CSJ - AC2044-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC2044-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01312-00 Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintiséis (2026). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Ana Milena Urieta Martínez.

I. ANTECEDENTES 1.- Se formuló solicitud de homologación, mediante la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la República de Colombia de la sentencia proferida el 26 de marzo de 2018, por el Tribunal Superior de la División de Familia de Nueva Jersey del Condado de Passaic, mediante el cual se declaró el divorcio del matrimonio que el 5 de marzo de 2005 se celebró entre la convocante y Michael Crespo. 2.- Según se indicó en el libelo primigenio, el veredicto no versó sobre « derechos reales de bienes que estuvieren en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso », no se opone a las leyes colombianas, y otras disposiciones de orden público, adquirió ejecutoria según las normas de aquel país, no recae sobre asuntos de competencia exclusiva de los juecesRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01312-00 nacionales, y no existe proceso en curso en este territorio

[Archivo digital: 11001020300020260131200-0005Demanda.pdf].

II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a

II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial colombiano competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia.

En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso.

El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1º a 4º del canon 606.

Entre los exigidos figura el de que la sentencia extranjera, cuya homologación se solicita, « no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (numeral 2º ídem) y el de que « se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem).

Esta última exigencia, se acompasa con el contenido del

ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem).

Esta última exigencia, se acompasa con el contenido del inciso segundo del precepto 607 de la normativa citada, enRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01312-00 cuanto previene que «[c]uando la sentencia o cualquier documento que se aporte no esté en castellano, se presentará con la copia del original su traducción en legal forma», y de dicha traducción se requiere que sea realizada por « el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez», todo para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba.

2.- No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que:

2.1.- La libelista no trajo la respectiva constancia de ejecutoria de la decisión judicial extranjera o prueba de la que se pueda colegir que aquel pronunciamiento cobró firmeza, en los específicos supuestos determinados por esta Corporación.

Sobre el punto, es necesario recordar que:

(…) la jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el carácter definitivo, es menester que el interesado

allegue prueba idónea que permita tener seguridad de que el fallo es “final”, lo cual resulta inviable cuando « no hay mención sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados , evento que impide igualmente definir el carácter definitivo (CSJ AC2855-2025).

2.2.-Así mismo, desatendió el contenido del canon 251 de la codificación en comento, según el cual, «[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de RelacionesRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01312-00 Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez». Lo anterior, porque, de un lado, para la legalización de documentos extranjeros que deban surtir efectos en Colombia es indispensable la traducción oficial de estos cuando no obren en español realizada por un traductor oficial, debiéndose acreditar esta condición con el respectivo certificado que expidan las Universidades en el que conste la idoneidad para el ejercicio del oficio (art. 33 ley 962 de 20051 ), pero además, se deberá « efectuar el reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario Público» (Resol. 1959/2020 art. 6°), sin que tales formalidades se

autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario Público» (Resol. 1959/2020 art. 6°), sin que tales formalidades se hubieran acatado, omisión que impediría tener por adecuadamente legalizada la copia del veredicto reseñado. Afirmase esto, porque si bien adosó una traducción de la sentencia a homologar y de los restantes documentos que se pretende hacer valer como pruebas, éstos no cumplen el requisito legal que se menciona en el párrafo precedente, puesto que, si bien aparece constancia de autenticación de firma no se incorporó la resolución o constancia que acredite adecuadamente su condición.

En tal sentido, en situaciones análogas a la acá auscultada, esta Corporación ha sostenido que:

1 Ley 962 de 2005 Artículo 33. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 382 de 1951, el cual quedará así: "Artículo 4°. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Toda persona que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la materia dispongan las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente,

privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial….Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01312-00

La desatención de esta carga revela la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial, como lo ha dicho esta Corte:

[S]e observa que la interesada no aportó la sentencia foránea materia de homologación con la traducción idónea, esto es, según lo determina el artículo 251 ibidem, la efectuada por ‘el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez’ [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducción realizada por…, respecto de esta no se demostró su condición de ‘intérprete oficial’.

En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 606 y 607 del Código General del Proceso, el Despacho resuelve… rechazar la demanda (CSJ AC2855-2025).

2.3.- A lo anotado se suma que no se adjuntó evidencia sobre la reciprocidad diplomática, ni de la legislación foránea que regula el thema decidendum, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtención de «documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir» (núm. 10 artículo 78 C.G.P.), recordándose, además, que según el inciso segundo del precepto 173 ibídem, al juez le está vedado ordenar la práctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido por el interesado mediante la citada figura.

Memórese que « la reciprocidad es un presupuesto neurálgico del exequatur, su demostración constituye carga del interesado (CSJ. SC 15495, 11 nov. 2015), por lo que el fundamento fáctico y jurídico de la demanda debe contener alusión sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jurídica de orden diplomático o la subsidiaria de carácter legislativo. Tratándose de la reciprocidad legislativa, se deberá allegar la prueba idónea de la ley extranjera en losRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01312-00 términos del artículo 177 del Código General del Proceso » (CSJ AC2855-2025). 2.4.- No aportó el texto de las leyes en que se fundó la decisión extranjera, en aras de acreditar la reciprocidad

AC2855-2025). 2.4.- No aportó el texto de las leyes en que se fundó la decisión extranjera, en aras de acreditar la reciprocidad legislativa. Para tal fin, el precepto 177 del Código General del Proceso, faculta su aportación « en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte » , bien, previa expedición de « (…) la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país»; también, mediante un « dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí» o ya, a través del « testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente». Exigencia que cobra especial relevancia en este particular caso, pues de la traducción de la sentencia se desprende que, para lograr la declaración del divorcio, «el demandante alegó y probó una causa de demanda de divorcio en virtud de la ley (…)» , no obstante, no especificó cual de las causales existentes era a la que allí se hacia alusión y si la misma se acompasaba con legislación aplicable, menos aún se vislumbra del fallo a homologar o de los anexos información en relación a si la causa fue contenciosa o de mutuo acuerdo, lo cual es determinante, puesto que siendo contencioso

vislumbra del fallo a homologar o de los anexos información en relación a si la causa fue contenciosa o de mutuo acuerdo, lo cual es determinante, puesto que siendo contencioso deviene imperativo acreditar que en el curso de aquella actuación se cumplió con « el requisito de la debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de origen». 3.- Por las razones esbozadas se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del compendio en cita.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01312-00

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia.

Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. SEGUNDO. No hay lugar a devolución de anexos por haber sido allegados en medio digital. TERCERO. Se reconoce personería al abogado Jaime Daniel Arias Vera, para actuar en representación de la demandante, en los términos y para los fines del mandato conferido.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada