CSJ - AC3668-2023

AC3668-2023 Radicación n° 11001-02-03-000-2023-04659-00 Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Setenta y Cinco de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y Quinto Civil Municipal de Piedecuesta.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante el Juzgado Doce Civil Municipal de Bogotá, Credivalores – Crediservicios S.A., promovió coercitivo contra María Betty Colmenares García para lo cual aportó como base de recaudó un pagaré. Atribuyó la competencia por el «lugar de cumplimiento de la obligación y bajo los términos del artículo 28 numeral 3 del C.G.P.». 2.- Esa autoridad remitió el líbelo al Juzgado Veintidós de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad, dado que se trataba de un asunto de mínima cuantía.

Este último despacho, a su vez, envió el expediente a su homólogo Setenta y Cinco, de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo CSJBTA23-39 expedido por el Consejo Seccional Radicación n° 11001-02-03-000-2023-04659-00 de la Judicatura de Bogotá. 3.- Esta última agencia, con fundamento en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, atendiendo la vecindad de la convocada en «Piedecuesta», dispuso su envío a las autoridades de dicha localidad.

4.- A su turno, el último despacho involucrado se rehusó a asumirlo en vista de que en este asunto la ejecutante podía elegir entre varios criterios de asignación concurrentes y prefirió el remitente. Destacó que en el pagaré se consagró el Distrito Capital como lugar de cumplimiento de la prestación. Por consiguiente, envió el expediente a la Corte para que se dirima la colisión.

II. CONSIDERACIONES 1.- Como la presente divergencia se trabó entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, a esta Corporación le atañe resolverla, en Sala Unitaria, como superior funcional común de ellos, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el canon 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- El ordenamiento jurídico consagra pautas que orientan la distribución de los procesos entre las distintas autoridades judiciales a partir de uno o de varios factores.

En punto al territorial, el artículo 28 del Código General del Proceso, en su numeral 1º, prevé como regla general que «[e]n 2 Radicación n° 11001-02-03-000-2023-04659-00 los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado». A su turno, el numeral 3º de la misma norma establece que en «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», de

suerte que en los juicios coercitivos el accionante estará facultado para elegir el territorio donde desea adelantarlos conforme a cualquiera de esas directrices; eso sí, deberá concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y, por supuesto, indicar sin equívocos el domicilio del interpelado o el lugar de cumplimiento de la prestación, según el parámetro seleccionado. Realizada adecuadamente la escogencia, el juzgador debe respetarla e impulsar el litigio, sin perjuicio de que oportunamente el demandado cuestione esa elección, evento en el que le corresponderá precisar y acreditar las razones de su disenso. Justamente, en AC1032-2019, reiterado en AC2290-2020, se memoró la postura adoptada por la Sala frente al tema, según la cual, (…) en juicios coercitivos el promotor está facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, para lo cual es preciso concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y señalar el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestación, según sea el parámetro que seleccione. Realizada la elección, al juzgador le corresponde respetarla y adelantar el litigio, salvo que posteriormente el demandado a través de recurso de reposición alegue falta de competencia. 3 Radicación n° 11001-02-03-000-2023-04659-00 3.- En el caso particular, la ejecutante realizó la atribución con fundamento en el «lugar de cumplimiento de la obligación», prevalida para ello de la información que consta

en el título valor, donde se indica que el pago del importe se haría en «Bogotá D.C.». Quiere decir lo anterior que independientemente de la vecindad de la compelida, la gestora optó porque la sede del litigio fuera el convenido para satisfacer los compromisos cambiarios, por lo que el servidor remitente se equivocó al negarse a impulsar la contienda, pues tal pauta resultaba válida a la luz del numeral 3º del artículo 28 procedimental, sin que existieran motivos para apartarse de esa voluntad. 4.- Desde esa perspectiva erró el despacho de Bogotá al desprenderse del conocimiento de las actuaciones sin un motivo plausible, por lo que se le retornarán, para que le imparta el trámite correspondiente sin dilaciones.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Setenta y Cinco de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá es el competente para conocer la causa de la referencia. 4 Radicación n° 11001-02-03-000-2023-04659-00

Segundo: Remitir virtualmente, por Secretaría, el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión.

Tercero: Librar los oficios correspondientes, por

Secretaría.

NOTIFÍQUESE

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado 5

Firmado electrónicamente por: Octavio Augusto Tejeiro Duque Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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