CSJ - AC3163-2020

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil AC3163-2020 Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-03081-00 Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Once Civil Municipal de Bogotá y Promiscuo Municipal de Sabanagrande (Atlántico), con ocasión del conocimiento del proceso ejecutivo promovido por Vive Créditos Kusida S.A.S. contra Elías Moisés Pacheco Bolaños.

ANTECEDENTES

1. La actora presentó su escrito introductor ante los jueces civiles municipales de Bogotá, pretendiendo que se librara mandamiento de pago por el importe de un pagaré que el ejecutado otorgó en su favor. En el acápite de competencia, indicó que la misma venía dada «por el lugar donde debe cumplirse la obligación».

2. El Juez Once Civil Municipal de esta ciudad, a quien le correspondió la causa por reparto, rehusó la asignación arguyendo que «el domicilio principal de la parte demandada es la ciudad de Sabanagrande».

Rad. n. 11001-02-03-000-2020-03081-00

3. Elestrado receptor, Juzgado Promiscuo Municipal de esta última localidad, también se abstuvo de tramitar la demanda, tras resaltar que «si bien esta judicatura es competente para tramitar el litigio por el domicilio del demandado, el Juez 11 Civil Municipal de Bogotá también tiene plena competencia para conocer del mismo, por el lugar de cumplimiento de la obligación. Y cuando dos

despachos Judiciales tienen plena competencia para conocer de un litigio, queda a criterio del demandante escoger ante cuál de ellos tramita la demanda». Bajo esa argumentación, promovió el conflicto de competencia que ocupa ahora la atención de la Corte.

CONSIDERACIONES

1. Aptitud legal para la resolución.

Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Anotaciones sobre la competencia.

Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas Rad. n. 11001-02-03-000-2020-03081-00 preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia. En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así: fi) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción),

acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso. Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». (ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía. La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, Rad. n. 11001-02-03-000-2020-03081-00 a los jueces civiles del circuito!, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2. Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a lá cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 15% y 25 del estatuto procesal civil. (iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solasson insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario

judicial en específico. Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se ! Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso. ? Artículo 21, numeral 3, ídem. 3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil». «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de minima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones, patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smimv). Son de menor cuantía cuando versen sabre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smimv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smimv)». Rad. n. 11001-02-03-000-2020-03081-00 hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso. El fuero personal, traducido, en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de

atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en los que se convoca a la Nación), 10 (domicilio de las personas jurídicas de derecho público) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28. El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de Ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». Rad. n. 11001-02-03-000-2020-03081-00 (iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las

instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial. wv Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes -litisconsorcios-), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.

3. Las normas de atribución territorial en el

Código General del Proceso. Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1° del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta. Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así: (i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como Rad. n. 11001-02-03-000-2020-03081-00 ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).

(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente. (iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).

4. Caso concreto. 4.1. En acciones cambiarias como la de la referencia, concurren el fuero general de competencia con el del lugar de cumplimiento del título valor base del recaudo, y decantándose el promotor por una de las dos opciones, tal elección no puede ser variada por el juez de la causa.

Al respecto, se ha sostenido que, Rad. n. 11001-02-03-000-2020-03081-00 «(...) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se toma en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales procedentes» (CSJ AC2738-2016). 4.2. Precisado lo anterior, observa la Corte que la

demandante, en su libelo inicial, fue enfática en atribuir competencia a los jueces del lugar de cumplimiento de la obligación cambiaria, que según lo allí consignado, sería esta capital. Por ello, el primero de los falladores involucrados en la causa no estaba facultado para rehusar el conocimiento del proceso que le fue repartido, con base en un «fuero general de competencia» del que la convocante no quiso prevalerse. Entonces, como la actora optó, válidamente, por presentar su demanda ante el juez del municipio donde debe satisfacerse la acreencia que se pretende recaudar, el funcionario que inicialmente conoció de la demanda no podía rechazarla, pues ello contraría las reglas de procedimiento explicadas.

5. Conclusión.

En definitiva, respetando la elección entre fueros concurrentes que realizó la accionante, se impone colegir que la competencia para conocer del presente asunto corresponde al Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá. Rad. n. 11001-02-03-000-2020-03081-00 DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá para conocer de la demanda en referencia. SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. Notifíquese y Cámplase