declaración, se guardó para sí una información trascendental para el debido tramite del proceso, con el único propósito de engañar al juez y provocar la sentencia que declaró la

pertenencia en favor de la demandante. Con fundamento en lo anterior, condenó al procesado a 78 meses de prisión, multa equivalente a 270 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de 8 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate derechos y funciones públicas por el término de 63 meses. Al tiempo le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y le concedió la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión. Así mismo, a título de restablecimiento del derecho, ordenó la cancelación de la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria No 060133290 del registro de la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, el 7 de junio de 2011. Por otro lado, en relación con la procesada Rosa Ángela Olascuaga Navarro, el Tribunal Superior confirmó la absolución de primera instancia, al considerar que no obraba ninguna prueba que indicara que hubiere convenido con el abogado Casseres Cañate una estrategia jurídica encaminada a engañar a la administración de justicia, por lo tanto, ninguna responsabilidad penal le era atribuible en la actuación judicial examinada. Aunado a ello, se trataba de un asunto de puro derecho en el que, por su falta de instrucción, dejó bajo la responsabilidad de su apoderado la tarea de elaborar y presentar la respectiva demanda de pertenencia.

ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE

1. Para el recurrente, la demandante civil no tenía la

obligación legal de llamar o dirigir la demanda de manera 9 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate concreta, en contra de los herederos conocidos del copropietario Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga. En primer lugar, alude a que ninguna duda existe en relación con que la señora Ángela Rosa Olascuaga Navarro tiene el derecho para reclamar para sí el inmueble a través de proceso de pertenencia, luego, estaba plenamente legitimada y habilitada para promover dicha acción. A partir de esta prerrogativa legal2, resulta natural que la demandante “desconoce por completo la existencia de otros derechos”, pues “quiere a través de la prescripción adquirir el bien como suyo, no los reconoce, los descarta y los niega y por ende no puede llamar a nadie.” Recalca en que, el legislador nunca contempló la posibilidad de citar a los herederos determinados, porque ello introduciría una contradicción, como quiera que el demandante de la pertenencia desconoce otros derechos u otras personas, incluso, los inscritos. Así mismo, a juicio del impugnante, el Tribunal Superior de Cartagena se equivocó al examinar el marco normativo que regula el proceso civil de prescripción adquisitiva de dominio, el cual, si es revisado con detenimiento, indica que el abogado Casseres Cañate no cometió ninguna irregularidad que merezca el reproche penal. 2 Consagrada en el artículo 2513 y siguientes del Código Civil. 10 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301

Impugnación especial Felipe Casseres Cañate Sobre este punto, resalta que la norma aplicable al caso recae, exclusivamente, en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, que en su contenido literal no impone la obligación de citar a los sucesores o herederos. Por el contrario, simplemente, exige que se convoquen a las personas que aparezcan registradas en el título de dominio, tal y como en efecto se llevó a cabo en el presente caso, cuando la demanda se dirigió de manera concreta en contra de Santos Olascuaga Triviño, Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga y José Olascuaga Triviño. Así, mal podría el juzgador penal exigir un requisito que no contempla de manera precisa el ordenamiento jurídico, específicamente, la norma que regula el proceso de pertenencia. De manera específica, el numeral 5º artículo 407 C. de

P. C. no prevé la citación reprochada, sino “el emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien, por medio de edicto” mediante tres requisitos i) fijación por 20 días en el despacho judicial, ii) publicación en dos oportunidades en un diario de amplia circulación y iii) en una radiodifusora del lugar.

Todas las anteriores comunicaciones se realizaron, por lo que no resulta exigible llevar a cabo una actuación diferente, tal y como lo reprocha el Tribunal Superior de Cartagena. 11 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate Entonces, al haber cumplido la notificación en tales términos no queda otra conclusión diferente a que el proceso

de pertenencia no se hizo a espaldas del denunciante, ni desconociendo los preceptos legales, pues lo cierto es que se cumplió con el principio de la publicidad y los interesados contaban con la posibilidad de intervenir en el proceso una vez enterados por los medios antes descritos.

2. Como segundo cargo, el defensor alega que no se recaudó prueba que demostrara el conocimiento que tenía Felipe Casseres Cañate del nombre de los herederos determinados a quienes debía dirigir la demanda de pertenencia, pues tal y como lo expuso el juez de primera instancia, la Fiscalía no incorporó los documentos al momento de practicar las pruebas testimoniales.

Bajo la anterior óptica, en el juicio penal no se conoció la identidad de los herederos que debía citar el abogado en la demanda, o siquiera el trámite de excepciones previas del que supuestamente podía extraer dicha información. Así, ante la notoria omisión probatoria de la Fiscalía, yerra el Tribunal al suponer erróneamente que el acusado tenía conocimiento de los herederos de Rafael Ángel Rodríguez Olacuaga. De hecho, alude el recurrente que «las excepciones se presentaron no por la existencia de unos herederos sino por el fallecimiento de uno de los demandados que es cosa distinta.» 12 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate Al igual, un análisis integral del testimonio de Felipe Casseres Cañate permite entender que éste nunca reconoció que sabía los nombres de los herederos de Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga. Así mismo, este conocimiento tampoco

puede extraerse del trámite de excepciones previas, el cual se fundamentó en la muerte de un demandado, y no, como equivocadamente lo entiende el Tribunal, en la concurrencia de sus determinados herederos. Al advertir las anteriores equivocaciones en las que incurrió el Tribunal Superior de Cartagena, solicita el defensor se revoque la condena impuesta a Felipe Casseres Cañate. NO IMPUGNANTES Los no recurrentes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1.- Competencia. De conformidad con lo señalado en el artículo 3º numeral 2º del Acto Legislativo 01 de 2018, corresponde a esta Sala resolver la impugnación especial presentada contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que condenó por primera vez en esa instancia a Felipe Casseres Cañate, por el delito de fraude procesal, al desatar el recurso de apelación instado 13 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate por el representante de las víctimas, contra la decisión absolutoria del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad. 2.- La Corte procederá a resolver la impugnación del defensor toda vez que se cumplieron las reglas trazadas por esta Sala en AP1263-2019 de 3 de abril de 2019, para hacer efectiva la garantía de la doble conformidad mientras se establece a través del Congreso de la República la respectiva reglamentación del Acto Legislativo 01 de 2018.

De este modo, se habrá de decidir la impugnación con apego a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 906 de 2004, respetando el principio de la «no reformatio in peius», que lo ampara aún, ante la doble conformidad por tratarse de único impugnante. 3.- Los elementos del tipo penal de fraude procesal. Señala el artículo 453 del Código Penal que, “El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.” A su turno, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que el punible de fraude procesal es un delito pluriofensivo y de mera conducta, para 14 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate cuya concreción se requiere: i) el uso de un medio fraudulento; ii) la inducción en error a un servidor público a través del mismo; iii) que exista el propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, y iv) que el medio fraudulento usado tenga la capacidad de inducir en error al servidor público3. En virtud de lo anterior, la misma Sala ha puntualizado que, por la naturaleza del delito, se ha establecido que la mentira suele ser el medio idóneo y recurrente para su

comisión, ya que “el propósito buscado por el sujeto activo es cambiar, alterar o variar la verdad ontológica con el fin de acreditar ante el proceso que adelante el servidor público una verdad distinta a la real, que con la expedición de la sentencia, acto o resolución adquirirá una verdad judicial o administrativa”. (CSJ SP, 18 jun. 2008, rad. 28562). En este punto, válido resulta insistir que, al ser un delito de mera conducta, no es necesario que el sujeto activo del punible alcance el resultado que se ha propuesto con su fraude, ya que la conducta se agota con la simple inducción al error del servidor público. Así mismo, oportuno resulta traer a cita lo señalado por la Sala en providencia AP3108-2020, cuando al abordar el estudio sobre un caso de fraude procesal, por la falta de debida citación de la parte demandada, señaló: 3 Sobre el particular, consultar CSJ SP2529-2021; CSJ SP7755–2014; y CSJ SP7740– 2016, entre muchas otras. 15 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate La verdad en el ejercicio de actuaciones procesales, es perfectamente discernible bajo el entendido que debe existir plena conformidad entre los postulados de una demanda y la realidad en que se afianzan; no es por supuesto una aspiración metafísica, sino que las declaraciones de las partes siempre deben estar exentas de temeridad y malicia, de donde no le es dable al sujeto afirmar hechos falsos como fundamento de sus pretensiones, pues hacerlo no solamente conlleva el desconocimiento de principios de

lealtad, buena fe y abuso del derecho de litigio (art. 78 Código General del Proceso) sino eventualmente consecuencias en los ámbitos disciplinario y penal, máxime cuando dicho ordenamiento ha prevenido en su art. 79: “Temeridad o mala fe Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: “1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad”, o “3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos”. Por tanto, las partes deben obrar con probidad y buena fe al momento de exponer los hechos de una demanda y no decir a sabiendas cosas que la contraríen, esto es, no valerse de conductas dolosas encaminadas hacia lo falso u orientadas a disimular lo verdadero, toda vez que esta es la única forma de lograr que los procesos culminen con una decisión justa y que la misma represente una verdad jurídicamente objetiva. […] Aun cuando es cierto que las normas procesales han contemplado el mecanismo general de emplazamiento a eventuales titulares de derechos reales y designación de un curador, según lo señalado, teniendo el deber jurídico de decir la verdad o de presentar la totalidad de hechos que le sirven de sustento a sus pretensiones en forma veraz, se somete a engaño al juez civil, cuando quiera que bajo la gravedad del juramento se afirma desconocer la dirección domiciliaria de la demandada, restringiendo de tal forma

el ejercicio del contradictorio y fijando a través de este ardid un decurso de la actuación procesal sin posibilidad alguna de desvirtuar los hechos vinculantes de pretensiones que pudieran ser contrarios a la realidad. Quien por la maniobra referida es vinculado a una relación jurídico procesal, previo emplazamiento, a través de la designación de un curador, está en absoluta imposibilidad de desvirtuar la buena fe de quien se reputa poseedor del bien objeto de usucapión; tampoco está en oportunidad de controvertir que la posesión aducida lo fuera continua e ininterrumpida y mucho menos debatir que quien se reputa poseedor realmente le asista derecho alguno; es decir, 16 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate que al demandado se le impide oponerse a las pretensiones aducidas. Se asaltan de este modo los derechos del propietario del inmueble cuando quiera que conociéndose la dirección de su domicilio, es información que se oculta al juez bajo juramento.” De allí que, desde una perspectiva valorativa del tipo objetivo, sea exigible indicar la verdad respecto de si se conoce o no a la parte demandada, y propender por su verdadera ubicación, pues un conocimiento mendaz al respecto puede provocar en el funcionario judicial una insuficiente diligencia para trabar adecuadamente el contradictorio y en el demandado la absoluta restricción de sus mecanismos defensivos.

4. Caso concreto.

A juicio de la Fiscalía el abogado Felipe Casseres Cañate incurrió en el delito de fraude procesal, en tanto que promovió una demanda de pertenencia omitiendo la

convocatoria de los herederos del demandado y fallecido, Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga, ello con la finalidad de sacar avente y sin tropiezos el reconocimiento del derecho de dominio que pretendía en favor de la demandante Ángela Rosa Olascuaga Navarro. Detalló que el profesional del derecho conoció la existencia y los nombres de los herederos determinados del copropietario Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga y la vocación que ellos tenían de oponerse a las pretensiones de la acción civil, pues previamente al interior del trámite de la primera demanda que radicó el abogado Casseres Cañate, tuvo 17 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate noticia de su existencia, al punto que fue rechazada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, ante la formulación de la excepción previa de inexistencia del demandado que promovieron los sucesores. Así, a pesar de conocer el nombre de las personas que debía convocar a juicio, inició una segunda demanda sin incluirlos, la cual, ante la falta de oposición, se resolvió en favor de la parte demandante. Con el fin de demostrar su teoría del caso, el delegado del Ente Acusador ofreció los testimonios de los señores Felipe Segundo Rodríguez Álvarez y Rodrigo Caballero Cuesta, quienes adujeron ser familiares de los titulares del derecho real de dominio del predio a usucapir, el primero, nieto de Rafael Ángel Rodríguez Olascuaga y el segundo nieto

de Santos Olascuaga Triviño. Estos testigos, en síntesis, señalaron que se vieron sorprendidos por el trámite, a escondidas, que realizó la demandante Ángela Rosa Olascuaga, para adjudicarse el inmueble de sus abuelos, al tiempo que consideran que ella no reunía los requisitos para usucapir el inmueble. Así mismo, convocó al técnico investigador de la Fiscalía, Álvaro José Barrios Acosta, quien declaró sobre las piezas procesales de los procesos de pertenencia promovidos por el abogado Felipe Casseres Cañate, documentos que fueron expuestos y verbalizados por el citado investigador y 18 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate sometidos a contradicción, a pesar de que los mismos no se entregaron para que obraran en el presente plenario. Por último, el procesado Casseres Cañate renunció a su derecho a guardar silencio y, conforme a ello, brindó las explicaciones que consideró pertinentes en relación con el trámite judicial que le fue encomendado por Ángela Rosa Olascuaga Navarro, para reclamar la pertenencia del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 060133290. Del análisis integral de las pruebas obrantes en la actuación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena decidió revocar la absolución de primera instancia para, en su lugar, condenar a Felipe Casseres Cañate como autor del delito de fraude procesal. Consideró la Corporación de segunda instancia que lo expuesto en juicio permitía corroborar la existencia de

maniobras fraudulentas -no convocar debidamente a la parte demandadapara inducir en error al funcionario judicial y obtener una sentencia favorable a sus pretensiones procesales. Por su parte, la defensa al controvertir la anterior decisión, centra sus argumentos impugnatorios en dos temáticas; la primera, en señalar que la normativa procesal no exige la convocatoria a los herederos al proceso declarativo de prescripción adquisitiva de dominio. La 19 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate segunda, en que en el presente asunto no quedó probado que el abogado Felipe Casseres Cañate conocía de la existencia de herederos determinados en el proceso de pertenencia objeto de cuestionamiento penal. Así, la Sala se ocupará de examinar los reparos que eleva la parte recurrente en el mismo orden en que fueron planteados. 4. 1. La convocatoria de los herederos conocidos al proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio. Lo primero que debe señalarse es que teniendo en cuenta que los hechos denunciados ocurrieron el 9 de diciembre de 20084, momento en que se radicó la demanda de pertenencia, e incluso, el trámite cuestionado se extendió hasta el 8 de junio de 20115, la normativa procesal aplicable al juicio de pertenecía examinado corresponde al Código de Procedimiento Civil6. La defensa de Felipe Casseres Cañate insiste en que no era necesario llamar a los herederos determinados, al

sostener, que el artículo 407 del Código de Procedimiento 4 Fecha en que se radicó la segunda demanda de pertenencia, por parte del abogado Felipe Casseres Cañate. Declaración de Álvaro José Barrios Acosta a récord 01:00:03 de la audiencia del 13 de noviembre de 2018. 5 Momento en que quedó ejecutoriada la sentencia que accedió a la declaración de pertenencia. Según lo detalla el investigador Álvaro José Barrios Acosta a récord 01:06:15 de la audiencia del 13 de noviembre de 2018 6 Teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2016, entró a regir el Código General del Proceso, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 20 Radicado 58286 CUI 13001600112820140288301 Impugnación especial Felipe Casseres Cañate Civil no lo exige; a partir de ello, estima que éste no contrarió ninguna norma procesal, luego, mal podría cuestionarse su actuación profesional como apoderado. La referida norma procedimental, en la que el recurrente fundamenta su postura, consagra que: «ARTÍCULO 407. DECLARACION DE PERTENENCIA. En las demandas sobre declaración de pertenencia se aplicarán las siguientes reglas:

1. La declaración de pertenencia podrá ser pedida por todo aquél que pretenda haber adquirido el bien por presc