CSJ - AC6914-2026

AC6914-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-04945-00

Rionegro (Antioquia), veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Facatativá (Cundinamarca) y Veintitrés de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D. C., atinente al conocimiento del proceso ejecutivo para la efe ctividad de la garantía real promovido por la Corporación Social de Cundinamarca « C.S.C.» contra Sandra Catherine Valbuena Lizcano.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante demanda dirigida al « JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLES - REPARTO», la entidad actora solicitó librar mandamiento de pago con fundamento en el pagaré n.° 2 -1402221 y la garantía hipotecaria constituida mediante Escritura Pública n.° 1279 del 6 de octubre de 2014 de la Notaría Única de Madrid

(Cundinamarca). En el acápite correspondiente, sostuvo que el juez era competente por «el domicilio de la demandada, el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación y por el lugar de Firmado electrónicamente por: Francisco Ternera Barrios - Magistrado Fecha: 2026-10-23 Código de verificación: 36ED629803C1D53C0AD6C4FB55FC4D996C6EDC0F58BC28C3F90ED88513DE9736

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999Radicación nº 11001-02-03-000-2026-04945-00 2

ubicación del inmueble que es la ciudad de Bogotá D.C. (sic), además al ser la Corporación Social de Cundinamarca ¨C.S.C.¨, una entidad descentralizada del Orden Departamental, es competente de forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad, toda vez que el domicilio del acreedor se encuentra en esta ciudad capital».

2. Repartido el asunto , e l Juzgado Veintitrés de

Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C. - con auto de l 27 de abril de 2026 - lo rechazó por falta de competencia y ordenó remitirlo a los juzgados civiles municipales o de pequeñas causas de Facatativá (Cundinamarca). Al efecto, sostuvo que:

En el caso bajo examen, del libelo demandatorio se desprende que el domicilio de la demandada se encuentra en el municipio de Facatativá, y que el inmueble objeto de la garantía real también se encuentra ubicado en dicho municipio, según lo afirmado por la parte actora en el acápite de competencia. Tales circunstancias activan de manera directa los factores territoriales previstos en los numerales 1° y 7° del artículo 28 del C.G.P., los cuales conducen inequívocamente a radicar el conocimiento del proceso a nte los jueces del circuito competentes en Facatativá. Por otra parte, si bien la parte demandante sostiene que este

inequívocamente a radicar el conocimiento del proceso a nte los jueces del circuito competentes en Facatativá. Por otra parte, si bien la parte demandante sostiene que este Despacho sería competente por el domicilio del acreedor —la Corporación Social de Cundinamarca — y por tratarse de una entidad descentralizada del orden departamental, tales argumentos no tienen la virtualidad de desplazar los factores territoriales preferentes establecidos por la ley para los procesos ejecutivos con garantía real. El domicilio del acreedor no constituye criterio habilitante de competencia en este tipo de procesos, ni la naturaleza jurídica de la entidad demandante modifica las reglas generales y especiales previstas en el artículo 28 del C.G.P.

3. Recibidas las diligencias, el Juzgado Primero Civil Municipal de Facatativá -con proveído de l 29 de julio de 2026rehusó el conocimiento y promovió el conflicto negativo de competencia. Con sustento en los numerales 5º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso y CSJ AC82252025, adujo que: «(…) es claro que, el Despacho judicial que deberá Firmado electrónicamente por: Francisco Ternera Barrios - Magistrado Fecha: 2026-10-23 Código de verificación: 36ED629803C1D53C0AD6C4FB55FC4D996C6EDC0F58BC28C3F90ED88513DE9736

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999Radicación nº 11001-02-03-000-2026-04945-00 3

conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999Radicación nº 11001-02-03-000-2026-04945-00 3

conocer del presente asunto es el Juez de Pequeñas Causas y competencia Múltiple de Bogotá, atendiendo que se trata de un proceso de mínima cuantía y no este estrado judicial, pues es en jurisdicción del primero, en donde se encuentra domiciliada la entida d de derecho público que demanda, cuyo fuero es de carácter privativo».

II. CONSIDERACIONES

1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre juzgados de distintos distritos judiciales -misma especialidad-, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009.

2. Para determinar la competencia, debe precisarse que la selección del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, v erbigracia, a la persona involucrada, al sitio donde el accionado tiene su domicilio, al lugar donde acontecieron los hechos, a la cuantía o a la naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, pues el legislador determina privativamente la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusión de

ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, pues el legislador determina privativamente la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusión de cualquier otro, está llamado a encarar el debate.

Firmado electrónicamente por: Francisco Ternera Barrios - Magistrado Fecha: 2026-10-23 Código de verificación: 36ED629803C1D53C0AD6C4FB55FC4D996C6EDC0F58BC28C3F90ED88513DE9736

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3. De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral 1º constituye la regla general. Esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado» . Ahora, tratándose de asuntos, entre otros, que involucren un « título ejecutivo», conforme al numeral 3º del precepto en comento, también es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la obligación. Sin embargo, en los procesos en que se ejercite un derecho real, el numeral 7º ibidem fija la competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Además, el numeral 10º de la misma disposición indica que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad

competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Además, el numeral 10º de la misma disposición indica que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De tal manera que habría una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos ejecutivos hipotecarios en que una de las partes sea una entidad pública, lo que implica que ha de ser la ley, y no el actor, quien debe elegir el juez competente para conocer de la controversia.

4. Para dirimir este tipo de asuntos, la jurisprudencia de esta Corporación ha acudido al precepto contenido en el artículo 29 del Código General del Proceso, según el cual: «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes. Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor», tal y como

fue sentado en proveído AC140-2020:

Como se anotó anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales Firmado electrónicamente por: Francisco Ternera Barrios - Magistrado Fecha: 2026-10-23 Código de verificación: 36ED629803C1D53C0AD6C4FB55FC4D996C6EDC0F58BC28C3F90ED88513DE9736

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7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad pública pretende imponer una servidumbre de conducción de energía eléctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: ¿Cuál de las dos reglas de distribución es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consignó una regla especial en el canon 29 ibidem, el cual preceptúa que “[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor”. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los artículos 27 y 28 del Código Civil, que aluden en su orden a que, “[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, y “[l]as palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”; es dable afirmar, con contundenc ia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija , como se explicó en

dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija , como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P. La justificación procesal de esa prelación muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el fact or subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquél factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este último, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuración normativa, no excluyó en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a más que ello

no respecto de los foros o fueros previstos en este último, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuración normativa, no excluyó en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a más que ello desconoce cómo el factor subjetivo está prese nte en distintas disposiciones procesales, según se dejó clarificado en el anterior acápite. (CSJ AC140 de 2020).

Firmado electrónicamente por: Francisco Ternera Barrios - Magistrado Fecha: 2026-10-23 Código de verificación: 36ED629803C1D53C0AD6C4FB55FC4D996C6EDC0F58BC28C3F90ED88513DE9736

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Por ende, en los procesos en que se ejerciten derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento en que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será del juez del domicilio de esta, como regla de principio.

5. De otro lado, el numeral 5º ibidem dispone que en los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal, pero, cuando se trate de « asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta». Al respecto, esta Sala ha sostenido que la aplicación de ese precepto es posible en los casos en

vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta». Al respecto, esta Sala ha sostenido que la aplicación de ese precepto es posible en los casos en que esté involucrada como demandante una entidad pública, ya que:

Desde esa óptica, teniendo en cuenta que a voces del artículo 83 del Código Civil, «[c]uando ocurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo t iene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo», es posible que dichos organismos estatales tengan concomitantemente más de un domicilio , evento en el cual la controversia se puede desarrollar en cualquiera de ellos, siempre que estén involucrados en el objeto de la discusión. (…) Sobre el particular, en CSJ AC2346-2018 se anotó que «mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal general finalmente se complementa con la otra que trata el tema de cuando es reconvenida una persona jurídica, carácter que ostenta aquí la entidad analizada». Ahora, si en cambio la institución es quien promueve el pleito, también deviene atendible la posibilidad de adelantarlo en cualquiera de sus «domicilios», en virtud de la autorización del artículo 12 del Código General del Proceso, pues no hay razón para dispensar un tratamiento distinto a dos situaciones de similar connotación práctica.

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artículo 12 del Código General del Proceso, pues no hay razón para dispensar un tratamiento distinto a dos situaciones de similar connotación práctica.

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De modo que cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis es admisible que el concepto de «domicilios» cobije también el de la agencia o sucursal involucrada en la cuestión, a fin de realizar la atribución de la controversia en dicho lugar. (CSJ AC3110-2024).

Así las cosas, cuando concurren los numerales 7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso prevalece este último; pero, si la entidad pública cuenta con una sucursal o agencia vinculada al litigio, la determinación concreta de su domicilio debe armonizarse con el numeral 5º ejusdem, de modo que serán competentes, a prevención, el juez de su domicilio principal y el de la sucursal o agencia relacionada con la controversia.

6. El asunto que origina la atención de la Corte concierne a un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real promovido por la Corporación Social de

domicilio principal y el de la sucursal o agencia relacionada con la controversia.

6. El asunto que origina la atención de la Corte concierne a un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real promovido por la Corporación Social de Cundinamarca « C.S.C.» contra Sandra Catherine Valbuena Lizcano. De las piezas allegadas se desprende que aquella es una persona jurídica de naturaleza pública, creada como establecimiento público del orden departamental mediante

Ordenanza n.° 05 de 1972 y con domicilio en Bogotá D.C. Por consiguiente, la competencia se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a Bogotá D.C., dada la prevalencia del fuero previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, sin que haya lugar a comple mentar dicha regla con la prevista en el numeral 5º ibidem, pues en las piezas examinadas no aparece acreditado que la Corporación Social de Cundinamarca «C.S.C.» cuente con una sucursal, agencia o dependencia territorial en Facatativá vinculada al asunto.

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Por el contrario, la demanda identifica expresamente a la

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Por el contrario, la demanda identifica expresamente a la entidad como domiciliada en Bogotá D.C. Y señala allí sus direcciones de notificación.

7. Por demás, n o desvirtúa esa conclusión la tesis conforme a la cual el domicilio de la ejecutada y la ubicación del inmueble gravado conducen a radicar el conocimiento en Facatativá, porque el artículo 29 del estatuto procesal establece la prevalencia de la competencia f ijada en consideración a la calidad de las partes. Por ello, la concurrencia del fuero real previsto en el numeral 7º del artículo 28 no desplaza la atribución legal privativa derivada del numeral 10º ibidem.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Veintitrés de

Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C. es competente para conocer del asunto al que se refiere este proveído.

SEGUNDO: Notificar esta providencia al Juzgado

Primero Civil Municipal de Facatativá (Cundinamarca).

Firmado electrónicamente por: Francisco Ternera Barrios - Magistrado

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TERCERO: Por Secretaría, remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión. Librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado

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