CSJ - 00347(30-11-23)

Sala Especial de Primera Instancia 2023 Página 1 de 10 Proceso 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Resuelve la Sala las solicitudes de reconocimiento de la condición procesal de presuntas víctimas invocadas por la Gobernación del Amazonas a través de su apoderado judicial, doctor Jonathan Villegas Carmo y la apoderada de la Contraloría General de la República, Tania Camila Córdoba Cardozo, en el diligenciamiento que se sigue en contra del otrora Gobernador CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES acusado por la Fiscalía como probable coautor en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. HECHOS Según la acusación, en su condición de representante legal y ordenador del gasto del departamento de Amazonas, el exgobernador CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES tramitó y celebró bajo la modalidad contractual de abreviado en subasta inversa, el contrato número 000865 del 7 de febrero de 2018, cuyo objeto era el suministro de víveres para los estudiantes de los internados en los sectores ubicados en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, a cargo de la Secretaría Departamental

de Educación, con plazo de 8 meses, suscrito con la FundaciónSala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 2 de 10 Isla de Korea por valor de $4.201.742.654, agregándose un otrosí el 9 de febrero de 2018 que modificó las cantidades y distribución de los víveres. De acuerdo con la Fiscalía, en el contrato inicial y su adición se desatendieron los requisitos legales, comoquiera que desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad, desconociendo los parámetros nutricionales que imperan en la adquisición de estos alimentos, adoptando una modalidad contractual ajena al ordenamiento, seleccionando y favoreciendo arbitrariamente al contratista designado y obviando las observaciones que se presentaron durante todo el proceso contractual. Se indica que actuó en coautoría de la secretaria de educación del departamento Betsy Mireya Londoño Becerra, el secretario de hacienda Hugo Alberto Pérez Araujo, el jefe de la Oficina Jurídica Héctor Noriega Flórez y el representante legal la Fundación Isla Korea Oscar Jaime Forero Guzmán. ACTUACIÓN PROCESAL En audiencia preliminar cumplida ante un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de septiembre de 2020, la Fiscalía formuló imputación en contra de CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES por la probable coautoría en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos

25 de septiembre de 2020, la Fiscalía formuló imputación en contra de CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES por la probable coautoría en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que no aceptó.Sala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 3 de 10 El 9 de diciembre de 2020, la Fiscalía presentó escrito de acusación con el que se repartió la actuación al despacho de quien sirve como ponente, momento a partir del cual se han venido frustrando las diligencias programadas, por la intención de dar terminación abreviada a esta actuación mediante la suscripción de un preacuerdo o el allanamiento a los cargos. SOLICITUDES - La abogada Tania Camila Córdoba Cardozo , apoderada de la Contraloría General de la República, solicitó que se reconozca la calidad de víctima por ser el ente encargado de velar por la protección del erario ante una posible defraudación, siendo su representada la llamada a ejercer este rol al interior del proceso penal, por contar con las herramientas procesales para procurar el resarcimiento del daño en caso de que se declare la responsabilidad del acusado, con el fin de garantizar la transparencia de la pretensión, siendo viable su actuación de manera concurrente con la de la gobernación presuntamente afectada. Sostuvo que la conducta desplegada por el acusado puso en riesgo recursos del Sistema Nacional de Participaciones, vulnerando la administración pública a través de la celebración

presuntamente afectada. Sostuvo que la conducta desplegada por el acusado puso en riesgo recursos del Sistema Nacional de Participaciones, vulnerando la administración pública a través de la celebración contractual que soportó la acusación. Planteó que su interés gravita de manera específica en la transparencia dentro del procedimiento que aquí se adelanta, motivo por el que su pretensión procesal tiene vocación de prosperidad.Sala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 4 de 10 - El profesional del derecho Jonathan Villegas Carmo, apoderado de la Gobernación del Amazonas, solicitó ser reconocido como víctima dentro de la actuación penal que se sigue en contra de CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES. Para sustentar su pedimento, indicó que siendo ese ente territorial aquél que asumió las erogaciones derivadas de la contratación calificada como ilegal, resulta admisible su participación procesal en la condición antes enunciada. Sostuvo que en este tipo de conductas, los entes territoriales, a través de sus representantes pueden provocar la constitución de esta condición procesal, también con miras a cristalizar sus intereses a través del incidente de reparación integral. TRASLADO A LAS PARTES E INTERVINIENTES Al unísono, el representante de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público, el abogado defensor y el procesado manifestaron su anuencia al pedimento de

Al unísono, el representante de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público, el abogado defensor y el procesado manifestaron su anuencia al pedimento de reconocimiento como víctima en cabeza de la Contraloría General de la República y la Gobernación del Amazonas. CONSIDERACIONES DE LA SALA Sea lo primero indicar que ante esta Sala se constató la condición de jefe de la Oficina Asesora Jurídica delSala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 5 de 10 departamento de Amazonas en cabeza de la doctora Xenia Julieth Gómez Sánchez1, quien para los efectos de este proceso otorgó poder al profesional del derecho Jonathan Villegas Carmo, razón por la que se le reconocerá personería jurídica para actuar en su representación. De otro lado, la profesional del derecho Tatiana Camila Córdoba Cardozo actúa conforme al poder conferido por el doctor Yesid Lozano Puentes, Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, en atención a la Resolución de nombramiento 04127 del 6 de septiembre de 2022, acta de posesión del 8 de septiembre siguiente y la Resolución Reglamentaria No 0089 de 2 de julio de 2021, allegadas a la presente actuación, razón por la que también se reconocerá personería para actuar en procura de los intereses de la citada entidad.

2021, allegadas a la presente actuación, razón por la que también se reconocerá personería para actuar en procura de los intereses de la citada entidad. De otra parte, el artículo 340 de la Ley 906 de 2004 indica que la audiencia de formulación de acusación es la oportunidad procesal en la que se determina la calidad de víctima, misma que refiere el artículo 132 de la norma adjetiva, respecto de aquellas “personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto”. Con fundamento constitucional2, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en indicar que las víctimas pueden provocar su participación en cualquier momento de la actuación.

1 Nombrada mediante Decreto 0239 del 30 de noviembre de 2022. 2 C-209 de 2007Sala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 6 de 10 Dado que se estudia el anhelo simultáneo de la entidad territorial y la Contraloría para ser reconocidas como presuntas víctimas, se seguirán los criterios hermenéuticos sentados por la Sala de Casación Penal en AP400-2023 de 15 feb 2023, rad. 60471, que tras hacer el recuento legal y jurisprudencial relacionado con los deberes de comparecer al proceso penal predicables tanto a la entidad pública directamente afectada, así como al órgano de control fiscal (nacional o territorial), enfatizó en que si bien la Ley 906 de 2004 no incluyó el deber de las

predicables tanto a la entidad pública directamente afectada, así como al órgano de control fiscal (nacional o territorial), enfatizó en que si bien la Ley 906 de 2004 no incluyó el deber de las entidades públicas afectadas con delitos contra la administración pública de constituirse en parte civil, ni tampoco especificó cómo debían interactuar la entidad afectada y la Contraloría dentro del sistema procesal acusatorio, mantenían vigencia los artículos 36 de la Ley 190 de 1995 y 137 de la Ley 600 de 2000 relativos a que en los procesos penales que versen sobre delitos contra el bien jurídico de la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada y si el representante legal de esta última es el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deben asumir la constitución de parte civil, pudiendo en todo caso el organismo de control si lo estiman necesario intervenir en orden a la transparencia de la pretensión. Así se tiene que la Contraloría puede intervenir como parte civil (o ser reconocida como víctima) en casos de procesos penales por delitos contra la administración pública: i) directamente es víctima; ii) cuando el representante legal de la

entidad de derecho público víctima sea el mismo sindicado; ySala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 7 de 10 iii) cuando lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión. En las dos primeras hipótesis la constitución de parte civil es imperativa; en la tercera discrecional, con el único propósito de velar por la “transparencia de la pretensión”. Solicitud de reconocimiento de la condición de víctima elevada por la Gobernación de Amazonas Es cierto que para sustentar la condición que aquí se pretende, por regla general se reclama la verificación directa de un daño con el comportamiento delictivo atribuido. Sin embargo, comoquiera que el delito por el que se presenta acusación es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales , en relación con el contrato número 000865 del 7 de febrero de 2018 y su otrosí, génesis de la presente actuación, cometido presuntamente cuando CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES se desempeñó como Gobernador, se avizora que ello pudo lesionar el bien jurídico de la Administración Pública. Por ello, no obstante la ausencia de evidencia proveniente de quien representa los intereses de la Gobernación del Amazonas sobre un daño cierto, es por virtud de la hipótesis delictiva contenida en la acusación que se reconocerá la condición procesal de víctima reclamada por el abogado Jonathan Villegas Carmo, apoderado judicial del departamento, máxime el imperativo legal de constituirse en parte civil al que

condición procesal de víctima reclamada por el abogado Jonathan Villegas Carmo, apoderado judicial del departamento, máxime el imperativo legal de constituirse en parte civil al que ya se hizo mención bajo la Ley 600 de 2000, aplicable por integración a los tramites regidos por la Ley 906 de 2004.Sala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 8 de 10 Solicitud de reconocimiento de la condición de víctima presentada por la Contraloría General de la República. Como en este caso concurre el ente de control fiscal con la entidad territorial posiblemente afectada, ha de entenderse que su intervención como presunta víctima procura “ la transparencia de la pretensión ”, dada la perspectiva funcional otorgada Constitucionalmente relacionada con el interés de orden puramente patrimonial del Estado, pues adicionalmente la entidad de derecho público directamente perjudicada podría estar interesada, además, en buscar la verdad y la justicia, ante lo cual la Sala reconocerá al citado ente de control la condición procesal de víctima. Precisión final Ante el reconocimiento de la condición procesal de presuntas víctimas a la gobernación y la Contraloría General de la República y el equilibrio que debe mediar, se atenderá lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley 906 de 2004 para que solo un representante intervenga, por eso los exhortará a que mediante consenso designen a quien los va a representar. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios, de conformidad con lo

solo un representante intervenga, por eso los exhortará a que mediante consenso designen a quien los va a representar. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley 906 de 2004.Sala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 9 de 10 En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Primero: Reconocer a la Gobernación del Amazonas, la condición procesal de víctima en el diligenciamiento seguido en contra de CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES y al abogado Jonathan Villegas Carmo, como su apoderado judicial.

Segundo: Reconocer a la Contraloría General de la República la condición procesal de víctima en el mismo diligenciamiento y a la abogada Tatiana Camila Córdoba Cardozo, como su apoderada judicial.

Tercero: Exhortar a los abogados reconocidos como representantes de las víctimas para que acuerden la designación de un vocero que intervenga en esta actuación.

Cuarto: Señalar que contra esta decisión proceden los

recursos de ley, según lo dispuesto en el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese y cúmplase

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

MagistradoSala Especial de Primera Instancia 2023 Radicación 00347

CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES Ley 906 de 2004

Página 10 de 10

BLANCA NÉLIDA BARRETO ARDILA

Magistrada JORGE EMILIO CALDAS VERA Magistrado Salvamento parcial de voto

RODRIGO ERNESTO ORTEGA SÁNCHEZ

Secretario