CSJ - AC073-2025 (2025-00170-00)

AC073-2025 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-00170-00 Bogotá D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Apia y Décimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante el primer estrado, el Banco Agrario de Colombia radicó demanda ejecutiva contra Sandro de Jesús Castañeda Otálvaro para obtener el recaudo de las obligaciones incorporadas en dos pagarés y fijó la competencia por «ser este municipio donde el demandante ubica uno de sus domicilios sucedáneos (…) lugar que a la parte coincide con el sitio pactado para el cumplimiento de las obligaciones»1 . 2.- Ese Despacho declaró su falta de competencia y envió el asunto a los juzgados civiles municipales de Bogotá, apoyado en que la entidad ejecutante tiene la categoría de entidad pública y está domiciliada en la capital de la

1 Folio 5, archivo digital 001Demanda00232.pdfRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-00170-00 2 República, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 numeral 10 del Código General del Proceso y el precedente CSJ AC3745-2023 de esta Sala. 3.- El Juzgado receptor declinó el conocimiento y

2 República, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 numeral 10 del Código General del Proceso y el precedente CSJ AC3745-2023 de esta Sala. 3.- El Juzgado receptor declinó el conocimiento y suscitó conflicto negativo de competencia, al considerar que en Apia existe una sucursal del Banco demandante.

II. CONSIDERACIONES 1.- Como la divergencia analizada fue trabada entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito magistrado sustanciador, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- El ordenamiento jurídico consagra las pautas que orientan la distribución de las controversias, ya sea que la determine uno o varios factores. En punto al territorial, el artículo 28 del Código General del Proceso dispone en el numeral 1 como directriz general que « [e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado», y el numeral 3 añade que « los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-00170-00

3 De otro lado, el numeral 10 establece un criterio

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-00170-00 3 De otro lado, el numeral 10 establece un criterio exclusivo, según el cual en «los procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». Desde esa óptica, teniendo en cuenta que a voces del artículo 83 del Código Civil, «[c]uando ocurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo », es posible que dichos organismos estatales tengan concomitantemente más de un domicilio, evento en el cual la controversia puede desarrollarse en cualquiera de ellos, siempre que estén involucrados en el objeto de la discusión. Esto es así porque si la entidad es demandada no cabe duda que resulta aplicable por analogía el numeral 5 del artículo 28 del Código General del Proceso que dispone que en « los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de ésta». Sobre el particular, en CSJ AC2346-2018 se anotó que

asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de ésta». Sobre el particular, en CSJ AC2346-2018 se anotó que « mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal general finalmente se complementa con la otra que trata el tema deRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-00170-00 4 cuando es reconvenida una persona jurídica, carácter que ostenta aquí la entidad analizada». Ahora, si la institución es quien promueve el pleito también deviene atendible la posibilidad de adelantarlo en cualquiera de sus «domicilios», en virtud de la autorización del artículo 12 del Código General del Proceso, por no existir razón para dispensar tratamiento distinto a dos situaciones de similar connotación práctica. De modo que cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis es admisible que el concepto de «domicilios» cobije también el de la agencia o sucursal involucrada en la cuestión , con el fin de realizar la atribución de la controversia en dicho lugar, sin que tal conclusión decaiga con ocasión de la postura mayoritaria plasmada en la providencia CSJ AC140-2020, pues como se advirtió en CSJ AC1991-2021 (…) si el numeral décimo del precepto 28 ibídem defiere la “competencia” al “juez del domicilio de la respectiva entidad”, es

advirtió en CSJ AC1991-2021 (…) si el numeral décimo del precepto 28 ibídem defiere la “competencia” al “juez del domicilio de la respectiva entidad”, es procedente, a la luz de una interpretación sistemática, acudir al numeral quinto ejusdem, que prevé que “en los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta”, presentándose así una confluencia donde puede el accionante optar, por la sede principal o por la sucursal o agencia de la entidad pública, siempre y cuando el asunto esté vinculado o guarde relación con estas, posibilidad de escogencia que no afecta el foro privativo, ya que éste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal. Adicionalmente, cuando se pretenda la realización de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jurídicoRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-00170-00 5 cuya definición pueda atender múltiples funcionarios bajo los parámetros de las anteriores conclusiones, la escogencia radica en el accionante y su razón de ser debe quedar claramente determinada en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicción.

3.- En el caso concreto se advierte que el Banco Agrario de Colombia S.A. es « sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de propiedad industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la especie de las anónimas», con domicilio en Bogotá, pero que cuenta con sucursales y agencias en todo el territorio nacional. Según se extrae de los títulos valores 2 en Apia fueron suscritos y debe satisfacerse las obligaciones contraídas, además, conforme indican las páginas web de la entidad financiera3 , tiene oficina en ese municipio, donde se radicó el libelo. De ese modo, refulge claro que la autoridad judicial de esa localidad cuenta con atribución para tramitar el compulsivo, por lo cual no le asiste razón legal alguna para rehusar su conocimiento. De ahí que sea viable concluir que la asignación está amparada en la regla privativa referida a espacio, la que por demás coincide con el lugar de cumplimiento de las obligaciones y del domicilio del convocado.

2 Folios 1 a 3 y 7 a 9, archivo digital 002AnexosDemanda.pdf 3 https://www.bancoagrario.gov.co/system/files/2024-Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-00170-00 6 Además, como fue resaltado en el numeral precedente, no es de recibo el argumento de que en caso de entidades públicas demandantes no aplica la regla del numeral 5 del artículo 28 del Código General del Proceso, puesto que esta no desvirtúa la del numeral 10, sino que lo complementa en

no es de recibo el argumento de que en caso de entidades públicas demandantes no aplica la regla del numeral 5 del artículo 28 del Código General del Proceso, puesto que esta no desvirtúa la del numeral 10, sino que lo complementa en particulares casos como ocurre con el Banco Agrario, cuya esencia es la de ser una entidad financiera con presencia en todo el país y así lo ha reconocido mayoritariamente la Sala en los CSJ AC4433-2024, AC4338-2024, AC4204-2024 y AC4168-2024, entre otros, por lo que lo expuesto en CSJ AC3745-2023 solo constituye un criterio respetable pero solitario de una de sus integrantes. Por consecuencia, el asunto corresponde al Juzgado que inicialmente lo conoció por estar vinculado a la agencia de esa localidad de la entidad crediticia demandante. 4.- Colofón de lo dicho, se declarará que el Juzgado Promiscuo Municipal de Apia deberá conocer de la demanda, de lo cual será informado el otro despacho involucrado en la colisión que acá queda dirimida.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE:Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-00170-00 7

Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Apia es el competente para conocer de la demanda de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión acá dirimida.

referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión acá dirimida.

Tercero: Librar los oficios correspondientes, por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado