CSJ - AC547-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC547-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrado ponente AC547-2026 Radicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la demandante Martha Luisa Fierro Ávila, respecto del auto proferido el 14 de julio de 2025 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual se negó la concesión del recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia emitida el 2 de diciembre de 2024, dentro del proceso verbal que promovió contra Jorge Mauricio Vásquez Uribe. ANTECEDENTES 1.- Martha Luisa Fierro Ávila instauró demanda con el fin de que se declarara que el convocado ocultó o sustrajo de los activos de la sociedad conyugal los siguientes bienes: i) apartamento y garaje ubicados en el edificio Baurú en Bogotá; ii) apartamento del edificio Yacht Club en Panamá;Radicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 2 iii) dineros de la cuenta No. 50(XXX) del Banco Wells Fargo; iv) establecimientos de comercio denominados Café Pasaje y Café La Plazuela. En consecuencia, pidió declarar que Jorge Mauricio Vásquez Uribe perdió los derechos sobre los referidos bienes y condenarlo a restituir a la sociedad conyugal su valor doblado, en virtud de la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil.
Vásquez Uribe perdió los derechos sobre los referidos bienes y condenarlo a restituir a la sociedad conyugal su valor doblado, en virtud de la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil. 2.- Mediante fallo de 23 de noviembre de 2023, el Juzgado Veinte de Familia de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. La parte actora interpuso recurso de apelación. 3.- En sentencia de 2 de diciembre de 2024, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó parcialmente la decisión cuestionada y, en su lugar, declaró: i) no probadas las excepciones de mérito de inexistencia de ocultamiento y distracción de bienes, y mala fe; ii) que Jorge Mauricio Vásquez Uribe, por haber distraído dolosamente los derechos que adquirió sobre los inmuebles identificados con los folios de matrícula Nos. 50N-206(XXX) y 50N-206(XXX), pierde su porción en la venta que hizo al Banco de Bogotá (50%), por lo que debe restituir su valor doblado; iii) en lo demás se confirmó. 4.- Aunque se pidió aclaración de la decisión de segunda instancia, el 31 de marzo de 2025 se negó.Radicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 3 5.- Ambas partes interpusieron recurso de casación. 6.- Como los recurrentes no demostraron que el agravio ocasionado con la sentencia superó los 1.000 s.m.l.m.v., el Tribunal negó la concesión del recurso
6.- Como los recurrentes no demostraron que el agravio ocasionado con la sentencia superó los 1.000 s.m.l.m.v., el Tribunal negó la concesión del recurso extraordinario. Puntualmente, en lo que respecta a los perjuicios irrogados a Martha Luisa Fierro Ávila, explicó que no se allegó ningún documento que permita establecer el valor del apartamento ubicado en Panamá, de los dineros depositados en la cuenta de ahorro y de los establecimientos de comercio. En lo atinente a Jorge Mauricio Vásquez Uribe, aseguró que, al sumar el valor de venta de los inmuebles identificados con los folios Nos. 50N-206(XXX) y 50N-206(XXX), aun actualizados, el valor global asciende a $341119.122,68, monto insuficiente para satisfacer el interés pecuniario que se requiere en este caso. 7.- Contra esta última determinación, únicamente Martha Luisa Fierro Ávila formuló recurso de reposición y, en subsidio, queja, en el que expuso: i) La acreditación del interés para recurrir en casación no se limita a la prueba documental, ya que el legislador no impuso tal restricción; por ende, para establecer el valor de los bienes se puede acudir a otros elementos suasorios recaudados durante el trámite. ii) En audiencia de 25 de agosto de 2022, la testigo Carolina Vásquez allegó un extracto bancario , en la que
por ende, para establecer el valor de los bienes se puede acudir a otros elementos suasorios recaudados durante el trámite. ii) En audiencia de 25 de agosto de 2022, la testigo Carolina Vásquez allegó un extracto bancario , en la que aparecía un saldo superior a USD 802.840,63 en el BancoRadicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 4 Wells Fargo; sumado a ello, la testigo manifestó que entre 2009 y 2010 elaboró un cuadro de Excel en el que se relacionó tanto ese concepto como su valor. iii) Acerca del apartamento de Panamá, refirió que, en la escritura pública No. 4944 de la Notaría Noveno del Círculo de Panamá, se plasmó como precio la suma de USD 348.369. iv) Destacó que, en el juramento estimatorio tasó «los bienes denunciados como ocultos o distraídos» en $1.758677.330. 8.- En providencia de 5 de noviembre de 2025, el Tribunal mantuvo su negativa y dispuso la remisión del expediente a esta Corporación. 9.- Durante el trámite de la queja, la parte demandada mantuvo una actitud silente. CONSIDERACIONES 1.- De conformidad con el artículo 352 del Código General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que niega la concesión del recurso de casación; por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento estuvo ajustado a la ley o no. 2.- Debido al carácter restringido y extraordinario
consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento estuvo ajustado a la ley o no. 2.- Debido al carácter restringido y extraordinario de la casación, este recurso solamente procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia en: (a) «toda clase de procesos declarativos»; (b) «las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicciónRadicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 5 ordinaria»; y (c) las proferidas para « liquidar una condena en concreto» (artículo 334, ídem). Al tratarse de asuntos atinentes al estado civil «sólo serán susceptibles» de dicho mecanismo, los fallos de « impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho». Cuando las pretensiones sean «esencialmente económicas», la cuantía del interés está demarcada por « el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente », tal como lo exige el canon 338, ibídem , determinado por el monto del agravio que la sentencia le ocasiona al impugnante. Lo anterior conlleva la necesidad de establecer el monto para recurrir en casación, a partir del perjuicio que la decisión impugnada le cause al censor, atendiendo las particularidades de cada caso concreto, entre ellas, la calidad de las partes, las pretensiones, los mecanismos defensivos y las expectativas de los intervinientes, así como las
particularidades de cada caso concreto, entre ellas, la calidad de las partes, las pretensiones, los mecanismos defensivos y las expectativas de los intervinientes, así como las conclusiones definitorias del litigio, junto con sus consecuencias.1 3.- Es tema pacífico de la discusión que, al haberse dictado el fallo cuestionado en el año 2024, los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de que trata el artículo 338 del Código General del Proceso, correspondían, para la época, a $1.300000.000.2 1 Cfr. CSJ. AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014 y AC700-2025. 2 Decreto No. 2292 de 2023.Radicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 6 4.- Examinados los argumentos que soportan la queja, junto con la documental que obra en el expediente, se advierte que la negativa a conceder el recurso de casación no encuentra reparo alguno. 4.1.- Es de precisar que, el análisis sobre el interés pecuniario no se referirá a los inmuebles identificados con los folios de matrícula Nos. 50N-206(XXX) y 50N-206(XXX), ubicados en la ciudad de Bogotá, toda vez que, al haberse accedido a las pretensiones relacoinadas con esos bienes , no constituyen un agravio derivado de la sentencia de segunda instancia. 4.2.- El juramento estimatorio previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso se instituyó para estimar
constituyen un agravio derivado de la sentencia de segunda instancia. 4.2.- El juramento estimatorio previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso se instituyó para estimar sumas por indemnizaciones, compensaciones o frutos, más no para suplir avalúos catastrales o comerciales de inmuebles, mucho menos cuando estos requieren de pruebas cualificadas para determinar su valor, siendo insuficiente la mera liberalidad, el criterio o la opinión de alguna de las partes.3 En ese orden, si bien en la demanda se incluyó un acápite denominado «JURAMENTO ESTIMATORIO» por la suma de $1.758677.330 y el convocado no lo objetó, ello no resulta 3 Cfr. CSJ. AC416-2023. «Ahora bien, el opugnante también se duele porque de su declaración de parte y del relato de Lenin Ernesto Patiño Echeverry, podía deducirse que la «promesa de compraventa» del «predio» celebrada el 25 de agosto de 2011 con Humberto Pava Camelo, se hizo por una cuantía «cercano a los mil millones de pesos (1.000’.000.000.oo)», por manera que el «interés para recurrir» sí estaba demostrado. No obstante, esa probanza carecía de mérito para acreditar el mentado requisito, porque para determinar el avalúo de un bien raíz se requieren de criterios objetivos como los usados en los métodos econométricos y estadísticos para medir su real «valor», siendo insuficiente la mera manifestación verbal o la creencia subjetiva sobre aspecto» (resaltado intencional).Radicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 7
estadísticos para medir su real «valor», siendo insuficiente la mera manifestación verbal o la creencia subjetiva sobre aspecto» (resaltado intencional).Radicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 7 suficiente para determinar el valor del apartamento ubicado en Panamá, puesto que, como ya se dijo, ese monto no se establece con supuestos, sino con dictámenes, documentos o pruebas idóneas que lo demuestren, lo que brilla por su ausencia en este caso. Pero, dejando de lado lo anterior, en el acápite correspondiente se aludió indistintamente a la suma de $1.758677.330, refiriéndose en general al «valor de los bienes ocultados», mas no a alguno en particular. 4.3.- La prueba allegada eventualmente podría dar fe del valor del inmueble ubicado en Panamá corresponde a la escritura pública No. 4944 de 11 de julio de 2012, protocolizada en la Notaría Novena del Círculo de Panamá, en la que se consignó como precio de venta para el año 2012 la suma de USD 348.369. Aun, pasando por alto el hecho de que, al tratarse de un documento público otorgado en el extranjero debió allegarse en los términos contemplados en el segundo inciso del artículo 251 del Código General del Proceso, en el evento de tener en cuenta lo allí plasmado, el precio de venta estaría muy lejos de alcanzar el mínimo requerido para acreditar el interés económico. Para el 11 de julio de 2012, la T.R.M. del dólar estaba en
tener en cuenta lo allí plasmado, el precio de venta estaría muy lejos de alcanzar el mínimo requerido para acreditar el interés económico. Para el 11 de julio de 2012, la T.R.M. del dólar estaba en $1.785,064, cifra que, al multiplicarse por 348.369 quedaría 4 https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/1/ tasa_cambio_peso_colombiano_trm_dolar_usdRadicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 8 en $621859.567,14. En este punto, resulta importante anotar que dicho valor no es susceptible de actualización bajo las reglas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), puesto que, como ya lo ha señalado esta Corporación, el valor de mercado de los activos inmobiliarios depende de muchas variables, como mejoras, renovaciones, deterioros o cambios en el entorno, desarrollos de infraestructura vial o de zonificación urbana, entre otros, aspectos que está muy lejos de considerar el IPC que se limita a una operación matemática, ajustada a incrementos periódicos.5 Así las cosas, de acuerdo con los efectos derivados de la sanción consagrada en el artículo 1824 del Código Civil, en el evento en que prosperaran las pretensiones frente al inmueble de Panamá, la mitad que le correspondería a Martha Luisa Fierro Ávila sería de $310929.783,57, mismo que, al ser restituido al doble equivaldría a $621859.567,14.
Martha Luisa Fierro Ávila sería de $310929.783,57, mismo que, al ser restituido al doble equivaldría a $621859.567,14. 4.4.- Respecto del monto depositado en la cuenta del Banco Wells Fargo, el testimonio rendido por Carolina Vásquez y los extractos bancarios que presentó en audiencia, no tienen la fuerza suficiente para dar certeza de datos que solo podía suministrar la entidad bancaria de manera fidedigna, no se allegó una certificación que diera cuenta de los dineros depositados, las fechas, el titular y la vigencia de la misma, a pesar de los intentos que se hicieron para obtener dicha información. 5 Cfr. CSJ. AC8410-2025.Radicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01 9 Siendo así, como ninguna de las pruebas practicadas durante la actuación, dieron cuenta veraz y precisa de los dineros que presuntamente fueron distraídos u ocultados por parte de Jorge Mauricio Vásquez Uribe, tampoco se puede establecer con claridad a cuánto ascendería al agravio que, por ese concepto, pudo sufrir la demandante con la sentencia del Tribunal.
4.5.- Con ese panorama, del acervo probatorio no es posible predicar la causación de un perjuicio económico a Martha Luisa Fierro Ávila que supere los $1.300000.000. 5.- En ese orden, se declara bien denegado el recurso de casación, sin lugar a condena en costas. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
5.- En ese orden, se declara bien denegado el recurso de casación, sin lugar a condena en costas. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso de casación interpuesto por Martha Luisa Fierro Ávila, contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2024 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el asunto en referencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.Radicación n.° 11001-31-10-020-2020-00171-01
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TERCERO: Devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
Notifíquese,
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada