CSJ - SP982-2024(65783)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente SP982-2024 Radicación No 65783 Acta 093 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

VISTOS: Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Fiscalía 12 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra la sentencia absolutoria proferida el 18 de enero de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia dentro de la actuación seguida contra el exgobernador del departamento de La Guajira HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE!, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía. 1 En el período comprendido entre el 1° de enero de 2001 al 4 de julio de 2003.

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle HECHOS: El 26 de diciembre de 2001 HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE, en calidad de Gobernador de La Guajira, suscribió el contrato de obra 487 con la Unión Temporal CVICG Ltda. por un valor de $2.119°889.561, con el objeto de construir «obras para el plan maestro de alcantarillado sanitario de Riohacha, sistemas de tratamiento de aguas residuales y emisario final». Para el cumplimiento, se pactó un plazo de 6 meses desde la suscripción del acta de inicio. El 28 de diciembre siguiente la Gobernación de La

Guajira giró $1.0597944.780 por concepto de anticipo, correspondientes al 50% del valor total del negocio jurídico. Sin embargo, la obra fue suspendida y no se cumplió su objeto porque i) no contaba con licencia ambiental; ii) el municipio de Riohacha no había hecho entrega de los terrenos destinados a la construcción de la planta de tratamiento, y iii) no se realizó consulta previa con las comunidades indígenas ubicadas en la zona de desarrollo del proyecto.

ANTECEDENTES PROCESALES:

1. El 7 de septiembre de 2006 el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró responsable al departamento, al municipio de Riohacha, a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -CORPOGUAJIRAy a CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle Aguas de La Guajira S.A. por la violación de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano y la seguridad y salubridad públicas —art. 4, lit. a) y g) de la Ley 472 de 1998—. Además, compulsó copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que investigara la posible infracción de los principios que rigen la contratación estatal y el detrimento patrimonial del ente territorial en favor del contratista.

2. Por los hechos descritos, el 26 de abril de 2010 el Fiscal General la Nación (E) abrió investigación previa contra HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE y dispuso la práctica de algunas pruebas.

3. Cumplido lo anterior, el 24 de septiembre de 2013

la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia decretó la apertura de instrucción y ordenó la vinculación de DELUQUE FREYLE mediante indagatoria practicada el 30 de diciembre siguiente.

4. Con Resolución del 25 de junio de 2015 la Fiscalía 12 Delegada ante la Corte resolvió la situación jurídica del procesado, absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento.

5. Clausurada la investigación, el 19 de febrero de 2016 la Fiscalía 12 Delegada ante la Corte calificó el mérito del CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle sumario con resolución de acusación contra HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE como probable autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado por la cuantía —arts. 410 y 397-2 de la Ley 599 de 2000—. En ésta, sintetizó los hechos así: Por acción popular incoada por Alberto Palmarroza Inciarte, el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira en providencia del siete (7) de septiembre de 2006, declaró responsables al Departamento de la Guajira, al Municipio de Riohacha, Corpoguajira y Aguas de la Guajira S.A, de la violación de derechos colectivos de la comunidad de Riohacha, previstos en el artículo 4 literales a) y g) de la ley 472 de 1998, y ordenó compulsar copias para que se investigaran las irregularidades que se pudieron haber cometido en la ejecución del contrato No.

487 de 2001 suscrito por un valor de $2.119.889.561.00 por parte del Gobernador del Departamento con la Unión Temporal CV - ICO LTDA con el objeto de construcción de obras para el plan maestro de alcantarillado de Riohacha, sistemas de tratamiento de aguas residuales y emisario final..."

6. La defensa interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia y el 20 de mayo de 2016 la Fiscalía la confirmó.

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7. Remitido el asunto a la Sala de Casación Penal, el 25 de agosto de 2016 se corrió el traslado contemplado en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000. Agotado el trámite pertinente, con auto CSJ AP2583-2017 del 2 de mayo de 2017 denegó la nulidad propuesta por la defensa y resolvió las solicitudes probatorias de las partes. El 28 de noviembre de 2017 la Sala instaló la audiencia de juzgamiento y el 4 de diciembre siguiente practicó algunos testimonios.

8. Tras la implementación del Acto Legislativo 01 de 2018, el 23 de julio de ese año la Sala de Casación Penal envió el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia.

9. Finalizada la audiencia de juzgamiento, el 18 de enero de 2024 la Sala Especial de Primera Instancia profirió fallo de carácter absolutorio, tras establecer que la conducta atribuida al acusado deviene objetivamente atípica, en tanto

no se demostró el incumplimiento de requisitos legales en la fase precontractual y suscripción del contrato de obra 487 de

2001. En sustento, la primera instancia expuso: (...) los tres eventos que se le atribuyen al procesado, escapaban de sus funciones en el trámite precontractual, pues, el primero (licencia ambiental), correspondía a un asunto de competencia de CORPOGUAJIRA y fue ella quien inicialmente promovió la autorización reclamando solamente un plan de manejo ambiental que le fue presentado oportunamente por DELUQUE FREYLE, quien CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle simplemente realizó lo que la autoridad ambiental le exigió. El segundo aspecto (consulta previa), la actuación muestra que las reuniones con las comunidades indígenas afectadas con el proyecto, se realizaron y llegaron a acuerdos sobre el particular y esto hizo, precisamente, que CORPOGUAJIRA emitiera finalmente la licencia ambiental, la cual fue revocada porque esta Entidad no emitió auto de convocatoria a la consulta previa y en el acta final no aparece funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, componente fáctico ajeno no solo a la competencia del ex gobernador, sino también a sus funciones en el periodo precontractual en el que solo hizo lo que CORPOGUAJIRA, le iba indicando. Y, finalmente, en relación con los predios, la gobernación de la Guajira apoyaba a la ciudad de Riohacha, en la financiación del proyecto sanitario, luego era la autoridad local (no el gobierno departamental), la encargada de

adquirir y entregar los predios para su ejecución y si hubo alguna irregularidad en cuanto a la titularidad de la propiedad o que se ubicaban en lugar que en principio no era viable pero que, de acuerdo con nuevos estudios esa ubicación generaba reducción de costos, corresponde «a un asunto que escapaba a la responsabilidad de

DELUQUE FREYLE> (...).

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle Asimismo, concluyó que si bien dentro de la actuación se probó i) que el anticipo del 50% del valor del contrato fue entregado al contratista con ocasión de una obligación contractual y ii) que en el período de gobierno de HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE no se usó en la obra, ello obedeció a actos de terceros. Expuso que estas circunstancias llevan a la misma conclusión de atipicidad objetiva, en tanto no se estableció la apropiación de dineros públicos en favor de otras personas que se le reprochó en la acusación.

10. En desacuerdo, la Fiscalía 12 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia promovió recurso de apelación.

LA IMPUGNACIÓN:

1. La recurrente estimó, contrario a lo referido en la primera instancia, que el exgobernador DELUQUE FREYLE no debió celebrar el contrato de obra 487 del 26 de diciembre de 2001 porque no cumplía con los requisitos propios de este acto jurídico. En concreto, insistió en que el proyecto i) carecía de licencia ambiental, ii) no agotó el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y iii) no

disponía material y jurídicamente de los terrenos en donde se pretendía desarrollar la obra civil, en detrimento de los principios de planeación, economía y transparencia. Reprocha al procesado que, ante tal panorama y en manifiesta contradicción del ordenamiento jurídico y del principio de planeación, haya suscrito el contrato de obra CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle 487 de 2001 y autorizado el desembolso del anticipo del 50% de su valor. Por otra parte, tras aludir a la estructura típica del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, destacó que para el asunto examinado la aplicación del referido principio se encontraba a cargo del procesado por disposición de los artículos 25-12 de la Ley 80 de 1993 y 33 de la Ley 152 de 1994.

2. En seguida se ocupó de las razones de la decisión impugnada en el mismo orden en que fueron propuestas. 2.1. Del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 2.1.1. De la licencia ambiental.

Aclaró que la obra contratada pretendía garantizar el manejo de aguas residuales en Riohacha, a efectos de purificar el agua y dirigirla al afluente “Arroyo Guerrero”. Por tanto, afirmó que la licencia ambiental era un requisito previo a la suscripción del contrato. En sustento, indicó que la Gobernación solicitó a la Corporación Autónoma Regional un concepto sobre este puntual aspecto y, en respuesta suscrita el 13 de diciembre de 1999, su Director General precisó «que el proyecto PLAN

MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE RIOHACHA CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, es ambientalmente viable, pero está sujeto a la expedición de licencia ambiental (..)». Esta contestación fue radicada en el despacho del Gobernador el 18 de septiembre de 2000. Por consiguiente, advirtió que CORPOGUAJIRA no varió su postura sobre la necesidad de contar con licencia ambiental, como de manera equivocada concluyó la Sala Especial de Primera Instancia. Tampoco es cierto, como ésta sostiene, que «Jamás insinuó la necesidad de una licencia para la construcción de la obra». Resaltó que entre la suscripción del contrato (26 dic. 2001) y la primera suspensión soportada en la inexistencia de licencia ambiental (18 feb. 2002), «no sucedió trámite alguno más allá del desembolso del 50% del anticipo, lo que en una sana lógica conlleva a señalar que previo a la suscripción del contrato el ordenador del gasto tenía pleno conocimiento del requisito (...) y sólo fue mediado como excusa posterior al pago del contrato». Sumado a lo anterior, refirió que el 6 diciembre de 1999 el entonces Gobernador de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, solicitó a CORPOGUAJIRA «licencia ambiental para la ejecución del proyecto “Construcción de la laguna de oxidación en el municipio de Riohacha (...)» y obtuvo como respuesta el Concepto Técnico 03.03.102 del 16 de mayo de

2000, en el que la autoridad precisó que para «que el Departamento de La Guajira pueda desarrollar el proyecto CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle requiere Licencia Ambiental, por lo tanto deberá presentar un estudio de impacto ambiental de conformidad con los términos que establezca Corpoguajira». Por consiguiente, argumentó que la implementación del Plan de Manejo Ambiental no suplía el referido descuido y, que a pesar de ello, el procesado celebró el contrato de obra 487 de 2001 a sabiendas de que era indispensable contar con la aludida licencia ambiental. Sobre el debate planteado en torno al Plan de Ordenamiento Territorial de Riohacha -POT 2001-2009-, señaló que no es de interés jurídico para el presente proceso porque fue aprobado el 2 de febrero del 2002, fecha posterior a la suscripción del contrato de obra 487 de 2001. Del mismo modo, cuestionó que la primera instancia considerara demostrada la intención de acatar la Ley por parte del procesado, a partir de las certificaciones del Secretario de Planeación y del Director General de CORPOGUAJIRA sobre la inclusión del objeto del mencionado contrato en el POT. En vez de ello, agregó, el «deber ser, era que tenía que cumplir la ley», no sólo haber tenido el propósito de hacerlo. Para terminar, destacó que era tal la necesidad de contar con la licencia ambiental que la ejecución del contrato se suspendió por este motivo y, con Resolución 1747 del 15 de julio de 2002, CORPOGUAJIRA otorgó el permiso 10

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle requerido para la construcción del Sistema de Tratamiento y disposición final de Aguas Residuales en la ciudad de Riohacha. 2.1.2. De la consulta previa. De entrada, la Fiscalía recurrente rechazó que la primera instancia haya considerado que correspondía a CORPOGUAJIRA, y no al exgobernador HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE, agotar el trámite de consulta previa. En sustento, expuso que ésta constituye requisito previo y necesario para la expedición de la licencia ambiental. Argumentó que, si bien el 17 de octubre de 2001 la Gobernación de La Guajira solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior la expedición del certificado sobre la presencia o no de comunidades en el lugar de desarrollo del proyecto, también lo es que esa fecha coincide con la iniciación del proceso de licitación pública. Esta concurrencia, en su criterio, permite advertir que el agotamiento del trámite de consulta previa no se contempló en la etapa de planeación. Ahora bien, destacó que en el año 2003 se revocó la licencia ambiental conferida el 15 de julio de 2002 por el incumplimiento del presupuesto de consulta previa. Sobre esta revocatoria, la Sala Especial de Primera Instancia destacó que se originó en tres errores de trascendencia jurídica y procedimental que, a juicio del recurrente, 11 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle evidencian que por el «afán del gobernador era necesario saltarse la Ley, ya que los términos en tiempos no concordaban, de allí la importancia de la fecha 17 de octubre de 2001, donde confluye la apertura del proceso de contratación y la solicitud al Ministerio, cuando a todas luces era necesario iniciar los trámites de la consulta antes del 17 de octubre». En conclusión, refirió que si bien la consulta previa se realizó, su trámite fue extemporáneo y contrario a los requisitos de ley, pues se adelantó con «un grosero afán» en menoscabo de los derechos de los pueblos indígenas. 2.1.3. De los terrenos. Luego de resaltar la importancia del principio de planeación a partir de los pronunciamientos que sobre el particular ha proferido el Consejo de Estado, la Fiscalía recurrente cuestionó que la Corte exculpe al exgobernador argumentando que los predios donde se iba a realizar la obra eran ofrecidos por el municipio de Riohacha, postura que no contempló que, por reglas de la experiencia, «el raciocinio mínimo de cualquier persona antes de construir una obra en un bien inmueble es verificar la propiedad y titularidad del bien», con mayor razón si en esta se pretendían invertir dineros públicos. Con sustento en lo anterior, sostuvo que no puede tenerse como excluyente de responsabilidad el hecho de que 12 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle las contrariedades con la titularidad del bien sobrevinieron a

la suscripción del contrato, pues, lo cierto, es que el estudio de títulos debió realizarse antes de la firma. 2.2. Del peculado por apropiación en favor de terceros. La Fiscalía recurrente expuso que con el actuar del exgobernador se comprometió el presupuesto en favor de terceros. Como fundamento, alegó que la suscripción del contrato con las irregularidades descritas perturbó su desarrollo en el término pactado, al tiempo que dejó en evidencia la improvisación y falta de planeación que imposibilitó el desarrollo de la obra —lo cual persiste en la actualidad—. Todo ello, a pesar del desembolso del anticipo. Con sustento en el artículo 209 de la Constitución Política, sostuvo que el procesado actuó en favor de intereses mezquinos y con el fin de favorecer a terceros, impidiéndole, además, cumplir con las funciones que le correspondían en menoscabo del principio de moralidad, previsto en el canon 3% de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo—. Por lo expuesto, rechazó la conclusión, según la cual, correspondía al municipio y no al departamento verificar la titularidad de los predios donde se iba a desarrollar el proyecto, pues, sin lugar a dudas, esta labor recaía en quien suscribió el contrato. En el mismo sentido, indicó que el principio de confianza entre las autoridades administrativas 13 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle involucradas exige el deber objetivo de cuidado y responsabilidad, los cuales se inobservaron de manera

consciente y deliberada. También refutó que, en criterio de la primera instancia, la obra no se desarrolló por actos de terceros que hacen inviable exigir su cumplimiento por parte del contratista y, en tal medida, no puede afirmarse que existió una apropiación de recursos públicos en favor de un tercero. Aseguró que el nexo causal del peculado por apropiación, se deriva de la suscripción de un contrato ilegal, que de no haber sido firmado en las condiciones señaladas en la resolución de acusación, no hubiese causado el perjuicio patrimonial derivado del pago del anticipo.

3. Por lo expuesto, la Fiscalía 12 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó revocar la sentencia absolutoria y, en su lugar, condenar a HERNANDO DAVID DELUQUE FREYLE como autor de los delitos objeto de acusación.

INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES: En el término conferido sólo la defensa se pronunció. Según indicó, la apelante pasó por alto que, bajo la normativa vigente al momento de la firma del contrato y con posterioridad a éste, no era obligatorio contar con una licencia ambiental. Del mismo modo, expuso que la inconformidad de las 14 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle supuestas comunidades indígenas que residían en el lugar de desarrollo de la obra civil terminó por confundir a CORPOGUAJIRA y, con ello, la impulsaron a exigir, de manera tardía y en contravía de la normativa aplicable, la licencia ambiental que terminó otorgándose el 12 de julio de

2002 dentro del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Sobre el primero de esos aspectos, señaló que, con Resolución 001838 del 8 de agosto de 2001, CORPOGUAJIRA aprobó el plan de manejo ambiental presentado para el desarrollo del proyecto, sin aludir a la necesidad de tramitar una licencia ambiental. Resaltó que para el momento en que se suscribió el contrato de obra 487 de 2001 se encontraban vigentes la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1753 de 1994, acorde con los cuales, concernía a las autoridades ambientales, a discreción, determinar el tipo de licencia o permiso requerido para la construcción de sistemas de acueducto en áreas urbanas y la construcción y operación de sistemas de alcantarillado. A lo anterior, agregó que el POT de Riohacha entró en vigencia el 2 de febrero de 2002 y, con ello, cobró vigor el artículo 99-2 de la Ley 388 de 1997, según el cual, no se requiere de licencia o plan de manejo ambiental para firmar contrato o iniciar las obras pactadas, siempre que el POT se haya expedido conforme a dicho cuerpo normativo. Sobre el particular, mencionó que en sentencia CSJ SP, 15 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle 20 may. 2009, Rad. 31654, la Sala de Casación Penal reconoció que no había lugar a exigir la expedición de licencia ambiental para el desarrollo de proyectos incluidos en el POT, como ocurre en el presente asunto.

Por otra parte, dijo que el panorama jurídico de certeza de no exigencia de una licencia ambiental formal se hizo confuso con la oposición de las comunidades indígenas que supuestamente habitaban en el sector donde se ejecutaría la obra pública, lo cual derivó en el trámite tardío de la licencia ambiental y en la expedición de la Resolución 01747 del 15 de julio de 2002. Adicionalmente, señaló que el 6 de agosto de 2002 entró en vigencia el Decreto 1728, a través del cual el Ministerio de Ambiente dispuso que las obras de construcción y desarrollo de proyectos municipales de saneamiento básico relacionadas con sistemas de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales previstas en los POT de municipios con población inferior a 200.000 habitantes estaban sometidas, únicamente, a registro ante la autoridad ambiental competente. Esto es, sin necesidad de contar con licencia ambiental. Concluyó, por tanto, que no era obligatoria la expedición de licencia ambiental, por cuanto bastaba el plan de manejo ambiental, trámite que se había agotado con inclusión del componente de concertación previa y socialización con las comunidades. 16 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle En lo que respecta a este último, señaló que entre 1999 y 2001 se agotaron los procedimientos de concertación, consulta previa y socialización con las comunidades indígenas que, en apariencia, residían en el sector. Y, en todo caso, destacó que su trámite competía a la autoridad ambiental y no al jefe del ente territorial.

En igual sentido, rechazó que se pretenda responsabilizar al exgobernador por las dificultades relacionadas con la titularidad de los predios destinados a la construcción de las lagunas de oxidación, en atención a que la participación del municipio de Riohacha se confinó a la disposición de estos terrenos. Por ende, sostuvo que el exgobernador actuó de buena fe, ante la intervención de terceros ajenos a su despacho. Para terminar, argumentó que la Fiscalía no logró probar la apropiación de recursos del Estado por parte de un tercero, en tanto, según se acreditó, la totalidad del anticipo fue invertido en las obras materia del contrato 487 de 2001. Al respecto, manifestó que se remitía a los razonamientos expuestos en los alegatos de conclusión. En éstos, de manera adicional, la defensa sostuvo que la obra contratada sólo requería Plan de Manejo Ambiental, como se indicó en la Resolución 1838 de 2001. Resaltó que CORPOGUAJIRA no realizó ninguna advertencia sobre la supuesta necesidad de tramitar más adelante la licencia ambiental. Asimismo, refirió que para el momento en que se 17 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle firmó el negocio jurídico y el inicio de las obras estaban vigentes la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1753 de 1994 que, en su artículo 8”, dispone: «Hasta tanto se expidan los reglamentos correspondientes a cada sector, el interesado en adelantar algunos de los proyectos, obras o actividades descritos en este artículo solicitará un pronunciamiento

de la autoridad ambiental sobre la necesidad de obtener la Licencia Ambiental. Por tanto, sostuvo que atañía a CORPOGUAJIRA, de manera discrecional, determinar el tipo de permiso o licencia requerida para iniciar las obras. Ello, argumentó, se corrobora con la mayoría de los testigos que comparecieron a la investigación e informaron que para el momento en que se firmó el contrato se había aprobado el Plan de Manejo Ambiental, como única exigencia impuesta por la autoridad competente. Aclaró que éste fue tenido en cuenta en las etapas de concertación previa y socialización con las comunidades, como se acredita con la documentación aportada y el testimonio de la ingeniera Bielka Pimienta. Con fundamento en lo expuesto, cuestionó el llamamiento a juicio de la Fiscalía. Sostuvo que en el presente asunto no resulta aplicable la Ley 99 de 1993, pues, por tratarse de una ley general, debe ceder ante la regulación especial del Decreto 1753 de 1994. De tal suerte, aseguró que los artículos 8° y 49 no tienen cabida para zanjar la 18 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle controversia planteada. Agregó que la obra contemplada en el contrato 487 de 2001 no se consideró de alto impacto ambiental. Insistió en que las obras contratadas estaban contempladas en el POT de Riohacha y, por ende, no requerían licencia ambiental para firmar el contrato, ni para iniciar las obras de construcción. Aclaró que si bien éste se

aprobó el 2 de febrero de 2002, debido a que su discusión se dio en el año 2001, sus disposiciones resultaban aplicables al asunto debatido. Aseguró que sí hubo un proceso de concertación y consulta previa desde el año 1999 y que éste se realizó antes de la suscripción del contrato. En sustento, dijo que así lo indicaron los testigos y se establece a partir de las pruebas practicadas. Con todo, resaltó que con posterioridad aparecieron nuevas comunidades que torpedearon la ejecución de las obras. Para terminar, mencionó que el único responsable de la adquisición y entrega de los predios era el municipio y no la gobernación. Sostuvo que esta última sólo debía aportar los recursos económicos vía adjudicación. Por lo expuesto solicitó que se confirme en su integridad la sentencia absolutoria. 19 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle CONSIDERACIONES DE LA CORTE: En atención a lo establecido en el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, la Corte examinará los aspectos sobre los que la Fiscalía impugnante expresa inconformidad, incluyendo los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura.

1. Del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El texto original del artículo 410 de la Ley 599 de 2000, vigente para el momento de los hechos —26 dic. 2001—, sanciona con pena de 4 a 12 años y multa 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes al «(...) servidor

público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos (...). Por tratarse de un tipo penal en blanco, para su estructuración requiere complementarse a partir de normas constitucionales, legales y reglamentarias. Sólo de esta manera es posible precisar el alcance del concepto requisitos esenciales al que aludió el legislador. De igual forma, demanda la intervención de un sujeto activo calificado —servidor público— en quien deben concurrir la capacidad y competencia funcional de intervenir 20 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle en la i) tramitación, ii) celebración o iii) liquidación del negocio jurídico. En otras palabras, de comprometer los intereses de la administración en cualquiera de estas fases. La jurisprudencia de la Sala tiene dicho que sólo es reprochable la actuación dolosa del servidor público, esto es, el conocimiento y voluntad de infringir la ley penal en las etapas mencionadas. Por tal motivo, para resolver el recurso de apelación propuesto por la Fiscalía 12 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, es necesario examinar el acervo probatorio. 1.1. En el específico asunto que se examina, la Fiscalía acusó al exgobernador DELUQUE FREYLE por violación del principio de planeación, inmerso en el de economía, por hechos relacionados con la fase previa del contrato de obra 487 del 26 de diciembre de 2001. Éste se encuentra previsto en los numerales 7” y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993:

Artículo 25. Del principio de economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio... (...) 7. La conveniencia o inconveniencia del objeto por contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contrato o de su firma, según el caso. 21 CUI 11001020400020160155901

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Segunda Instancia Hernando David Deluque Freyle (...) 12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o a la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños, y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones o términos de referencia (...). El Consejo de Estado ha precisado que dicho principio propende por evitar que los futuros contratos se malogren, al tiempo que conjura la improvisación y la errática ejecución contractual: «El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta

ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ej