CSJ - SP919-2024(60655)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP919-2024 Radicación n° 60655 Aprobado Acta No 083 Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024) ASUNTO La Sala se pronuncia sobre la impugnación especial presentada por el defensor de José Hernando Ortiz, contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2021, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante la cual revocó la absolución dictada el 21 de agosto de 2019, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho y, en su reemplazo, lo condenó por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz HECHOS El 3 de octubre de 2016, en la finca El Vergel ubicada en la vereda El Nudillo del municipio de Pacho (Cundinamarca), a las 2:00 de la tarde aproximadamente, José Hernando Ortiz agredió verbal y físicamente a su entonces pareja sentimental María Yolanda González Leóncon quien no convivíay apuntó con un revólver a William Hernán Olarte Vásquez, conductor del vehículo en el que se transportaba María Yolanda, mientras vociferaba que les iba a segar la vida. A través de actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, se determinó que José Hernando Ortiz carecía de permiso de autoridad competente

para el porte de armas de fuego de defensa personal.

ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 16 de marzo de 2017, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pacho (Cundinamarca), la Fiscalía formuló imputación a José Hernando Ortiz por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, amenazas, lesiones personales dolosas y daño en bien ajeno, tipificados en los artículos 365, 347, 111, 112, inciso 1º y 265 del Código Penal, en calidad de autor, cargos que el implicado no aceptó.

No fue solicitada medida de aseguramiento1. 1 Folios 7 y 8 de la carpeta digital 1 (2). 2 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz

2. El 8 de junio de 2017, la Fiscalía radicó escrito de acusación2 y el 19 de julio siguiente, ante el Juez Promiscuo del Circuito de Pacho (Cundinamarca), se materializó3.

3. El 18 de octubre de 2018, se realizó la audiencia preparatoria4 y el 27 de junio de 2019 el juicio oral, en el que José Hernando Ortiz aceptó su responsabilidad en los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales dolosas, tras lo cual se decretó la ruptura de la unidad procesal y continuó el trámite ordinario por las conductas punibles de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y amenazas5.

4. En vista pública del 21 de agosto de 2019, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho (Cundinamarca), dio lectura al fallo absolutorio. Inconforme con este, la Fiscalía presentó recurso de apelación por la absolución dictada por el delito descrito en el artículo 365 de estatuto sustancial, el que sustentó de manera oportuna.

5. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, en providencia del 6 de septiembre de 2021, desató la alzada en el siguiente sentido: «PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho (Cundinamarca), el veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se absolvió a JOSÉ HERNANDO ORTIZ. 2 Folios 1 al 5 de la carpeta digital 1 (1). 3 Folios 13 y 14 de la carpeta digital 1 (1). 4 Folios 54 a 58 Ibidem. 5 Folios 128 y 132 Ibidem.

3 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial

José Hernando Ortiz SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a JOSÉ HERNANDO ORTIZ, como autor penalmente responsable del delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a la pena principal de CIENTO OCHO (108) MESES DE PRISIÓN, así como a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por un tiempo

igual al de la pena privativa de la libertad.

TERCERO: NEGAR a JOSÉ HERNANDO ORTIZ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria…».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 21 de agosto de 2019 el Juez Promiscuo del Circuito de Pacho (Cundinamarca), absolvió a José Hernando Ortiz de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y amenazas6, tras considerar que existe duda sobre la materialidad de tales ilícitos y la responsabilidad del procesado, debiéndose aplicar el principio in dubio pro reo. En lo que respecta a la conducta punible de amenazas, acotó el A quo, que para su configuración se requiere la concurrencia de “la característica especial de la intimidación”, dirigida a “quebrantar la tranquilidad y el sosiego de un conglomerado social específico”, lo que no ocurre en este caso, pues no se probó que Ortiz hubiese empleado un arma de fuego para intimidar a William Hernán Olarte Vásquez, quien, además, no denunció tal circunstancia y solo hizo alusión a ella en el juicio oral. 6 Folios 138 a 152 de la carpeta digital 1 (1). 4 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz Frente al delito atentatorio de la seguridad pública, sostuvo que, si bien opera el principio de libertad probatoria contemplado en el artículo 373 de la Ley 906 de 2004, los testigos presenciales María Yolanda González León y William Hernán Olarte Vásquez incurrieron en contradicciones frente

a los siguientes aspectos: (i) las características del arma, (ii) la mano en la que presuntamente el acusado portaba el artefacto y (iii) el número de personas que se encontraban en el lugar de los hechos, las cuales restan credibilidad a sus relatos y dejan huérfana de prueba la teoría del caso de la Fiscalía. Calificó como “curioso” que Olarte Vásquez refiriera que fue encañonado con un arma de fuego -circunstancia de “gran connotación y difícil de olvidar”- y, aun así, no recordara con claridad las características de dicho artefacto ni la fecha de los hechos. Clarificó que el relato que de los hechos realizó María Yolanda González León a la galena Ivonne Andrea Forero Rubiano y que se consignó en el informe pericial de clínica forense, no puede tenerse en consideración, pues, aunque la Fiscalía lo catalogó como prueba de referencia, no acreditó la concurrencia de ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 438 de la Ley 906 de 2004, que hacen procedente su admisión excepcional. Refirió que correspondía al ente acusador acreditar la materialidad de la conducta punible de fabricación, tráfico, 5 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en el sentido de que el 3 de octubre de 2016, José Hernando Ortiz portaba, sin permiso de autoridad competente, un arma de fuego, empero, no lo hizo.

DECISIÓN IMPUGNADA El 6 de septiembre de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, al decidir la apelación de la Fiscalía -que únicamente se remitió a la conducta atentatoria de la seguridad pública-, condenó en segunda instancia a José Hernando Ortiz por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones7. Hizo alusión al principio de libertad probatoria y al contenido del artículo 365 del Código Penal, para concluir que se configura dicho ilícito cuando el sujeto activo, sin permiso de autoridad competente, importa, trafica, transporta, almacena, distribuye, vende, suministra, repara, porta y/o tiene armas de fuego de defensa personal, partes o accesorios esenciales de ellas o municiones. Sostuvo que, aunque el procesado adujo que el día de los hechos no portaba arma de fuego, valoradas en conjunto las pruebas, se acreditó lo contrario y es que, en efecto, el 3 de octubre de 2016, a las 2:00 de la tarde aproximadamente, 7 El Ad quem clarificó que, ante la ausencia de controversia por parte de la apelante sobre la absolución del procesado del delito de amenazas y, en aplicación del principio de limitación, únicamente abordaría el estudio de la conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 6 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz en la vereda El Nudillo, José Hernando Ortiz agredió física

y verbalmente a María Yolanda González León y encañonó con un revólver Smith & Wesson, calibre 38, cañón corto y cachas negras, a William Hernán Olarte Vásquez. Agregó que dicho artefacto coincide con el que el implicado adquirió en otrora oportunidad y respecto del cual tuvo permiso para portarlo hasta el año 2006, lo que evidencia la aptitud del arma para producir disparos. Adujo que el relato que de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido realizaron María Yolanda González León, William Olarte e, incluso, José Hernando Ortiz, fue coincidente. De hecho, este último admitió la existencia del arma de fuego, cuyas características corresponden con las descritas por los primeros en mención. Sostuvo que lo referido por el procesado consistente en que, en el año 2016, González León sacó de su inmueble, sin su autorización, su arma de fuego, no cuenta con sustento probatorio. En su sentir, el actuar de José Hernando Ortiz fue doloso, por cuanto conocía que portar armas de fuego, sin permiso, constituía delito -como se extracta de las condenas que le figuran por idéntica conducta punibley, aun así, la empleó para encañonar a William Hernán Olarte Vásquez. Ello, vulneró el bien jurídico de la seguridad pública, en razón, además, a la idoneidad de dicho artefacto para producir disparos. 7 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz Señaló que el delito de fabricación, tráfico, porte o

tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones es de peligro abstracto y que no se evidencia la concurrencia de alguna causal eximente de responsabilidad. Por el contrario, José Hernando Ortiz es una persona capaz de discernir y comprender la ilicitud de su conducta. En consecuencia, le impuso al procesado la pena principal de 108 meses de prisión y, por el mismo lapso, las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, al igual que la prisión domiciliaria, por incumplir el requisito objetivo dispuesto en el numeral 1, del artículo 38B del Código Penal8, y ordenó librar orden de captura.

IMPUGNACIÓN ESPECIAL

1. Inconforme con la sentencia anterior, el defensor del procesado interpuso impugnación especial, en la que solicitó la revocatoria del fallo y, en su lugar, la absolución de José Hernando Ortiz respecto del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones9. 8 Así razonó «…evidente es el incumplimiento del primero de los requisitos, pues la pena mínima tratada en el artículo 365 de la norma sustantiva supera los ocho años de prisión» 9 Folios 40 a 58 de la carpeta “actuación del Tribunal”.

8 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz Indicó que aun en el evento de aceptarse que el 3 de

octubre de 2016, el procesado portaba un «arma de fuego tipo revólver», el verdadero problema jurídico se circunscribe a determinar si se probó la idoneidad de dicho artefacto para producir disparos, pues bien pudo tratarse de un arma de fogueo, siendo, a su juicio, la respuesta negativa por las siguientes razones: (i) el arma no se incautó, lo que implica que no hubo cadena de custodia, ni estudio de un perito en balística. (ii) Se desconoce si trataba de la misma arma que meses atrás María Yolanda González León dijo haber manipulado y observado al procesado accionarla, pues aquella no la maniobró el día de los hechos ni corroboró su peso y marca. Ahora, de haber sido así, tampoco se conoce si con el paso del tiempo el artefacto sufrió alteraciones, modificaciones o daños que afectaran su funcionamiento. Señaló que, aunque opera el principio de libertad probatoria, la prueba testimonial surge insuficiente para acreditar la aptitud del arma, pues los testigos de cargo incurrieron en contradicción respecto al color de la cacha del artefacto, ya que mientras González León adujo que era café, Olarte Vásquez indicó negra, lo que incrementa la duda sobre si era el arma que habitualmente portaba el procesado. También sobre cuál era el tipo de artefacto que José Hernando Ortiz llevaba consigo el día de los hechos, pues, 9 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz conforme lo señalado por el uniformado Luis Eduardo Quinchanegua Fonseca, el procesado tuvo permiso para

portar armas de fuego hasta el año 2006, concretamente una de marca Smith & Wesson, que fue decomisada y fundida en el 2013. En ese orden, la Fiscalía no acreditó, como le era exigible, la aptitud del arma, circunstancia determinante en punto a la antijuridicidad material de la conducta y de suma trascendencia para emitir condena, ya que no basta con acreditar su existencia y la ausencia de permiso para su porte, como lo consideró el Tribunal. Ello, por cuanto si bien el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones es de peligro abstracto, en aras de establecerse la efectiva vulneración al bien jurídico de la seguridad pública, debe demostrarse la idoneidad el arma para disparar, lo que no ocurrió en este evento.

2. De forma subsidiaria, la defensa solicitó dejar sin efecto o modificar el numeral 3º de la sentencia impugnada, en el sentido de suspender la orden de captura expedida en contra de Ortiz “hasta tanto la decisión quede en firme”.

De otra parte, pidió la concesión de la prisión domiciliaria en favor de su prohijado, argumentando que se trata de una persona de 68 años de edad, que padece “diabetes Mellitus 2”, patología crónica que requiere control médico 10 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz periódico, dietas y cuidados especiales “difíciles de encontrar en las prisiones”. Agregó que el procesado funge como “lazarillo” de la

esposa María del Rosario Araque Trujillo y vela por su protección y cuidado, por cuanto es una adulta mayor que padece limitación visual en un porcentaje superior al 72%, lo que la pone en estado de vulnerabilidad, al no poderse valer por sí misma y carecer del apoyo de familia extensa. En su sentir, con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad respecto de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 38B del Código Penal, específicamente el requisito objetivo previsto para la concesión de la prisión domiciliaria, en aras de anteponer los derechos de las personas de la tercera edad.

2. Los no recurrentes Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia La Sala de acuerdo con el numeral 2º del artículo 235 de la Carta Política, modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2018, es competente para conocer de la

11 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz impugnación de la condena impuesta en segunda instancia a José Hernando Ortiz por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De manera que, con observancia del principio de limitación que rige la impugnación y, en garantía del derecho de la doble conformidad, la Sala estudiará los reparos presentados por el recurrente frente a la condena proferida por la conducta en mención.

2. Delimitación del problema jurídico y metodología

de la decisión. Como quiera que, de los argumentos planteados por el impugnante, se evidencian varios ejes temáticos, en atención al principio de prioridad, la Corte inicialmente se ocupará de los relacionados con la materialidad del delito atentatorio de la seguridad pública, su antijuridicidad material y responsabilidad penal y, en el caso de ser pertinente, se adentrará a las réplicas subsidiarias, en donde se solicita la suspensión de la orden de captura emitida en contra de José Hernando Ortiz y la concesión de la prisión domiciliaria. Para el primer tópico será labor de la Sala realizar la valoración probatoria de cara a los reproches sustento de la impugnación, con la finalidad de establecer si, habiendo sido adecuada, soporta la decisión confutada, o si, por el contrario, conduce por senda diferente. 12 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz Ello, bajo el siguiente temario: (i) se determinará jurisprudencialmente el alcance del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y su antijuridicidad material y (ii) se examinará el caso concreto, para luego emitir la decisión que en derecho corresponda.

3. De la conducta delictiva y su antijuridicidad material.

La misma corresponde a la descrita en el artículo 365 del Código Penal, con la modificación del artículo 19 de la Ley 1453 de 2011 –aplicable por la época de los hechos10-, cuyo tenor

señala: «Artículo 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años». En ese orden, desde el punto de vista objetivo, los elementos que identifican el tipo se definen así11: (i) Una pluralidad de acciones: importar, traficar, fabricar, transportar, almacenar, distribuir, vender, suministrar, reparar, portar o tener. 10 3 de octubre de 2016. 11 CSJ SP1037-2020 del 3 de Jun de 2020, rad. 54342. 13 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz (ii) Un objeto material, consistente en, por lo menos, un arma de fuego de defensa personal, sus partes o accesorios esenciales, o municiones de la misma índole. Y (iii) un ingrediente, «sin permiso de autoridad competente», que es normativo en la medida en que contempla una valoración de índole jurídica (autorización legal), pero que es más descriptivo en tanto alude a una situación o circunstancia predominantemente fáctica (no tener el salvoconducto) (CSJ SP, 2 nov. 2011, Rad. 36544). Ahora, sobre la demostración de este elemento, la Corte

ha insistido en la aplicación de los principios de libertad probatoria y persuasión racional consignados en el artículo 373 del Código de Procedimiento penal, que establece que «los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos». Por lo mismo, ha descartado su acreditación bajo la exigencia de una certificación expedida por el Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos o autoridad pública que haga sus veces, ya que ello «implica tarifar la prueba, circunstancia que (…) representa una vulneración al principio de libertad probatoria en particular y al sistema de la persuasión racional en general, pues parte del supuesto completamente infundado de que para probar el elemento «sin permiso de autoridad competente» la Fiscalía tenía que introducir al juicio oral un documento público en el cual se dejase constancia de la falta por parte del autor del respectivo salvoconducto. El criterio del censor, por lo tanto, riñe con el 14 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz orden jurídico”. (Ver CSJ AP247, 29 enero 2014, Rad. 42215; AP7208, 26 nov. 2014, Rad. 44949, y SP1077, 11 febrero 2015, Rad. 44364)»12. Significa lo anterior que exigir un elemento de conocimiento exclusivo o excluyente para demostrar el ingrediente normativo de la conducta punible en mención,

conllevaría a implementar una tarifa legal donde el legislador claramente no lo indicó. De otra parte, se advierte que se trata de un delito de peligro abstracto, en el que el legislador anticipó la barrera de protección del interés jurídicamente tutelado, en la medida en que, independientemente de que no se accione el arma de fuego, es sujeto de reproche jurídico quien ejecute cualquiera de los verbos rectores señalados en el artículo 365 del Código Penal. Por eso basta que la persona importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar un arma de fuego, sus partes o municiones y no cuente con la autorización legal respectiva, para entender lesionada la seguridad pública, aspectos que corresponde acreditar a la Fiscalía, como lo disponen los incisos segundo y tercero del artículo 7º de la Ley 906 de 2004, carga probatoria que en ningún caso podrá invertirse. Ahora bien, cuando el arma no está provista de los mecanismos para disparar, se encuentra averiada o en 12 CSJ SP20945-2017, Rad. 45991 y en similar sentido SP 7732-2017 Rad. 46278 15 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz estado de deterioro, la conducta no resulta lesiva y, por ende, tampoco antijurídica, materialmente hablando, en razón a la imposibilidad de producir un daño o peligro efectivo al bien jurídico. Sobre el particular, la Corte ha estimado13: «En los casos en que el instrumento al momento de la aprehensión

de quien lo porta, no tiene funcionalidad por estar incompleto, desprovisto de piezas que lo hacen inútil o inservible, sin dificultades se comprende que se trata de una acción en un todo inocua, sobre la cual no se pueden derivar consecuencias punitivas, y que en caso de hacerlo traduciría aplicar criterios de responsabilidad objetiva la que se halla erradicada en los términos del artículo 12 de la Ley 599 de 2000. En efecto, conforme a la ley de la causa y el efecto, para que algo pueda llegar a ser real y concretarse en el mundo de los fenómenos y los resultados primero tiene que ser posible, proceso de acción que no se cumple en los comportamientos inoperantes antes referidos, pero que sí se presenta tratándose de armas en perfecto estado independientemente de que se hallen sin proveedor o sin proyectiles, eventos en los que no es dable pregonar ausencia de lesividad, pues lo cierto es, que en esas condiciones traducen un peligro real y efectivo». Recuérdese que la razón de encontrarse la aludida conducta punible ubicada en el bien jurídico de la seguridad pública, es la de amparar a la colectividad del uso de armas que por su capacidad para lesionar pueden afectar la integridad de las personas; de ahí que su porte, tenencia y demás acciones descritas, generalmente llevan a la creación de oportunidades para cometer otros delitos, lo que motiva al legislador para prevenir la violencia, justificándose así la presunción de peligrosidad. 13 CSJ 21 oct. 2009, rad. 32004. 16 CUI 255136108014201680359 01

N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz

4. Del caso concreto.

La inconformidad principal del apelante se enfoca básicamente en dos aspectos que se contraen a la ausencia de prueba o, por lo menos la presencia de duda, sobre la existencia de un arma de fuego el día de los hechos portada por el procesado y, de haber sido así, si el artefacto era apto para realizar disparos; circunstancias trascendentes, en punto a la materialidad de la conducta punible, su antijuridicidad material y responsabilidad de José Hernando Ortiz. A efecto de resolver la cuestión planteada, necesario resulta precisar el recaudo probatorio obrante en esta actuación, el cual consistió en los testimonios presenciales de María Yolanda González León y William Hernán Olarte Vásquez, la galena Ivonne Andrea Forero Rubiano14, el uniformado Luis Eduardo Fonseca15 y, por parte de la defensa, el de Ángel David Rincón Ballesteros y José Hernando Ortiz, quien optó por renunciar al derecho de guardar silencio. De otra parte, ninguna discusión surge en torno a la plena identidad del implicado ni a que el 3 de octubre de 2016, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, en la vereda 14 Incorporó el informe pericial de clínica forense N. 800099860-00316-C-2016, fechado 10 de octubre de 2016. 15 Incorporó constancia de llamada telefónica del 23 de febrero de 2017, el oficio N.

20179660429031, expedido el día 6 del referido mes y año, por el Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y el certificado de antecedentes N. 2017030819/ARAIC-GRUCI 1.9 del 24 de enero de 2017, suscrito por Hayly Yadira Rodríguez Hoyos. 17 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz El Nudillo, Ortiz abordó a su entonces pareja sentimental María Yolanda González León y a William Hernán Olarte Vásquez, quienes se transportaban en un vehículo de propiedad del último en mención, para reclamarles por la presunta relación que sostenían, momento en el que los agredió verbalmente y a la mujer, además, de forma física, al punto que, el primer aspecto se estipuló y, el segundo, no lo cuestiona el impugnante. Es más, así también lo relató el implicado16: «DEFENSA: ¿usted cree que ellos tenían una relación de pareja?

PROCESADO: Yo estoy completamente seguro…por comentarios, la gente habla y cuando el rio suena piedras lleva…me juró

(refiriéndose a María Yolanda González León) que él era el que le había subido los costales al carro, que se había subido a la brava ante un Dios me lo juró DEFENSA: ¿cómo fue la llegada del vehículo y usted a quién abordó primero?

PROCESADO: a él (refiriéndose a William Hernán Olarte Vásquez) sí realmente lo trate mal, pero amenazarlo, con qué lo amenazaba, a él lo trate mal y me fui y la bajé y le di unas palmadas, pero en

ningún momento yo a él le tiré, los trate mal, sí lógico en un momento de ira y celos uno comete errores». (i) De la existencia de un arma de fuego portada por José Hernando Ortiz el día de los hechos. Para empezar y en aras de brindar contexto al presente asunto, se tiene que sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido el 3 de octubre de 2016, María Yolanda González León señaló17: 16 Récord: 01:37:39 y ss., tercera sesión de juicio oral del 27 de junio de 2019. 17 Récord: 17:28, video 2, juicio oral del 27 de junio de 2019. 18 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz «Los hechos fue más o menos a comienzos de octubre de 2016, yo estaba visitando al señor Hernando Ortiz porque en ese tiempo él era mi compañero sentimental, yo fui a visitarlo a él ese día y ese día me tocaba viajar con mi mamá para Bogotá a una operación que tenía al día siguiente, entonces resulta que ese día la buseta no pasó a tiempo porque yo tenía que viajar más o menos hacia las 2 pm a Bogotá porque tenía que estar temprano allá. Bueno, entonces pasó la camioneta, el señor William paró, yo le pregunté qué hacia donde se dirigía primero, me dijo que él se dirigía hacia Pacho, entonces yo le dije hágame el favor y me acerca antes de pacho que yo me quedó antes de pacho para venirme a alistar las maletas que tenía que llevar, bueno, así fue, el señor William entró

y tanqueó en la siguiente bomba que es en la entrada para el Peñón Cundinamarca, él tanqueó ahí la camioneta, seguimos el camino, en la entrada de las águilas él se demoró más o menos, póngale unos 15 minutos, se demoró en ir a cobrar supuestamente una plata, no sé, entonces ahí el señor Hernando nos pasó cuando yo llegué a la entrada de donde tenía que bajarme el señor Hernando ya estaba ahí con el revólver en la mano, llegó se lo puso en la cabeza al señor William, que parara la camioneta, se fue y me bajó a mí a las malas de la camioneta de donde yo venía y me sacó de la camioneta, me estrelló contra el piso y me siguió dando porrazos y ahí fue cuando el señor William intervino y le dijo que si lo que quería era pelear, pues que peleara con él, que por qué tenía que pegarme a mí, que primero mirara las cosas y luego sí». Similar descripción de lo sucedido efectuó William Hernán Olarte Vásquez18 e, incluso, José Hernando Ortiz19. En lo único que no coincidieron los primeros con el procesado fue en la existencia del arma de fuego. Nótese que María Yolanda González León afirmó enfáticamente que Ortiz vociferaba «que me iba a matar, que agradeciera que había habido santos porque si no éramos muertos ese día»20 y que el procesado sí portaba un arma con la que 18 Récord: 03:35 y ss., video 3, sesión de juicio oral del 27 de junio de 2019.

19 Récord: 01:36:04 y ss., tercera sesión del juicio oral del 27 de junio de 2019. 20 Récord: 23:27 y ss. video 2 del juicio oral del 27 de junio de 2019. 19 CUI 255136108014201680359 01 N.I. 60655 Impugnación especial José Hernando Ortiz encañonó a William Hernán Olarte Vásquez, la cual describió así: «de la parte del cañón y parte del tambor del revólver niquelada y la parte de la cacha era una parte café…era un arma cortica con el cañón y la parte del tambor como niquelada y la cacha, era una cacha cortica y café»21, aseverando que era de fuego «de verdad»22. Por su parte, Olarte Vásquez sostuvo que el día de los hechos José Hernando Ortiz «sacó el arma y me encañonó y nos gritaba: agradezcan que no los mató porque hay mucha gente, no sé, yo le dije don Hernando, pues qué puedo hacer yo ahí, nada, y me bajé del vehículo y le dije don Hernando piense bien las cosas que es lo que va a hacer y fue cuando se dirigió a la señora y la golpeó»23. Sobre las características del arma ese deponente adujo que se trató de un revólver de cachas negras, agregando que «realmente es un arma de verdad»24 porque «se le veían los tiros y se le ve la