CSJ - AC2237-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC2237-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01466-00 Bogotá D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n.º 034 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo de Familia de Bogotá y Segundo Civil Municipal de Madrid – Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante los jueces de familia de MadridCundinamarca, “María” formuló demanda ejecutiva deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01466-00 2 alimentos contra “José”, en representación de su menor hija “Laura”, por las cifras adeudadas a título de cuota alimentaria mensual pactada en el Acta de Conciliación n.° 020-IV-2024 de 30 de julio de 2024, suscrita ante la

Comisaría de Familia de Madrid IV. En el acápite de competencia, en cuanto a la

020-IV-2024 de 30 de julio de 2024, suscrita ante la Comisaría de Familia de Madrid IV. En el acápite de competencia, en cuanto a la competencia territorial manifestó que era competente esos estrados por «la vecindad de las partes, es usted (…) Artículo 28 Núm. 2º del Código General del Proceso y demás normas concordantes, teniendo en cuenta que el domicilio de los padres y actual domicilio de la menor aquí demandante es el municipio de Madrid, Cundinamarca» [Fol. 32, archivo: 002 Demanda.pdf]. 2.- Le correspondió el asunto por reparto al Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, quien rehusó su conocimiento (19 nov. 2025) al considerar que, «[e]n la demanda se indica que el domicilio de la menor demandante es en Madrid - Cundinamarca, de donde se desprende que es el Juzgado civil municipal de ese municipio el competente para conocer de esta acción a voces del numeral 6º del artículo 17 del Código General del Proceso », lugar a donde remitió las diligencias [Derivado: 003 AutoRechazaPorCompetencia.pdf]. 3.- Al recibir el pleito, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca), Meta también se negó a asumir el conocimiento al advertir que «según lo indicado en el hecho cuarto de la demanda, la menor reside y tiene su domicilio en la carrera 156 D n.º 136-42, Suba – Lisboa, Bogotá»; de ahí que, la

competencia la tenía la primera juzgadora que conoció del pleito (5 feb. 2026). Con esos fundamentos, planteó conflicto negativo de competencia y ordenó el envío de las diligencias a esta Corporación [archivo digital: 008 AutoProponeConflictoCompetencia.pdf].Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01466-00 3

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a la Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Al tenor de lo estipulado en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, « en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».

Asimismo, el numeral 2º de la referida disposición preceptúa: «(…) en los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o

de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel» (Resaltado fuera de texto). 3.- Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad que, acorde con las pautas especiales reseñadas en los procesos de alimentos la competencia se radica de manera privativa en el juez del domicilio y residencia del menor; así lo corrobora el artículo 97 del Código de Infancia y Adolescencia, según el cual «[ s]erá competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente» (se destaca).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01466-00 4 Tal mandato resulta aplicable, no solo en el contexto de las autoridades administrativas y los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial, tal como lo ha decantado esta Corporación al puntualizar que: [E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente ‘la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente’, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable

competente ‘la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente’, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder éstos la atribución por no decidir dentro de los plazos señalados en el parágrafo 2°, artículo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ahí, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los últimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacción de la obligación a cargo del Estado de ‘[a]segurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés y que los involucren…’ así como ‘[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal’, tal y como lo establece al ordinal 34, artículo 41 de la aludida ley” (Exp. 2008-00649-00) (CSJ, AC17872021 y CSJ, AC2415-2021, que reiteró la providencia CSJ, AC 4 jul. 2013, rad. 2013-00504-00; CSJ,

STC3203-2022, AC1024-2025 y AC9627-2025).

Lo anterior se encuentra del todo conforme con la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cuya virtud « [e]n todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en

prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cuya virtud « [e]n todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (…)1 », así como con el artículo 11 del estatuto adjetivo, que ordena interpretar las normas procedimentales de acuerdo con los

1 Artículo 9º del Código de Infancia y Adolescencia.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01466-00 5 estándares constitucionales, entre los cuales se encuentra el del interés superior del menor. Sobre esta temática, ha recalcado la Corporación que: (…) el interés superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccionándolas a facilitar la protección de los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administración de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa índole para reparar sus

necesidades, que a la postre podrían verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el artículo 9° del Código de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor «[e]n todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente». Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores y adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales están involucrados dichos sujetos, receptores de especial protección. Recuérdese, porque viene al caso, que conforme al canon 26 ibídem, «[e]n toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.» En esa línea de pensamiento favorable al interés superior citado, la Corte se ha pronunciado señalando respecto de los menores de

los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.» En esa línea de pensamiento favorable al interés superior citado, la Corte se ha pronunciado señalando respecto de los menores de edad, que: [L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se está ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los niños, el juez debe ser más acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01466-00 6 reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto más amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Política, según el cual ‘los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás’ [se subrayó] (CSJ STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01, CSJ AC2400-2022, 13 jun., rad. 2022-01649-00, CSJ AC439-2024, 12 feb. 2023-04882-00, CSJ AC10242025, 4 mar. 2025-00388-00 y CSJ, AC9627-2025, 19 dic., 2025-04434-00). 4.- Confrontadas las anteriores nociones con la situación puesta en consideración de la Corte, surge que el decurso involucra a una menor de edad, de tal manera que,

dic., 2025-04434-00). 4.- Confrontadas las anteriores nociones con la situación puesta en consideración de la Corte, surge que el decurso involucra a una menor de edad, de tal manera que, para la fijación del juez natural el legislador atribuyó de manera privativa el conocimiento al funcionario judicial del « domicilio o residencia de aquel » [negrilla añadida] (núm. 2, inc. 2, art. 28 C.G.P.). Al respecto, en los hechos del escrito inaugural se aseveró que «[l]a menor “LAURA” se encuentra actualmente bajo el cuidado personal de su madre, con quien reside en el domicilio ubicado en la carrera 156 D # 136 – 42, Suba - Lisboa, Bogotá, lugar donde desarrolla su vida cotidiana y mantiene su centro de residencia habitual» (Destacado Adrede) [fol. 27, ídem]. Y, a espacio seguido, en el acápite correspondiente a la competencia, la demandante también refirió que «[el] actual domicilio de la menor aquí demandante es el municipio de Madrid, Cundinamarca » [Fol. 32, archivo: 002 Demanda.pdf] 5.- Como se aprecia, en el presente asunto tanto las autoridades judiciales de la localidad de Madrid (Cundinamarca) como las de la ciudad de Bogotá, estarían llamadas a conocer del asunto, toda vez que, la primera

corresponde al domicilio de la menor de edad y en la segundaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01466-00 7 se encuentra asentada su residencia (numeral 2° del artículo 28 C.G.P.), según lo afirmado en el escrito inaugural. Sin embargo, con observancia del principio del interés superior del menor -directriz axial y de aplicación prevalente en toda actuación judicial o administrativa que involucre a niños, niñas y adolescentes-, resulta claro que el funcionario judicial competente para conocer de la ejecución de alimentos es aquella del lugar de residencia actual del infante, esto es, la ciudad capital. Ello, por cuanto, fijar la atribución en dicho territorio no solo garantiza una protección reforzada y efectiva de sus derechos fundamentales, sino que además materializa el acceso real y oportuno a la administración de justicia, en tanto permite a la niña, a través de su representante legal, acudir con mayor facilidad y cercanía a defender sus garantías en el pleito. La radicación del proceso en esta jurisdicción se erige como la medida más adecuada y razonable para salvaguardar sus derechos, asegurar la efectividad del crédito alimentario y evitar cargas desproporcionadas que puedan traducirse en una afectación indirecta a su bienestar integral. 6.- Así las cosas, se dispondrá la remisión del expediente al Juzgado Octavo de Familia de Bogotá , por ser el competente para conocer del proceso ejecutivo de alimentos y, se informará de esta determinación al otro funcionario

al Juzgado Octavo de Familia de Bogotá , por ser el competente para conocer del proceso ejecutivo de alimentos y, se informará de esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01466-00 8

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema

de Justicia, RESUELVE: PRIMERO. Declarar que el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. SEGUNDO. Remitir el expediente a la mencionada dependencia judicial para que le imparta trámite al asunto. TERCERO. Comunicar esta decisión al otro estrado involucrado y a los interesados.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada