CSJ - AC3625-2023

AC3625-2023 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00 Bogotá, D.C., primero (1º) diciembre de dos mil veintitrés (2023). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá D.C. y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá (Cundinamarca), con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva de mayor cuantía instaurada por BANCOLOMBIA S.A, contra CI Schuler S.A.S., Jorge Enrique Vásquez Aristizábal y Ana María Vásquez Aristizábal.

ANTECEDENTES

1. La parte actora presentó su escrito introductor

ante los jueces civiles del circuito de Bogotá D.C: pretendiendo que se librara mandamiento de pago por el importe de varios pagarés. En el acápite de competencia, indicó que la misma venía dada por el domicilio de uno de los demandados (numeral 1º artículo 28 del Código General del Proceso), señalando que eran competentes esos despachos judiciales «…para conocer de esta acción por la cuantía y el domicilio de la parte demandada» (Negrillas ex – texto). Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00

2. El Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, al cual correspondió la causa por reparto, rechazó la demanda, pretextando que, si bien en estos casos la competencia se determina de conformidad con los numerales 1º y 3º, los títulos valores objeto de recaudo señalan el

municipio de Cajicá (Cundinamarca) como lugar de cumplimiento de las obligaciones y el domicilio de la sociedad demandada y de su representante legal es el municipio de Tocancipá (Cundinamarca). Al respecto, indicó que «(…) este despacho no es competente para asumir su conocimiento por falta de competencia en razón del factor territorial que la determina (Reglas 1 y 3, Art. 28 C.G del P) teniendo en cuenta que el lugar del cumplimiento de las obligaciones objeto de acción es en el municipio de Cajicá – Cundinamarca y el domicilio de la sociedad ejecutada y su representante legal (quienes son obligados en casi todos los pagarés), es en Tocancipa (SIC) – Cundinamarca (…)», señalando que ambos lugares hacen parte del mismo circuito judicial, esto es, el circuito de Zipaquirá. Por lo tanto, remitió el expediente para su asignación entre sus homólogos de dicha localidad.

3. El estrado receptor, el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Zipaquirá, también rehusó el conocimiento del asunto, arguyendo que no era de recibo la conclusión a la que había llegado el despacho receptor, como quiera que «… claramente en la demanda y al referirse a la competencia atribuida a los juzgados de la ciudad capital el actor manifestó “Es usted competente Señor Juez para conocer de esta acción por la cuantía y el domicilio de la parte demandada”, mientras que en el escrito inicial se informa que los demandados JORGE ENRIQUE VASQUEZ ARISTIZABAL y de ANA MARIA VASQUEZ ARISTIZABAL se domicilian en la ciudad de Bogotá·,

cuestión que no podía ser desconocida por la mencionada Sede Judicial.». 2 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00 Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo.

CONSIDERACIONES

1. Aptitud legal para la resolución.

Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Anotaciones sobre la competencia.

Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia. En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así: (i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, 3 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00 en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las

leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso. Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». (ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía. La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2. Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, 1 Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso. 2 Artículo 21, numeral 3, ídem. 4 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00 como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 153 y 254 del estatuto procesal civil. (iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio

ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solasson insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico. Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso. El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de 3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil». 4 «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones

patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)». 5 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00 atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28. El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». (iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción

judicial. (v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas 6 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00 (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.

3. Las normas de atribución territorial en el

Código General del Proceso. Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta. Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así: (i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28). (ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado 7 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00

en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente. (iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).

4. Caso concreto.

En asuntos como este, convergen dos fueros de competencia que operan concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla general en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso («En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado...») y (ii) el que establece el numeral 3 del mismo precepto («En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones»). En el caso bajo estudio, la sociedad demandante fijó la competencia con sustento en su elección de uno de esos dos fueros concurrentes, a saber, el del domicilio de uno de los demandados, el cual, según lo informan el libelo y algunos de sus anexos, corresponde a la ciudad de Bogotá D.C. 8 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00 En virtud de lo anterior, ha de estarse a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso,

según el cual, «Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, (será competente) el de cualquiera de ellos a elección del demandante.». Acorde con ello, como la parte actora optó, válidamente, por presentar su demanda ante los jueces del domicilio de uno de los demandados, la señora Ana María Vásquez Aristizábal, el primer funcionario involucrado en la contienda no podía rechazarla, pues ello contraría las reglas de procedimiento ya explicadas. Al respecto, no se olvide que, «(...) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes» (CSJ AC27382016, 5 may.).

5. Conclusión.

Respetando la elección entre fueros concurrentes que, en forma expresa, realizó la ejecutante en su libelo inicial, se colige que la competencia para conocer del presente asunto corresponde al primero de los falladores involucrados en esta causa. 9 Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-04650-00 DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado

Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. Notifíquese y Cúmplase

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado 10

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