CSJ - 2063(19-09-1987)

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Rad. #: 2063. SEGUNDA INSTANCIA.

Procesado: FERNANDO CAYCEDO •

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' Delito: PREVARICATO, OTRO.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

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Magistrado Ponente:

Dr. EDGAR SAAVEDRA ROJAS.

' • Aprobado: ACTA No.: 063 del 15 de septiembre de 1987 ·. • ' ) ' Bogotá, diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta • y s i e t e •• .. • • • ' • \ • •• •

V I S T O S •

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• I Resolverá l a Sala de Casación Penal de l a Corte Suprema de J u s t i c i a lo que fuere pe

• { ) tinente con relación a l recurso de-apelación interpuesto por e l denunciante contra, e l auto inhibitorio dictado por e l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu, j ·1 • e l día veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y s i e t e , en e l cual se abstien, 1 • l • , , de abrir investigación penal en contra de FERNANDO CAYCEDO, Juez Noveno Penal Munic: . . . . \ ' • )

• • pal de esa ciudad.
• H E C H O S : El ciudadano ARGEMlRO GUZMAN ORTI!., quien se definió a s í mismo como ' ' l i t i g a n t e de

profesión", formuló denuncia penal en contra del Doctor FERNANDO CAYCEDO, Juez Noveno Penal Municipal de !bagué, por los presuntos delitos de DETENCION ARBITRARIA yPREVARICATO. Narró e l quejoso que con base en denuncia que e~ su contra formularal a señora FLOR ANGELA RODRIGUEZ DE RIVEROS, e l denunciado inició proceso penal ensu contra por e l delito de ESTAFA. Dentro de t a l actuación, GUZMAN ORTIZ s o l i c i t ó l e fuera recibida su indagatoria, y a e l l o accedió e l juez quien, luego de oída l a • ¡.,.,,, ,.; . ' 11;,,, ¡11,·¡¡1_,~ • 1 .. llfft'I¡,~ ' f . ' {•tlt)í 1; . 11:: ~ 1 • • • • 2. ' • . • •

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• ' injurada, ordenó l a encarcelación del sindicado mientras se le resolvía l a s i t u ación jurídica. Este hecho, lo considera e l denunciante como constitutivo de infracción a l a ley penal.

Así mismo, relató que e l mismo funcionario acusado recibió l a indagatoria sin l a · J presencia de apoderado, como que e l designado de oficio abandonó e l recinto del juzgado y no regresó más que para l a firma del acta correspondiente; por lo demás. e l mismo juez, según e l dicho de GUZMAN, amenazó a algunos testigos a l momento de recibir sus declaraciones juradas, e indagó ilícitamente sobre los antecedentes de

l I aquí denunciante. ' ' ' • ' -

ACTUACION PROCESAL:

( \ ' ¡ ' • El Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué, luego de recibir r a t i f i c a - - . '' ' ' ción bajo l a gravedad del juramento a l a denuncia, ordenó l a práctica de algunas \

• (, . diligencias preliminares. Así, comparecieron a declarar RAQUEL NARVAEZ BEDOYA, JORGE ELIECER HOMEZ FRADA y RAUL.HOMEZ LOZANO; personas éstas que rindieron testimo-- ( ) nio dentro de l a actuación que a l aquí acusado adelantara contra e l denunciante; -

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• ' 1 fueron unánimes los declarantes a l manifestar que ninguna presión recibieron de pa

• ' - • ~ ' te del incriminado en ocasión de aquél testimonio, coacción que tampoco fue e j e r c i , da por ninguno de los empleados del despacho. Agregaron además, todos los señores mencionados, que e l denunciado FERNANDO CAYCEDO no intervino para nada en l a d i l i - · gencia de declaración que antecedentemente rindieron en e l Juzgado Noveno PenalMunicipal de !bagué. ' También se realizó diligencia de inspección judicial a l proceso adelantado por e l acusado contra e l denunciante, y en é l se pudo constatar que efectivamente GUZMAN ORTIZ s o l i c i t ó por escrito le fuera recibida declaración jurada o injurada, a lo que accedió e l Doctor FERNANDO CAYCEDO:quien señaló fecha para l a diligencia deindagatoria; e l día prefijado, compareció GUZMAN y como no tuviera apoderado que • ··:·11 '' 1'!' tif ,· 1 f ·' • • • • ' • • 1 • ! ' t I t 1 J • . ! . . • 3. . . . 1 , ' . • • lo a s i s t i e r a , le fue désignado como t a l e l profesional EDUARDO RONDON ORTIZ, quien aparece firmando e l acta correspondiente.siri~salvedad alguna, como a s í lo hizo e l • indagado. Terminada l a diligencia, e l acusado profirió un auto en e l cual ordenó l a encarcelación de GUZMAN hasta tanto resolviera su situación jurídica, en aten1 1 ción a que e l detito investigado era e l de estafa. _Posteriormente, se decretó l a detención preventiva del aquí denunciante, y contra dicha providencia l a apoderada del mismo interpuso una-solicitud de revocatoria, dos días después de que e l - • sindicado s o l i c i t a r a l a concesión del beneficio de excarcelación y cuando ya e l expediente se encontraba en e l Despacho de l a Personería para emitir su concepto. J ) • Recibida l a actuación nuevamente por e l funcionario acusado, éste resolvió lo con - -

• • cerniente a l a solicitud de libertad impetrada y, de una vez, sin trámite previo - • alguno, resolvió lo que consideró oportuno.con relación a l a revocatoria planteada

, . " . ,• .. por l a abogada de GUZMAN ORTIZ. ./ • ' ¡ ., El día veintiseis de marzo de mil novecientos ochenta y s i e t e , e l Juzgado Quinto Penal del Circuito revocó e l auto de detención que había proferido e l juez i n c r i - ) ( minado en contra del aquí denunciante. ( • • ) • • . •,. 1 - 1 1 - , ' ' '

• \ El•abogado LUIS EDUARDO RONDON declaró bajo l a gravedad del juramento y a l efecto • expuso que fue designado por e l juez CAYCEDO como defensor oficioso del denunciante para:la diligencia de indagatoria, a l a cual a s i s t i ó un lapso de tiempo paraluego ausentarseide l a diligencia e i r a atender asuntos profesionales en otrosdespachos judiciales, para regresar posteriormente.

Con estas bases probatorias, el'.Tribunal Superior de !bagué dictó con fecha veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y s i e t e auto inhibitorio en favor delfuncionario FERNANDO CAYCEDO, aduciendo que de las pruebas aportadas hasta dicho momento no surgía conducta punible alguna. Contra esta determinación e l denunciante interpuso e l recurso de apelación que ahora se desata • • 1 ·•.·•• !: lll, ! i ,,, 1:, ,·

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CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO: • El Señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal comienza por plantear como única conducta investigable e l comportamiento del abogado Tomás Fernando Ochoa, con - - quien trabaja e l ftenunciante desde hace t r e s años aproximadamente. A continuación, analiza las pruebas recaudadas en l a fase preliminar, sostiene que de e l l a s niny guna conducta t í p i c a puede deducirse, porque e l funcionario acusado estaba f a c u l t a '

- ' ' do legalmente para privar de l a libertad a,. GUZMAN ORTIZ, quien era sindicado deldelito de estaf:a, por ello ninguna infracción se produjo en este comportamiento y •• ' ' del inculpado. • • ' '

• ' Tampoco configura, a juicio .del Procurador Delegado, delito alguno e l hecho de ha

- ·~ •. • . ... ' •, berse omitido l a tramitacion correspond' iente en torno a l a revocatoria del auto de \. J -·-· . • detención que planteara l a abogada ,de, GUZMAN ORTIZ, que s i bien ,infringió normas.i <-. ¡' . procesales, no tiene relevancia alguna para e l derecho penal~ Tampoco encuentra - ( ) . • tipicidad de las demás conductas·relatadas por e l denunciante s o l i c i t a , en cony secuencia, l a confir11,acióri, del auto apelado. ( ) '· . ' . . ' ' '\ ' -

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

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' ' • No merecen, en verdad, reproche las consideraciones del Tribunal Superior de !bagué en cuanto señalan que de las conductas inicialmente denunciadas no puede deducirse l a existencia de i l í c i t o penal alguno, salvo en los cargos referentes a l a recepción de l a indagatoria de GUZMAN ORTIZ • • En efecto, resulta claro que e l incriminado podía válidamente, por tener respaldo legal su actuación, privar de su libertad a l indagado luego de escuchar su ver- - sión, porque a l momento de tales hechos se estaba investigando un delito de ESTAFA 1 1 que s i bien no se hallaba completamente probado, por encontrarse precisamente en la fase sumarial, s í ofrecía suficientes fundamentos para ameritar l a vinculación pro· - cesa! de GUZMAN ORTIZ; una vez escuchado ,éste en injurada, la ley faculta a l i n - ' ' ' • • ' 1 '. •,,,¡, l¡I .••1·11 lfili) j'< J'''lt'•·• ' ' ' • • . J ',, ' ' 5. tructQr 'para ordenar su aprehensión hasta e l momento de l a resolución de l a s i t u ación j u r í d i c a , segµn lo previsto en e l artículo 38 de l a Ley 2a. de 1984, vigente

para l a época de los hechos. 1 De otra parte, es la)normatividad procesal l a que obliga a l funcionario judicial a investigar los antecedentes penales y policivos del encartado, porque es éste uno • de los fundamentos que se deben tener en cuenta para efectos de l a tasación de l a ' ' pena, l a determinación de l a personalidad del procesado cuando ello fuere necesario, l a posibilidad o no de conceder l a condena de ejecución condicional, y otros \ ' j fines procesales. Proceder, entonces, como lo hizo e l acusado, lejos de constituir • infracción a l a ley penal, revela e l cabal cumplimiento del deber y no puede ser reprochado a t í t u l o alguno un comportamiento de esta naturaleza. • En cuanto a las presuntas amenazas o presiones indebidas que hizo e l funcionario J inculpado a los testigos, nada puede decirse diverso a que las afirmaciones queen este sentido hace e l denunciante carecen de sustento. Ert efecto, recuérdese que esos mismos declarantes fueron escuchados dentro de l a indagación preliminar, y sin asomo de duda alguna, bajo l a gravedad del juramento, desmintieron tajantemen

• ~ _: te a GUZMAN ORTIZ, demo$trando con ello que ninguna conducta delictiva desplegó - ' el funcionario acusado en este aspecto • • No obstante lo anterior, l a Sala.revocari l a providencia apelada, en atención a·.~~ de l a actuación cumplida no puede deducirse base suficiente para afirmar que durante l a diligencia de indagatoria de GUZMAN ORTIZ éste estuvo asistido de un apoderado como lo exige l a ley. Es e l propio defensor oficioso quien·. . se encarga, bajo l a • gravedad del juramento, y aún a riesgo de ser vinculado como posible autor de una falsedad, de r a t i f i c a r parcialmente las aseveraciones del denunciante porque s ibien sostiene que fue designado como apoderado de oficio, reconoce igualmente - · que a l a diligencia de indagatoria no a s i s t i ó sino durante un lapso de tiempo, no

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• • a toda e l l a , porque debió abandonar e l recinto del juzgado para atender otros a1
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,· ( 1 • ' ' 1 1 suntos profesionales y, s i bien este comportamiento no puede reprocharse a l Juez - • i denunciado, a éste s í se le debe investigar por e l posible delito de falsedad en que haya podido i n c u r r i r a l no consignar en e l acta de injurada esta última c i r - - 1 l cunstancia y permitir l a firma de l a misma sin salvedad alguna, dando a l a diligen:~ - cia una apariencia de legitimidad de l a cual, a l parecer, carece. I Así mismo, es sufiéiente l a prueba hasta e l momento recaudada para i n i c i a r investi

- ' • gación contra e l juez acusado por e l hecho de no haber interrogado a los testigos 1 ' ' 1 ' Narváez Bedoya, Homez Frada y Homez Lozano, t a l como ellos lo aseguran, haber f i r ymado, no obstante, las actas correspondientes. ••• ·,. ¡· ·,

• • • Es necesaria entonces l a determinación de _iniciar proceso penal, porque se debe -

,, •• • aclarar a satisfacción l a conducta del ~cusado y determinar plenamente s i éste in- ' ' ---·~ ' ·' fringió l a ley o no, s i se corroboran los hechos denunciados o son infirmados, .Y ,, . ( • •, ello no se puede hacer en e l actual momento con las escasas pruebas de que se dis ·· - pone. ~., • En mérito de lo expuesto, l a CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, ad <.-~ - ministrando j u s t i c i a en-.nombre de l a República y por autoridad de l a ley, 1 1 1 ) .. 1 '• ··.... . -··· '

• R E S U E L V E : REVOCAR l a providencia materia de apelación a fin de que e l Magistrado Ponente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué INICIE l a correspondiente inves- • tigación penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 360 y dem8s con-- • cordantes del Código de Procedimiento Penal.

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' COPIESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y DEVUELVASE.

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Fernando Caycedo. I ' . q~. ,! ...

CARREÑO LUENGAS ÍLLERMO DAVILA MUÑOZ

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LISANDRO MARTINEZ ZUÑIGA

• • •• •• - • Luis Guillermo Salazar Otero Secretario • - .. ' • • • • •