CSJ - AC2223-2026

AC2223-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-01080-00 Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Acuerdo n.° 034 de 16 de diciembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, y con el fin de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en este asunto, en providencia paralela se reemplazan los nombres de las partes por otros ficticios, para evitar la divulgación real de sus datos. Advertido lo anterior, la Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto de Familia de Cali y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís, Putumayo.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el primer despacho judicial, AB1, domiciliada en Cali, quien afirmó actuar en representación de la menorRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01080-00

2 XM2, presentó demanda de privación de patria potestad en contra de YZ3, para lo cual atribuyó competencia en el lugar de residencia de la menor y señaló que desconocía por completo el domicilio del demandado, número de celular o correo electrónico por lo que pidió su emplazamiento.

2. El Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali admitió la demanda y ordenó el emplazamiento del integrante

correo electrónico por lo que pidió su emplazamiento.

2. El Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali admitió la demanda y ordenó el emplazamiento del integrante de la parte pasiva. Adelantado este último, le designó curador ad litem, quien contestó la demanda.

3. Posteriormente, mediante correo electrónico del 21 de marzo de 2025, la apoderada de la demandante informó al despacho, entre otros puntos, que su poderdante residía en la

Calle 10#7-24 en el municipio de la Hormiga, Putumayo. El 4 de abril del año 2025 se adelantó audiencia del artículo 372 en el que se adelantaron las etapas de conciliación, interrogatorio de parte de la accionante, fijación del objeto del litigio, control de legalidad, se decretaron pruebas y se aceptó el desistimiento de tres de los testimonios solicitados. Al no haberse podido recaudar todos esos medios, se solicitó una segunda fecha para la continuación de la audiencia. Después, YZ3, a través de apoderado designado, presentó solicitud de nulidad por indebida notificación a la que adjuntó una declaración juramentada con fines extraprocesales en la que afirmó, entre otras cuestiones, que su hija y su progenitora tienen su domicilio en el municipio de La Hormiga, Putumayo. El Juzgado el 23 de julio de 2025 convocó a audiencia virtual únicamente para resolver laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01080-00 3 petición anulatoria; no obstante, previo a su realización, profirió auto en el que declaró la pérdida de competencia para

3 petición anulatoria; no obstante, previo a su realización, profirió auto en el que declaró la pérdida de competencia para continuar con el conocimiento del proceso y ordenó su remisión al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís. Sustentó su determinación en que, según información obtenida en el interrogatorio de parte de la demandante, como en el escrito de nulidad de la contraparte, se advierte que el domicilio de la menor XM2 y de la actora está en La Hormiga, Putumayo, mientras que el del demandado está en Ipiales, por lo que «por tratarse de un proceso de Privación de Patria Potestad, en el que se pueda llegar a requerir estudio de trabajo social al lugar donde viven la menor, como también posibles valoraciones psicológicas, las que se hacen necesarias realizarlas en el domicilio donde se encuentre la menor, motivo por el cual este Despacho no sería competente para tramitar el presente proceso». Finalmente dijo que, aunque llevaba más de un año y medio adelantando el proceso, no aplica el principio de perpetuatio jurisdictionis, el cual «debe ceder, como en el caso de la materialización del interés superior de los niños, niñas y adolescentes (CSJ AC2806 2014, AC5191-2016, AC576-2020)».

4. El despacho judicial receptor rehusó su conocimiento y suscitó la colisión porque el principio de perpetuatio jurisdictionis solo puede flexibilizarse ante « circunstancias verdaderamente excepcionales que

4. El despacho judicial receptor rehusó su conocimiento y suscitó la colisión porque el principio de perpetuatio jurisdictionis solo puede flexibilizarse ante « circunstancias verdaderamente excepcionales que comprometan el interés superior del niño», lo que exige un mínimo de análisis de cara al caso en concreto, lo que noRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01080-00 4 efectuó el Juzgado de Cali, pues «para sustentar la aplicación del mencionado principio de interés superior consistió en las “posibles” valoraciones psicosociales sin reparar en el caso concreto ni en las particularidades de la adolescente M.M.M.L, sino que su argumentación fue general y abstracta, en franca contradicción de lo exigido por la doctrina y jurisprudencia aplicable sobre la evaluación y determinación del interés superior».

Por ende, al no demostrarse una circunstancia excepcional que comprometiera el interés superior de la menor, advirtió que la competencia se había prorrogado.

II. CONSIDERACIONES

1. Como el conflicto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento

en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.

En este evento particular, la controversia se centra en el factor territorial. Al respecto, el artículo 28 del Código General del Proceso, en su numeral 1º, prevé, como regla general, queRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01080-00 5 « [e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado» . No obstante, esta pauta no es absoluta, pues en algunos casos concurren otros fueros adicionales señalados en la misma disposición. En armonía con lo anterior, el numeral 2º de la citada norma establece que, en «[e]n los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel» (se resalta). No obstante, atendiendo disposiciones de orden constitucional y legal que presentan una clara prevalencia a

forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel» (se resalta). No obstante, atendiendo disposiciones de orden constitucional y legal que presentan una clara prevalencia a los derechos de los niños, tal y como lo es el artículo 44 de la Constitución Política, y con el propósito de garantizar que los asuntos relacionados con estos sujetos de especial protección sean tramitados por la autoridad que se encuentre en mejor posición de hacer efectivas las medidas adoptadas, esta Sala ha entendido que, en aquellos eventos en los que se presenta una alteración de la ubicación del menor, se autoriza el cambio del funcionario que inicialmente conoció el asunto (AC5929-2024, AC1225-2025, y AC3657-2025).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01080-00 6 Así, recientemente, en CSJ AC2769-2025, esta corporación precisó lo siguiente: En esa medida, ha establecido que el principio procesal de la perpetuatio jurisdictionis no es una cláusula pétrea y que debe ceder en procura de la realización de dichas prerrogativas, permitiendo que los asuntos que involucran a dichos sujetos de especial protección sean arbitrados por la autoridad que en todo momento se halle en mejor posibilidad de hacerlas efectivas, especialmente facilitándoles el acceso a la administración de justicia, realizando el mandato de tener en cuenta «sus opiniones» (art. 26 Ley 1098 de 2002), mediando la práctica de pruebas y

especialmente facilitándoles el acceso a la administración de justicia, realizando el mandato de tener en cuenta «sus opiniones» (art. 26 Ley 1098 de 2002), mediando la práctica de pruebas y vigilando las medidas de protección provisionales y definitivas, todo ello en el marco de especial celeridad por el que el propio ordenamiento propende. Por ello, la Sala en CSJ AC4860-2021 memoró que, (…) en un asunto que pasó de la sede administrativa a la judicial, en el que la menor involucrada cambió de ubicación, la Corte concluyó que la competencia para proseguir con el trámite de ese proceso debía asignarse teniendo en cuenta que «el interés superior del menor tiene como objetivo, en el caso particular, evitar imponerle al menor o a quien se encuentre a cargo de su cuidado, que se desplace a un lugar distinto del de su residencia (CSJ AC, 4 julio 2013, exp. 2013-00504, reiterado en AC1828-2019). Con fundamento en ello, se comprueba que la competencia en casos como este debe establecerse atendiendo a la ubicación del niño, niña o adolescente que pueda estar involucrado, ello siempre y cuando se corrobore que con tal determinación se beneficie y garantice el interés superior que le asiste a dichos sujetos.

3. En el presente caso, se advierte que si bien al momento de promover la demanda de privación de patria potestad (9 de mayo de 2024), AB1, madre de la menor XM2,

3. En el presente caso, se advierte que si bien al momento de promover la demanda de privación de patria potestad (9 de mayo de 2024), AB1, madre de la menor XM2, quien aseguró que se hacía cargo de todas las necesidades de esta (económicas y físicas), afirmó que para ese momento su domicilio era Cali y atribuyó competencia a los juzgados deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01080-00 7 dicha municipalidad en razón a ello, lo cierto es que dicha circunscripción no coincide con el lugar en el que actualmente se encuentra ubicada la menor, quien está domiciliada en el municipio de La Hormiga-Putumayo, sin que se advierta que ello haya variado hasta la fecha.

En efecto, en correo electrónico del 21 de marzo de 2025, la apoderada de la accionante informó al despacho, entre otros puntos, que su poderdante residía en la Calle 10#7-24 en el municipio de La Hormiga, Putumayo1 , información corroborada por el progenitor enjuiciado que consta en el documento « Declaración Juramentada Para Fines Extraproceso» de fecha 2 de julio de 2025 aportado como anexo a la solicitud de nulidad por indebida notificación2 , en la que se evidencia la siguiente información:

«Señora Notaria, el motivo por le cual rindo esta declaración extra proceso, es con el fin de manifestar bajo la gravedad de juramento lo siguiente: soy el padre de la menor (XM2), identificada con tarjeta de identidad (…) fruto de una relación sentimental con la señora AB1 (…) hace catorce (14) años. Manifiesto que tengo conocimiento de que ellas viven en la calle 10 #10-27 barrio el Jardín en el municipio de La Hormiga (Putumayo) por cuanto mantengo contacto vía telefónica con mi hija»

4. De conformidad con lo expresado, teniendo especial consideración en la variación del domicilio de la menor involucrada en este asunto, y en aras de darle prevalencia a sus derechos e intereses superiores, se le asignará la competencia de este asunto al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís, Putumayo, por ser la autoridad que se encuentra en mejor posición de decretar y recibir

1 Expediente digital, archivo «037 RcboMemorial20250321.pdf» 2 Expediente digital, archivo «050 SolicitudIndebidaNotificacion20250703.pdf»Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01080-00 8 pruebas, ordenar informes, así como de llevar a cabo la inmediación con la menor, y tener una mayor cercanía con los hechos relevantes al proceso de privación de patria potestad,

máxime cuando aún se está pendiente de desarrollar la fase probatoria en su totalidad.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís, es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra sede judicial involucrada.

Tercero: Librar los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada