CSJ - SP931-2025

GERARDO BARBOSA CASTILLO Magistrado ponente SP931-2025 Radicado No. 58680 Aprobado Acta No. 084 Bogotá, D.C, nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025)

I. ASUNTO La Sala decide el recurso extraordinario de casación presentado por uno de los representantes de las víctimas en contra de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de decisión penal, que confirmó la providencia dictada el 14 de diciembre de 2018 por el Juzgado 35 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, mediante la cual absolvió a CARLOS ALBERTO CALVO GODOY de los delitos de falsedad en documento privado1, estafa y fraude procesal. 1 Si bien en los fallos de instancia se indicó que el delito de falsedad en documento privado hizo parte de los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación en contra de Carlos Alberto Calvo Godoy, lo cierto es que, en la respectiva audiencia, la representante de esa entidad manifestó que no presentaba acusación por el aludido tipo penal, al haberse consolidado, de manera previa a la formulación de imputación, la prescripción de la acción penal.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601

Carlos Alberto Calvo Godoy 2

II. ANTECEDENTES 2.1. Fácticos De acuerdo con el escrito de acusación y las sentencias

de primera y segunda instancia, ocurrieron así:

1. El 16 de junio de 1993, José de Jesús Betancur Ramírez adquirió un apartamento ubicado en la Diagonal 142 No. 31De acuerdo con el escrito de acusación y las sentencias

de primera y segunda instancia, ocurrieron así:

1. El 16 de junio de 1993, José de Jesús Betancur Ramírez adquirió un apartamento ubicado en la Diagonal 142 No. 3168, apto 101 de la ciudad de Bogotá, lo cual consta en la Escritura pública No. 2189 de fecha 16 de junio de 1993.

2. El 11 de mayo de 2003, José de Jesús Betancur Ramírez falleció.

3. El 25 de noviembre de 2005 se realizó diligencia de presentación personal ante el Juzgado Civil Municipal de Cereté, a un poder aparentemente suscrito por José de Jesús Betancur Ramírez, el cual estaba dirigido a la Notaría 10 del Círculo de Bogotá. En ese documento se le otorgaban facultades amplias y suficientes a CARLOS ALBERTO CALVO GODOY para celebrar el contrato de compraventa respecto del inmueble aludido anteriormente.

4. Mediante Escritura pública No. 7114 de 1 de diciembre de 2005 se perfeccionó el negocio jurídico mencionado con Floriza del Carmen López Peña, en su condición de compradora2. 2 En el juicio se mencionó que, la sociedad Suministros Hospitalarios figura formalmente como propietaria del inmueble y que, para ese momento, Floriza del Carmen López Peña fungía como su gerente, razón por laCasación N°. 58680 (Ley 906 de 2004)

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5. Varios años después, y con el propósito de culminar la sucesión de José Betancur Ramírez, sus herederos, José Nicolás, Carmen y Sandra Betancur Angulo, indagaron por la situación del apartamento ubicado en la ciudad de Bogotá y en ese momento advirtieron que había sido transferido a un tercero, a pesar de que su padre nunca manifestó su intención de venderlo. Por lo anterior, y ante la recomendación realizada por su asesor jurídico, procedieron a formular la respectiva denuncia penal. 2.2. Actuaciones procesales relevantes Las fases de investigación y juicio se desarrollaron de la

siguiente manera:

1. El 23 de junio de 2016, el Juzgado 51 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá le comunicó a CARLOS ALBERTO CALVO GODOY la imputación formulada por la fiscalía en su contra, consistente en las conductas punibles de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. Estos cargos no fueron aceptados por el imputado3. cual en ese contrato actuó en nombre y representación de dicha persona jurídica. No obstante, en la audiencia preparatoria fue reconocida Floriza López Peña como víctima, a nombre propio. Así se resolvió en la sesión de 3 de octubre de 2017 de la audiencia preparatoria: “ (Récord: 00:00:51) Intervención del juzgado: Previo a ello, el despacho observa que en la relación de los hechos jurídicamente relevantes

la sesión de 3 de octubre de 2017 de la audiencia preparatoria: “ (Récord: 00:00:51) Intervención del juzgado: Previo a ello, el despacho observa que en la relación de los hechos jurídicamente relevantes sentados en el escrito de acusación del 23 de septiembre de 2016 y que fue el que se verbalizó por parte de la delegada de la Fiscalía en el acto de la formulación de acusación del 17 de marzo del año 2017, efectivamente se relaciona a la señora Floriza del Carmen López Peña como una de las personas aparentemente víctima de la compraventa de un inmueble del que hizo parte el señor Carlos Alberto Calvo Godoy. Luego se advierte que la señora López Peña tiene efectivamente la calidad de víctima dentro de las diligencias y está llamada a reconocerse en esa condición en virtud de lo señalado por el artículo 340 del código de procedimiento penal (…) ”. Sistema de grabación de audiencias. Archivo digital 11001600000020160219601_L110013109035CSJdownloa_05_20171003_111500_V. 3 Acta de la audiencia de formulación de imputación. Carpeta No. 1. Folio 16.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 4

2. El 23 de septiembre de 2016 se presentó el escrito de acusación4 y el 17 de marzo de 2017 se llevó a cabo la respectiva audiencia de formulación5. En esta última

Carlos Alberto Calvo Godoy 4

2. El 23 de septiembre de 2016 se presentó el escrito de acusación4 y el 17 de marzo de 2017 se llevó a cabo la respectiva audiencia de formulación5. En esta última diligencia se reconocieron como víctimas a Carmen Victoria Montiel Ramos -cónyuge de José Betancur Ramírez- , así como a

José Nicolás, Carmen Rosa y Sandra Paola Betancur Angulo -hijos de José Betancur Ramírez-. Además, la fiscalía formuló acusación solo por los delitos de fraude procesal en concurso heterogéneo con estafa, como quiera que, frente al comportamiento de falsedad en documento privado, se había consolidado la prescripción de la acción penal, de manera previa a la audiencia de imputación6.

3. En las sesiones de 3 de octubre de 2017 y 5 de marzo de 2018 se desarrolló la audiencia preparatoria7. En la primera fecha, además, se reconoció a Floriza del Carmen Peña como víctima de las conductas punibles investigadas, debido a su condición de compradora del inmueble aludido.

4. En las sesiones de audiencia de 31 de mayo, 12 de julio, 31 de agosto y 14 de diciembre de 2018 se desarrolló el juicio

4 Escrito de acusación. Carpeta No. 1. Folios 20 al 23.

5 Acta de la audiencia de formulación de acusación. Carpeta No. 1. Folios 43 y 44. 6 En la audiencia de formulación de acusación, la representante de la Fiscalía General de la Nación precisó lo siguiente: “(Récord 00:17:42) Intervención de la fiscal delegada: El día 23 de junio del 2016, ante el juez 51 penal municipal con función de control de garantías se realiza la audiencia de formulación de imputación en contra del señor Carlos Alberto Calvo Godoy, identificado con la cédula de ciudadanía (…), como presunto autor de los delitos de fraude procesal en concurso heterogéneo con el delito de estafa. Sin embargo, en dicha audiencia como anotó aquí el defensor, se le imputó también el delito de falsedad en documento privado que ya se encontraba prescrito y que fue advertido por él, pero sin embargo la fiscalía y la persona que me reemplazaba en ese momento le imputó también dicho delito. Aquí en la acusación se hace entonces por el fraude procesal en concurso heterogéneo con el delito de estafa, la Fiscalía General de la Nación a través de esta delegada formula acusación en contra de Carlos Alberto Calvo Godoy, identificado con la cédula de ciudadanía (…), como presunto autor de los delitos de fraude procesal en concurso heterogéneo con el delito de estafa”. Sistema de grabación de audiencias. 7 Actas de las sesiones de la audiencia preparatoria. Carpeta No. 1. Folios 66, 67 y 86 al 91.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004)

CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 5 oral8. En esta última fecha, el Juzgado 35 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá dictó sentencia absolutoria a favor de CARLOS ALBERTO CALVO GODOY, por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa.

6. Dentro del respectivo traslado, el representante de la Fiscalía General de la Nación y los apoderados de Sandra Paola, Carmen Rosa y José Nicolas Betancur Angulo, así como de Carmen Victoria Montiel Ramos, interpusieron recurso de apelación en contra de la providencia anterior.

7. El 26 de mayo de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala penal, confirmó la sentencia absolutoria a favor del procesado. En relación con las medidas de restablecimiento del derecho, el Tribunal sostuvo que, «las pruebas practicadas a petición de la Fiscalía en torno a la falsedad del poder, según lo visto, no resultaron con la idoneidad necesaria, por lo cual, en las singularidades de este caso, no es posible disponer el restablecimiento del derecho».

8. El apoderado de Sandra, Carmen y Nicolas Betancur interpuso recurso extraordinario de casación en contra de la providencia de segunda instancia. 2.3. Demanda de casación

8 Actas de las sesiones de la audiencia de juicio oral. Carpeta No. 1. Folios 96, 97, 100, 112, 113 y 130.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 6 El recurrente presentó una petición inicial y, posteriormente, formuló dos cargos, uno principal y otro

CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 6 El recurrente presentó una petición inicial y, posteriormente, formuló dos cargos, uno principal y otro subsidiario9. Inicialmente propuso, con base en la causal tercera, prevista por el numeral tercero del artículo 181 del C.P.P, la violación indirecta de la ley sustancial 10, por error de hecho derivado de un falso juicio de identidad, como quiera que la prueba practicada en la actuación no fue apreciada en su «exacta dimensión fáctica», lo que llevó a que se desconociera su mérito persuasivo, desconociendo así los principios de la sana crítica. De manera seguida, propuso la violación directa de la ley sustancial por error de derecho, derivado de la falta de aplicación de normativa constitucional y legal -incluidos los tratados internacionales integrados al ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidadsobre los derechos de las víctimas en la persecución del injusto. Al respecto, indicó que, a pesar de lo afirmado por el Tribunal, en el sentido de que la Fiscalía se abstuvo de incorporar ciertas pruebas documentales, lo que impedía establecer, más allá de toda duda, la responsabilidad penal del procesado, si se lograron demostrar los siguientes hechos: “a). Que el señor José de Jesús Betancur Ramírez, era el propietario del inmueble ubicado en la calle 142 No. 17 A - 18 9 Demanda de casación. Folios 67 al 75. Cuaderno del Tribunal.

propietario del inmueble ubicado en la calle 142 No. 17 A - 18 9 Demanda de casación. Folios 67 al 75. Cuaderno del Tribunal. 10 Se señalaron los artículos 5 -imparcialidad, 10 -actuación procesal-, 372 -fines-, 373 -libertad-, 375 -pertinencia-, 379 -inmediación-, 380 -criterios de valoracióny 381 -conocimiento para condenar-.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 7 Apartamento 101 de Bogotá, con matrícula inmobiliaria No 050N-751112. b). Que falleció por muerte violenta el día 11 de Mayo de 2003. c). Que al memorial poder espurio, le fue realizada la presentación personal por quien supuestamente lo otorgó, el día 25 de Noviembre de 2005, en el Juzgado Civil Municipal de CereteCórdoba. d) Que el señor Carlos Alberto Calvo Godoy suscribió la Escritura de venta No. 7114 de la Notaria 13 de Bogotá el día primero de diciembre de 2005 en ejercicio de las facultades otorgadas a través del poder falso a la señora Floriza del Carmen López Peña. e) Que según manifiesta la compradora, señora Floriza del Carmen López Peña, en su testimonio, el señor Calvo Godoy le recibió el dinero producto de la compra del inmueble aquí mencionado”. Con base en lo anterior, indicó que, CARLOS A LBERTO

Carmen López Peña, en su testimonio, el señor Calvo Godoy le recibió el dinero producto de la compra del inmueble aquí mencionado”. Con base en lo anterior, indicó que, CARLOS A LBERTO CALVO G ODOY si tenía conocimiento que el contrato de compraventa en el que intervino tenía vicios de ilegalidad, para lo cual utilizó un poder falso -como se demostró con los testimonios practicados en el juicio-, y presentó, en el marco de la negociación adelantada con Floriza del Carmen López, una persona como el supuesto hijo del propietario del inmueble, que en realidad respondía al nombre de Kenny Blanco. Además, no podía perderse de vista que el aquí procesado, dedicado al ejercicio de actividades comerciales con bienes raíces, había sido denunciado, en varias ocasiones, por comportamientos similares. Asimismo destacó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una contradicción relevante, al haber sostenido, de un lado, que se abstenía de pronunciarse sobre las medidas de restablecimiento del derecho, por no haberse probado la materialidad de la conducta del procesado, pero, paralelamente, reconoció que se había demostrado «la existencia del memorial poder, que el señor José de Jesús BetancurCasación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 8 Ramírez murió el día 11 de mayo de 2.003 y que el poder fue elaborado o realizada su presentación personal el día 25 de noviembre de 2005, es

CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 8 Ramírez murió el día 11 de mayo de 2.003 y que el poder fue elaborado o realizada su presentación personal el día 25 de noviembre de 2005, es decir a más de dos años de haber fallecido ». En ese sentido, le solicitó a la Corte que se anulara la escritura otorgada a través de un poder espurio o falso, así como la cancelación de las anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria. En la misma dirección, cuestionó que el Tribunal hubiera desestimado la petición de nulidad de la actuación por violación del debido proceso, «por cuanto la señora Fiscal omitió su deber legal y constitucional de incorporar las pruebas presentadas y debatidas en el juicio», con el argumento de que, de declararse la invalidez del trámite, sería inminente la consolidación de la prescripción de la acción penal. No obstante lo anterior, en su criterio, respecto a «la culpabilidad del acusado (…) la Fiscalía logró demostrarlo sobradamente», debido a que, si bien se «omitió manifestar en el juicio, que incorporaba las mismas (…) [si] fueron debatidas y sometidas al principio de contradicción por la Señora Juez». En criterio del recurrente, los aludidos hechos quedaron probados en el juicio, por lo que el Tribunal no realizó una verdadera valoración de las pruebas, lo que le hubiera permitido advertir la conducta dolosa del procesado

probados en el juicio, por lo que el Tribunal no realizó una verdadera valoración de las pruebas, lo que le hubiera permitido advertir la conducta dolosa del procesado -conocimiento de la falsedad del poder-. Con base en lo anterior, solicitó que se casara la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, se declarara la responsabilidad penal del procesado.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 9 De otro lado, como cargo subsidiario, alegó la violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de legalidad, que conllevó el desconocimiento indirecto del artículo 453 del Código Penal y la falta de aplicación de los artículos 10 y 11 del C de P.P, así como de otras normas de la Constitución Política, al no haber dado «efectos probatorios a las pruebas presentadas y debatidas en el juicio» y omitido la valoración conjunta de los medios de convicción, en consonancia con las reglas de la sana crítica. Si bien este yerro, en su criterio, podría configurar un falso juicio de existencia, lo cierto es que, si el fallador de segunda instancia hubiere tenido en cuenta los alegatos de apertura presentados por la representación de la Fiscalía y de la víctima, junto con el material probatorio recaudado durante el juicio, hubiese aplicado integralmente las disposiciones constitucionales, así como legales referidas y, finalmente, habría declarado la responsabilidad penal de

CARLOS ALBERTO CALVO GODOY.

durante el juicio, hubiese aplicado integralmente las disposiciones constitucionales, así como legales referidas y, finalmente, habría declarado la responsabilidad penal de

CARLOS ALBERTO CALVO GODOY.

Con fundamento en todo lo anterior, el recurrente solicitó que se casara la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, se dictara sentencia condenatoria en contra del aquí procesado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa, en calidad de autor. De manera subsidiaria, pidió que se adoptaran medidas de restablecimiento del derecho consistentes en la declaratoria de nulidad de la Escritura Pública No. 7114 de 1 de diciembre de 2005 otorgada por la Notaría 13 del Círculo deCasación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 10 Bogotá, así como la cancelación de las respectivas anotaciones en el registro de matrícula inmobiliaria del predio. 2.4. Audiencia de sustentación La audiencia se desarrolló el 3 de octubre de 2024 y en ella intervinieron las siguientes partes e intervinientes: 2.4.1. Intervención del apoderado de Sandra Paola, Carmen Rosa y José Nicolas Betancur Angulo -recurrenteA pesar que, como se destacó en las sentencias de instancia, el rol procesal desarrollado por la representación de la Fiscalía General de la Nación fue deficiente, de todas

-recurrenteA pesar que, como se destacó en las sentencias de instancia, el rol procesal desarrollado por la representación de la Fiscalía General de la Nación fue deficiente, de todas maneras se recaudaron los elementos materiales probatorios suficientes para fundar un fallo de condena o, por lo menos, para adoptar medidas de restablecimiento del derecho. Al respecto, precisó que se configuró un yerro respecto de la valoración del testimonio de Juan Carlos Gómez Roa, investigador asignado a la Fiscalía, lo que conllevó a la violación indirecta de la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 22 y 381 de la ley 906 de 2400, así como de las normas que tipifican las conductas punibles por las cuales fue acusado el procesado en este caso.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 11 En efecto, el aludido testigo informó, a partir de las averiguaciones realizadas -incluidas las entrevistas realizadas a los funcionarios del Juzgado Civil Municipal de Cereté-, que los sellos y firmas impuestas al poder supuestamente otorgado por José Betancur Ramírez a CARLOS A LBERTO C ALVO G ODOY eran originales. Además, que la presentación personal de ese documento se hizo el 25 de noviembre de 2005, es decir, 2 años después del fallecimiento del otorgante. Lo anterior significaba que, el poderdante no pudo conferir el mandato en esa fecha o, de haberlo hecho mucho antes, el procesado debía refrendar esa manifestación de voluntad con sus

años después del fallecimiento del otorgante. Lo anterior significaba que, el poderdante no pudo conferir el mandato en esa fecha o, de haberlo hecho mucho antes, el procesado debía refrendar esa manifestación de voluntad con sus herederos y, una vez recibido el precio de la compraventa, poner los recursos a disposición de ellos, lo cual nunca hizo. Así las cosas no solo era espurio el poder -porque no pudo firmarse en esa fecha o no pudo emplearse años después, sin ser ratificado-, sino también los documentos y actuaciones subsiguientes, como la suscripción de la escritura pública de compraventa y la posterior inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos. En consecuencia, como quiera que está probada, como mínimo, la materialidad de los delitos objeto de acusación, debieron decretarse las medidas de restablecimiento del derecho a favor de las víctimas, por lo que se desconocieron sus garantías fundamentales en este caso. 2.4.2. Intervención de la Fiscalía General de la NaciónCasación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 12 La delegada de esta entidad inicialmente recordó que, en la audiencia de formulación de imputación, su homólogo advirtió que se había consolidado la prescripción de la acción penal respecto del delito de falsedad en documento privado. De todas maneras, con base en los hechos que dio por probados el Tribunal, era posible establecer que, el título de propiedad, derivado del documento obtenido

penal respecto del delito de falsedad en documento privado. De todas maneras, con base en los hechos que dio por probados el Tribunal, era posible establecer que, el título de propiedad, derivado del documento obtenido fraudulentamente, era falso. Ahora, en lo que tiene que ver con el registro de la escritura pública de compraventa, se apreció un comportamiento negligente por parte de la compradora del inmueble, Floriza del Carmen López Peña, como quiera que su inscripción solo se hizo 5 años después de la realización del respectivo negocio jurídico. De hecho, la aludida adquirente reconoció en el juicio que tenía conocimiento, de manera previa a la suscripción del contrato de compraventa, del decreto de 2 medidas cautelares que afectaban el apartamento y que, incluso cuando trató de agotar el respectivo trámite ante la oficina de registro de instrumentos públicos, aparecieron otros embargos. Estos hechos resultaban significativos para valorar la buena fe de la poseedora, como quiera que dicho negocio jurídico recayó sobre un objeto ilícito, debido a que esas órdenes preventivas sacaban el bien fuera del comercio y su venta solo procedía con la autorización del acreedor o de la autoridad judicial que las dispuso.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 13 En consecuencia, con independencia de la responsabilidad penal de CARLOS ALBERTO CALVO GODOY, se debía aplicar la garantía intemporal reconocida en la

Carlos Alberto Calvo Godoy 13 En consecuencia, con independencia de la responsabilidad penal de CARLOS ALBERTO CALVO GODOY, se debía aplicar la garantía intemporal reconocida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esa Sala, consistente en el restablecimiento de los derechos afectados a las víctimas de este delito, es decir, a los sucesores del entonces propietario del inmueble, para que, en lo posible, las cosas vuelvan al estado anterior y cesen los efectos del delito. Por lo tanto, como en este caso no se podía proteger el título, ni su registro logrado en detrimento de los derechos de su legítimo titular, solicitó la cancelación de aquellos. 2.4.3. Intervención del apoderado de Floriza del Carmen López Peña Inicialmente destacó que la postura de la Fiscalía es contradictoria, al haber sostenido que, Floriza López conocía previamente los vicios que afectaban al inmueble adquirido, pero, a su vez, hubiera reconocido que la compradora debía acudir a CARLOS A LBERTO C ALVO G ODOY para poder perfeccionar el negocio jurídico y lograr finalmente el registro ante la oficina de instrumentos públicos. De todas maneras, lo relevante era que, esa situación afectó de manera importante a López Peña, como a la sociedad que representaba en ese momento, Suministros Hospitalarios, en especial por la anotación No. 11 que limitaba su dominio y que fue ordenada por la Fiscalía, sin acudir al juez de control de garantías.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004)

Hospitalarios, en especial por la anotación No. 11 que limitaba su dominio y que fue ordenada por la Fiscalía, sin acudir al juez de control de garantías.Casación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 14 De otro lado, si bien esta Corporación optó por admitir la demanda, la pretensión del recurrente estaba dirigida a que se hiciera una nueva valoración de la prueba, como si se tratara de una instancia más, a pesar de que esa discusión fue superada al resolverse el recurso de apelación por parte del Tribunal. Pero incluso, así ese trabajo se emprendiera, se debería llegar a la misma conclusión, más cuando la actividad de la Fiscalía fue «vergonzante», al no haber siquiera demostrado aspectos básicos como la falsedad del poder -con independencia de la prescripción de la acción penal- , el hecho de la muerte del poderdante o la calidad de los aquí denunciantes como herederos del causante. Frente a ese panorama, tampoco sería procedente la adopción de medidas de restablecimiento del derecho, razón por la cual solicitó no casar la sentencia impugnada. 2.4.3. Intervención del representante del Ministerio Público En este caso, cobraba especial importancia la prueba indiciaria como quiera que, a partir de varios hechos probados en este caso, se podían inferir otros no conocidos. Así, con fundamento en el principio de libertad probatoria, se demostró que, José de Jesús Betancur era el propietario del

probados en este caso, se podían inferir otros no conocidos. Así, con fundamento en el principio de libertad probatoria, se demostró que, José de Jesús Betancur era el propietario del predio ya referido; que falleció el 11 de mayo de 2003 -su hija Carmen Rosa Betancur relató las circunstancias en que ocurrió suCasación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 15 muertey que la presentación personal del poder otorgado a CARLOS ALBERTO CALVO GODOY se efectuó el 25 de noviembre de 2005 ante el Juzgado Civil Municipal de Cereté. A pesar de que no fue posible determinar las personas que concurrieron a esa diligencia, resultaba evidente que a ese acto no pudo concurrir el entonces propietario. En relación con el aquí procesado, en su defensa se alegó que había sido engañado, lo que significaba que participó en esa negociación. Además, de acuerdo con lo relatado por Floriza Peña, CARLOS ALBERTO CALVO GODOY recibió en varias ocasiones diferentes sumas de dinero como parte del precio de la compraventa y suscribió las respectivas constancias de los pagos, por lo que sin duda alguna se benefició de esta situación. Entonces cobra nuevamente valor la prueba indiciaria, debido a que la persona que recibió ese dinero y se apropió de los recursos, no es otra que el aquí procesado. En consecuencia, existían suficientes elementos de juicio que permitían declarar, con el grado de convencimiento exigido por la normativa procesal penal, la responsabilidad

apropió de los recursos, no es otra que el aquí procesado. En consecuencia, existían suficientes elementos de juicio que permitían declarar, con el grado de convencimiento exigido por la normativa procesal penal, la responsabilidad penal de CARLOS ALBERTO CALVO GODOY, razón por la cual se apoyaban los planteamientos expuestos en el primer cargo de la demanda de casación. 2.4.4. Intervención de la defensa técnica En criterio de este sujeto procesal, la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar la responsabilidad penal deCasación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 16 CARLOS ALBERTO CALVO GODOY, como así lo evidenciaron los jueces de primera y segunda instancia, toda vez que, ninguna de las pruebas practicadas en el juicio dio cuenta que el procesado fue la persona que acudió a la suscripción y aceptación del poder otorgado por el entonces propietario del inmueble y, mucho menos, que hubiera tenido conocimiento del origen espurio de ese documento. Es decir, a pesar de lo sostenido por la Fiscalía en el juicio, no bastaba que se probara que, para la fecha de presentación del poder, el mandante hubiera fallecido, para demostrar, a partir de ese hecho, la materialidad de las conductas punibles de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, así como la responsabilidad penal del procesado. De hecho, los peritos presentados por la entidad acusadora al juicio no pudieron sustentar sus conclusiones y, por el contrario, dejaron serias dudas acerca de la veracidad de la firma que supuestamente correspondía a

procesado. De hecho, los peritos presentados por la entidad acusadora al juicio no pudieron sustentar sus conclusiones y, por el contrario, dejaron serias dudas acerca de la veracidad de la firma que supuestamente correspondía a José de Jesús Betancur. Los jueces de instancia valoraron, de forma objetiva, la totalidad de las pruebas practicadas durante el juicio, sin embargo, el recurrente solo pretendió imponer su opinión sobre las mismas. En la demanda de casación, en su primer cargo, se propuso un falso juicio de identidad que no desarrolló conforme a la técnica exigida y que, en ocasiones, confundió con un falso juicio de existencia, al haber aludido a la omisión en la apreciación de las pruebas, o a un falso raciocinio, cuando indicó que se trasgredieron los principiosCasación N°. 58680 (Ley 906 de 2004) CUI 11001600000020160219601 Carlos Alberto Calvo Godoy 17 de la sana crítica. De manera similar, en el segundo cargo, se planteó un falso juicio de legalidad, pero nuevamente discutió la ausencia de «efectos probatorios a las pruebas presentadas y debatidas en el juicio». Asimismo, en la audiencia de sustentación, el nuevo apoderado de las víctimas formuló la supuesta configuración de un falso raciocinio respecto del testimonio de Juan Carlos Gómez Roa, investigador de la Fiscalía que verificó la autenticidad de las firmas impuestas por la juez y el

de un falso raciocinio respecto del testimonio de Juan Carlos Gómez Roa, investigador de la Fiscalía que verificó la autenticidad de las firmas i