CSJ - SP903-2024(65376)

Y y República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente SP903-2024 Radicado n.” 65376

CUI: 11001600009220160021103

Aprobado acta n.” 093 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro.(2024)

I. OBJETO DE LA DECISION La Sala resuelve los recursos de apelacion interpuestos por el ministerio público y por la defensa técnica y material del ex Juez 6° Civil del Circuito de Bogotá, REINALDO HUERTAS, en contra de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante la cual lo condenó por los delitos de cohecho impropio, utilización ilícita de redes de Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado. IL. HECHOS 1.- En agosto de 2015 la compañía multinacional coreana HYUNDAI MOTOR COMPANY decidió retirar el derecho de distribución exclusivo de sus vehículos en Colombia a la empresa nacional HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ, cuyo mayor accionista era el empresario CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO, a quien le comunicaron esa determinación. 2.- CARLOS JOSE MATTOS BARRERO conformó un jequipo jurídico con el fin de interponer acciones” judiciales. Adicionalmente, en octubre de-ese año contactó a DAGOBERTO

RODRIGUEZ NINO, oficial mayor del Juzgado 6° Civil del Circuito-de Bogotá, y por su intermedio al juez REINALDO HUERTAS, titular de ese despacho, para que lo beneficiaran en una demanda verbal de mayor cuantía que interpondría en contra de HYUNDAI MOTOR COMPANY. 3.- Tiempo después se reunieron el empresario, su abogado Luis DAVID DURÁN ACUÑA, el oficial mayor DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO y el juez REINALDO HUERTAS. Allí, CARLOS JOSE MATTOS BARRERO pactó con el funcionario judicial la suma de $700°000.000 como pago por proferir y mantener en el tiempo una medida cautelar prohibiendo a la compañía coreana negociar sus productos con personas jurídicas distintas a HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ. Luego de ese acuerdo inicial se convino el pago de otros montos y de una Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS «prima de éxito». El encargado de entregar los dineros fue LUIS DAVID DURÁN ACUÑA. 4.- Con el fin de manipular el sistema de reparto y que la demanda fuera asignada al Juzgado 6” Civil del Circuito de Bogota, REINALDO HUERTAS le indicó a DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO que contactara a EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA, quien había sido empleado de su despacho y quien tenía contactos con empleados de soporte técnico. Este último vinculó al plan criminal a RAMÓN ORLANDO RAMÍREZ

FUENTES, ingeniero jefe de sistemas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -DESAJ-. 5.- El ingeniero RAMÓN ORLANDO RAMIREZ FUENTES dio instrucciones a sus empleados) EDWIN ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ y WILMER ANDREY PATIÑO RODRÍGUEZ para manipular el reparto; labora la que sumaron al ingeniero CARLOS ARTURO LOPEZ LARA, quien capacitó a WILMER ANDREY PATIÑO RODRIGUEZ sobre el manejo del sistema y el borrado de evidencia. También vincularon a WILMAR ANDREY CASAS MENDOZA, auxiliar administrativo de la DESAJ, quien aportó su usuario «wceasaam» y su clave de acceso. 6.- En febrero de 2016 se hizo un primer intento de reparto dirigido, el cual falló ya que el proceso fue asignado a otro despacho judicial y tuvo que retirarse la demanda. Pero el 29 de ese mismo mes y año, EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA, exempleado de REINALDO HUERTAS, radicó la demanda verbal de mayor cuantía en contra de HYUNDAI MOTOR COMPANY, la cual fue direccionada al Juzgado 6° Civil del Circuito de Bogota bajo el radicado n. 110013103006201600069-00. Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS 7.- Este reparto fue manipulado de manera remota por WILMER ANDREY PATIÑO RODRIGUEZ, desde un computador portátil al que denominaron «VENTANLLAO9» con el que

accedió a las redes de comunicaciones de la DESAJ y al sistema de reparto de la Rama Judicial. Su labor consistió en modificar la base de datos «SARJ» Sistema de Administración Reparto Judicial-, concretar el reparto deseado y luego eliminar los registros de esas actuaciones irregulares la memoria del sistema «BITÁCORA». 8.- Aunque la demanda verbal de mayor cuantía de HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ en contra de HYUNDAL MOTOR COMPANY fue radicada el 29 de febrero de.2016,,solo ingresó al despacho hasta finales de marzo de ese año cuando se levantó un cese de actividades de la Rama Judicial que inició en octubre 2015: En consecuencia, el 6 de abril de 2016, el juez REINALDO HUERTAS decretó la medida cautelar que había sido pactada. 9.- Por el compromiso de decretar la medida cautelar, por haberla decretado y por mantenerla en el tiempo, el funcionario judicial recibió, desde diciembre de 2015 y durante el año 2016, entre $1.000 a $1.200 millones de pesos aproximadamente.

II. ANTECEDENTES PROCESALES 10.- El 7 de junio de 2018, ante el Juzgado 39 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura y formulación de imputación en contra de REINALDO HUERTAS,

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REINALDO HUERTAS por los delitos de cohecho impropio, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema

informático agravado y daño informático agravado. 11.- Durante ese día y el siguiente se adelantó la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, en la que se dispuso la privación de la libertad del procesado en establecimiento carcelario (el 6 de septiembre de 2019 recobró su libertad por vencimiento de términos). 12.- El 3 de octubre de 2018 la fiscalía radicó escrito de acusación y el 2 de noviembre siguiente se, adelantó la audiencia de formulación de acusación-en contra de REINALDO HUERTAS, en los: siguientes términos: (i) Cohecho impropio (a título de autor): por aceptar promesa remuneratoria luego de ser contactado por el empresario CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO, el abogado Luis DAVID DURÁN ACUÑA y el oficial mayor DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO, y recibir de 1.000 a 1.200 millones de pesos para realizar actos propios de su cargo como juez de la República. fi) Utilización ilícita de redes de comunicaciones (a título de determinador): por el uso ilícito que hizo WILMER ANDREY PATIÑO RODRÍGUEZ del equipo de cómputo externo «VENTANLLAO9» que fue vinculado al sistema de reparto de la Rama Judicial. Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS

(iii) Acceso abusivo a un sistema informático agravado (a título de determinador): por el acceso que realizó WILMER ANDREY PATIÑO RODRIGUEZ mediante el usuario «wcasaam» en

el sistema de reparto de la Rama Judicial, sin estar facultado para ello. (iv) Daño informático agravado (a título de determinador): porque se manipuló o alteró el sistema de reparto y luego se suprimieron los ingresos indebidos de la base de datos «SARJ» almacenados en la memoria del sistema

«BITÁCORA».

El ente investigador acusó estos dos últimos (delitos con los agravantes de los numerales 1° y 22 del artículo 269 H de la Ley 599 de 2000, porytratarse de redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales, y por la calidad-de servidor público del acusado. 13.- La audiencia preparatoria se llevó a cabo los días 30 de noviembre de 2018, 11 de febrero, 11 de marzo, 10 y 24 de abril, 6, 9, 14, 17 de mayo, 14, 20, 25, 27 y 28 de junio, 31 de julio, 14, 16 y 20 de agosto, 16 y 23 de octubre, 25 y 28 de noviembre, 12 y 13 de diciembre, de 2019, y 14 de febrero de

2020. En esta última fecha se leyó el auto de pruebas proferido por el tribunal en el que se dispuso: (i) negar la solicitud de exclusión y rechazo formulada por la defensa, (ii) inadmitir algunas de las pruebas solicitadas por las partes, y, (iii) admitir las demás. La defensa y la fiscalía apelaron. 14.- El 9 de febrero de 2022, mediante auto AP3502022, rad. 58087, la Sala de Casación Penal revocó

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REINALDO HUERTAS parcialmente el auto de primera instancia solo para ordenar el decreto de ocho (8) testimonios a la defensa como pruebas de interés común. 15.- El juicio oral se adelantó en sesiones del 19, 20, 21 y 26 de abril, 10, 11, 12 y 18 de mayo, 28 de junio, 3, 4, 30 y 31 de agosto, y 21 y 23 de noviembre de 2022. El 19 de octubre de 2023 la primera instancia anunció el sentido del fallo condenatorio y el 30 de ese mismo mes profirió la sentencia, la cual fue leía el 9 y 16 de noviembre siguiente. 16.- El tribunal condenó al procesado a las penas principales de 115 meses de prisión y multa ¿de 414,71 s.m.m.l.v., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 139 meses y 29 días, por los delitos de cohecho impropio - (a título de autor), en concurso heterogéneo y sucesivo con utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado (a título de determinador). 17.- La circunstancia de agravación de estos últimos delitos la sustentó, en los términos de la acusación, en los numerales 1% y 2° del artículo 269H de la Ley 599 de 2000. El primero alude a cuando la conducta recae «sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros», y el

segundo cuando la conducta la ejecuta un «servidor público en ejercicio de sus funciones». Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS 18.- Además, como pena accesoria lo condenó a la pérdida del empleo o cargo público y 319 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. También le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó su captura inmediata. Actualmente el procesado se encuentra privado de la libertad en establecimiento carcelario. 19.- El defensor, el procesado y el ministerio público interpusieron recurso de apelación.

IV. LA SENTENCIA RECURRIDA 20.- La Sala Penal del Tribunal:del Distrito Judicial de Bogotá refirió a los elementos que conforman los tipos penales acusadosy las pruebas testimoniales practicadas en el juicio ‘oral. 21.- Luego valoró las pruebas sobre (i) la controversia comercial que se presentó y la ideación del plan criminal para obtener beneficios en la demanda civil, (ii) las distintas reuniones que se hicieron para concretar la participación de los servidores públicos, los dineros pactados y sus entregas, Y, (iii) el acto de manipulación del reparto y lo que ocurrió con posterioridad a que la demanda fuera asignada al despacho del cual era titular el aquí acusado. 22.- En lo que respecta al caso concreto, concluyó que REINALDO HUERTAS debía responder penalmente por los delitos acusados, en los siguientes términos: Segunda instancia

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REINALDO HUERTAS 23.- Primero: autor de cohecho impropio. Si bien la fiscalía aludió al verbo rector «recibir», que corresponde al supuesto de hecho del inciso 2° del artículo 406 del Código Penal, se trata de una imprecisión intrascendente pues en la acusación se describe con claridad el hecho de «aceptar» promesa remuneratoria por acto en el desempeño de sus funciones, lo que corresponde al inciso segundo de la misma norma con una pena de 64 a 126 meses de prisión. 24.- El juez REINALDO HUERTAS aceptó promesa remuneratoria para sí y para su oficial mayor DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO, en la reunión en la que estuvieron ellos dos, el empresario CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO y el abogado Luis DAVID DURÁN ACUÑA. La promesa remuneratoria consistió en aceptar sumas de dinero como, pago por proferir y mantener en el tiempo la medida cautelar en el proceso declarativo de mayor-cuaritia entre HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ y HYUNDAI MOTOR COMPANY. 25.- El acusado era competente para resolver el referido proceso, así como las medidas cautelares solicitadas. Sin embargo, al aceptar la remuneración por su labor desconoció los postulados normativos de prevenir, remediar, sancionar o denunciar los actos contarios a la dignidad de la justicia, así como la lealtad, probidad, buena fe y «toda tentativa de fraude procesal». Además, contrarió junto con su

empleado la obligación de guardar reserva de los procesos que tenían a cargo. 26.- Aunque no se pudo establecer en concreto la suma exacta de dinero que recibió el procesado, este no es un 9 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS requisito del juicio de tipicidad. En todo caso, de la «teoría acusatoria» se desprende que los montos se acercaron a las cifras de $1.000 a $1.200 millones de pesos, los que se explican por la temporalidad y circunstancias con el cumplimiento de la obligación pactada. 27.- La fiscalía tampoco probó en este asunto el destino que el servidor público le dio a este dinero, pues estipuló con base en informes contables que no fue posible concluir que la adquisición de vehículos que hizo REINALDO HUERTAS luego de abril de 2016 haya estado vinculada a la comisión de alguna conducta delictiva y que contaba con una amplia experiencia crediticia y buena calificación en “distintas entidades financieras. Esta situación tampoco desestima la ocurrencia del verbo «aceptarr promesa remuneratoria. 28 Y aunque el procesado señaló la carencia de prueba documental de los supuestos pagos, este tampoco es un elemento de la conducta acusada, además, lo común es que este tipo de actos se llevan a cabo de manera clandestina. De las pruebas lo que se deduce es que la entrega del dinero fue en efectivo sin dejar constancia alguna, sin registro de las reuniones para aclarar las sumas, los porcentajes y los destinatarios. 29.- Finalmente, si bien REINALDO HUERTAS realizó la

conducta en «coautoría» con DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO, lo que conllevaría un mayor reproche punitivo en aplicación de lo dispuesto en el numeral 10° del artículo 58 y el inciso 2° del artículo 61 del Código Penal, se trata de una circunstancia que no fue acusada y no se puede aplicar en la 10 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS etapa del juzgamiento «so pena de transgredir (por exceso) el principio de congruencia». 30.- Segundo: determinador de utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado. La determinación tuvo lugar cuando REINALDO HUERTAS aportó el nombre de EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑERA para que se lograra concretar la manipulación del reparto y que la demanda fuera asignada al Juzgado 6° Civil del Circuito de Bogotá. Esto a su vez dio paso a la participación criminal de EDWIN ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ, WILMAR CASAS MENDOZA, WILMER ANDREY PATIÑO RODRIGUEZ y RAMON ORLANDO RAMÍREZ. 31.- Del análisis en’ conjunto de las pruebas se concluye que el funcionario acusado participó en el plan ideado-, por “CARLOS JOSE MATTOS BARRERO y conocía de la necesidad de manipular el reparto para que fuera asignado a su despacho, por lo que resulta razonable que se haya

representado que la única manera para asegurar ese cometido era mediante su manipulación, lo cual «demandaba el sigilo necesario que todo se mantuviera oculto y que se removiera (sic); de ahí el dolo que gobierna la totalidad de las conductas para lograr el éxito del plan criminal». 32.- En definitiva, el funcionario acusado determinó a EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA «por interpuestas personas dentro de la cadena» de determinación, entre quienes habían promovido y aceptado la negociación de la función pública de administrar justicia para que se «reactivara el cometido inicial hasta su perfección en lo que al reparto y su manipulación 11 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS correspondía», asunto que se materializó en los comportamientos objeto de reproche. 33.- El delito de utilización ilícita de redes de comunicación tuvo lugar cuando, el 29 de febrero de 2016, WILMER ANDREY PATIÑO RODRÍGUEZ en compañía de EDWIN ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ se valieron de un equipo portátil externo a la Rama Judicial que compró EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA, al que denominaron «VENTANLLA09», y accedieron remotamente al sistema de reparto de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial conocido como «SARJ», valiéndose de la contraseña y el usuario suministrados por WILMAR CASAS MENDOZA. 34.- La finalidad ilícita de esta actividad fue «bajar las “puertas” en cel sistema de reparto correspondientes al Juzgado 62 Civil del Circuito de Bogotá, para que la demanda

interpuesta a nombre de HYUNDAI MOTORS COLOMBIA fuera repartida a ese despacho. Para ello se instaló en el computador la aplicación «MICROSOFT SQL SERVER», de gestor de base de datos, que sirve para acceder, modificar y eliminar registros de bases de datos, se realizó la conexión a la base de datos y se efectuó la modificación requerida. 35.- El delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado ocurrió en el momento en que, con la participación de WILMER ANDREY PATIÑO RODRÍGUEZ, EDWIN ENRIQUE ANGULO MARTÍNEZ, EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA y WILMAR CASAS MENDOZA, se usó el usuario denominado «Wceasasm» y su respectiva clave, perteneciente a este último, 12 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS para acceder a los sistemas informáticos de la DESAJ «SARJ» y «BITÁCORA» con el fin de concertar el plan. 36.- En lo que concierne al tipo penal de daño informático, se configuró cuando, con la participación de estas personas, se manipularon los sistemas «SARJ» y «BITÁCORA», inicialmente, alterando su carácter aleatorio y guiando el reparto de los procesos a determinado despacho judicial, y luego, como el sistema «BITÁCORA» registra las actividades del sistema «SARJ», se ingresó al primero de ellos para «borrar da operación que se acababa de hacer».

V. LOS RECURSOS DE APELACIÓN 5.1 El procesado REINALDO HUERTAS 37.- Solicita revocar la condena por los delitos

acusados y, en su lugar, proferir sentencia absolutoria. En su criterio: 38.- La parte demandante del proceso verbal de mayor cuantía fue quien manipuló el reparto para que la demanda fuera asignada al Juzgado 6% Civil del Circuito, sin participación alguna del juez REINALDO HUERTAS. En el plan criminal eligieron a ese juzgado porque profería sus decisiones con «agilidad y calidad», e involucraron a su oficial mayor, DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO, quien por su propia cuenta vinculó a su amigo EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA. 13 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS 39.- El titular del juzgado conoció la demanda y el escrito de medida cautelar en favor de HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ solo cuando fue repartida a su despacho bajo el radicado n. 110013103006201600069-00. Por su parte, DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO y EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA conocían el contenido de estos documentos semanas antes de la fecha en que procedieron a radicarlos de manera fraudulenta. 40.- El funcionario REINALDO HUERTAS nunca se reunió con CARLOS JOSE MATTOS BARRERO ni con otras personas interesadas en el referido proceso, mucho menos para hacer convenios ilegales sobre el decreto de medidas-cautelares o del fondo de esa actuación. Los señalamientos que hicieron el oficial mayor DAGOBERTO RoDRÍGUEZ NIÑO y el abogado de la

parte demandante “LUIS DAVID DURÁN ACUÑA, son falsos, contradictorios y calumniosos, pues el objetivo de ellos fue obtener beneficios judiciales. 41.- El juez tampoco recibió dinero de particulares por ejercer sus funciones. Estos testigos, con los que se pretendió probar ese hecho, fueron contradictorios respecto de «dugares, oportunidades, cantidades, incluso cosas como referirse a paquetes que no sabían su contenido, personas que hicieron las supuestas entregas, problemáticas y enredos respecto de lo cual no hay coincidencia entre ambos», mientras que en el proceso quedó demostrado que el juez tenía estabilidad económica, «lo que lo alejaban de la hipótesis de ilícitos procederes»!. 1 Expediente digital, documento PDF «Primera Instancia Cuadermo Principal 3_Cuademo_ 2023120903873», fl. 157. 14 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS 42.- La declaración de DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO no fue clara respecto de cuál medida cautelar fue la que se decretó, su contenido y quién la sustanció, pues si bien él era el encargado de realizar dicha labor, fue el escribiente ÁNGEL ALBERTO AGUILAR BERNATE quien realmente la proyectó por orden del juez y detalló en el juicio oral que lo hizo bajo su entero saber y entender, en aplicación de las normas vigentes aplicables a ese asunto. 43.- El testigo DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO mintió sobre las actividades sindicales del juez REINALDO HUERTAS a quien

señaló de ordenar el levantamiento del paro judiciaha/inicios de 2016 y de reclamar el reparto. pendiente para que ingresara a su despacho elacaso HYUNDAD y poder darle trámite. Pero el funcionario no tenía vínculos con el sindicato de empleados y la decisión de levantar el paro fue decidido por sus participantes mediante voto secreto. 44.- Este testigo también fue contradictorio al señalar las supuestas presiones del aquí acusado para que no declarara en su contra, actos que supuestamente ocurrieron cuando estaban privados de la libertad en el mismo establecimiento carcelario, pese a que, ante la fiscalía en la investigación y ante autoridades disciplinarias aseguró que no tenía conocimiento de que el juez haya recibido algún tipo de dádiva por el referido proceso. 45.- En lo que respecta a EDWIN FABIÁN MACIAS CASTAÑEDA, en su declaración pretendió vincular a REINALDO HUERTAS en supuestas reuniones para hablar sobre el cobro 15 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS de dineros y la repartición del botín, y que aparecía en una fotografia con los demandantes del proceso, pero sus afirmaciones son «totalmente contraevidentes con las versiones» de DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO y de Luis DAVID DURÁN ACUÑA, así como de las personas que manipularon el reparto, quienes afirmaron no conocer al juez, lo que refleja que ninguno de ellos dice la verdad y solo trataron de involucrar al funcionario en el entramado criminal. 46.- En definitiva, la sentencia de primera instancia se

soportó en premisas fácticas «incursas en una falacia», pues expresamente fue «descartado» el testimonio de Luis DAVID DURÁN ACUÑA —abogado de CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO=, por su falta de credibilidad, que a su vezcresulta «inverosímil» respecto de las afirmaciones «de DAGOBERTO RODRIGUEZ NINO. De estas pruebas<nrio puede sustentarse un juicio de responsabilidad, menos aun si con ese fin se valora parcialmente su contenido, como lo hizo el tribunal. 5.2 La defensa técnica 47.- Como pretensión principal solicita revocar la sentencia condenatoria de primera instancia y, en su lugar, absolver al procesado. En subsidiariedad, requiere redosificar la pena impuesta e imponer una menor acorde con la solicitud que elevó en el traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2004. 48.- Argumentos de la pretensión principal: con los testimonios del oficial mayor DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO y del abogado Luis DAVID DURÁN ACUÑA no se prueba que el acusado 16 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS incurrió en el delito de cohecho impropio o que participó en el plan criminal para alterar el reparto del denominado «caso HYUNDAD, además, la credibilidad de ellos fue desvirtuada en el juicio oral. Aun así, el tribunal extrajo apartes de sus declaraciones con el propósito de sustentar la sentencia condenatoria. 49.- Estos testigos, que son los principales de cargo, se

contradijeron entre ellos en múltiples ocasiones respecto de la supuesta participación del procesado REINALDO HUERTAS en la planificación de la alteración del sistema de reparto para que la demanda fuera asignada a su despacho y en la decisión que se adoptaría respecto de la solicitud/de niédida cautelar, e inclusive, en la fecha en que ellos se conocieron e iniciaron a participar en la manipulación del proceso. 50-El testimonio de DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO no es imparcial pues declaró en el marco de un acuerdo de cooperación con la fiscalía. Fue contradictorio en sus propias afirmaciones y respecto de lo afirmado por EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA. Además, su narración sobre la reunión que tuvo con CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO, JAIRO GAMBA y CARLOS ARTURO FERNÁNDEZ TINJACÁ, alias «caribonito», para orquestar el plan criminal, ratifica que el funcionario aquí procesado era completamente ajeno a esos hechos. 51.- La declaración de Luis DAVID DURÁN ACUÑA tampoco es creíble e incurrió en contradicciones cuando detalló las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente ocurrió la reunión entre él, CARLOS JOSÉ

MATTOS BARRERO, DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO y el funcionario

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REINALDO HUERTAS REINALDO HUERTAS. Además, afirmó que conoció primero a EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA y luego al juez acusado, lo

que también descartaría la participación de este último en el entramado criminal. 52.- También hay contradicciones en la fecha en que supuestamente DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO inició a servir de intermediario entre su jefe REINALDO HUERTAS y LUIS DAVID DURÁN ACUÑA, en concreto, si fue desde finales del año 2015 o desde marzo de 2016, lo que deja duda sobre la responsabilidad del procesado. Sin embargo, el tribunal erróneamente dio por probado ese hecho, pero una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. 53.- El testigo DAGOBERTO RODRIGUEZ NIÑO «de manera insular» asegufó que, para manipular el reparto, REINALDO HUERTAS sugirió buscar a EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA. Esto fue suficiente para que el tribunal lo condenara como determinador, sin cumplir siquiera con los elementos que componen esa figura respecto de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Sin embargo, su declaración se contradice con otras pruebas testimoniales, así que de ella «no puede extraerse ninguna verdad». 54.- Tampoco es verosímil y carece de soporte probatorio, además de jurídico, la afirmación de la primera instancia, según la cual, se produjo una «determinación en cadena» porque el aquí procesado supuestamente aportó el nombre de EDWIN FABIÁN MACIAS CASTAÑEDA, para que 18 Segunda instancia Radicado n. 65376

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REINALDO HUERTAS

DAGOBERTO RODRIGUEZ NINO se lo diera y determinara a CARLOS JOSE MATTOS BARRERO y a Luis DAVID DURÁN ACUÑA, para que ellos a su vez determinaran no solo a EDWIN FABIÁN MacíAS CASTAÑEDA sino a WILMAR CASAS MENDOZA y a WILMER ANDREY PATIÑO RODRÍGUEZ. 55.- Del conjunto de pruebas testimoniales practicadas en el proceso se deduce que el plan para alterar el sistema de reparto fue ideado y participaron únicamente CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO, LUIS DAVID DURÁN ACUÑA y DAGOBERTO RODRÍGUEZ NIÑO, y que este último fue quien le sugirió al primero de ellos a EDWIN FABIÁN MACÍAS CASTAÑEDA como la persona ideal para hacer los contactos mnecesarios y materializar ese objetivo. 56.-.Lo anterior es así con independencia de que distintos testigos hayan aludido a la supuesta participación del juez en comunicaciones vía celular con los integrantes del entramado criminal, a que viajó con todos ellos a una reunión a la ciudad de Medellín o que se tomaron una fotografía, lo que corroboraría los contactos entre ellos. Sin embargo, ninguna prueba se incorporó al respecto, lo cual evidencia que son hechos inexistentes. 57.- Argumentos de la pretensión subsidiaria: La sentencia de primer grado impuso «una sanción punitiva muy superior a la que en equidad y justicia le correspondía», vulnerando de manera directa la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos 59 y 61.3 del Código Penal (motivación del proceso de individualización de la pena

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C.U.I: 11001600009220160021103

REINALDO HUERTAS y fundamentos para la individualización de la pena en el cuarto seleccionado). 58.- Una vez se determinó que la pena del delito de cohecho debía ubicarse en el primer cuarto de movilidad, el tribunal dispuso imponer el 70,9% dentro de ese cuarto, esto es, 75 meses de prisión, sin aplicar los criterios del artículo 61.3 del Código Penal -mayor o menor gravedad de la conducta, daño real o potencial creado, etc.— sino que «tomó elementos propios de las conductas acusadas y los utilizó para aumentar el mínimo de la pena de prisión». 59.- En concreto, para salirse del mínimo dentro del primer cuarto el tribunal aludió a, la investidura de juez del procesado, a la participación en los hechos de uno de sus empleados, a los elementos del cohecho impropio, así como el daño Teal y potencial creado con dicha conducta. Sin embargo, se trata de una «argumentación insuficiente para derrotar el criterio de la defensa en la audiencia de traslado para individualización de la pena de ubicarse precisamente en el límite menor, es decir en 64 meses de prisión.» 60.- El mismo error que cometió el tribunal al tasar el delito de cohecho impropio lo reprodujo en los demás tipos penales objeto de acusación —utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático, en los que, si bien se eligió acertadamente el cuarto mínimo, incrementó la pena dentro de dicho cuarto

sin la debida motivación o justificación. 20 Segunda instancia Radicado n. 65376

C.U.I: 11001600009220160021103

REINALDO HUERTAS 61.- En definitiva, la pena a imponer debe ser la solicitada por la defensa en el traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, esto es, «Tomando como bas