CSJ - AC6535-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada Ponente

AC6535-2026 Radicación n.º 11001-31-10-025-2022-00095-01 (Aprobado en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintiséis)

Cartagena, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Francisco Arsenio Hernández Suárez para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que le promovió Flor Yolanda Anzola Martínez.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones y hechos

La demandante solicitó declarar la unión marital de hecho y la consecuente disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, conformada con el demandado desdeRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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el mes de abril de 1982 has ta «el 13 de enero de 2022 . Siendo esta última fecha en la que se dio culminación a la conciliación extraproceso, celebrada en el “ Centro de Conciliación V & S Conciliadores en Derecho ”», esto último precisado en la subsanación de la demanda.

Para ello, expuso que las partes tenían una relación sentimental de vida permanente y singular desde abril de 1982 hasta el 13 de enero de 2022 y que compartieron habitación, lecho y mesa, sin interrupción.

Para ello, expuso que las partes tenían una relación sentimental de vida permanente y singular desde abril de 1982 hasta el 13 de enero de 2022 y que compartieron habitación, lecho y mesa, sin interrupción.

Además, se manifestó que de la relación no se procrearon hijos, pero que el ac cionado al momento de la unión s í era padre de tres (3) hijos mayores de edad que incluso «pasan los 40 años de edad», que el demandado en el año 1993 procreó otra descendiente con otra persona y que la demandante es madre de un hijo para antes de la convivencia, Rodolfo Antonio Sierra Anzola.

También se indicó que en vigencia de la sociedad patrimonial se adquirió un vehículo en $34.440.000, dos (2) inmuebles localizados en Bogotá D.C., valorados en $1.205.417.000 y $678.515.000 respectivamente y un predio rural ubicado en el municipio de Apulo por $40.652.000.

2. Trámite de primera instancia

El demandado se opuso a las pretensiones y alegó «inexistencia del derecho pretendido », «improcedencia de la acciónRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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impetrada», « existencia de vínculo matrimonial de la demandante desvinculante para este caso» y la «excepción genérica».

En sentencia de 17 de septiembre de 2025, el Juzgado Veinticinco de Familia del Circuito de Bogotá declaró no probadas las excepciones propuestas por el extremo pasivo y, en su lugar, accedió a las pretensiones. Por ello, declaró

Veinticinco de Familia del Circuito de Bogotá declaró no probadas las excepciones propuestas por el extremo pasivo y, en su lugar, accedió a las pretensiones. Por ello, declaró que las partes convivieron en unión marital de hecho desde el 30 de abril de 1987 hasta el 13 de enero de 2022 y formaron una sociedad patrimonial durante ese mismo lapso. En consecuencia , determinó que esta última está disuelta y debe ser liquidada , y ordenó la inscripción de la sentencia en los registros civiles respectivos.

3. Sentencia impugnada

Al resolver la apelación de l demandado, el Tribunal Superior de Bogotá, en fallo del 26 de febrero de 202 6, confirmó esa decisión. Para ello, expuso las consideraciones que se pasan a relacionar.

Al inicio relacionó el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 10 de la Ley 2 447 de 2025, sobre la definición de la unión marital y los requisitos que ha exigido la jurisprudencia para su constitución (CSJ SC17262024).

Luego determinó que analizada la prueba y bajo las reglas de la sana crítica, se demostró la comunidad de vida permanente y singular de las partes, conforme a lo decididoRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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por el a quo, por lo que emprendió la valoración de los medios de convicción para sustentar esta determinación.

Señaló que tanto las partes como todos los testigos coinciden en atestiguar la relación que aquellas sostuvieron y que esta inició desde un ámbito laboral, pues la

de convicción para sustentar esta determinación.

Señaló que tanto las partes como todos los testigos coinciden en atestiguar la relación que aquellas sostuvieron y que esta inició desde un ámbito laboral, pues la demandante trabajaba como secretaria del taller de mecánica del demandado, como lo afirmó este en su interrogatorio cuando ilustró que la primera «comenzó a trabajar con él en el taller de mecánica en el año 1984 como auxiliar de secretaría y luego como secretaria, hasta aproximadamente el 2011».

Que con posterioridad este vínculo evolucionó a uno afectivo y generó una convivencia permanente y singular en el inmueble ubicado en la carrera 17 n .º 52 – 44 de esta ciudad, y se extendió a las fincas ubicadas en Anapoima y Apulo.

Además, relacionó el dicho de los declarantes pedidos por la demandante , a saber, Blanca Stella Anzola Martínez (hermana), Angélica María Saldaña Anzola (sobrina), Rodolfo Antonio Sierra Anzola (hijo), Édgar Augusto Saldaña Suárez (cuñado, esposo de Blanca Stella y padre de Angélica María) y José Wilson Tovar (amigo) , que refirieron la relación sostenida por la pareja desde las labores en el taller mecánico y que el hijo de la accionante mencionó que el demandado «se volvió como mi guía, como mi padrastro, yo le agradezco porque hoy lo que soy es gracias al señor FRANCISCO HERNÁNDEZ, en esa época, él me traía, me llevaba, me educaba, me guiaba».Radicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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que soy es gracias al señor FRANCISCO HERNÁNDEZ, en esa época, él me traía, me llevaba, me educaba, me guiaba».Radicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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En cuanto a los testigos de l contradictor, principalmente sus hijos y la madre de una de ellos, Rodrigo Hernández Romero, Claudia Marcela Hernández Romero, William Francisco Hernández Romero , Idalith Moncada y María Camila Hernández Moncada, refirió que fueron consistentes en negar la convivencia reclamada, pero que sí aceptaron conocer a la demandante y la labor que desarrolló en el taller.

Conforme a esta comparación de las declaraciones, el ad quem consideró que los testimonios de la accionante fueron «más persuasivos, coherentes y concordantes con el resto del material probatorio obrante en el expediente; en contraste con los testigos de la parte demandada, quienes demostraron (…) una marcada tendencia a negar la existencia de cualquier tipo de relación sentimental o amorosa».

El Tribunal resaltó que las declaraciones pedidas por el accionado revelan aspectos que diluían su credibilidad colectiva y que evidencia ban un esfuerzo coordinado por tratar de eliminar la comprobación del vínculo afectivo de las partes.

Con base en estas valoraciones , el Tribunal concluyó que,

«Todas estas inconsistencias, debilitan por completo la tesis de la parte demandada, ya que revelan una narrativa sesgada y poco creíble, con omisiones selectivas, fechas disímiles y contradicciones entre los mismos testigos con el demandado. En particular, la insistencia y permanencia de una relación

parte demandada, ya que revelan una narrativa sesgada y poco creíble, con omisiones selectivas, fechas disímiles y contradicciones entre los mismos testigos con el demandado. En particular, la insistencia y permanencia de una relación estrictamente laboral entre las partes, choca con elementos que sugieren una mutación de la misma a un plano sentimental, aspectos que pretendieron ser minimizados sin una explicaciónRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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lógica ni creíble por la contraparte. Esta falta de coherencia inclina la balanza a favor de la versión de la demandante, cuyos testigos ofrecen una exposición uniforme y coherente de evolución de la relación laboral a sentimental».

En este punto, el ad quem, al citar una providencia de esta Corte del 11 de noviembre de 1999, reiterada en una del 26 de junio de 2008, determinó que privilegiar en la valoración unas pruebas sobre otras no constituye error, sino el ejercicio propio de la s reglas de la sana crítica que le permite establecer una mayor o menor credibilidad de los medios de convicción.

Efectuado este razonamiento, el ad quem pasó a relacionar cómo tuvo acreditados los elementos para la declaratoria de la unión marital de hecho reclamada.

Consideró que la convivencia se dio en el 2º piso del taller ubicado en la carrera 17 n.º 52 – 44 de esta ciudad, en donde la demandante declaró que compartió techo, lecho y mesa desde 1987 y hasta el 2003, cuando se cerró el local. Este supuesto fue respaldado con toda la prueba testimonial pedida por la parte activa.

donde la demandante declaró que compartió techo, lecho y mesa desde 1987 y hasta el 2003, cuando se cerró el local. Este supuesto fue respaldado con toda la prueba testimonial pedida por la parte activa.

Precisó que luego se trasladaron a la finca en Anapoima, en donde compartieron labores agrícolas, de construcción y vida diaria, circunstancia igualmente acreditada con el dicho de los declarantes. Además, que se presentó una vivencia intermitente en la finca del Guamo, Tolima, como sitio de paseos y estancias prolongadas. Por último, esta relaciónRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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continuó en Apulo, donde la pareja también desarrolló labores agrícolas y de campo.

Esta determinación temporal y esp acial permitió al fallador estimar que entre las partes existió una « convivencia estable y progresiva (…) [que] se caracterizó por un trato mutuo de compañeros permanentes, con apodos cariñosos » y que se evidenciaron momentos de pareja, a través de fotografías aportadas al plenario, «en contextos íntimos, familiares y recreativos, con cercanía física, tocando sus manos, recostados uno sobre el otro y abrazados, lo que también sugiere tratos afectuosos de pareja, complicidad e integración familiar».

Además, el Tribunal señaló que las partes se prestaron socorro y asistencia en distintos aspectos de la vida cotidiana, en particular, en temas de salud, atención médica, y soporte emocional y económico. Aspectos que, igualmente, fueron acreditados con prueba testimonial y documental.

Seguidamente, el ad quem consideró la alegación del

cotidiana, en particular, en temas de salud, atención médica, y soporte emocional y económico. Aspectos que, igualmente, fueron acreditados con prueba testimonial y documental.

Seguidamente, el ad quem consideró la alegación del demandado de que la demandante manifestó en reiteradas oportunidades que era soltera y que residía en otro lugar, para señalar que estas circunstancias no tenían la fuerza probatoria para negar la realidad fáctica de la convivencia acreditada.

Luego, efectuó un análisis de las calidades y parentesco que puedan tener los testigos en este tipo de procesos , que no permite aceptar por afectada su imparcialidad, pues sonRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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las personas cercanas al núcleo familiar quienes tienen una mayor capacidad de relato.

El Tribunal , en la valoración de los motivos de apelación, abordó la consideración de los hitos inicial y final que se reclamaban de la unión.

Frente a la primera fecha precisó que, como lo había resuelto el a quo, se mantendría el 30 de abril de 1987 , «no solo porque la parte demandante no reprochó ese aspecto de la sentencia de primera instancia, sino también porque la parte demandada no propuso ninguna fecha distinta, pues se limitó a negar la existencia misma de la unión marital de hecho »; además, las pruebas practicadas en el proceso acreditaron dicho momento.

En este aspecto, el Tribunal precisó que el a quo fijó la fecha conforme al término de la ejecutoria de la sentencia del 27 de abril de 1987 proferida por la Sala Civil del colegiado, en el proceso de separación de cuerpos que la demandante

En este aspecto, el Tribunal precisó que el a quo fijó la fecha conforme al término de la ejecutoria de la sentencia del 27 de abril de 1987 proferida por la Sala Civil del colegiado, en el proceso de separación de cuerpos que la demandante promovió contra Gustavo Sierra Piragauta , por cuanto consideró que fue este proveído el que sustrajo el impedimento legal por el vínculo matrimonial que tenía la reclamante para así permitir la estructuración de la unión marital pedida.

Indicó igualmente que , analizada la prueba que reposaba en el expediente y bajo las reglas de la sana crítica, «no existe elemento de convicción que permita establecer el inicio de la unión de las partes en abril de 1982 como se solicitó en la demanda », pero que habría de mantenerse la consideración del falladorRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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de primera instancia en atención a que, « lejos de partir de una mera inferencia o subjetividad como lo sostiene el recurrente, se basó en el material probatorio arrimado al proceso».

Para soportar este criterio , resaltó que el inicio de la convivencia se vincula ba con el ingreso de la accionante a trabajar en el cargo de secretaria en el taller mecánico del accionado, que se soportaba con las pruebas . E n primer lugar, la declaración de parte, que daba cuenta que aquella tuvo un matrimonio previo y que con su hijo se asentaron en la carrera 78G n.º 37 —77, hasta aproximadamente el año

1980. Que luego pasó a vivir en una habitación en el barrio Villa Luz , lugar en el que comenzó una relación con el

tuvo un matrimonio previo y que con su hijo se asentaron en la carrera 78G n.º 37 —77, hasta aproximadamente el año

1980. Que luego pasó a vivir en una habitación en el barrio Villa Luz , lugar en el que comenzó una relación con el demandado en 1982, que luego se trasladó a la vivienda

ubicada en la carrera 17 n.º 52-44. Además, recalcó que , según lo dicho por el accionado , la parte actora comenzó a trabajar con él en el año 1984.

Sin embargo, el ad quem precisó que la prueba testimonial era consistente en referir que la convivencia plena y estable de la pareja se consolidó en el año 1987, en el segundo nivel de la vivienda en donde se ubicaba el taller, para lo cual expuso que:

«BLANCA STELLA ANZOLA MARTÍNEZ dijo que conoció al señor FRANCISCO aproximadamente en 1988 -1899 (sic), pero que asocia el inicio de la convivencia entre las partes al nacimiento de su hija que tuvo lugar el 6 de diciembre de 1987. ÉDGAR AUGUSTO SALDAÑA SUÁREZ ubicó el inicio de la convivencia desde 1987. WILLIAM FRANCISCO y CLAUDIA MARCELA HERNÁNDEZ dijeron que conocieron a la señora FLOR YOLANDA, el primero desde 1982, la segunda desde 1986, cuando comenzó la relación laboral con su padre. IDALITH MONCADA refirió que conoció a la demandante en 1981.Radicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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Los demás testigos eran niños para dicha época: ANGÉLICA

conoció a la demandante en 1981.Radicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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Los demás testigos eran niños para dicha época: ANGÉLICA MARÍA SALDAÑA ANZOLA mencionó que conoce al señor FRANCISCO «desde que tengo uso de razón », es decir, luego de 1987; RODOLFO ANTONIO SIERRA ANZOLA dijo que conoce al demandado durante toda su vida, aunque mencionó que la relación se hizo más visible y permanente desde 1996; y JOSÉ WILSON TOVAR percibió convivencia como pareja desde 1988».

Según esta relación, el Tribunal encontró que al ponderar las pruebas se podía considerar como la «fecha más probable» de inicio el año 1987, pues la prueba testimonial más cercana a la época ubicaba la consolidación de la convivencia en dicho período.

Frente al hito de conclusión, el ad quem compartió la deducción que realizó el juez de primera instancia para tenerlo el 13 de enero de 2022, conforme, igualmente, con las pruebas obrantes en el proceso.

En la sentencia se precisó que el a quo tuvo esta fecha acreditada conforme a la declaración de la demandante y el testimonio de Angélica María Saldaña Anzola , quienes manifestaron que la convivencia terminó en ese período por los inconvenientes presentados con los hijos del demandado; además, según lo dicho por el declarante Edgar Saldaña, quien indicó que la relación se había extendido hasta dos (2) años atrás de rendir su testimonio; así como la constancia de imposibilidad de conciliación del 13 de enero de 2022, emitida por el Centro respectivo.

quien indicó que la relación se había extendido hasta dos (2) años atrás de rendir su testimonio; así como la constancia de imposibilidad de conciliación del 13 de enero de 2022, emitida por el Centro respectivo.

El anterior marco temporal fue reforzado por los testigos practicados a instancia de la accionante, así: Blanca Stella narró que se presentaron problemas en el vínculo de lasRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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partes por la enfermedad grave del demandado en 2020 y, aunque no recordó fechas exactas, sí mencionó que la ruptura aconteció por la época de la pandemia. Por su parte, Angélica María manifestó que, luego de la pandemia, los hijos del accionado comenzaron a desplazar a la demandante de la casa y que, incluso, si ella acudía a la vivienda le cerrarían la puerta y cambiarían las guardas. Los testigos Édgar Augusto y Rodolfo Antonio refirieron la época de enfermedad. El declarante Milson Cadena Ovalle sostuvo que las partes convivieron durante la cuarentena en la finca de Apulo, pero que en el año 2023 no volvió a ver a la demandante por cuanto el demandado le dijo que había tenido problemas con ella y que no la dejara entrar.

Los testigos pedidos por el accionado también relataron los eventos asociados a la enfermedad de este y que fue desde dicho momento en que la accionante manifestó que no acompañaría o soportaría al señor Francisco.

Conforme a esta valoración, para el Tribunal fue claro que la terminación de la cohabitación inició con la complicación de salud del accionado en septiembre de 2020

acompañaría o soportaría al señor Francisco.

Conforme a esta valoración, para el Tribunal fue claro que la terminación de la cohabitación inició con la complicación de salud del accionado en septiembre de 2020 y el posterior conflicto entre los hijos de este y la demandante, pero que no se podía considerar que se había consumado en dicho período, pues, en todo caso, la demandante «refirió en su interrogatorio que después de 2020 siguió viviendo con el demandado».

Conforme a lo atrás referido, el Tribunal concluyó queRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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«[L]os testimonios de ANGÉLICA MARÍA SALDAÑA, ÉDGAR AUGUSTO SALDAÑA y MILSON CADENA OVALLE , las fotografías tomadas el 8 de diciembre de 2020 y 7 de diciembre de 2021, la constancia de imposibilidad de conciliación No. 551 de 13 de enero de 2022 emitida por el Centro de Conciliación V&S Conciliadores en Derecho, en armonía con lo declarado por la demandante en su interrogatorio, permiten concluir que la unión marital finalizó efectivamente el 13 de enero de 2022, cuando de forma definitiva FLOR YOLANDA dejó de convivir con FRANCISCO ARSENIO, ya que en esa fecha se suscribió el acta de no conciliación sobre la existencia de su unión marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial de hecho. Aunque los problemas y la separación física se iniciaron en 2020 con la enfermedad del demandado y los conflictos de la demandante con los hijos de éste, la convivencia intermitente se prolongó hasta enero de 2022, fecha

y la separación física se iniciaron en 2020 con la enfermedad del demandado y los conflictos de la demandante con los hijos de éste, la convivencia intermitente se prolongó hasta enero de 2022, fecha en que se produjo la cesación definitiva y no provisional del vínculo».

Por último, descartó la excepción de prescripción alegada por el accionado, al tener acreditada la interrupción con la notificación personal de la demanda el 17 de febrero de 2023 y que, con todo, el accionado no formuló dicha excepción de mérito al contestar la acción.

Por todo lo anterior, el Tribunal confirmó integralmente el fallo de primera instancia, sin condena en costas.

4. La parte demandada interpuso recurso de casación, que fue concedido en auto de 10 de marzo de 2026.

II. DEMANDA DE CASACIÓN

La Corte admitió dicha impugnación y fue sustentada con una demanda que contiene tres (3) cargos, formulado el último como «subsidiario», así:Radicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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a). El primero denuncia la violación indirecta del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, «por aplicación indebida, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de la sentencia de primera instancia y de la prueba, con quebranto de los artículos 167 y 176 del Código General del Proces o», en concordancia con el 280 ibídem, en cuanto a la definición del hito inicial de la convivencia el 30 de abril de 1987, que alega fue establecido sin prueba.

en concordancia con el 280 ibídem, en cuanto a la definición del hito inicial de la convivencia el 30 de abril de 1987, que alega fue establecido sin prueba.

Indicó que el a quo «confesó» que no se contaba con medio de convicción que soportara la fecha inici al y que esta data se dedujo teniendo como referencia la ejecutoria de una providencia dictada en otro proceso, el de separación de la demandante con otra persona. Conforme a esto, estima que el Tribunal tergiversó el contenido de la providencia que revisaba en apelación.

Reprochó que la fecha adoptada en el fallo impugnado tampoco corresponde a la ejecutoria en que se fundamenta, pues en esta última se consignó el 14 de febrero de 1987, mas no el mes de abril. En su estimación, ningún medio de prueba acredita que el inicio de la comunidad de vida corresponda al que tuvo en cuenta el ad quem.

Argumenta que el Tribunal invirtió la carga de la prueba al estimar que la fecha se encontraba acreditada porque el demandado no propuso fecha distinta, lo que podría afectar la previsión contenida en el artículo 167 del estatuto procesal.Radicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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En últimas, alegó que, si el ad quem no hubiera incurrido en los yerros descritos, habría podido evitar fijar el inicio de la unión para el 30 de abril de 1987.

b). En el segundo cargo denuncia la violación indirecta del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, « por aplicación indebida, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y

inicio de la unión para el 30 de abril de 1987.

b). En el segundo cargo denuncia la violación indirecta del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, « por aplicación indebida, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes, al haberse fijado el hito final de la unión el 13 de enero de 2022 mediante la suposición de datas fotográficas inexistentes en el plenario, la tergiversación del contenido objetivo de la constancia de imposibilidad de conciliación y la preterición del acta de aplazamiento del 22 de diciembre de 2021, con quebranto del artículo 176 del C.G.P.».

Reprocha que el Tribunal encontró acreditada la fecha final de la unión hasta enero de 2022 con registros fotográficos del 8 de diciembre de 2020 y 7 de diciembre de 2021, que no cuentan con fecha de producció n, pues solo obra una relación manuscrita de la demandante y memorial del 31 de julio de 2024.

Además, aduce que uno de estos registros fotográficos fue relacionado por la demandante en dos (2) ocasiones con fechas diferentes, esto es, la foto de la primera comunión de Valentina Cadena fechada en la demanda para el año 2018, y el memorial del 31 de julio de 2024, que la tuvo como del 8 de diciembre de 2020. Sumado a que el demandado , en las diligencias en las que se le puso se presente la fotografía , nunca señaló una fecha de producción del material gráfico.

El recurrente relacionó los artículos 243 y siguientes delRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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nunca señaló una fecha de producción del material gráfico.

El recurrente relacionó los artículos 243 y siguientes delRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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Código General del Proceso para precisar que la fotografía como medio de prueba no puede acreditar en sí misma la fecha de producción, y como lo ha ilustrado la Corte Constitucional en T -930A de 2013, requiere acreditarse la representación de la realidad de los hechos con estos medios de prueba.

Señaló que el ad quem tergiversó la constancia de imposibilidad de conciliación del 13 de enero de 2022, pues allí consta que la relación subsistía para dicho momento. Sumado a que no se tuvo en consideración el aplazamiento del 22 de diciembre de 2021, que en criterio del demandado daba cuenta de que la ruptura ya se había producido, y lo acontecido en enero del siguiente año solo e ra evidencia de la conclusión formal de un trámite prejudicial.

En su sentir se tergiversó la certificación de la ADRES y se cercenó el interrogatorio de la accionante, porque la primera solo registra afiliación del demandado como beneficiario de la demandante hasta el 2015 y el segundo, porque la actora en audiencia del 9 de diciembre de 2024, refirió que la terminación de la convivencia aconteció en el 7º u 8º mes de 2023.

c). En e l tercer cargo, formulado como «subsidiario», también denuncia la violación indirecta del artículo 1º de la Ley 54 de 1990 por «aplicación indebida, como consecuencia de error de derecho en la apreciación probatoria, al haber desconocido el Tribunal

también denuncia la violación indirecta del artículo 1º de la Ley 54 de 1990 por «aplicación indebida, como consecuencia de error de derecho en la apreciación probatoria, al haber desconocido el Tribunal la eficacia de la confesión rendida por la demandante en su interrogatorio de parte, con infracción de los artículos 191, 194, 195 yRadicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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197 del Código General del Proceso —que gobiernan las condiciones y la eficacia de la confesión — y del artículo 257 del mismo estatuto, en cuanto al valor probatorio de la escritura pública No. 1797 del 30 de septiembre de 2011».

Este reproche lo sustenta en que al rendir interrogatorio el 5 de marzo de 2024 la demandante, al ser consultada por su estado civil, confesó en los términos del artículo 191 del estatuto procesal, ser soltera, aspecto que se refuerza con la escritura mencionada en donde declaró esta misma condición y sin unión marital de hecho.

El recurrente indicó que este yerro era trascendente porque al darle eficacia a esa confesión, no podía tenerse acreditados los extremos temporales de la unió n, ni mucho menos el elemento subjetivo, es decir, la voluntad de conformar la relación de vida.

III. CONSIDERACIONES

1. El recurso de casación es de carácter extraordinario, lo que exige el cumplimiento de ciertos requisitos que deben observar los censores con estrictez y rigor formal, pues, como lo advierte el numeral segundo del artículo 344 del Código General del Proceso , el escrito de sustentación deberá

lo que exige el cumplimiento de ciertos requisitos que deben observar los censores con estrictez y rigor formal, pues, como lo advierte el numeral segundo del artículo 344 del Código General del Proceso , el escrito de sustentación deberá contener la « formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.Radicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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Esa norma obliga a que la argumentación del escrito a través del cual se sustente el remedio extraordinario sea inteligible, exacta y envolvente, según se reiteró en CSJ AC6432-2024, lo cual se justifica, pues,

como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador (CSJ AC2947-2017, AC18052020 y AC1561-2022).

La Corte no puede suplir, completar o corregir las falencias, debilidades o vaguedades técnicas que riñen con lo anterior, pues, conforme lo indican los artículos 346 y 347 ibídem, el incumplimiento de dichas directrices legales es

falencias, debilidades o vaguedades técnicas que riñen con lo anterior, pues, conforme lo indican los artículos 346 y 347 ibídem, el incumplimiento de dichas directrices legales es motivo de inadmisión.

Además, la acusación debe ajustarse a la causal invocada. Si se alega la violación indirecta de la ley sustancial, como sucede en este asunto en los tres (3) cargos formulados, se debe n señalar las normas sustanciales infringidas y la forma en que se efectuó esta vulneración por el fallador de instancia; se debe precisar si el yerro proviene de errores de hecho o de derecho en la valoración probatoria, así como explicar de manera concreta cómo se produjo la infracción y su incidencia en la decisión.

2. La demanda de casación no cumple los requisitos formales necesarios para su admisión , como pasa a explicarse.Radicación n.° 11001-31-10-025-2022-00095-01

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2.1. Defecto general por a usencia de síntesis. De entrada, la Sala advierte que la demanda de casación no precisó los fundamentos del fallo del Tribunal que recurre en esta sede extraordinaria.

En efecto, en el aparte respectivo de la demanda de casación, tan solo se consignó, frente a la sentencia impugnada, este único aparte:

«4.5. Apelada la sentencia por el demandado —con reparos sobre la insuficiencia de prueba de la unión, la falta de acreditación de los extremos temporales y la caducidad—, el Tribunal la confirmó íntegramente mediante la providencia que ahora se impugna».

la insuficiencia de