CSJ - AC2815-2020

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC2840-2020 Radicación n° 11001-02-03-000-2020-02815-00 Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020). Decide la Corte el recurso de queja formulado por el demandado frente al auto de 3 de julio de 2020, con el que se denegó la concesión del recurso extraordinario de casación que aquél interpuso contra la sentencia de 4 de junio del mismo año, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

ANTECEDENTES

1. Gloria Marlene Herrera Rangel convocó a juicio a Cenón Jaimes Alvarado, con el propósito de que se declarara que entre ellos existió una unión marital de hecho, que se extendió entre «febrero de 1997 y el 24 de abril de 2018»; y que, como consecuencia de ello, se reconociera la existencia de una «sociedad patrimonial», que debía disolverse y liquidarse en legal forma.

Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00

2. En sentencia de 5 de abril de 2019, el juez a quo concedió el petitum, determinación que confirmó el tribunal, mediante fallo de 4 de junio de 2020.

3. Contra la providencia de segunda instancia el convocado formuló el recurso extraordinario de casación, el cual se abstuvo de conceder la magistratura ad quem tras estimar que el agravio que aquel sufrió con la sentencia de segunda instancia no supera el monto exigido por el artículo

338 del estatuto procesal civil.

4. Frente a este último proveído el opositor interpuso reposición y en subsidio queja, arguyendo que, desde el inicio del proceso, él ha discutido la existencia misma de la unión marital de hecho, y que como ello es una cuestión que atañe al estado civil, en este asunto el presupuesto de la cuantía para recurrir no es necesario.

5. Como en sede de reposición se mantuvo el auto impugnado, se remitieron copias de lo actuado a esta Colegiatura, para que se surtiera el trámite de la queja.

CONSIDERACIONES

1. Aptitud legal para el pronunciamiento.

Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, según lo dispuesto en los artículos 30, numeral 3, y 35 del Código General del Proceso. 2 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00

2. Procedencia del recurso extraordinario de casación. 2.1. En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, su procedencia se halla condicionada a la satisfacción de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso prevé que el aludido medio de impugnación «(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto».

En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta vía, sino solo aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuantía actual del agravio denunciado por el impugnante. 2.2. Conviene precisar, también, que el estatuto procesal civil, introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria en comento, por vía de ejemplo, amplió el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casación, desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitación). 3 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 Asimismo, la normativa procesal actual puntualizó que el importe de la resolución desfavorable debe ascender, cuanto menos, a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo los fallos pronunciados en acciones de grupo, además de aquellos juicios donde el debate aluda a temáticas relativas al estado civil (y que carecen, por lo mismo, de cuantía), siempre y cuando versen sobre la reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones materiales de hecho (artículos 334 y 338 ejusdem).

3. El interés para recurrir en casación.

Acorde con el artículo 338 del Código General del Proceso, «[c]uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el

recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil». El interés para recurrir en casación, entonces, se refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, concepto que «(...) está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC7638-2016, 8 nov.). 4 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, y atendidas las singularidades del caso. Así lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala: «(...) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la

calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos» (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 201200065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). En síntesis, la actualidad de la afectación, en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC924-2016, 24 feb.).

4. El interés para recurrir en casación cuando se debaten los extremos temporales de la unión marital de hecho (no su existencia).

5 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 El estado civil de quienes deciden, voluntaria y responsablemente, acorde con el canon 42 de la Carta Política, establecer una familia en los términos descritos por el ordenamiento, será el de «compañeros permanentes», debiéndose anotar que si bien se exige que la convivencia more uxorio se desarrolle de manera estable en el tiempo, ello no puede confundirse con la exigencia de plazos mínimos

para su conformación, distinto de lo que ocurre para el nacimiento de los efectos patrimoniales de la unión marital de hecho. De ahí que, por vía de ejemplo, quienes inician convivencia con el ánimo inequívoco de desarrollar una comunidad de vida permanente y singular, pueden desde el origen de su unión inscribirse como beneficiarios de su pareja ante los distintos estamentos del Sistema General de Seguridad Social en Salud1, o reclamar protección ante situaciones de violencia intrafamiliar2, prevalidos de su condición de «compañeros permanentes». 1 En sentencia C-521 de 2007, la Corte Constitucional señaló: «La diferencia de trato entre el cónyuge del afiliado y el compañero (a) permanente del afiliado a quien se impone la obligación de convivir durante un período mínimo de dos años para acceder a las mismas prestaciones, no está justificada bajo parámetros objetivos y razonables, por cuanto se impone a éste último la carga de permanecer durante dos años sin los beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud (...). Mientras el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 regula el régimen económico de las uniones maritales de hecho, el artículo 163 de la ley 100 de 1993 se aplica a la cobertura familiar en el Plan Obligatorio de Salud; es decir, una y otra disposición son ontológicamente diferentes, la primera aplicable a las consecuencias económicas derivadas de la unión marital de hecho, al paso que la segunda está relacionada con la protección integral de la familia en cuanto a la prestación del servicio de seguridad social en salud se refiere, materia ésta que vincula la protección eficaz de los derechos fundamentales a la vida en condiciones en

dignas y a no ser discriminado en razón del origen familiar. Por esta razón, desde una perspectiva constitucional el término de dos previsto en el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 y el de dos años establecido en el artículo 163 de la ley 100 de 1993, no pueden ser considerados como similares ni mucho menos homologables, pues uno y otro atienden a un origen y a unos propósitos sustancialmente distintos». 2 Por vía de ejemplo, en CSJ SCP, 28 mar. 2012, rad. 33772, tras analizar los alegatos de quien fue condenado por el delito tipificado en el canon 229 de la Ley 599 de 2000, la Sala de Casación Penal sostuvo lo siguiente: «En el asunto analizado, de manera contraria a como lo reclama el recurrente, entre la víctima y el procesado, para el momento en que se presentaron los hechos debatidos, estaba constituida una unión marital de hecho en razón de la convivencia que sostenían, indistintamente de 6 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 En el reseñado contexto, insiste la Corte, si el debate judicial gravita sobre la existencia de la unión marital de hecho, es evidente su conexión con el estado civil de las personas. Por el contrario, si el punto resulta pacífico, y solo se discute el lapso por el que se extendió la comunidad de vida permanente y singular entre los litigantes, la discusión únicamente tendrá repercusión en las resultas patrimoniales del vínculo. Así lo tiene decantado la Sala, al refirmar que:

«De conformidad con la Ley 54 de 1990 surgieron a la luz del derecho las uniones maritales de hecho que son constitutivas de un estado civil para sus integrantes como compañeros permanentes, según se reconoció desde CSJ AC 18 jun. 2008, rad. 2004-00205-01. Sin embargo, en la misma compilación se prevé que dicha relación familiar puede ir acompañada o no de un lazo societario, según el cumplimiento de algunos supuestos, cuya determinación puede adelantarse a la par. Quiere decir lo anterior, que cuando se busca simultáneamente la declaratoria de existencia de “unión marital de hecho” y la de “sociedad patrimonial”, las determinaciones del fallo en cada campo tienen una incidencia particular para los fines del recurso de casación, ya que si queda completamente superada cualquier discusión sobre la conformación de la primera en la forma perseguida, entonces la discusión trasciende de la esfera del “estado civil” para quedar encasillada en un componente netamente patrimonial, el cual debe ser cuantificado en aras de establecer el detrimento económico que le ocasiona el fallo cuestionado al opugnador y si se excede el tope de rigor que habilita dicho medio de contradicción». que esa cohabitación llevara menos de dos años, como igualmente lo puntualizó el juzgador de segundo grado con base en las pruebas practicadas en la actuación (...)». 7 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 Más recientemente, en CSJ AC5483-2019, 18 dic., al evaluar un asunto de contornos fácticos idénticos al que es

ahora objeto de escrutinio de la Corte, se recabó en lo siguiente: «[L]a foliatura evidencia que la inconformidad del recurrente no radica en la declaratoria de existencia de la referida unión marital de hecho (pues fue él quien elevó ese reclamo a la jurisdicción), sino en los extremos temporales entre los que se habría desenvuelto el referido vínculo, aspecto trascendente para establecer la composición del haber de la sociedad patrimonial que de allí se habría derivado. Entonces, si el litigio se restringe a determinar el hito inicial de la unión marital de hecho, y no su existencia, el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del tribunal no tiene relación con la determinación de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales de esa declaración judicial, aspecto este que, en puridad, es esencialmente económico. (...) Así, en casos como este el quantum del detrimento patrimonial debe establecerse –por vía general– a partir de un esfuerzo argumentativo del recurrente, así como una indagación de la magistratura, orientados a precisar la cuantía de los bienes que, según el fallo impugnado, serían propios de los litigantes, pero que, de prosperar la impugnación extraordinaria, pasarían a integrar el patrimonio común de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes». Conforme con ello, en lo que interesa al estado civil de las personas, es intrascendente que se declare que una unión marital de hecho se extendió por un lapso mínimo, o por otro mayor; por el contrario, la extensión del lazo familiar resulta

relevante para establecer el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y para determinar los bienes y deudas que la conforman. En ese escenario, la cuestión resulta eminentemente económica, y 8 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 por lo mismo, queda sujeta a las reglas del interés que prevé el ordenamiento procesal.

5. Solución al caso concreto.

Preliminarmente debe resaltarse que el quejoso no censuró la principal conclusión de tribunal, según la cual no se logró demostrar que el agravio por aquél sufrido a causa de la prosperidad de las pretensiones satisface la cota mínima que contempla el artículo 338 del Código General del Proceso, aquiescencia que resulta entendible en tanto que ninguno de los elementos de juicio que reposan en la foliatura permite establecer, con meridana claridad, el valor de los bienes que integrarían el patrimonio común de la sociedad patrimonial entre compañeros. En realidad, el señor Jaimes Alvarado se limitó a insistir en que, por tratarse de una controversia atinente al estado civil, la cuantía del interés para recurrir en casación no era un asunto que debiera determinarse, conforme lo dispuesto en el artículo 388 del Código General del Proceso. Sin embargo, tal planteamiento no es procedente, puesto que el debate que sostuvieron los litigantes en el decurso del juicio no giró propiamente en torno a la existencia de la pretendida unión marital de hecho, sino únicamente a la época en que finalizó ese vínculo. Ello obedeció a que, desde los albores del proceso, el

convocado aceptó haber sido el «consorte» de la actora, solo que, según él, la convivencia more uxorio culminó desde el 9 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 año 2008, cuando la señora Herrera Rangel «dejó el lecho conyugal de su pareja». Así mismo perfiló el convocado su recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, oportunidad en la que, sin discutir el surgimiento del vínculo marital, se dedicó a plantear una interpretación distinta de los elementos de juicio sobre cuya base el juez a quo había concluido que la convivencia se extendió más allá del año 2010. Fue en esa dirección que el recurrente alegó que «deja el despacho de lado los testimonios de los declarantes hermanos del demandado que sí convivían bajo el mismo techo que en su momento compartió la pareja, pero nada dice en su sentencia sobre el crédito de sus dichos expositivos, especialmente en lo atinente a que la señora demandante tenía habitación separada del demandado, y que no volvieron a hacer vida marital desde el año 2010, así como le resta toda credibilidad a los testimoniantes (SIC) de descargos que declararon por la vía notarial, a quienes ni siquiera menciona en el análisis probatorio que dice realizar para un mejor proveer». Así mismo manifestó que, en este juicio, «el fin desde luego no era la declaración de la sola existencia de la unión marital por los hechos narrados al plenario, [sino] que de dicha declaración florecieran los fines pecuniarios blanco de la acción, pero en suma, la parte actora no rinde las explicaciones suficientemente atendibles como verdadera

pareja del demandado, para saber del giro de sus negocios»; y sobre el mismo tema agregó unas líneas más adelante que «es absolutamente cierto que la fecha de terminación no se estableció de modo concreto, específico o exacto, pero sí quedo determinado probatoriamente que la relación de pareja se terminó a mediados del año

2010. Esto significa que las excepciones de prescripción, desconocimiento de sus propios hechos y carencia de legitimación, están

10 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 presentes» y que «a esta misma decisión se arribaría con la expresa indicación del juzgado en cuanto acepta de modo manifiesto y claro que la prueba no da, según su entender, para determinar cuando en realidad se rompe la relación marital, y esto significa un reconocimiento al incumplimiento de la carga de la prueba que le incumbe a la accionante a las voces del artículo 16 del C.G.P. y no a normas ya desuetas del otrora C.P.C.». En ese orden, la inconformidad del accionado no pudo radicar en el reconocimiento de su condición de «compañero permanente» de la convocante, pues, se insiste, esa temática no fue discutida por él, ni al contestar la demanda, ni tampoco al formular su recurso de apelación contra la sentencia estimatoria de primera instancia, sino en la fecha en que finalizó la sociedad patrimonial que se derivó de esa relación, discrepancia que, por su raigambre netamente pecuniario, no le permitía obviar la valoración de ese menoscabo, pretextando, en forma contraevidente, que su censura extraordinaria versa ahora sobre la alteración de su

estado civil.

6. Conclusión.

La impugnación extraordinaria fue bien denegada, puesto que no se probó que el desmedro patrimonial que se genera a Cenon Jaimes Alvarado con el fallo confutado alcance los mínimos previstos por el legislador como interés para recurrir en casación, no siendo de recibo los alegatos presentados por el convocado para intentar salvar esa deficiencia. 11 Rad. n.° 11001-02-03-000-2020-02815-00 DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación interpuesto por el demandado frente a la sentencia de 4 de junio de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso declarativo referenciado. SEGUNDO. Sin costas por no aparecer justificadas (artículo 365, numeral 8, Código General del Proceso). TERCERO. DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen, para lo de su cargo. Notifíquese y cúmplase 12