CSJ - 33997(04-08-2010)

CASACIÓN 33997

CARLOS PANQUEVA BONILLA

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Proceso n.º 33997

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 248 Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010). VISTOS Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de apropiada argumentación de la demanda de casación presentada por el defensor de CARLOS PANQUEVA BONILLA, en contra de la sentencia de 9 de diciembre de 2009, mediante la cual el Tribunal Superior de Arauca confirmó la emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, (despacho que asumió el conocimiento ante el 2

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia impedimento del Juez Único de la misma categoría de Arauca), por cuyo medio lo condenó como autor del delito de homicidio agravado. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL El aspecto fáctico fue presentado por el Tribunal así: “… pasada la media noche del día 16 de agosto de 2008, cuando los soldados profesionales ADOLFO RUBIO URUEÑA y JOSÉ ARTURO SANTANA BELTRÁN se encontraban departiendo en el establecimiento público ‘TENTACIÓN CLUB’, ubicado en la carrera 20 con calle 15 de Tame-Arauca, llegaron dos personas que portaban armas, dispararon e hirieron a SANTANA BELTRÁN, quien fue

trasladado al Hospital de la localidad donde finalmente falleció”. Al presentarse en la madrugada Adolfo Rubio Urueña al Batallón “Navas Pardo” al cual pertenecía, reconoció como autor del atentado de su compañero a CARLOS PANQUEVA BONILLA, Alias “Sombra”, desmovilizado de las FARC y colaborador del Ejército Nacional. En audiencia preliminar cumplida el 18 de agosto de 2008 ante el Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Arauca, se legalizó la captura de CARLOS PANQUEVA BONILLA. El ente investigador le formuló imputación por la posible comisión del delito de homicidio agravado por haber recaído la acción en una persona que ostentaba la calidad de servidor público, en concurso con porte ilegal de armas de fuego 3

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia de defensa personal, a la vez, solicitó le fuera impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva. El imputado no aceptó los cargos y se le afectó con la medida cautelar de carácter personal solicitada. La Fiscalía presentó escrito de acusación y el 5 de noviembre de 2008 se cumplió en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca la audiencia de formulación de la misma por el delito de homicidio agravado (artículo 103 y 104 Numeral 10° del Código Penal), en concurso con porte ilegal de armas de fuego (artículo 365 íbidem, modificado por la Ley 1142 de 2007), con el incremento previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, al

tiempo que le fueron incluidas las circunstancias de mayor punibilidad contempladas en los numerales 5° (indefensión de la víctima), 10° (coparticipación criminal) y 12 (conducta cometida contra servidor público) del artículo 58 del citado ordenamiento punitivo. El 25 de marzo de 2009 un nuevo funcionario judicial designado para el juzgado de conocimiento, al momento de celebrar la audiencia preparatoria, declaró su impedimento por haber conocido con anterioridad del asunto cuando fungió temporalmente como Magistrado del Tribunal Superior de Arauca y participó en la decisión relacionada con una nulidad negada en primera instancia, por ello, aceptada tal circunstancia impeditiva por parte de esa Corporación, el Consejo Superior de la Judicatura, por no existir en Arauca otro despacho de la misma categoría, asignó el conocimiento al Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta. 4

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Evacuadas las audiencias preparatoria y de juicio oral y anunciado el sentido de fallo de carácter condenatorio, mediante sentencia de 9 de octubre de 2009 el citado despacho absolvió a CARLOS PANQUEVA BONILLA del delito de porte ilegal de armas de fuego (ante su falta de acreditación), pero lo condenó como autor del punible de homicidio agravado objeto de acusación, a la pena principal de cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión, así como a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de veinte (20) años, sin

concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. Para esa tasación excluyó la circunstancia de mayor punibilidad imputada relacionada con haber cometido la acción contra un servidor público (artículo 58 numeral 10° del Código Penal) por cuanto ya concurría tal supuesto fáctico como causal de agravación para el delito de homicidio. En virtud del recurso de apelación instaurado por el defensor, el Tribunal Superior de Arauca mediante decisión de 9 de diciembre de 2009 confirmó la sentencia. Por lo anterior, insiste el mismo sujeto procesal a través de la impugnación extraordinaria con la respectiva demanda de casación, de cuya admisibilidad se pronuncia la Corte.

DEMANDA

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Al amparo de las causales contempladas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 plantea los siguientes reparos: PRMERA CAUSAL Único cargo: Falta de aplicación de una norma del bloque de constitucionalidad Tras reseñar que el derecho del procesado a ser escuchado en juicio se encuentra reconocido en instrumentos internacionales, en los artículos 29 de la Constitución Política y 8° de la Ley 906 de 2004, aduce que la juez de primera instancia en la audiencia de juicio oral impidió el ejercicio defensivo al no permitirle a PANQUEVA BONILLA ser oído con el argumento de que tal petición debió formularla en la audiencia preparatoria, cuando su

versión de los hechos era imprescindible al mediar un testigo único que lo incriminaba. Agrega que la actitud de la juez violó el derecho a la igualdad, pues “muchos jueces de la república aceptan el testimonio del acusado sin la limitación o restricción de haberse solicitado en audiencia preparatoria”, máxime que se trata de una garantía constitucional intangible, que no puede restringirse supeditándola a “cargas del todo superfluas como la demostración de la pertinencia, admisibilidad, utilidad, conducencia y demás.” 6

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia En consecuencia, solicita a la Sala casar la sentencia y rehacer la actuación desde el momento en que se presentó el yerro denunciado. “SEGUNDA CAUSAL” “Primer cargo: Violación indirecta de la ley sustancial”—sic— Luego de un recuento doctrinario relacionado con el testigo único, el libelista postula que el Tribunal incurrió en “FALSOS JUICIOS DE IDENTIDAD, FALSOS JUICIOS DE EXISTENCIA Y FALSOS JUICIOS DE RACIOCINIO —sic— LO QUE ACARREÓ APLICACIÓN INDEBIDA Y FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 7°, 381, 404 DE LA LEY 906 DE 2004; ARTÍCULOS 27, 103 Y 104” (sin precisar de éstos el ordenamiento). Para el censor, el testimonio de Adolfo Rubio Urueña no tiene contundencia para edificar la sentencia condenatoria en contra de su representado, por ser vacilante, contradictorio y diferir con las

afirmaciones realizadas previamente en la entrevista. En este sentido, estima que resultó desconocida la garantía de la presunción de inocencia del procesado por omitir considerar el juzgador: i) las condiciones de percepción del aludido testigo al carecer el lugar de buena visibilidad para que hubiera observado lo que dijo haber visto; ii) la velocidad y naturaleza de los hechos, pues al haber sido también agredido no tuvo tiempo de percibir los sucesos; iii) el estado de sanidad de sus sentidos al encontrarse 7

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia ingiriendo licor, estado que no es ideal para una percepción fidedigna de los hechos; iv) la forma de sus respuestas cuando el defensor le puso de presente la entrevista para impugnar su credibilidad; v) lo extraño de poner en conocimiento de la autoridad el acontecimiento después de un tiempo considerable de ocurrido y sólo cuando tuvo a la vista al procesado, y v) la carencia de móvil al no revelar la investigación que el enjuiciado lo tuviera para quitarle la vida al soldado, cuando contrariamente, lo acreditado fue la inconveniencia que tal actitud podía derivarle ante sus planes de seguir prestando sus servicios como guía del Ejército Nacional. De igual forma, pregona que el Tribunal incurrió en un falso juicio de identidad en las pruebas de descargo: las declaraciones de Damaris Meche Márquez y Mery Gutiérrez Panqueva. En cuanto a la primera testigo, porque pese a relatar que había permanecido durante todo el día y parte de la noche con el incriminado ingiriendo licor, no se compadece con las reglas de la

sana crítica que una persona durante ese tiempo y en esas condiciones pueda estar planeando un homicidio, sin conocer siquiera dónde puede estar ubicada su víctima. Que tampoco guarda relación con la regla de la experiencia acerca de que los seres humanos actúan movidos por propósitos y cuando cometen actos atroces, excepto los pasionales, debe existir una mínima preparación o predisposición del espíritu, y aquí no resultaría admisible que quien los vaya a cometer se embriague previamente hasta la saciedad. 8

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Aduce que además de no tener en cuenta el Tribunal que PANQUEVA BONILLA permaneció minutos antes del suceso durmiendo plácidamente en su hogar, le exigió una “prueba diabólica” para que él mismo acreditara no haber cometido el delito, pues le era imposible allegarla porque a la hora en la cual ocurrió el suceso (media noche) la experiencia indica que las personas duermen solas, a no ser que sean casadas o convivan con alguien. Para el recurrente, igual error recayó en la apreciación del testimonio de Mery Gutiérrez, responsable de la casa en donde pernoctó el acusado la noche de los hechos, para lo cual trascribe apartes de su dicho. Por lo tanto, solicita a la Corte casar el fallo a fin de absolver a su defendido del delito endilgado. Segundo cargo (subsidiario): Violación indirecta de la ley sustancial Postula un error de hecho por falso juicio de identidad que llevó a la aplicación indebida del numeral 10° del artículo 104 del Código

Penal, al deducir el juzgador que el homicidio se produjo como consecuencia de ser el interfecto servidor público. 9

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Pone de manifiesto que no se acreditó el móvil del delito, careciendo por lo mismo las sentencias de razón suficiente para incluir la aludida circunstancia de agravación al no obrar prueba demostrativa de que la voluntad de PANQUEVA BONILLA hubiera estado orientada por la condición que ostentaba la víctima. Luego de destacar que el juzgador de primer grado basó esa causal por tener el ofendido la calidad de soldado y el procesado la de desmovilizado, lo cual fue avalado por el Tribunal al enfatizar que precisamente por esa situación fue reconocido éste por el testigo Adolfo Rubio Urueña, agregando que los agresores dispararon únicamente contra los uniformados, advera el censor que tales razones sólo denotan el conocimiento de la condición de servidor público por parte del enjuiciado, pero no que su voluntad se haya exteriorizado para quitarle la vida a Santana Beltrán basado en esa especial investidura, lo cual en su parecer constituye un “defecto en la apreciación de la prueba, que obedece a un falso raciocinio”. En este orden, solicita casar la sentencia al eliminar la circunstancia agravante y, consecuentemente, reducir la pena impuesta a su representado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Los lineamientos que perfilan el recurso de casación bajo la égida 10

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia del sistema acusatorio implementado con la Ley 906 de 2004 lo instituyen como mecanismo de control constitucional y legal de las sentencias de segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando se afecten los derechos o garantías fundamentales de las partes o de los intervinientes, de acuerdo con las causales legal y taxativamente señaladas, siempre que se satisfagan los fines para los cuales está previsto, a saber: buscar la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a éstos, así como la unificación de la jurisprudencia. Con esa perspectiva, la pretensión del demandante ha de estar demarcada por el carácter teleológico del recurso, debiendo acreditar tal afectación de derechos o garantías fundamentales, señalar la causal por la que opta con el desarrollo adecuado de los cargos que le dan sustento y demostrar la necesidad del fallo de casación, so pena que por su incumplimiento el libelo no sea admitido. Ese control constitucional y legal de la sentencia de segundo grado le imprime al recurso su carácter de extraordinario, de ahí que no escapen a él la observancia de las reglas de coherencia, precisión y claridad que conduzcan al cabal entendimiento del reparo. Por lo expuesto, además de los fundamentos de lógica, de debida argumentación y de contenido que la Corte debe verificar al momento de estudiar la demanda, ha de analizar la necesidad de 11

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su intervención en sede de casación con miras a cumplir alguna de sus finalidades, porque si advierte la imperiosa protección o restauración de un derecho fundamental y por ello precisarse de fallo, deberá superar las falencias técnicas del libelo y ordenar su admisión, adquiriendo así prevalencia los fines del recurso. Las anteriores precisiones le permiten a la Corte advertir que la equivocación del censor en los cargos al nominarlos por un lado, pero desarrollarlos por otro, les resta toda aptitud para su admisión. En efecto, si bien la primera censura la anuncia como violación directa de la ley sustancial ante la exclusión evidente de preceptos de orden internacional integrantes del bloque de constitucionalidad que contemplan el derecho del procesado a ser oído, el argumento que expone estaría relacionado con un eventual yerro de garantía (propio de la causal segunda de casación) al limitar el juzgador de primera instancia el derecho de defensa del incriminado por no permitirle declarar en su propio juicio. Igual dicotomía se advierte en el segundo reparo cuando el demandante escoge la causal basada en el desconocimiento de la estructura del debido proceso o la afectación de las garantías de las partes, pero fundamenta una violación indirecta de la ley sustancial. A su turno, ratifica la no admisión del libelo al advertirse que, de 12

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia acuerdo con el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso, porque las temáticas abordadas en los reproches no

tienen incidencia en la decisión de condena que afectó a PANQUEVA BONILLA, ni tampoco se advierte agravio de sus derechos fundamentales, como se verá: CAUSAL PRIMERA Único cargo: Falta de aplicación de una norma del bloque de constitucionalidad. Mediante un yerro de juicio pretende el censor mudar el fallo de condena que cobijó a PANQUEVA BONILLA para lo cual denuncia la exclusión evidente de preceptos de orden internacional, integrantes del bloque de constitucionalidad, que contemplan el derecho del procesado a ser oído en juicio, no obstante, el desenvolvimiento que le imprime a la censura resulta a todas luces desafortunado con los fundamentos lógicos y de debida argumentación que se deben observar en sede casacional. Del derecho fundamental al debido proceso se desprende como elemento basilar la garantía que el sujeto pasivo de la acción judicial penal sea oído y vencido en juicio como claro desarrollo del ejercicio defensivo, el cual está acompañado de la aducción de elementos de juicio que lleven a desvirtuar o controvertir los exhibidos en su contra y esclarecer de esa manera los hechos. 13

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia La propia manifestación del procesado durante el juicio se encuentra reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos1, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (Ley 74 de 1968)2, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Ley 16 de 1972)3.

En el orden interno se encuentra inmersa en las garantías judiciales que se desprenden del debido proceso y del derecho de defensa contempladas en el artículo 29 del texto superior, desarrolladas luego en el artículo 8° de la Ley 906 de 2004 acerca de las prerrogativas que tiene el procesado en el enjuiciamiento acusatorio colombiano. A la par de ese derecho a ser oído, se encuentra también el de guardar silencio como correlato de la garantía de no autoincriminación que también hace parte del ejercicio defensivo. “Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, 1 Artículo 10° “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” 2 Artículo 14.1: “…Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil.” 3 Artículo 8.1: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones”.

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia aquélla cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con la carga de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten, la presunción que favorece al procesado. De allí resulta que éste, quien no está en la posición jurídica activa, se halla exento de la carga de la prueba. No debe demostrar su inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el debido proceso protege, le es permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura que no puede ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus allegados”.4 (Subrayas ajenas al texto) El artículo 394 de la Ley 906 de 2004 establece el derecho a declarar del cual puede hacer uso el acusado concurriendo al proceso como testigo, y si bien por ello adquiere la calidad de testigo sometiéndose a las reglas propias de su práctica y valoración, encontrando en aquellas la recepción de juramento, la Corte Constitucional al confrontar tal precepto con el texto superior estableció su constitucionalidad condicionada en el entendido que; …“el juramento prestado por el acusado o coacusado declarante no

tendrá efectos penales adversos respecto de la declaración sobre su propia conducta; y que, en todo caso, de ello se le informará previamente por el juez, así como del derecho que le asiste a guardar silencio y a no autoincriminarse. Ni del silencio, ni de la negativa a 4 Corte Constitucional. Sentencia C-621 de 4 de noviembre de 1998. 15

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia responder, pueden derivarse consecuencias penales adversas al declarante”5 Acerca de tal tópico esta Sala en decisión de 26 de octubre de 2007 (Radicación 27608) insistió en los factores de conducencia, pertinencia y utilidad que deben mediar para tal prueba, aun cuando la Fiscalía solicite realizar interrogatorio directo al acusado, cuando éste ha aceptado concurrir a la audiencia del juicio oral como testigo, pues sólo así, “…pueden respetarse a cabalidad los principios de igualdad de armas, transparencia y verdad, pues, si se tiene claro que con su renuncia al derecho de guardar silencio, el procesado asume a la par el rol de testigo, facultando a la defensa interrogarlo sobre hechos y circunstancias trascendentes a la acusación, apenas natural se observa que en frente de este específico medio probatorio se otorgue a la contraparte, fiscalía, la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción o, para ser más exacto, de probar a través de este testigo aspectos relevantes de su teoría del caso. “Desde luego, se agrega, si a la defensa, cuando cumpla con los presupuestos procesales de demostrar la conducencia y pertinencia

de lo pedido, se le faculta para que pueda interrogar directamente al testigo solicitado por la fiscalía, ya que lo requiere para sustentar algún aspecto de su teoría del caso, igual debe ocurrir con su contraparte, a efectos de que quede en pie el principio de igualdad de armas y se respete el equilibrio que ha de gobernar el trámite del juicio. “Junto con ello, los principios de transparencia y lealtad imponen que, si al procesado se le permite renunciar en cualquier momento a su 5 Corte Constitucional. Sentencia C-782 de 28 de julio de 2005. 16

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia derecho de guardar silencio, no se sorprenda en el último minuto a la fiscalía con la presentación en el estrado del acusado, pudiendo el ente investigador ejercer en este momento su derecho y rol como parte, en búsqueda de la verdad, a través del mecanismo de interrogarlo sobre hechos trascendentes que quizás, por estrategia defensiva, no sean tratados por su contraparte. “Porque, si la facultad de renunciar al derecho de guardar silencio, opera únicamente en cabeza del acusado, razón por la cual la fiscalía no puede solicitar como prueba el testimonio de este, así pueda sustentar su conducencia y pertinencia, cuando menos, en aras de equilibrar la posición de las partes en el debate público, ya de suyo puesta en entredicho, debe permitirse que el fiscal, ante la citada renuncia y visto que la defensa pretende hacer valer esa como prueba a su favor, actúe de forma similar, de advertir que ese mismo testigo

posee información que soporta su propia pretensión. “Por lo demás, si se trata, a su vez, de respaldar y hacer respetar los derechos de la víctima a la verdad, justicia y reparación, ello debe materializarse a través de la posibilidad de que esa verdad se obtenga de manera legítima incluso por boca del acusado, aquí paralelamente estimado en su papel de testigo. “En este punto, debe anotarse que no se trata de privilegiar los derechos de una parte sobre la de la otra, o mejor, imponer por sobre los de el acusado, aquellos de la víctima. “Al efecto, mírese cómo el artículo 8° de la Ley 906 de 2004, que regula los derechos del procesado, de ninguna manera señala algún tipo de limitación para que, renunciando a su derecho de guardar silencio y acudiendo como testigo, no pueda ser objeto de interrogatorio directo por parte de la fiscalía. 17

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia “A su turno, el artículo 11 ibídem, garantiza los derechos de la víctima, entre los cuales destacan, para lo que se debate, el de acceso a la justicia, a ser oídas y que se les facilite aportar pruebas, dentro de los postulados generales de verdad, justicia y reparación (art. 137, Ley 906 de 2004). “En consecuencia, no se afectan los derechos constitucionales y legales del procesado cuando se permite, dentro de los postulados de conducencia y pertinencia, que la fiscalía lo interrogue directamente acerca de los hechos. “Añádase, a lo anotado, que esa facultad de la fiscalía para conocer

previamente a su aducción las pruebas que la defensa pretenda hacer valer en el juicio, y a partir de allí edificar su concreto mecanismo de controversia o enrutar la mejor manera de soportar su teoría del caso –incluso, huelga anotar, citando a ese testigo para que, en interrogatorio directo exponga el apartado o circunstancia específico que sustentan su pretensión, en términos de conducencia, pertinencia y licitud-, dimana expresa de lo consignado en el inciso segundo del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, así redactado: ‘La fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la fiscalía los exámenes periciales que el hubieren sido practicados al acusado,’ “Ahora, como queda claro que el acusado puede renunciar en cualquier momento a su derecho de guardar silencio –desde luego, si se trata de presentarse en calidad de testigo, ello tiene como límite la fase probatoria de la audiencia de juicio oral, en virtud del principio preclusivo de los actos procesales-, a la fiscalía le compete la carga procesal, si desea hacer uso del interrogatorio directo, esto es, 18

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia presentarlo a su vez como su propio testigo, de sustentar la

pertinencia y conducencia de lo deprecado –en otras palabras, indicar adecuadamente al juez cuál es el objeto concreto de la prueba-, asunto que, a despecho de lo decidido por el Tribunal en primera instancia, sólo puede operar cuando la defensa o el acusado hagan una dicha manifestación de renuncia al derecho de guardar silencio. “Eso sí, como se viene reiterando, para que se cumpla la carga procesal establecida en la ley, cada una de las partes debe expresar con claridad cuál es el objeto específico para el que se llamará al declarante en interrogatorio directo, dentro de su particular pretensión, y corresponde al juez de conocimiento, seguidamente, verificar los aspectos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, a efectos de admitir o inadmitir el medio deprecado”. No obstante, para preservar el principio de igualdad de armas que informa el sistema acusatorio, la manifestación del procesado de acudir como testigo no puede hacerse al capricho de él o de su defensor, pues debe sujetarse a los parámetros legalmente establecidos para desarrollar la actividad probatoria mediante las fases de: descubrimiento, producción y aducción y valoración.

1. Con el descubrimiento probatorio, que se cumple en el escrito de acusación, en la audiencia de formulación de acusación y en la audiencia preparatoria, se busca que cada parte tenga el conocimiento de los elementos de prueba en poder de la otra a fin de evitar sorpresas al introducir allí elementos respecto de los cuales no se haya integrado debidamente el contradictorio.

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia La Fiscalía debe relacionar en el escrito de acusación todas las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio, señalar los hechos que no requieren prueba, transcribir las pruebas anticipadas que desee allegar y especificar nombres y datos de localización de los testigos y peritos que solicite, así como las evidencias que favorezcan al acusado, etc., en tanto que en la audiencia de formulación de acusación se materializará ese descubrimiento probatorio, con la clara misión del juez de velar que el mismo sea lo más completo posible. A su turno, en la audiencia preparatoria cumplida la revelación probatoria de la Fiscalía, el juez debe verificar con las partes si hay observaciones al respecto. Consecuentemente, el incumplimiento del deber de revelar información o posibles elementos demostrativos durante la fase de descubrimiento acarrea su imposibilidad de aducirlos al proceso, esto es, no pueden convertirse en prueba o practicarse en la audiencia de juicio oral, debiendo el juez rechazarlos a menos que se establezca que tal omisión obedeció a causas no imputables a la parte afectada. En este orden, la producción y aducción de los medios de prueba, “…necesariamente se cumple en el juicio y una vez que las partes hayan presentado su teoría del caso. En efecto, el artículo 371 de la Ley 906 de 2004, señala que ‘Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio. Al proceder a la

práctica de las pruebas se observará el orden señalado en audiencia 20

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia preparatoria y las reglas previstas en el capítulo siguiente de este código’. “Salvo lo atinente a la prueba anticipada, resulta claro como desarrollo del principio de inmediación que el juzgador no solo tiene una relación directa con los intervinientes sino también con los expertos, testigos y demás medios de prueba y, por lo mismo, con el objeto del juicio, lo que sin duda le va otorgar un grado de conocimiento más certero, justo y equitativo, en cuanto al acontecer fáctico y a la responsabilidad penal, máxime cuando en este sistema también