CSJ - SP970-2024(59949)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente SP970-2024 Radicación N° 59949

CUI N°: 11001020400020160095002

Acta N° 094. Bogota D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

1. Decide la Corte el recurso de apelación formulado por la Fiscal Novena y el Procurador Dos, ambos delegados ante la Corte Suprema de Justicia, contra el fallo dictado en la Sala Especial de Primera Instancia, mediante el cual fueron

absueltos IVAN GERARDO GUERRERO GUEVARA, CARLOS ALBERTO PALACIOS PALACIO, y ARMANDO DIAZ SANCHEZ, de los cargos formulados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, agravado, presuntamente cometidos cuando, al tiempo de los hechos, desempeñaron la dignidad de Gobernador del Departamento de Putumayo. Casación N° 59949

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez

I. SÍNTESIS FÁCTICA

2. De acuerdo con las pruebas practicadas, el fallador de primer grado encontró probado que, conforme a solicitud previa del entonces Gobernador de Putumayo, el 29 de diciembre de 2000, mediante Resolución 1-056, al satisfacer las exigencias legales, el Departamento Nacional de Planeación — Comisión Nacional de Regalías, aprobó y asignó $2.503265.808 para el

proyecto regional de inversión denominado «REMODELACIÓN Y

AMPLIACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL PIO XI DE COLÓN PUTUMAYO»

(municipio de Colón — Putumayo)!.

3. La Gobernación de Putumayo, a través de su Secretaría de Infraestructura, realizó invitación a entidades cooperativas para presentar propuestas tendientes a desarrollar el aludido proyecto, con sujeción a las condiciones y términos de referencia insertos en tal convocatoria —concordantes con los presentados para gestionar los fondos otorgados para el proyecto—, trámite que fue declarado desierto?, y en razón de ello la misma entidad, con base en el artículo 2°, parágrafos, y el artículo 24, 1 Las gestiones para obtener esos recursos las impulso el gobernador de la época, Jorge Devia Murcia (1 de enero de 1998 a 31 de diciembre de 2000), Cfr. Cuaderno # 1 Corte, folios 248 a 300. 2 Convocatoria Pública DP001-2001 de 22 de octubre de 2001, a la que se presentaron: Administración Cooperativa del Sur del Meta (COSURMETA);

Administración Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial de Casanare Ltda. (CONADEC); y Administración Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales (CONALDE). Mediante Resolución N° 01824 de 13 de noviembre de 2001, suscrita por ARMANDO DÍAZ SÁNCHEZ (Secretario de Gobierno con funciones de Gobernador, según Decreto 0284 de 6 de noviembre de 2001) fue declarado desierto el respectivo concurso. 3 Ley 80 de 1993, artículo 2, parágrafo, vigente al momento de los hechos: “Para los

solos efectos de esta ley, también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a Casación N° 59949

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez numeral 1°, literal c/, de la Ley 80 de 1993, en armonía con el Decreto 855 de 1994, artículo 75, contrató directamente la realización del señalado objeto mediante el Convenio Interadministrativo N 032 de 4 de diciembre de 2001, por un valor de $2.416905.040, celebrado con la Cooperativa de Municipios y Entidades Estatales Ltda. —en adelante COMENTE, representada por Orlando Obregón Sabogal—, suscrito por el Secretario de Despacho, ARMANDO DÍAZ SÁNCHEZ, quien para entonces, por encargo, según Decreto N” 324 del 27 de noviembre de 2001, cumplía funciones de gobernador, investidura de la que era titular IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA”, quien se encontraba en comisión de servicios.

4. La fase de ejecución del aludido objeto contractual, en el cual se incluyó, desde sus albores, la ampliación de las antiguas instalaciones del Hospital Pio XII de Colón, mediante la construcción de un edificio nuevo en un lote adyacente a aquellas, inició el 28 de enero de 2002, con un plazo de dieciocho meses para su terminación. Sin embargo, a partir de enero de 2003, por diversas causass, las partes contratantes las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de

convenios interadministrativos celebran contratos por cuenta de dichas entidades”. Ibidem, artículo 24, núm. 1 “La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público, salvó en lo siguientes casos en los que se podrá contratar directamente”; literal c) “Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro”. 5 Decreto 855 de 1994, artículo 7°: “Los contratos interadministrativos, es decir, aquellos que celebren entre sí las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, con excepción de los contratos de seguro, encargo fiduciario y fiducia pública, se celebraran directamente. (...). 6 Entidad sin ánimo de lucro del sector cooperativo, integrada por siete entidades estatales, según su certificado de existencia y representación. Cuaderno anexos # 10, folios: 225 a 245. 7 Elegido para el período: 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2003. 8 La interventoría fue reemplazada en tres ocasiones, y los trámites de selección de esta fueron dilatados; además, el invierno, el mal estado de las vías y problemas de Casación N° 59949

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez aceptaron y acordaron, con sujeción a las cláusulas del convenio, suspensiones (cinco, que acarrearon una parálisis de más de 18 meses) y prórrogas (dos, con las que el plazo original se amplió 14 meses), lo cual ocasionó que los trabajos de la obra civil se

extendieran por varios años”.

5. El 1 de agosto de 2005, mientras continuaba la ejecución del objeto contractual, el entonces gobernador de Putumayo CARLOS ALBERTO PALACIOS PALACIO, previo concepto de viabilidad de la Secretaría de Infraestructura, accedió a la cesión del Convenio Interadministrativo 032, según solicitud elevada por COMENTE, en favor de la Administración Cooperativa de Municipios de Nariño Lda.l! —en adelante COOMNARIÑO, representada por Mauricio Modesto Zambrano Pantoja—12, sociedad con la que, también, se acordó una suspensión de la obra, sin que esta fuera finalmente concluida por tal contratista, y para el año 2008, bajo la administración del siguiente Gobernador de Putumayo!3, a través de la Resolución 0276 del 1° de abril, se produjo la liquidación unilateral del contrato, acto administrativo en el que determinó la Gobernación que, de los $2.4167905.040 acordados en el convenio: (i) la cuenta bancaria para el manejo de esos recursos tenía $360225.790,04 de saldo, incluidos los rendimientos financieros; (ii) a las cooperativas ya les había cancelado $2.095'854.175,96 del precio pactado; (iii) orden público de la región, repetidamente entorpeció el arribo de los materiales de construcción a la obra. 9 Cuaderno # 1 Instrucción Fiscalía, folios 31-55. Cuaderno Anexos N° 9. 10 Elegido para el periodo: 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2006. 11 También entidad sin ánimo de lucro, del sector cooperativo, integrada por tres

entes territoriales, según su acta de constitución y certificado de existencia y representación. Cuaderno anexos # 13, folios: 63 a 77. 12 Cuaderno # 1 Instrucción Fiscalía, folios 198 - 200. 13 Felipe Alfonso Guzmán Mendoza. Casación N° 59949

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez mientras que la obra ejecutada ascendía a $1.790450.065,34 — equivalente al 74%—, razón por la que, (iv) COOMNARIÑO debia reintegrar al Departamento $305404.110,6214.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

6. El señalado trámite contractual fue expuesto ante la Fiscalía, desde el año 2004, como irregular a través de un escrito anónimo —en el que, además de la parálisis de la obra, se resaltó que parte de los fondos habían sido usados para financiar la campaña política de un congresista—, razón por la que el 30 de noviembre de 2004 asumió la investigación el Fiscal 41 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Mocoa, funcionario que, el 14 de abril de 2008, remitió las diligencias a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte y, tras ser anulado ese trámite previo por incompetencia de quien lo había impulsado!5, la indagación fue finalmente asignada, el 30 de abril de 2013, al Fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el cual dispuso, el 21 de febrero de 2014, apertura formal de la investigacion!®.

7. A la actuacion fueron vinculados mediante indagatoria IVAN GERARDO GUERRERO GUEVARA (Gobernador de Putumayo), ARMANDO DIAZ SANCHEZ (Secretario encargado de las funciones de Gobernador) y CARLOS ALBERTO PALACIOS PALACIO (subsiguiente Gobernador de Putumayo) —el 4 y 11 de junio, y 16 de julio de 2014, 14 Cuaderno original anexos # 10, folios 266 - 275. 15 Cuaderno # 1 Instrucción Fiscalía, folios 1-7, 212 y 215-218. 16 Cuaderno # 2 Instrucción Fiscalía, folios 89-91; 92-95; 167-168 y 198-200.

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez respectivamente—17, contra quienes, una vez resuelta de manera provisional su situación jurídica —el 19 de septiembre de 2014—18 y clausurado el ciclo instructivo —el 16 de febrero de 2015—19, la Fiscalía emitió, el 3 de marzo de 2016, resolución de acusación como «...presuntos autores responsables de PECULADO POR APROPIACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS y CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISTOS LEGALES. ..», pliego de cargos que alcanzó ejecutoria material el 5 de mayo siguiente, fecha en la que fue resuelto, adversamente, el recurso de reposición interpuesto por la defensa de los procesados?20.

8. En la fundamentación de la acusación el instructor

consideró debidamente acreditada la condición especial de sujeto activo calificado exigida en las dos conductas punibles atribuidas a los implicados.

9. Acerca del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, señaló que para llevar a cabo la «remodelación, ampliación y dotación del Hospital Pio XIT de Colon» de Putumayo, en el año 2001, el entonces Gobernador, IVÁN GERARDO GUERRERO GUEVARA, convocó un «proceso licitatorio que fue declarado desierto porque «ningún oferente

[tenia] las calidades requeridas para el cumplimiento del objeto contractuab.

10. Sin embargo, en lugar de «convocar unan nueva licitación, se acudió a la contratación directa mediante el 17 Cuaderno # 2 Instrucción, folios 282-291 y 293-298. Cuaderno + 3 Instrucción Fiscalía, folios 11 a 19. 18 Cuaderno # 3 Instrucción Fiscalía, folios 42-71. 19 Cuaderno # 3 Instrucción Fiscalía, folio 104. 20 Cuaderno + 3 Instrucción Fiscalía, folios 156-189 y 255-273.

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez Convenio Interadministrativo N° 032 de 4 de diciembre de 2001, con la cooperativa COMENTE, con base en lo normado en la Ley 80 de 1993, artículo 2, parágrafo, para lo cual delegó la suscripción de ese acto en el Secretario de Gobierno, ARMANDO

DÍAZ SÁNCHEZ, según Decreto N° 324 del 27 de noviembre de 2001.

11. Debido a «la falta de planeación y correcta selección, la cooperativa COMENTE «incumplió con lo contratado y no fue posible concluir la obra, para cuya ejecución esta «subcontrató» con otras personas?!, circunstancia indicativa, agregó, no solo de la falta de idoneidad de la cooperativa, sino de que «se acudió a la contratación directa para eludir el proceso licitatorio y dejar en manos de terceros la obra convenida».

12. Además, el referido convenio «nació viciado a la vida jurídica, ya que lo contratado no fue la remodelación y ampliación del hospital, sino una nueva construcción aledaña o cercana a las instalaciones del antiguo sanatorio, en el que ninguna obra o ampliación fue realizada según «informes de Policía Judiciab??, en los que, también, se conceptuó que «una obra de tal envergadura no contó los estudios requeridos para su ejecución, pues los «$2.416450.065,34 pactados en el contrato no eran suficientes «para construir un hospital nuevo, como se pretendió con la firma del Convenio... [mientras que] si los dineros del Convenio se hubieran invertido para la ampliación y remodelación de las antiguas instalaciones del Hospital Pio XII, es muy probable que las obras y los 21 Hernando Chamorro Pasinga, Pedro Amaya, Gilberto Torres y Marcos Getial. 22 N° 759276 de 21 marzo de 2013 y N° 29008 del 20 de agosto de 2014.

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez dineros se hubieran ejecutado en su totalidad y estaria en un 100% al servicio de la comunidad».

13. Destacó el acusador que en el año 2005, pese a que la obra estaba sin concluir y con varias suspensiones, el entonces gobernador CARLOS ALBERTO PALACIOS PALACIO, «en lugar de revertir el estado de cosas, declarar el siniestro del convenio y tomar las acciones correspondientes para finiquitarlo» con sujeción a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, lo cedió a la cooperativa COOMNARIÑO, la cual tampoco concluyó la ejecución de lo pactado, pues en el año 2008, bajo la administración de otro gobernador, mediante la Resolución 0276 del 1 de abril, fue ordenada la liquidación unilateral del citado acto contractual.

14. Con base en lo anterior la Fiscalía precisó que «en la celebración del convenio se omitió dar cumplimiento al principio de selección objetiva, se evadió el proceso licitatorio, se acudió a la figura de la contratación directa bajo el argumento que los otros proponentes no tenían requisitos, y se acudió a un único postulante, la cooperativa COMENTE, que a la postre no pudo cumplir con el objeto del contrato y tuvo que subcontratar, demostrando con ello su falta de idoneidad para cumplir con su obligación como contratista».

15. Sostuvo el ente investigador que los procesados indicaron que el Acta N° 05 de agosto 6 de 1998, atribuyó la responsabilidad de los tramites precontractual y contractual a la Secretaría de Infraestructura y sus oficinas asesoras (de

planeación y jurídica), aseveración que para el instructor no exonera de responsabilidad a los implicados, por cuanto cada uno de ellos «en su momento tenía un deber objetivo de cuidado frente Casación N° 59949

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez al erario público, por eso no pueden eludir su compromiso jurídico y pretender que se admita que no debieron ejercer ningún tipo de controb sobre el convenio N 032 y sobre «el lugar donde se construyó», habida cuenta que ese deber de los procesados «radicaba en controlar y vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, conforme se lo imponía el artículo 26, numerales 1 y 5, de la Ley 80 de 1993».

16. En consecuencia, concluyó, los tres procesados «son presuntos autores responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por [el] que [se] les acusará, pues actuaron a sabiendas de la ilegalidad de tal contratación y con el propósito punible de defraudar a la administración pública por ellos representada, es decir, valerse como medio comisivo del contrato indebido, para propiciar el desfalco subsiguiente».

17. Acerca del delito de peculado por apropiación la Fiscalía empezó por recordar que el objeto contractual del convenio N 032 de 4 de diciembre de 2001, fue pactado por un valor de «$2.416°905.040».

18. Agregó que respecto de esa cantidad, en la Resolución N° 0276 de 1° de abril de 2008, con la cual fue declarada la

liquidación unilateral del citado convenio, se precisó que «el valor ejecutado fue de $1.790°450.065.34, entonces, en la Gobernación se estableció un faltante de obra por valor de $626.454.[974,66)».

19. Sin embargo, sostuvo que con ocasión de los informes solicitados en la fase de investigación, en orden a que los peritos conceptuaran acerca de las sumas pagadas a las cooperativas COMENTE y COOMNARIÑO, los expertos determinaron que a estas

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez les fue girado un valor total de «$2.077°743.675,96», de los cuales, al momento de la liquidación unilateral, en la cuenta bancaria destinada al manejo de esos caudales, habia «$391’888.277,04», recursos que fueron retornados a la Gobernación del Putumayo el 24 de agosto de 2011.

20. Los mismos peritos indicaron que la obra emprendida, esto es, «la construcción de un hospital nuevo, requería de una cantidad igual al doble de la contratada; no obstante, señalaron, las cooperativas subcontrataron con cuatro ingenieros la ejecución del aludido objeto contractual, por «$2.297721.687,> y, según los mismos expertos, el valor de las obras ejecutadas por estos subcontratistas fue apenas de «$1.002’327.762,4», de suerte que el faltante por ejecutar ascendió a «$1.295”393.924,8», suma ultima estimada por la fiscalía como cuantía del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

21. Acerca de la responsabilidad de los procesados

GUERRERO GUEVARA (Gobernador de Putumayo) y DÍAZ SÁNCHEZ (Secretario encargado de las funciones de Gobernador) frente a la señalada conducta punible, el instructor la predicó con base en que «utilizaron como salida la contratación directa, evadiendo el proceso licitatorio, vulnerando, como ya se dijo, los principios de la contratación administrativa como son la igualdad, moralidad, planeación, transparencia, selección objetiva y economía, los cuales estuvieron ausentes en la contratación y, apoyados fraudulentamente en la figura del convenio administrativo, contrataron con una entidad sin la capacidad técnica para llevar por sí misma el proyecto, lo que llevó, no solo a la no culminación de las obras, sino a la perdida para el departamento de la suma de $1.295.393.924, que terminó en poder de los subcontratistas». 10 Casación N° 59949

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22. Y frente a PALACIOS PALACIO le endilgo responsabilidad con base en que, al asumir como gobernador de Putumayo, en el 2005, «ante la situación en que se encontraba la obra del hospital de Colón, optó por autorizar la cesión del contrato de la cooperativa COMMENTE a la cooperativa COOMNARIÑO, siendo a esas alturas evidente el daño patrimonial, por cuanto los 18 meses para la cual se había contratado se encontraban ampliamente superados, ya que la cesión fue firmada el 1° de agosto de 2005, es decir, tres años y ocho meses después, siendo patente la imposibilidad

legal para subcontratar, como se ha venido detallando».

23. Por último, indicó que «los sumariados permitieron dolosamente que terceros se apoderaran de los recursos del Departamento del Putumayo, porque cada uno de los aquí investigados, en la correspondiente fase contractual en que intervinieron, sabían y conocían la forma en que se debía contratar y pese a ello la eludieror».

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

24. Agotada la fase de juzgamiento, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia?3, mediante fallo de 17 de junio de 2021, absolvió a los procesados de los cargos formulados en la acusación, por atipicidad de las 23 Esa etapa la inició (el 19 de mayo de 2016) e impulsó la Sala de Casación Penal, y luego de tramitar varias sesiones de la audiencia pública de juzgamiento, a raíz de la implementación del Acto Legislativo 01 de 2018, el expediente fue remitido, el 19 de julio de 2018, por competencia, al citado juez plural del primer grado

(Cuaderno # 1 Corte, folios 4 -14 y 180 — 204; Cuaderno # 2 Corte, folios 238 — 241 y 291293; Cuaderno # 3 Corte, folios 183). 11 Casación N° 59949

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez conductas punibles endilgadas, con sujecion a las siguientes consideraciones principales?:

25. Al respecto precisó que la atribución del delito de

contrato sin cumplimiento de requisitos legales a GUERRERO GUEVARA y DÍAZ SÁNCHEZ, en calidad de autores, atendida la condición de Gobernador que, en su momento, ostentó cada uno en relación con fases precontractual y contractual inherentes al Convenio Interadministrativo 032 de 4 de diciembre de 2001, careció de sustento, toda vez que”:

26. La contratación directa con la Cooperativa de Municipios y Entidades Estatales Ltda. (COMENTEPS, según la legislación vigente al tiempo de los hechos, era permitida por expreso mandato legal, pues aun cuando el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en su numeral 1°, establecía, como norma general, en desarrollo del principio de transparencia, que la selección del contratista «se efectuará siempre mediante licitación pública o concurso público, el mismo precepto consagraba diversas salvedades a ese trámite, entre ellas, en su literal c), la celebración de contratos «Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro»;

27. La comentada autorización fue regulada en el Decreto 855 de 1994, el cual, en su artículo 7°, preveía que: «Los contratos interadministrativos, es decir, aquellos que celebren entre sí 24 Cuaderno # 4 Corte, folios 152 a 199. Cuaderno # 5 Corte, folios 2 a 83. 25 Cuaderno # 5 Corte, folios 40 a 47. 26 Sociedad sin ánimo de lucro del sector cooperativo, integrada por siete entidades estatales, según su certificado de existencia y representación. Cuaderno anexos # 10, folios: 225 a 245.

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez las entidades a que se refiere el articulo 2 de la Ley 80 de 1993, con excepción de los contratos de seguro, encargo fiduciario y fiducia pública, se celebrarán directamente»;

28. Y en consonancia con las citadas normas, el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, en el que se define qué se entiende por entidades estatales, servidores públicos y servicios públicos, respecto de las primeras, en su Parágrafo 1%, vigente para la época que aquí interesa, señalaba que: «Para los solos efectos de esta ley, también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades».

29. De suerte que como en el texto del Convenio Interadministrativo 032 de 4 de diciembre de 2001, celebrado por la Gobernación de Putumayo con la cooperativa COMENTE, expresamente fue invocada esa normatividad como justificación de la contratación directa con la misma, el reproche formulado en el pliego de cargos por no acudir a una licitación pública carece de respaldo; sin dejar de resaltar el juez de primer nivel que, aun cuando, inicialmente, la citada entidad territorial adelantó una convocatoria pública a entidades de la misma naturaleza de COMENTE, con resultado fallido (al ser declarada desierta), ello no le imponía obligación, conforme a norma legal

alguna, de insistir en ese mecanismo o de ampliarlo a otro tipo de organizaciones, pues la legislación citada permitía desde un principio la contratación directa. 13 Casación N° 59949

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez

30. De otra parte, pero en relación con la misma conducta punible, acerca de la falta de idoneidad y capacidad de la cooperativa, según la acusación, encubierta o soslayada a través de la modalidad de contratación acogida, pero evidenciada por el hecho de que el aludido ente «subcontrató» el desarrollo del objeto del convenio, el fallador de primer grado indicó que ese cuestionamiento como estructurante del delito

también carecía de fundamento por cuanto27:

31. De acuerdo con los trámites previos cumplidos ante la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Putumayo, dependencia encargada de esa fase, el respectivo comité evaluador de la propuesta, según las pruebas allegadas, estableció que, en cuanto a precio, experiencia, capacidad financiera y cumplimiento, la cooperativa COOMENTE obtuvo los máximos puntajes, aspecto que no fue desvirtuado por el sujeto procesal acusador.

32. Desde esa perspectiva, agregó, las diferentes situaciones irregulares que ocurrieron durante el desarrollo del Convenio, como la alegada subcontratación, constituyen situaciones propias de la fase de ejecución, extrañas o inidóneas para configurar el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, de conformidad con decantado criterio

jurisprudencial.

33. Resaltó que lo celebrado, en estricto rigor, por COMENTE con los ingenieros que ejecutaron las obras civiles se 27 Cuaderno # 5 Corte, folios 47 a 50.

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez denominó «ordenes de asistencia», acerca de las cuales, más alla de las suspicacias generadas a la Fiscalía, este ente no argumentó y menos demostró en qué consistió la ilegalidad de esa formas contractuales, además que en relación con las mismas tampoco la interventoría del convenio formuló reparo alguno, sin dejar de destacar el juzgador primario que de existir alguna irregularidad en esos actos acaecidos en la fase de ejecución, ello, eventualmente, conllevaría la configuración de una conducta punible diferente atribuible a quienes ejercieron la función de interventoría o vigilancia del Convenio, de conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993.

34. En cuanto al supuesto desconocimiento en la fase precontractual del principio de planeación, por omisión de estudios previos, presunta irregularidad que el ente acusador infirió con base en el informe de policía judicial N 9-29008 de 29 de agosto de 2014, en el que se indicó que lo contratado no fue una remodelación y ampliación del hospital, sino una nueva construcción aledaña o cercana a las instalaciones del antiguo Hospital Pio XII de Colón, el juzgador de primer grado destacó que tal aseveración y razonamiento del instructor resultaba

contrario a la prueba documental aportada al proceso y por lo mismo ineficaz para sustentar el juicio de tipicidad formulado por la Fiscalía, pues”:

35. El mismo sujeto procesal acusador en la audiencia pública terminó por reconocer que uno de los objetivos del proyecto consistía en la construcción de un bloque de dos pisos, 28 Cuaderno # 5 Corte, folios 50 a 59.

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez con un area de 1.282,82 metros cuadrados, en un lote de propiedad del Hospital Pio XII, donde funcionaria la nueva sede de hospitalización, afirmación que basó en el contenido de la ficha de estadística básica de inversión del proyecto.

36. Puso de presente el juzgador que, efectivamente, al cotejar la documentación respectiva, se observa que « en los estudios previos efectuados en el acápite “DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA - ASPECTOS GENERALES” como características principales del proyecto de ampliación, remodelación y dotación de la ESE Hospital Pío XII de Colón, se describen, entre otras: “La construcción de un bloque de dos pisos con un área de 1.282,82 metros cuadrados, en lote de propiedad del Hospital Pio XII, donde se incluye (...) Remodelación del antiguo bloque de hospitalización (989.25 metros cuadrados) para la reubicación de (...) las antiguas instalaciones de consulta externa (...)”

37. Por lo tanto, concluyó el fallador, contrario a lo sostenido en el citado informe policial, acogido como reproche

constitutivo del delito en la acusación, las evidencias allegadas a la actuación acreditan que «el proyecto previó desde el principio la construcción de un bloque nuevo de dos pisos, donde funcionaría la nueva sede de hospitalización, construcción que sin duda cabe dentro del concepto de ampliación, pues se hizo en un lote aledaño de propiedad del hospital y conectaba con éste, tal como también se desprende de los planos de la obra elaborados por el arquitecto Carlos Eduardo Guerrero a solicitud del Gobernador de Putumayo de entonces, Jorge Devia Murcia, con el visto bueno del arquitecto Amadeo Vita T., del Grupo de Infraestructura Física del Ministerio de Salud». 16 Casación N° 59949

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Ivan Gerardo Guerrero Guevara Carlos Alberto Palacios Palacio Armando Diaz Sanchez

38. Por último, resaltó el juez de instancia que el trámite precontractual del convenio en cuestión fue delegado en la Secretaría de Infraestructura Departamental, aspecto corroborado y no controvertido por parte de la Fiscalía, de suerte que si ninguna de las irregularidades alegadas por ese ente encontró cabal demostración, bien sea por la modalidad de contratación directa, o por desconocimiento del principio de planeación, o por la criticada subcontratación, al carecer también la actuación de elementos de juicio del que pueda inferirse que GUERRERO GUEVARA o DIAZ SÁNCHEZ, en el desempeño del cargo como gobernadores, de alguna forma, intervinieron en la fase precontractual para amañar el trámite en favor de la cooperativa COMENTE, o para cohonestar o avalar

la manera como esta desarrollo el objeto contractual, el comportamiento de los citados deviene atípico frente a la conducta punible de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales?”.

39. En cuanto a la atribución de la misma hipótesis delictiva a PALACIOS PALACIO (Gobernador subsiguiente de Putumayo), señaló el juzgador de primer nivel que el supuesto fáctico acreditado es que en su condición de Gobernador para el año 2005, el día 1 de ago