CSJ - SP920-2024(63933)

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada Ponente SP920-2024 Radicación n.º 63933

CUI: 110016500191201808893

Aprobado acta n.º 083 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala decide el recurso de impugnación especial interpuesto por el defensor de ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES en contra de la sentencia del 10 de noviembre de 2022 proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Esta decisión revocó la providencia absolutoria del 30 de julio de 2021 emitida por el Juzgado 31 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá y, en su lugar, condenó a la procesada, por primera vez, como autora del delito de violencia intrafamiliar.

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www.cortesuprema.gov.co Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES

II. HECHOS 1.- La noche del 9 de septiembre de 2018, al interior

del inmueble ubicado en la carrera 67 # 62B Sur, barrio Madelena de la ciudad de Bogotá D. C., donde residían ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ, su compañera permanente ASTRID

YOLIMA OLAYA RUGELES, y la hija en común de 3 años, se presentó una discusión ante el «reclamo» que el primero hizo a la segunda, en razón a que ésta última llevaba largo tiempo sin trabajar y él, en reiteradas ocasiones, la había requerido para que realizara su aporte económico. 2.- Según el relato de ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ, en reacción a lo anterior, ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES arremetió en su contra, lo insultó y se lanzó a rasguñarle el rostro. Él se inclinó hacia atrás para esquivarla, por lo que terminó arañándole el «pecho» y los «brazos». Luego salieron de la habitación de la niña, ella tomó un cuchillo, y le dijo «pues matémonos», él logró arrebatárselo y se fueron a dormir, cada uno en una habitación distinta. 3.- De acuerdo con el examen forense llevado a cabo el 18 de septiembre de 2018, ocho días después de los hechos, se estableció que ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ presentaba escoriaciones en tercio medio de ambas extremidades superiores, las cuales determinaron una incapacidad médico legal de 15 días, sin secuelas. 2 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES

III. ANTECEDENTES PROCESALES 4.- El 29 de marzo de 2019, el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró legalmente formulada la imputación contra ASTRID

YOLIMA OLAYA RUGELES por el delito de violencia intrafamiliar, de conformidad con el artículo 229, inciso 1°, del Código Penal. La procesada no aceptó los cargos1. 5.- El 8 de abril siguiente, la Fiscalía 297 Local presentó escrito de acusación ante el Juzgado 31 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá. El 20 de septiembre de 20192, tuvo lugar la audiencia de formulación de acusación. Posteriormente, la audiencia preparatoria se desarrolló en sesiones del 13 de diciembre de 20193 y 4 de septiembre de 20204. El juicio oral se llevó a cabo el 16 de julio de 20215 y ese mismo día fue anunciado el sentido del fallo absolutorio. 6.- Así, el 30 de julio de 2021, el Juzgado de primera instancia profirió sentencia absolutoria en favor de ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES6. La Fiscalía formuló recurso de apelación7. 1 Página 14 del documento «Primera Instancia_Cuaderno Principal 1_Cuaderno 2023124523605_.pdf». Expediente digital. 2 Página 25. Ibídem. 3 Página 27. Ibídem. 4 Página 31. Ibídem. 5 Página 60. Ibídem. 6 Páginas 62 a 69. Ibídem. 7 Páginas 75 a 83. Ibídem. 3 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES 7.- El 10 de noviembre de 20228, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó el

fallo de primera instancia y, en su lugar, condenó a OLAYA RUGELES como autora del delito de violencia intrafamiliar9. 8.- Contra esta última decisión el defensor de OLAYA RUGELES interpuso recurso de impugnación especial10, del cual se dio traslado a los no recurrentes, quienes decidieron guardar silencio11.

IV. LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA 4.1 Sentencia de primera instancia 9.- El Juzgado 31 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá consideró que no se arribó al convencimiento más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad penal de la procesada en la conducta de violencia intrafamiliar. 10.- En esencia, para el juez de primera instancia, de los relatos ofrecidos por ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES y ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ podía advertirse la existencia de una relación de pareja que transcurrió en un contexto de «maltrato recíproco», por presentarse mutuas y reiteradas agresiones, algunas de las cuales llevaron incluso a la 8 La audiencia de lectura de fallo se realizó el 10 de noviembre de 2022. Página 29 del documento «Segunda Instancia Cuaderno Principal 1_Cuaderno 2023124534779.pdf».

Expediente digital. 9 Páginas 1 a 20. Ibídem. 10 Páginas 37 a 46. Ibídem. 11 Página 47. Ibídem. 4 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES formulación de varias denuncias y a que se ordenaran

medidas de protección por solicitud de uno y otro, como la que dictó, el 20 de abril de 2016, la Comisaría 19 de Familia de Ciudad Bolívar, a favor de ÁVILA MARTÍNEZ. 11.- Para el a quo, que el médico legista haya dictaminado la existencia de escoriaciones en las extremidades superiores de ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ no es suficiente para demostrar, de manera irrefutable, que ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES es la responsable del delito atribuido. En consecuencia, dictó fallo absolutorio. 4.2 Sentencia de segunda instancia 12.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y declaró a ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES responsable penalmente del delito de violencia intrafamiliar12. 13.- En primer lugar, indicó que, a partir de la versión de ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ se pudo establecer que la noche del 9 de septiembre de 2018 la procesada le rasguñó los brazos y que estas marcas permanecieron en el cuerpo del denunciante hasta el día 18 de ese mes y año, cuando el médico legista lo examinó y afirmó haber observado tres rasguños en el brazo derecho y uno en el izquierdo. De esta manera, para el ad quem, el dictamen corroboró la narración hecha por ÁVILA MARTÍNEZ, lo que permitió acreditar con 12 Páginas 1 a 20. Ibídem. 5 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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suficiencia la existencia de un «acto de maltrato físico que dejó huellas» en la víctima. 14.- En segundo lugar, indicó que, aunque el juez de primera instancia fundamentó la absolución en la existencia de un contexto de agresiones mutuas y reiteradas, y a partir de allí edificó la duda sobre la responsabilidad de la procesada, no explicó la razón por la que no le resultaba creíble la narración ofrecida por ÁVILA MARTÍNEZ. 15.- Además, sostuvo que, a partir del material probatorio obrante en el expediente, no era posible advertir que los hechos se desarrollaron en un entorno machista desde el que hubiera podido deducirse que, al ser la mujer víctima de constantes maltratos por parte de un integrante de su núcleo familiar, despliega una acción defensiva contra su agresor, configurativa de la legítima defensa. 16.- Al respecto, en criterio del fallador de segunda instancia, en el presente asunto no se demostró el despliegue de un ataque ilegítimo, actual o inminente contra la procesada, quien se limitó a negar lo sucedido el 9 de septiembre de 2018 y, por consiguiente, dejó de suministrar una «versión alterna» sobre lo que originó la agresión contra ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ. 17.- Si bien, OLAYA RUGELES indicó que ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ la agredía de forma frecuente y por ello lo había denunciado ante la Fiscalía, la defensa no incorporó 6 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES ninguna prueba que sustentara tales manifestaciones. 18.- En oposición, el instructor sí allegó la medida de protección No. 441 del 20 de abril de 2016, dispuesta por la Comisaría 19 de Familia a favor de ÁVILA MARTÍNEZ y contra OLAYA RUGELES, con lo cual se demostró que, desde el inicio de la relación de pareja, ocurrieron actos violentos por parte de la procesada. 19.- Para el Tribunal, de ese contexto de violencia mutua no era posible predicar una causal de ausencia de responsabilidad, sino un escenario en el que ambas personas decidieron agredirse simultáneamente. 20.- No obstante, el ad quem hizo la salvedad de que «dicho contexto de conflictividad no e[ra] del todo intrascendente», pues, si bien, no era suficiente para excluir el compromiso de ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES en la conducta por la cual fue acusada, tampoco podían pasar inadvertidas «las emociones humanas, precedidas por las inapropiadas palabras de Ávila Martínez, junto a ciertas contiendas domésticas previas». Por consiguiente, al momento de dosificar la pena, fijó la sanción en el monto mínimo, de conformidad con el artículo 55, numeral 3, del Código Penal, en razón al «estado anímico en que se encontraba la acusada para ese preciso instante». 21.- Con base en lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia absolutoria y, en su lugar, condenó a OLAYA RUGELES, como autora del delito de violencia intrafamiliar, a 4 años o 48

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Además, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como la prisión domiciliaria, por expresa prohibición del artículo 68A del Código Penal, motivo por el cual indicó que la procesada debía cumplir la sanción en un centro penitenciario, por lo que dispuso la expedición de la correspondiente orden de captura.

V. LA IMPUGNACIÓN ESPECIAL 22.- El apoderado de ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES solicitó la revocatoria de la sentencia condenatoria. En su criterio, la Fiscalía no cumplió con la carga de demostrar que su asistida cometió la conducta por la cual fue acusada. 23.- Sostuvo que no se desplegó una «profunda» actividad probatoria destinada a corroborar la existencia de los hechos versionados por ÓMAR RICARDO ÁVILA MARTÍNEZ, o establecer si se trató de «una falsa denuncia». 24.- Así, cuestionó que las lesiones reportadas en el dictamen médico legal realmente hubieran sido causadas el 9 de septiembre de 2018, como expresó ÁVILA MARTÍNEZ, pues en el informe base de opinión pericial no se indicó su tiempo de evolución. 25.- Igualmente, dijo que del contenido de dicho dictamen tampoco logró determinarse que su representada haya causado las lesiones, pues lo plasmado allí se derivó únicamente de la narración efectuada por ÁVILA MARTÍNEZ

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES durante la anamnesis. 26.- El impugnante llamó la atención en que ÁVILA MARTÍNEZ, después de la supuesta agresión, no acudiera a un centro asistencial, sino que haya decidido consultar a un sicólogo para que lo asesorara. Y con igual extrañeza, refirió que la denuncia fue formulada solamente hasta después de que OLAYA RUGELES se marchó de la vivienda, es decir, cuando había cesado la convivencia entre ellos. 27.- En ese orden de ideas, el defensor sostuvo que contrario a lo afirmado por el ad quem, en el presente asunto debe darse aplicación al principio de in dubio pro reo, consagrado en el artículo 7° de la Ley 906 de 2000, y dictar absolución a favor de su prohijada.

VI. CONSIDERACIONES 6.1 Competencia 28.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer la impugnación especial presentada por el defensor de ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES contra la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018 y las directrices plasmadas en el auto AP1263-2019 del 3 de abril de 2019 proferido dentro del radicado 54215.

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES 6.2 Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión 29.- En términos generales, los motivos de inconformidad consignados en la impugnación especial abarcan una crítica al modo en que el Tribunal llevó a cabo el ejercicio de valoración probatoria que fundamentó la condena. 30.- De tal manera, corresponde a la Corte definir si los medios de prueba que obran en la actuación permiten concluir, más allá de toda duda razonable, la materialidad de la conducta de violencia intrafamiliar atribuida a ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES y su responsabilidad como autora, o si, por el contrario, frente a este último aspecto surge la necesidad de analizar un asunto inescindible a la controversia planteada, esto es, si está acreditado que su actuar acaeció en el marco de la atenuante punitiva de la ira, por el contexto de violencia previa a la que estaría siendo sometida la procesada. 31.- Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala dividirá la presente parte motiva en tres acápites. En el primero, se describirá la estructura típica del delito de violencia intrafamiliar (6.3). En segundo lugar, se hará referencia a la figura de la ira y el impacto de la perspectiva de género en la acreditación de sus presupuestos. (6.4). En el tercer y último apartado se analizará el caso concreto a la luz de las denotadas pautas teóricas (6.5). 10 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES 6.3 La estructura típica del delito de violencia intrafamiliar 32.- El delito de violencia intrafamiliar se encuentra consagrado en el artículo 229 del Código Penal, modificado por el artículo 3° de la Ley 1850 de 2017 -precepto aplicable por encontrarse vigente para la época de los hechos-, así: El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. PARÁGRAFO. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. 33.- De acuerdo con la anterior descripción normativa, los sujetos activo y pasivo son calificados, en tanto se requiere que hagan parte del núcleo familiar o que, sin serlo, el agente tenga a su cargo el cuidado de una o varias personas integrantes de la familia. 34.- El verbo rector consiste en infligir maltrato físico o sicológico, que incluye, tal como lo destacó la Corte Constitucional en la sentencia C-368 de 2014, agresiones

verbales, actos de intimidación o degradación y todo trato que menoscabe la dignidad humana. 11 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES 35.- Es un tipo penal subsidiario, pues se incurre en la conducta allí prevista a condición de que el comportamiento del sujeto activo no constituya delito sancionado con pena mayor. 36.- Finalmente, debe indicarse que el tipo penal es esencialmente de ejecución dolosa. 6.4 Sobre la atenuante punitiva de la ira y el impacto de la perspectiva de género en la acreditación de sus presupuestos 37.- El estado de ira ha sido concebido como un fenómeno que disminuye la capacidad intelectiva y volitiva del sujeto activo de la conducta punible, por causa de una ofensa de suma entidad que desencadena una reacción violenta, cuyo efecto jurídico se concreta en la declaratoria de responsabilidad penal atenuada. 38.- De acuerdo con el artículo 57 del Código Penal y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal13, esta figura se estructura a partir de la comprobación de tres elementos: 39.- i) Que se obre ante un comportamiento ajeno de connotación grave e injustificada. Es decir, que se dé por parte de un tercero una provocación de entidad ostensible y naturaleza arbitraria. 13 CSJ SP, 13 feb. 2008, Rad. 22783; CSJ SP, 8 oct. 2008, Rad. 29338; CSJ SP, 2 dic.

2008, Rad. 30804; CSJ SP, 30 jun. 2010, Rad. 33163; CSJ SP, 11 may. 2011, Rad. 34614; CSJ SP1074-2014 13 agost. 2014, Rad. 43190 y CSJ SP117-2022 26 ene. 2022, Rad. 54979, entre otras. 12 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES 40.- ii) Que la reacción del agente se presente en el marco de un estado emocional avasallador capaz de menguar su raciocinio ponderado, «sin que ello implique desde luego una pérdida absoluta de dichas facultades, que como se sabe corresponden a estados de inimputabilidad penal»14. 41.- Por último, iii) la existencia de una relación causal entre ese estado anímico alterado y la conducta ilegítima del tercero. 42.- La prevalencia emocional subjetiva que entraña la atemperante punitiva de la ira requiere la verificación de circunstancias externas, a partir de las cuales sea factible establecer que dicho estado efectivamente emerge de un obrar con la suficiente virtualidad para desencadenarlo y no de una simple agresión precedente. 43.- La Corte ha dicho que en esa labor cobra relevancia realizar una correcta apreciación de las contingencias que caracterizan cada caso, así como de las «condiciones particulares de los protagonistas del conflicto y de aquellas en las que se consumó el hecho, como, por ejemplo, su situación psicoafectiva, la idiosincrasia, la tolerancia, las circunstancias, los

sentimientos, el grado de educación y el nivel socioeconómico»15. 44.- Sin embargo, debe decirse que las hipótesis tradicionales en que se desarrolla la conducta exacerbada, pueden presentar ciertas variables cuando la situación 14 CSJ SP346-2019, 13 feb. 2019, Rad. 48587. 15 CSJ SP, 13 feb. 2008, Rad. 22783. 13 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES fáctica está vinculada a eventos de violencia doméstica o al interior de la pareja, caracterizados por ataques repetitivos y perdurables, con claros escenarios de discriminación. 45.- Por esa razón, la reacción de quienes viven estos particulares contextos no puede ser medida con los estándares habitualmente establecidos para la configuración de dicha atenuante, sino que requiere la aplicación de parámetros de valoración acordes con esa problemática que permitan evaluar, en clave de razonabilidad, si en efecto ha mediado un comportamiento ajeno grave e injustificado, causante de la reacción violenta. 46.- En sintonía, la Sala ha reconocido la necesidad de que el derecho penal en sus diferentes dimensionessustancial y procesalintegre una perspectiva de género. 47.- Con esa premisa, esta Corporación ha sostenido que ante arraigados patrones de jerarquización, subordinación y marginación derivados del género, surge para los funcionarios judiciales, en virtud del mandato superior del artículo 13 -igualdad y no discriminaciónla obligación de ponderar los hechos, pruebas y normas

jurídicas con base en un enfoque diferencial, libre de sesgos, prejuicios y estereotipos sobre los roles que tradicionalmente le han sido asignados tanto a mujeres como a hombres en la sociedad (CSJ SP, 23 sep. 2009, rad. 23508; CSJ SP, 4 mar. 2015, rad. 41457). 14 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES 48.- El abordaje de los casos con un enfoque de género implica, entre otras cosas, la indagación por el contexto en el que ocurre un episodio de violencia, toda vez que: (i) es posible que la agresión física haya estado precedida de violencia psicológica, económica o de cualquier otra índole, que también deba ser incluida en los cargos; (ii) permite establecer el nivel de afectación física o psicológica de la víctima; (iii) facilita la determinación de las medidas cautelares que deban tomarse, especialmente las orientadas a la protección de la víctima; (iv) brinda mayores elementos de juicio para analizar la credibilidad de las declaraciones y, en general, para valorar las pruebas practicadas durante el proceso; y (v) fraccionar la realidad, puede contribuir al clima de normalización o banalización de la violencia de género, lo que puede dar lugar a la perpetuación de estas prácticas violatorias de los derechos humanos.16 (subrayas fuera de texto) 49.- De forma paulatina, esta Corte también ha reconocido que el carácter vinculante del enfoque de género

no se restringe a aquellos casos en los que se está ante un evento de violencia física, sicológica, sexual, familiar y económica contra la mujer, sino que también puede hacerse extensivo, atendiendo las particulares circunstancias de cada evento, a aquellos asuntos en que ella aparece como procesada (CSJ SP2649-2022, 27 jul. 2022, Rad. 54044). 50.- Este nuevo panorama permite la comprensión, desde la dogmática, de específicas y singulares situaciones fácticas demostrativas de que la comisión de cierto delito por parte de una mujer podría hallar explicación en un contexto de violencia de género, circunstancias que, a su vez, resultan de importante auscultación al momento de establecer la 16 Al respecto, ver: CSJ SP-4135-2019, SP919-2020, SP922-2020, SP931-2020, SP1270-2020, SP1729-2020, SP3002-2020, SP3274-2020, SP4624-2020, SP12892021, SP1793-2021, SP3614-2021, SP3583-2021, SP5451-2021 y SP849-2022. 15 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES ausencia de responsabilidad o la naturaleza atenuada del compromiso penal (SP2649-2022, 27 jul. 2022, Rad. 54044). 51.- Ese interés ya había sido evidenciado por la Corte en la providencia SP4135-2019, 1° oct. 2019, Rad. 52394, al

indicar que el enfoque de género en la delimitación de la hipótesis factual por parte de la Fiscalía, en los casos puntuales de violencia intrafamiliar, es determinante para esclarecer, entre otros aspectos: [L]as circunstancias que rodean el delito, cuya relevancia jurídica puede ser más notoria cuando encajan en alguno de los presupuestos previstos en los artículos 54 a 58 del Código Penal, sin perjuicio de que puedan ser subsumidas en cualquiera de las normas de la parte especial de esa codificación… 52.- La atenuante de la ira es una sola y para que resulte aplicable deben concurrir todos y cada uno de los requisitos ya anunciados. Ahora bien, tratándose de casos de violencia doméstica o al interior de la pareja, analizados desde una perspectiva de género, la cuestión radica en que la verificación de tales presupuestos deviene de comprender en toda su magnitud las circunstancias que han provocado la reacción violenta de quien ha estado padeciendo ataques sistemáticos y recurrentes. 53.- En efecto, una interpretación estrecha de los elementos constitutivos de la ira llevaría a descartar su posible estructuración sólo con limitar el examen, verbigracia, a la falta de gravedad de la ofensa en sí misma considerada, sin sopesar que el carácter cíclico y constante de ciertas agresiones puede forjar una provocación de la 16 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES entidad que se exige. 54.- Ello evidencia que conservar una mirada

tradicional respecto de asuntos en los que posiblemente preceden afrentas sexistas, sin ver el contexto más amplio en el que ocurrió la reacción lesiva puede conducir a una situación ya advertida por la Corte, cual es, fraccionar la realidad y, correlativamente, contribuir a la trivialización de la violencia de género. 55.- En procura de evitar una aplicación descontextualizada e injusta del derecho es que la Sala ha indicado que la determinación de la existencia de un entorno de violencia de género constituye una pieza fundamental en la tarea de establecer si la acción ejercida por la mujer comportó una respuesta a las agresiones sistemáticas que ha soportado al interior de la unión, la cual pese a configurar un comportamiento de interés para el derecho penal, puede revestir un efecto punitivo menguado (CSJ SP4135-2019, 1° oct. 2019, Rad. 52394). 56.- En ese orden de ideas, la ira con enfoque diferencial implica el ajuste analítico de sus requisitos formales a la luz del fenómeno particular de la violencia de género, en cuyo entorno ha tenido lugar la respuesta emocional. En esta labor se reinterpreta, en esencia, el concepto de comportamiento ajeno ostensible y arbitrario. 57.- En el entendimiento clásico de la figura, aun cuando no se exige la simultaneidad o concomitancia en la reacción, sí resulta indispensable acreditar que la ofensa 17 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES frente a la que se actúa sea grave, factor que habitualmente

se mide por «la capacidad para desestabilizar emocionalmente al procesado»17. 58.- Así, es usual advertir que ante el despliegue de una agresión física injustificada contra el agente, este último reaccione con una afrenta semejante, escenario en el cual es fácil captar la entidad del ataque desencadenante. 59.- Mientras que en los casos de violencia de género el presupuesto del actuar grave e injustificado radica en la existencia de situaciones de incitación que se han prolongado en el tiempo, pero que, consideradas de forma integral, evidencian su aptitud de socavar la capacidad de resistencia de quien las padece y el impulso de lograr un desahogo emocional, dado su carácter inmotivado y arbitrario, como sería el continuo trato humillante que degrada la dignidad de un integrante de la pareja. 60.- En tales condiciones, la identificación de la recurrencia de la ofensa constituye un parámetro relevante para evaluar la suficiencia del ataque al que se reacciona. 61.- De tal manera, el umbral de gravedad e ilegitimidad que debe superar la provocación adquiere una connotación diferenciada, pues no se restringe a un sentido de ostensible evidencia, sino que es predicable de un estado de provocación reiterada que desencadena la respuesta agresiva, propio de un contexto de violencia sistemática. 17 CSJ SP, 18 nov. 2004, Rad. 20889. 18 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES 62.- En esa medida, el funcionario judicial no debe

evaluar en abstracto este requisito, por cuanto la gravedad y falta de justificación del comportamiento desencadenante deben ser examinadas desde una visión ex ante y singular en lo que concierne a las especiales condiciones en que se hallaba la mujer al momento de reaccionar. 63.- Lo anterior, en razón a que cuando se presenta un escenario particular de agresión entre los integrantes de una pareja, el enfoque de género obliga a renunciar a estereotipos asociados a la visión de la «mujer débil» o «sumisa» que no reacciona ante la provocación desplegada en su contra en el marco del maltrato cíclico, pues este preconcepto constituye, a su vez, una forma de discriminación. 64.- Para finalizar la exposición de los asuntos anunciados para el presente apartado, debe aclararse que la perspectiva de género jamás deberá anteponerse a la presunción de inocencia ni fijar, per se, el entendimiento de que siempre y en todos los casos en que se atribuye a una mujer una conducta punible, esta subyace en un ámbito de opresión sexista. 65.- Es totalmente factible que una mujer lesione o cause la muerte a un hombre y que por ello sea sometida al poder punitivo del Estado. No obstante, si se tiene noticia de que actos discriminatorios o de dominación previos pudieron haber incidido en la perpetración de la conducta, lo procedente es que el órgano investigador emprenda una 19 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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auscultación del caso con una visión diferencial. Esto significa que se debe analizar el contexto en que se dieron los hechos, por cuanto no hacerlo, se reitera, llevaría a un análisis escindido de la realidad y este fraccionamiento terminaría normalizando y perpetuando esas prácticas violentas. 66.- Entonces, con el fin de evitar un entendimiento laxo, irreflexivo o que trivialice el alcance del enfoque de género en el razonamiento probatorio deben realizarse dos precisiones: 67.- Primera. El efecto sustancial concreto que tenga la verificación de un contexto de violencia de género previo o concomitante con influencia en el fenómeno delictivo, obedecerá a las particularidades fácticas que en cada caso logren demostrarse. 68.- Segunda. El impacto de dicho contexto, a su vez, dependerá del vínculo que razonablemente pueda acreditarse entre la realización de la conducta típica y la situación de violencia de género previa o concomitante al comportamiento objeto de reproche. Sólo, a partir de la constatación de ese nexo, directo o indirecto, podrá determinarse si se configura la ira como atenuante de responsabilidad. 69.- Así, definidos los contornos teóricos de la discusión, la Sala procederá al estudio de la problemática que plantea la presente actuación. 20 Impugnación especial Radicado n.° 63933

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ASTRID YOLIMA OLAYA RUGELES 6.5. El caso concreto 70.- Con el fin de resolver la impugnación propuesta por el defensor, la Corte, al abordar el caso concreto, se

pronunciará sobre tres aspectos. El primero, la ocurrencia de la agresión, esto a efecto de establecer si se encuentra demostrada la materialidad de la conducta atribuida a ASTRID