CSJ - AC2438-2022

MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ

Magistrada Ponente AC2438-2022 Radicación 76001-31-03-003-2016-00319-01 (Aprobado en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós) Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022) Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Hernando Rodríguez Holguín para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 4 de octubre de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso adelantado por el actor contra Erika del Carmen Gómez Fernández, Carolina Gomez Orozco y Carlos Andrés Clavijo.

I. ANTECEDENTES

1. El actor pidió que se declarará que es absolutamente simulado el contrato de compraventa

contenido en la Escritura Pública No. 1.166 del 18 de mayo de 2009 de la Notaría Dieciocho del Círculo de Cali, del Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 370-339220. Así mismo, que se declare que son absolutamente simulados los demás contratos de compraventa que tienen como título antecedente la Escritura Pública No. 1.166, a saber, la No. 2989 de 30 de octubre de 2.009, 496 de 26 de febrero de 2010. Que como consecuencia se declare que en realidad no

han existido dichos contratos de compraventa y en consecuencia se declare que el inmueble con folio de matrícula No. 370-339220 es de propiedad del señor Hernando Rodríguez Holguín por tanto se disponga su respectiva cancelación. Y que se condene a los demandados Carolina Gómez Orozco y Carlos Andrés Clavijo González como poseedores de mala fe, a la restitución del inmueble enajenado y al pago de los frutos civiles.

2. Como sustento de lo pedido, invoco los siguientes hechos a modo de resumen: 2.1 Que el señor Hernando Rodríguez Holguín adquirió mediante Escritura Pública No. 1369 de 2004 el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 370-339220. 2.2 Que ante la difícil situación económica y los problemas judiciales (procesos de alimentos, ejecutivos y

2 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 penales) que enfrentaba y atendiendo los consejos y propuestas de Carolina Gómez Orozco, amiga muy cercana, decidió otorgarle un mandato «para que en su nombre vendiera para si o para un tercero el inmueble» atrás referido. 2.3 Que, ante la falta de noticias de la actividad de la mandataria, el señor Rodríguez solicitó un certificado de tradición del bien raíz, y se encontró que desde el 18 de mayo de 2009 ésta era la titular del derecho de dominio por un precio irrisorio de $70’000.000 y que había constituido hipoteca de primer grado a favor de INVERSORA IMPERIO

S.A.S. 2.4 Posteriormente la señora Gómez Orozco transfirió el 50% del inmueble a Erika del Carmen Gómez Fernández, quien a su vez vendió a Andrés Clavijo González.

3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali en auto de 9 de diciembre de 2016, admitió la demanda (folio 167, cno. 1 principal, expediente digital). 3.1 Notificados Carolina Gómez Orozco y Carlos Andrés Clavijo manifestaron su oposición a las pretensiones y formularon las excepciones de mérito que denominaron: cosa juzgada, ausencia de los presupuestos de la acción de simulación absoluta, falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, improcedencia de la acción por dolo de la demandante y la innominada (fls. 282 y s.s.). A su turno el curador ad litem de Erika Gómez formuló la innominada (fls. 310 a 312).

3 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 3.2 Posteriormente los señores Héctor Germán Salazar Valencia, Carmen Elisa Sarria de Salazar, Jorge Alberto Salazar Sarria, Cesar Augusto Salazar Sarria, Inversora Imperio S.A., y el grupo empresarial Distrito S.A.S., formularon intervención excluyente contra Hernando Rodríguez, Carolina Gómez Orozco, Erika Gómez y Carlos Andrés Clavijo y piden que se declare probada la existencia de la acreencia y la garantía que pesa sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 370-339220 y como consecuencia los demandados deberán respetar la

garantía y cumplir con el pago independientemente de la decisión que se tome en el presente asunto (fls. 108 a 114 C 2/1. 3.3 Admitida la intervención excluyente por auto del 8 de mayo de 2018 (fl. 115) fue contestada oportunamente. La apoderada de Hernando Rodríguez Holguín formuló las excepciones de mérito que denominó: simulación absoluta del contrato de mutuo y de la garantía hipotecaria, mala fe, inexistencia real de las obligaciones presuntamente asumidas por la señora Carolina Gómez Orozco, nulidad absoluta de la hipoteca, inexistencia del contrato de mutuo por falta de los requisitos esenciales, falta de legitimación sustancial para la realización del acto de constitución de la hipoteca, falta de legitimación en la causa por activa de los cesionarios, en relación con la garantía hipotecaria, nulidad relativa de los endosos realizados entre la sociedad comercial con el mismo representante legal y la persona natural (autocontrato), inoponibilidad a favor del señor Fernando Rodríguez Holguín y maniobra / responsabilidad aquiliana. 4 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 A su turno el apoderado de Erika del Carmen Gómez Fernández no se opuso a las pretensiones, salvo a la condena en costas «pues no ha sido parte activa, ni ha impulsado el temerario proceso con que pretende el señor HERNANDO RODRIGUEZ HOLGUÍN de apoderarse de un inmueble que no le pertenece». Carolina Gómez y Carlos Clavijo se allanaron a las

pretensiones.

4. En fallo de 18 de diciembre de 2018, el a quo negó las pretensiones de los demandantes excluyentes, la que dentro de la oportunidad no fue recurrida. Igualmente, profirió una segunda sentencia en la que declaró probada la excepción de ausencia de los presupuestos de la acción de simulación, y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda.

5. La parte actora formuló recurso de apelación contra la anterior decisión, con fundamento en que existió una indebida valoración probatoria de las pruebas documentales aportadas, que no se valoraron las confesiones de la señora Carolina Gómez, que no existe rastro del pago del crédito, que existió una indebida aplicación del artículo 191 del C.G., así como de los indicios existentes en el proceso.

LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal Superior del Distro Judicial de Cali mediante sentencia del 1° de octubre de 2019 resolvió 5 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 confirmar la emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali que negó las pretensiones. Para tal efecto, el ad quem inició su estudio refiriendo la presencia de los presupuestos procesales, para pasar a referir que la pretensión se dirige a que se declare la simulación absoluta de la transferencia de la propiedad que realizó el actor a favor de Carolina Gómez Orozco, así como las enajenaciones posteriores. Luego de hacer algunas precisiones de orden normativo, jurisprudencial y doctrinario alusivos a la simulación, adujo que en «este tipo de procesos se impone una apreciación

holística de las pruebas que se endereza a mirar el negocio real existente en los títulos atacados, guiados por el principio de libertad probatoria», a efectos de realizar la «búsqueda de la verdadera intención de los contratantes» la que debe realizarse a través de los indicios. A continuación, se ocupó del examen de las pruebas que estimó más relevantes para resolver el caso, para de allí inferir «las necesidades económicas del demandante y el nivel de confianza existente entre Hernando Rodríguez Holguín y Carolina Gómez Orozco para cuando el primero le otorgó poder a la segunda» para vender, comprar para sí, y para hipotecar el inmueble, así mismo que entre los contendientes existió cruce de dineros en desarrollo del mandato, recordó los procesos penales que se siguieron en contra del demandante, así como los embargos de sus bienes, para deducir que «puede entenderse que Rodríguez Holguín si tenía motivos 6 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 para simular la venta a favor de su amiga Carolina Gómez», pero que existen varias pruebas directas así como «contraindicios que desdibujan la pretensión simulatoria». En efecto, fue la señora Carolina Gómez «quien consiguió, entregó dinero y ayudó a solucionar los contratiempos económicos del demandante», que el actor perdió la posesión del bien raíz y los arreglos del inmueble fueron realizados por los demandados (salvo Erika del Carmen) con posterioridad al 18 de mayo de 2009 y respecto a la prueba trasladada estimó que el desistimiento de la

acción de rescisión de lesión enorme muestra «el ejercicio reflexivo de una acción que afirma la venta y la existencia de precio aunque también de su disconformidad con él», amén de que Rodríguez y Gómez «firmaron un acta de compromiso autenticada en septiembre y noviembre de 2012 en la que se declararon a paz y salvo por todo concepto comprometiéndose a no iniciar ninguna acción judicial». Para finalmente concluir el ad quem que «la comprensión holística de la prueba, el comportamiento extra y endoprocesal de las partes no permite observar convergencia de indicios irrefragables que puedan llevar a dejar sin efecto las trasferencias del inmueble solicitadas en la demanda». LA DEMANDA DE CASACIÓN La demanda se fundó en cuatro cargos, que se enmarcan en violaciones por la vía directa y por la vía indirecta. 7 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 El primer cargo lo sustenta la inconforme en que se vulneraron por la vía directa los artículos 1634, 1757, 1766, 1742 y 1849 del Código Civil, en concordancia con el artículo 83 de la Constitución Política, efecto para el cual aduce que el ad quem dejó de aplicar las disposiciones sustanciales a que debía someterse el caso, como quiera que quien alegó haber realizado el pago «no presentó prueba de su extinción», y agrega que se presentan «contradicciones entre la forma – las declaraciones y soportes – para determinar uno de los elementos esenciales de la compraventa», por lo que estima que existe una trasgresión entre la norma y «las reglas de la sana crítica utilizadas para establecer la prevalencia de la

intención entre las dos partes del contrato». El segundo cargo se sustenta en la infracción por la vía indirecta como consecuencia del error de derecho en la aplicación de los artículos 11, 176,191, 197, 240, 241 y 242 del Código General del Proceso en relación con los interrogatorios y los indicios desatendiendo el comportamiento de la parte demandada (Carolina Gómez, Carlos Andrés Clavijo y Erika del Carmen Gómez en la medida en que «fueron recepcionados en la misma sala de audiencia y en presencia de todos, violando el principio de recepción del testimonio; razón por la cual debieron ser apreciados con la reserva que esto amerita». Aduce el recurrente que el ad quem aplicó de manera errónea el artículo 174 del Código General del Proceso. en concordancia del artículo 193 ibidem respecto de la apreciación de la prueba traslada para agregar que respecto 8 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 de los indicios incurrió en error de hecho, y en el desarrollo del cargo dijo que los supuestos pagos realizados por la demandada Carolina Gómez no aparecen acreditados, enmarcándose como error de hecho. El tercer cargo, por error de hecho al valorar la existencia de la hipoteca y su objeto de pagar el precio al demandante, dado que «no existe rastro bancario, ni de pago del préstamo por parte del acreedor hipotecario como tampoco recibo de entrega del dinero, ni trazabilidad de dicho ingreso versus pasivo, ni de pago, por lo no existió ni fue probado en el proceso». Y el cuarto cargo, por error de derecho en la aplicación de los artículos 240, 242 y 254 del Código General del

Proceso, al considerar documentos como contra indicios, los que sustenta en que ni el de 22 de diciembre de 2009 ni el de 3 de agosto de 2012 acreditan el pago del precio, pues «no hacen relación ni al ‘precio’ ni ‘a la forma de pago’ ni mucho menos al negocio jurídico» que se ataca como simulado absolutamente.

CONSIDERACIONES

1. El recurso de casación se caracteriza por su naturaleza extraordinaria, de modo que no toda inconformidad con la decisión atacada permite a la Corte pasar a su estudio «sino que es requerido que la censura este soportada en las causales taxativamente previstas en la ley»1; 1 CSJ AC3495 de 2014

9 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 así mismo tiene un carácter limitado, «porque, en consideración a su fin último, veda todo lo que puede ser extraño a su consecuencia y sea ajeno al verdadero fin perseguido»1, que implica, entre otras cosas, que sólo está consagrado respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia conforme lo prevé el artículo 334 del código de ritos, en las hipótesis previstas en el precepto en cita, concordado con el artículo 338 ibidem. Ahora bien, el recurso en comento sólo está llamado a prosperar ante la existencia de alguna de las causales consagradas en el artículo 336 del Código General del Proceso, cuyo rigor en su presentación se encuentra previsto en el artículo 344 ibídem. Señala la norma que esta demanda, amén de reunir la

especificación del proceso con los detalles relacionados en el numeral 1º el artículo 344 ut supra, debe referirse de manera formal a cada uno de los cargos con la exposición de sus fundamentos y con sujeción a las reglas allí impuestas, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades vaguedades que allí se generen, pues de incumplirse se generaría la inadmisión de la demanda (art. 346 Ib.). Sobre la temática, esta Corporación de antaño ha orientado: (…) para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre 10 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente2.

2. Siendo así, antes de analizar los cargos formulados, la primera labor que emprende la Sala se contrae a verificar los requisitos legales de la protesta extraordinaria, en los que se estudia el cumplimiento de: i) La designación de las partes. ii) La síntesis del proceso. iii) La exposición de los sustentos de la acusación «en forma clara, precisa y concisa». iv) La enunciación de la norma de derecho sustancial, cuando

constituya la «base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo». Respecto al numeral iii referido en el párrafo precedente se exige que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», pues, (…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador3. 2.1 Cuando se formulan los cargos consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 336 del estatuto procesal civil debe invocarse la violación de una norma sustancial, efecto 2 CSJ, sentencia No. 009 exp. 5149 del 26/03/1999. Reiterado, entre otras, en SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01, AC4034, 13 sep. 2021 y AC828 DE 2022. 3 CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020 y AC5810 de 2021 11 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 para el cual la selección de los preceptos en que el acusador funde su reproche no puede ser antojadiza «en tanto que la mención que al respecto haga debe corresponder al

fundamento jurídico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o erróneamente interpretado por el sentenciador» (AC2386, 20 jun. 2019, rad. 2015-00692-01, reiterada en AC2194 de 2021). 2.2. Conforme lo reglado en el numeral 1° del artículo 336 del Código General del Proceso, es causal del recurso extraordinario de casación “La violación directa de una norma jurídica sustancial”, la que atendiendo lo reglado en el numeral 2° del artículo 344 ibidem deberá circunscribirse «(…) a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria». Ocurre la violación directa de una norma sustancial cuando el juzgador incurre en alguno de estos supuestos: a) cuando no tuvo en cuenta los preceptos que regulan el caso; b) aplica una norma ajena al caso, o c) a pesar de haber acertado en la selección no le dio el alcance que tenía. Sobre el tema en estudio, la Corporación2 ha dejado sentado: «Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (…) En tal sentido ha precisado la Corte que la ‘violación directa de las normas 12 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01

sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace» 2.3 La violación por la vía indirecta puede ser de hecho o derecho, la primera hipótesis ocurre cuando el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio de prueba o cuando realiza la interpretación de manera equivocada de las pruebas existentes; la segunda posibilidad, de derecho, ocurre cuando el ad quem apreció objetivamente la prueba, pero le da un alcance que la ley le niega, o no le concede el que la ley le reconoce. Cuando se invoca el error de derecho la jurisprudencia de esta Sala tiene clarificado que, aunque también es exigible el contraste de la sentencia atacada con el medio, aquella será para: «patentizar que conforme a las reglas propias de la petición, decreto, práctica o apreciación de las pruebas, el juicio del sentenciador no podía ser el que…consignó. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestimó como idónea, debe puntualizarse que sí era adecuada. Todo, con sujeción a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria4»

3. La demanda de casación no cumple, en este caso, con las anteriores exigencias técnicas como pasa a explicarse. 4 CSJ SC5686-2018, 19 dic., rad. 2004-00042-01, reiterada en SC4667 de 2021

13 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 3.1 En líneas generales los cuatro cargos fueron formulados en contravención de la completitud, porque no refuta todos los fundamentos de la decisión objeto del recurso. En efecto, el Tribunal construyó la sentencia sobre dos premisas fundamentales: la primera consistente en la existencia de varios contraindicios: pago del precio, que el actor se despojó de la posesión y que los demandados remodelaron el inmueble; y la segunda, atinente a la prueba trasladada que da cuenta de la acción por rescisión de lesión enorme que presentó el aquí actor contra la señora Gómez y que es indicativo de la existencia del contrato. En ninguno de los cargos se atacaron todos los contraindicios, pues si bien se replica el pago del precio, no se objetó que el demandante se había despojado de la posesión y que en el inmueble fueron realizadas obras por los demandados. En los tres primeros cargos se atacó la forma como el Tribunal dedujo el pago del precio, pero se dejó indemne la prueba trasladada que igualmente sirvió de soporte al ad quem para deducir la seriedad del contrato. 3.2. Ya en concreto en lo que tiene que ver con el cargo primero según el recurrente el ad quem vulneró a) el artículo 83 de la Constitución Política; b) los artículos 1634, 1757,

1766, 1742 y 1842 del C.C. a) Teniendo en cuenta que entre las disposiciones presuntamente transgredidas se encuentra el artículo 83 de 14 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 la Carta Magna, para que resulte viable emprender el estudio de la acusación por esta vía, el primer tamiz que debe superar es el de ostentar la calidad de sustancial, para lo cual se efectuarán las siguientes precisiones: Para que un canon pueda catalogarse como sustancial, no basta con que se encuentre plasmado dentro un código sustantivo como, por ejemplo, el Civil, o incluso dentro de la misma Constitución, sino que resulta imperioso que tenga incidencia directa en determinada relación jurídica para declararla, generarla o alterarla; por tal razón, la acepción de aquel concepto ha sido decantada por la Corte así: «Son de este tipo las disposiciones que, «frente a la situación fáctica que ella[s] contempla[n], declara[n], crea[n], modifica[n] o extingue[n] derechos subjetivos o impone[n] obligaciones», estirpe de la cual carecen las que se «limitan a definir fenómenos jurídicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo» (SC4794, 27 oct. 2021, rad. n.° 2012-00488-01)5.» Cuando se trata de la Constitución Política, sabido es que por antonomasia es norma de normas, tal como lo

consagra su propio artículo 4º y, por ende, se encuentra en el pináculo del ordenamiento patrio, situación que impone la necesidad que todo el cuerpo positivo de nuestra legislación tenga por objeto desarrollar sus preceptos o, por lo menos, no contravenir su esencia, cuando el asunto verse sobre temas ajenos a los allí enunciados. 5 Citada en AC706 de 2022 15 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 Sobre el particular, vale resaltar que la Carta Política está integrada por el preámbulo, la parte orgánica y la parte dogmática, última en la que convergen los valores, principios6 y derechos que cimientan las bases del Estado Colombiano. Siendo así, como no puede desconocerse la primacía imperante de la Constitución y, en particular, la que contempla los derechos reconocidos a los habitantes en sus múltiples dimensiones, fundamentales; sociales, económicos y culturales; colectivos y del medio ambiente, se concluye que el articulado que la compone tiene, per se, una naturaleza prevalente, ya que ninguna norma de rango inferior puede transgredirla o desfigurarla. Ahora bien, aunque ciertamente, en casos muy puntuales algún canon superior podría tener los visos que se exigen para calificarlo como sustancial, ese simple hecho no basta para que se abra la senda de su estudio dentro del 6 Cita en sentencia C-1287 de 2001: «Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en

consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. Son principios constitucionales, entre otros, los consagrados en los artículos primero y tercero: el Estado social de derecho, la forma de organización política y territorial, la democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia del interés general (artículo 1); la soberanía popular y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se refieren a la naturaleza política y organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición en el presente, una base axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su significado y su razón de ser. Los principios expresan normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en cambio, expresan fines jurídicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el orden del mañana» (resaltado intencional). 16 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 recurso de casación, en la medida en que, si el asunto en litigio se encuentra desarrollado en alguna disposición del ordenamiento, debe invocarse también la norma de linaje sustancial de este, ya que no puede señalarse como huérfana

la supralegal. Ello en razón a que la Constitución, al ser la piedra angular de la legislación, solo es la base y [en general] no se refiere a situaciones jurídicas específicas, lo que le da sentido a la expedición de normativas que se encarguen de desarrollarla y reglamentarla, así como de regular aspectos que podrían escapar a su órbita. Siendo así, como la sustancialidad de las normas no se limita a las que se encuentran inmersas en la Carta Política, sino también a las que están compendiadas en las diferentes disposiciones que rigen nuestro ordenamiento, son estas últimas las que deben reforzar la supralegal invocada. Es así como por ejemplo, los artículos 42 y 44 ejusdem que se refieren a la familia y a los derechos de los niños, aunque surgen de preceptos fundamentales, se encuentran desarrollados in extenso en diversas disposiciones como el Código Civil o el de la Infancia y la Adolescencia, entre otras; por lo tanto, es dentro de estos cánones donde debe escudriñarse la existencia de las normas de estirpe sustancial que quieran ser citadas con fuente de la protesta extraordinaria7. 7 CSJ, exp. 002-2008-00322-01. Providencia del 21/02/2012. «(i) Los artículos 5, 13, 42, 44 y 85 de la Constitución Nacional, alusivos a los derechos de la persona, la 17 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 Esa línea de pensamiento ha sido acogida por esta Sala, al precisar: «En cuanto hace al artículo 29 de la Constitución Política,

independientemente de su naturaleza sustancial, se establece que, en línea de principio, no corresponde a un precepto idóneo para soportar reproches propuestos con base en la causal primera de casación, como quiera que, desde la perspectiva de este recurso extraordinario, el desatino que se atribuye al juzgador viola la ley y, solo como consecuencia de ello, por rebote, la Constitución, de donde la correcta estructuración de un ataque de este linaje, exige centrarse en ese inicial quebranto y no soslayarlo, para pretender edificar el cargo únicamente con respaldo en la violación de la normatividad superior. «Empero – ha observado la Corteello no significa que el carácter sustancial de las normas constitucionales, particularmente cuando actúan en el contexto anteriormente mencionado, deba conducir necesariamente a que su invocación en un cargo en casación sea suficiente para colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, las mencionadas disposiciones superiores están llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual serán los preceptos de ésta, y no los de la Carta Política, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problemática decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplicó o interpretó erróneamente» (resaltado ajeno al texto)8. Recientemente la Corporación también sostuvo: «Respecto a la normativa de rango superior, la Sala ha sido

enfática en precisar que si bien la Constitución es norma de normas y por ello aplicable en forma directa a los casos concretos, en algunas circunstancias los preceptos familia, la niñez, la igualdad y la aplicación inmediata de este último, contienen principios de estirpe superior, susceptibles de desarrollo legislativo, éste sí objeto de vulneración por vía recta y sin que aparezca relacionado de manera conexa en esta oportunidad». 8 CSJ, exp. 037-2000-008535-01. Providencia del 18/12/2012. 18 Radicación n. º 76001-31-03-003-2016-00319-01 constitucionales no son idóneos para apalancar, por sí solos, el motivo de casación en estudio, toda vez que por su estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jurídicas concretas y, por ende, es la que, en línea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario (cfr. AC8616-2016). (…) En efecto, y para completar la última idea, así una norma constitucional que consagre derechos fundamentales cumpla el requisito, a los efectos del recurso de casación y de la causal primera, de ser también norma sustancial, ello no significa que su invocación en el cargo le abra camino a su estudio de fondo por la Corte, pues dos cuestiones deben superarse: la primera, que dicha norma pueda ser aplicada directamente sin necesidad de desarrollo legal, dada la usual tesitura abierta que ostentan. Y segundo, que ese precepto directamente se ocupe o haya debido ocuparse del asunto decidido

en la sentencia impugnada (Cfr. auto de 5 de agosto de 2009, Exp N° 13430-3103-002-2004-00359-01).9. En ese orden, cuando se alega la violación directa de un canon constitucional, deben superarse varios tamices antes de emprender su estudio, pues no es factible esgrimir dicha transgresión sin miramiento diferente al de estar plasmado en la