CSJ - AC3135-2020

República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala de CaTiiCiill Civil AC3135-2020 Radicación n.° 11001-02-03000-2020-02890-00 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020). Decídese el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de San Luis (Circuito Judicial de Antioquia) y Octavo Civil Municipal de Medellín, para conocer de la demanda de imposición de servidumbre eléctrica promovida por Empresas Públicas de Medellín ESP -EPMcontra la Agencia Nacional de Tierras -ANTy personas indeterminadas.

ANTECEDENTES

1. Ante el primero de los despachos en mención, la promotora instauró demanda verbal para la imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica, sobre el predio ubicado en la vereda «Alta vista» del corregimiento El Prodigio, del municipio de San Luís (Antioquia), identificado con cédula catastral n.°. 6602002000000200245000000000.

Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 En el libelo la demandante invocó que ese juzgado es el competente por «la ubicación del predio que soportará el gravamen de servidumbre...». Además señaló que «EPM ESP, abandona la ventaja del fuero preferente dada su naturalezalli y considera que es usted competente para conocer sobre el presente asunto, en atención a lo contemplado 0 en el numeral 7 del articulo 28[ del CGp]».

2. Tal despacho admitió la demanda, notificó a la

demandada, emplazó a las personas indeterminadas, vinculó en calidad de litisconsorte por pasiva a Julia Margarita López Vá.squez, practicó inspección judicial sobre el predio objeto de la servidumbre y, posteriormente, rechazó el libelo por falta de competencia territorial, en razón a que la demandante presentó el libelo, en concordancia con el 0 numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, en el lugar donde se encuentra ubicado el bien, que en el sub lite es el municipio de San Luís (Antioquia), manifestando que «abandona el fuero preferente» contemplado en el numeral 10° de la norma citada. Sin embargo, la promotora es una entidad pública (artículos 68 y85 numeral 2°, literal b de la ley 489 de 1998), con domicilio en la ciudad de Medellín, y aunque hay dos fueros que prevén la competencia privativa, como son el real y subjetivo, el conflicto se resuelve aplicando el canon 29 de la codificación adjetiva, pues es prevalente la competencia de acuerdo a la calidad de las partes; por ende, corresponde a 2 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 su homólogo de la capital antioqueria el conocimiento del asunto.

3. El juzgado destinatario del expediente declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, en razón a que el estrado judicial de San Luis, al manifestar su falta de competencia, una vez asumida está y adelantadas las diferentes etapas procesales, desconoció la regla técnica de la perpetuatio jurisdictionis; además, confundió el factor

territorial con el subjetivo, al considerar que el domicilio de la demandante por la calidad que tiene de entidad pública encaja en el segundo y no en el primero, como lo tiene establecido la doctrina de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

CONSIDERACIONES

1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7° de la ley 1285 de 2009.

2. Cuestión de primer orden es recordar el servidor judicial tiene el deber de revisar, desde el inicio, el cumplimiento de los requisitos de forma de la demanda, conforme al numeral 2° del artículo 82 del Código General del Proceso. Además, es ese el momento en el que puede

3 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 inadmitir o rechazar el escrito inicial por alguna de las causales del artículo 90 de la codificación adjetiva, entre ellas: «cuando carezca de competencia». Una vez avocado el asunto debe seguir su conocimiento, salvo que el contradictor discuta la competencia por los mecanismos procesales expeditos o el advenimiento de los eventos fincados en los factores subjetivo o funcional, ello en virtud del principio de prorrogabilidad o «perpetuatio jurisdictionis» que la rige. Al respecto la Sala ha puntualizado que: (...) Al juzgador, 'en línea de principio, le está vedado sustraerse

por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumió, pues una vez admitida la demanda, sólo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del proceso. Dicho de otro modo, 'en virtud del principio de la Nperpetuatio jurisdictionis», una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia delj uez que aprehendió el conocimiento del asunto. "Si el demandado (...) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le está vedado modificarla..."( CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02913-00). Postulado que se encuentra desarrollado en el numeral 2° del artículo 16 del Código General del Proceso según el cual, «[ha falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y elj uez seguirá conociendo del proceso». 4 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 En concordancia con tales disposiciones el inciso 2° del artículo 139 ídem expresa que: «el juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional». (Resaltando impropio). Como se denota, las excepciones a la perpetuatio jurisdictionis se limitan a la concurrencia del factor subjetivo y el funcional en la competencia del funcionario cognoscente

de la acción, y precisamente en el sub lite ocurrió una de dichas salvedades por la intervención de una entidad pública descentralizada de servicios públicos, de donde le era posible alj uez inicial desprenderse de la competencia del asunto, con miras acatar el mandato de carácter imperativo consagrado en el artículo 29 Código General del Proceso. De allí que el canon 16 de la citada obra arranca señalando, tajantemente, que g[lict jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo. La falta de competencia porf actores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y elj uez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo 5 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente».

3. Ahora, el numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de

cualquier naturaleza restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante». A su vez, el numeral 10° dispone que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá enf orma privativa elj uez del domicilio de la respectiva entidad... Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá elf uero territorial de aquellas». Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de carácter privativo, el canon 29 del C.G.P. dispone: «[e]s preval ente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes... Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor» (Resaltado por la Corte). 6 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento de que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta, como regla de principio.

4. Lo dicho traduce que, en el caso concreto, corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, localidad donde tiene su

domicilio la entidad demandada de orden municipal, pues es el otro fuero concurrente aplicable y privativo, de acuerdo con la comentada armonización de las reglas de competencia para cuando esté vinculada una persona jurídica de dicha connotación. Lo anterior, por cuanto Empresas Públicas de Medellín ESP es una empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica del orden municipal, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, de donde la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Medellín acorde con el certificado de existencia y representación legal allegado con la demanda. En efecto, para que se apliquen los parámetros de competencia de forma exclusiva, se debe tener certeza sobre la condición del ente convocado, es decir, que se trate de «una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servidos o cualquier otra entidad pública», de lo contrario, se acudirá 7 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 al fuero general. El Acuerdo Municipal del Concejo de Medellín n.° 12 de 28 de mayo de 1998, en relación con las Empresas Públicas de Medellín ESP, en los artículos 1 y 3 establece: «Artículo 1°. Personalidad jurídica. La empresa industrial y comercial del Estado EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S .P., es una persona jurídica del orden municipal, dotada de autonomía administrativa,f inanciera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos

estatutos. Es, en consecuencia, sujeto de derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de actividades le sean aplicables. Artículo 3°. Objeto Social. Las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S .P. tiene como objeto social la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones. Podrá también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras» (Resaltado por la Corte). Así las cosas, a pesar de que la demandante es una empresa industrial y comercial, también ostenta la característica de pública, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos, de donde le resulta aplicable el numeral 100 del artículo 28 del Código General del Proceso. Desde esta óptica, carece de razón el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto 8 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 el libelo en este caso no podría ser conocido por el despacho judicial del lugar donde esté ubicado el inmueble, conforme con el numeral 10°, artículo 28 en concordancia con el precepto 29 del Código General del Proceso.

5. Ahora bien, en cuanto a los precedentes invocados

(AC3843-2018, AC108-2019 y AC140-2020) por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, resalta este despacho que los dos primeros fueron recogidos por la Sala en el tercero, el cual está siendo empleado en el sub lite, habida cuenta que el artículo 29 del Código General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia «en consideración a la calidad de las partes» prima. Sobre el particular, resáltese que, el factor subjetivo se establece a partir de ((la calidad de las partes delj uicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarquía superior cuando se trata de entidades públicas: nación, departamentos, municipios, intendencias y comisarias»1, y abre camino a los siguientes elementos axiales: i) una competencia «exclusiva» que consulta a determinados funcionarios judiciales y «excluyente» frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la «prorrogabilidad»; ii) cualificación del sujeto procesal que interviene en la relación jurídico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la República en 1Hernando Devis Echandia, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. 9 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6°, art. 30 C.G.P.), y iii) juez natural especial designado

expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. Por lo tanto, lo manifestado por el estrado judicial de Medellín no guarda correspondencia con la tesis actual de la Corte, ya que desconoce el mencionado mandato legal (artículo 29), toda vez que da prevalencia al fuero real sobre el personal especial que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el artículo 27 del Código Civil regula que «[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu». Además, el artículo 28 de la misma obra consagra que «fijas palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal»; lo que también fue desconocido en el precedente del cual se tomó distancia, pues allí se afirmó que el canon 29 del Código General del Proceso resulta aplicable cuando el conflicto de atribuciones alude a factores de competencia únicamenteno cuando lo debatido es el empleo de los distintos foros dentro del factor de competencia territorialtesis que desconoce cómo el factor subjetivo está presente en distintas disposiciones procesales: el artículo 28 de esta obra( numeral 10°) que corresponde al precepto 23 del Código de 10 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 Procedimiento Civil (numerales 17° y 18°), entre otros

eventos. En otros términos, el factor de competencia subjetivo no ha tenido un capítulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rige la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de los capítulos que regulan otros factores de competencia. Pero esto no significa que dicho factor sea inexistente, o haga las veces de subfactor de competencia, que en últimas sería la consecuencia de la aplicación de la tesis que se recogió. De allí que, como lo precisó esta Corporación en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: Entendido pacíficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia según las condiciones particulares o las características especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislación procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulación aparece dentro de los capítulos que disciplinan otros factores de competencia, situación que se ha mantenido hoy día. Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indicó: "Con el Código de Procedimiento Civil de 1970, se adscribió a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estadof uera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el único criterio determinante de la asignación de

competencia entre funcionarios, sin consideración a la cuantía del juicio, es decir, bastaba con que en la relación procesal interviniera 11 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 una entidad de derecho público -como demandante o demandada-, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa señalada en el canon 16 debía mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuantía, de modo que si la tramitación era de mínima cuantía, elf uero subjetivo desaparecía, y el asunto se asignaba al juez municipal en única instancia, siguiendo las pautas generales de atribución. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma recién citada, desapareció el fuero automático concerniente a la calidad de las entidades de derecho público, amalgamándose elf actor subjetivo con el objetivo, cuantía del asunto. En la siguiente reforma al Código de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene comentándose se eliminó definitivamente2, de modo que, quizá sin proponérselo, la nueva regulación vació de contenido el artículo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservación y alteración de la competencia, que estaba restringido a "la intervención sobreviniente de agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno nacional", pero siendo ahora estos los únicos que, en vigencia de dicha legislación, conservaban un 'fuero especial". El Código General del Proceso, a su turno, no replicó ninguna de las

referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribución subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuantía del asunto, como sucedía entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que "[emn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad". Conforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que elf actor de competencia subjetivo no ha tenido un capítulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de capítulos que regulan distintos factores de competencia3, como son el territorial( Num. 10°, Art. 28 C.G.P.) y elf uncional( Num. 6°, Art. 30, C.G.P.4), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, 2 Ya que el numeral 1° del artículo 16 pasó a decir: "Sin perjuicio de la competencia que se asigne a losj ueces def amilia, losj ueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuantía, salvo los que correspondan a laj urisdicción de lo contencioso administrativo", eliminando cualquier referencia a la Nación o entidades de derecho público en general. 3 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. 4 Que armoniza con el Art. 27 ibídem. 12 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00

su identidad y las características que le son inherentess. Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes delj uicio, con elf in de otorgar competencia a jueces de cierta jerarquía o lugar cuando se trata de sujetos de derecho público internacional o entidades públicas del Estado, respectivamente6... (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320).

6. Por último y en cuanto atañe a la renuncia al fuero subjetivo mencionado por la demandante en su escrito de demanda, recuerda esta Corporación que, como lo señaló en el auto AC140-2020 ya citado: Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público

(Art. 13, C.G.P.), surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidosf oros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por elj uez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 100 del artículo 28 del citado estatuto. En tal sentido, no puede afirmarse que si un órgano, institución o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, está renunciando automáticamente a la prebenda procesal establecida en la ley

adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le 5 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificación del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relación jurídico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii)j uez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). 6 Coinciden con esta posición los tratadistas Hernando Devis Echandía, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, pág. 147, y, Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso - Parte General, Editorial Dupré Editores, 2016, pág. 252. 13 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 viene dada enf orma privativa y prevalente a un determinadoj uez, esto es, el de su domicilio; de ahí que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que "No puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad pública, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto,

inequívocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, además, por estar inserta en un canon de orden público. Recuérdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, lijas normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por losf uncionarios o particulares, salvo autorización legal"( CSJ AC4273-2018)7.

7. Como consecuencia de lo anotado, se remitirá el expediente al Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informará de esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.

DECISIÓN Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, al que se le enviará de inmediato el expediente. Ver también, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-10827 2019 y AC2844-2019, entre otros. 14 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02890-00 Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar. Notifiquese.

AROLDO WI N (6UI-RAOZI ONSALVO 4 agistrado

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