CSJ - AC6951-2026

AC6951-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06369-00

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Villanueva (Casanare) y Cincuenta Civil Municipal de Bogotá D.C.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juez Promiscuo Municipal de Villanueva

(Casanare), el Banco Agrario de Colombia S.A. promovió demanda ejecutiva de mínima cuantía contra Álvaro Álvarez Romero, con el fin de obtener el pago de las obligaciones n.º 725086400129316 y 725086400166807, contenidas en los pagarés n.º 086406100008690 y 086406100010899, respectivamente, por concepto de capital, intereses remuneratorios y moratorios.

Atribuyó la competencia en atención a la cuantía del asunto, domicilio del demandado, la agencia del demandante en el municipio de Villanueva, al lugar de cumplimiento de laRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 2

obligación, e invocó además los numerales 1º, 3º, 5º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, comoquiera que el crédito cobrado se encuentra vinculado a la agencia que el banco tiene en ese municipio.

2. Mediante auto de 28 de abril de 2026, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó remitirla a los Juzgados Civiles

banco tiene en ese municipio.

2. Mediante auto de 28 de abril de 2026, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó remitirla a los Juzgados Civiles

Municipales de Bogotá D.C. Estimó que el ejecutante es una sociedad de economía mixta del orden nacional, con domicilio principal en Bogotá D.C., por lo que, conforme al artículo 28, numeral 10º, el conocimiento del asunto correspondía privativamente a los jueces de esa ciudad.

3. Asignado el asunto al Juzgado Cincuenta Civil

Municipal de Bogotá D.C., mediante auto de 6 de octubre de 2026 rehusó asumir su conocimiento y promovió conflicto negativo de competencia.

Expuso que, si bien el domicilio principal de la entidad demandante es la ciudad de Bogotá, en el municipio de Villanueva se encuentra una de sus sucursales, por lo que, con apoyo en el auto CSJ AC4201-2024, concluyó que la competencia radicaba en el juez de esa localidad.

II. CONSIDERACIONES

1. Como el conflicto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común deRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00

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ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las

en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. El tercero de ellos indica cuál es el juez que, debido a la circunscripción, debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los «foros o fueros».

De este modo, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al « personal», que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado o en el de su residencia. Además, consagra otros especiales, como el « real», que se circunscribe a la ubicación de los bienes objeto del litigio, o el «contractual», que atiende al lugar de cumplimiento de las obligaciones.

En el presente caso, la discusión se centra en el factor territorial, atendiendo el fuero personal, dada la calidad de entidad pública que concurre en la demandante. Al respecto, si bien el artículo 28 del Código General del Proceso consagra, como regla general, la competencia ante el «juez del domicilio del demandado», dicha regla no es absoluta y cede frente a las competencias privativas señaladas en el mismo artículo.

En efecto, el numeral 10º del mencionado artículo establece un fuero exclusivo, según el cual, en « los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidadRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 4

descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá

contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidadRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 4

descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad ». Ello, con independencia de que sea demandante o demandada, dado que la prerrogativa no se condiciona a que la entidad ocupe alguna posición específica en el litigio.

Por su parte, el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal dispone que en «los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de ésta».

Teniendo en cuenta este marco, resulta necesario determinar si, en caso de que la entidad pública haya constituido sucursales o agencias para el desarrollo de sus funciones y participe en el asunto en calidad de demandante o demandada, es atendible la paut a del numeral 5º en el sentido de admitir la atribución de competencia con base en el lugar de la sucursal o agencia.

Así, la finalidad del fuero establecido en el numeral 10º propende por resguardar los principios prevalentes de la entidad pública, relacionados con el interés general que se vincula a ese tipo de personas jurídicas, al punto que esa regla se refiere de ma nera concreta a las entidades de derecho público.

No obstante, esa prelación encuentra equilibrio si se armoniza con el concepto amplio que se instituyó en el

se refiere de ma nera concreta a las entidades de derecho público.

No obstante, esa prelación encuentra equilibrio si se armoniza con el concepto amplio que se instituyó en el numeral 5º, toda vez que allí se hace referencia, de maneraRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 5

genérica, a los procesos « contra una persona jurídica », sin especificar su naturaleza pública o privada, y se admite su tramitación en el lugar de la respectiva sucursal o agencia donde se vinculen los asuntos materia del proceso.

En este sentido, puede sostenerse que el criterio del numeral 10º persigue fines que no se excluyen con la aplicación del numeral 5º, sino que se complementan. De este carácter complementario se deriva, además, que la regla prevista en el numeral 5º ha de interpretarse en el sentido de que aplica independientemente de que la entidad pública comparezca al proceso en calidad de demandante o de demandada, siendo que así lo prevé el criterio privativo previsto en el numeral 10º.

Por consiguiente, cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis, es admisible que el concepto de «domicilio» cobije también el de la agencia o sucursal vinculada al asunto, a fin de asignar, a prevención, la competencia del asunto correspondiente.

Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 86 del Código Civil define el concepto de «domicilio» para las personas jurídicas como el « lugar donde está situada su administración o dirección», pudiendo designar domicilios especiales para asuntos particulares o específicos, como serían la agencia o

Código Civil define el concepto de «domicilio» para las personas jurídicas como el « lugar donde está situada su administración o dirección», pudiendo designar domicilios especiales para asuntos particulares o específicos, como serían la agencia o la sucursal que regula el estatuto mercantil.

A su vez, el artículo 263 del Código de Comercio dice que son sucursales « los establecimientos de comercio abiertos por unaRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 6

sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad», y el canon 264 siguiente delimita el criterio de agencia como los « establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla».

Para la comprensión de estos dos conceptos, resulta necesario acudir a la enunciación del concepto de establecimiento de comercio contenida en el artículo 515 ibídem, que señala que éste será « un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa».

En atención a lo reglado en el artículo 26 del estatuto mercantil, las agencias y sucursales deben obtener matrícula mercantil, que se renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año, al igual que las personas naturales o jurídicas inscri tas en las Cámaras de Comercio (artículo 33 id.).

Igualmente, según lo reglado en el artículo 111 ibídem , las personas jurídicas deben identificar su domicilio en la escritura de constitución y registrar para todos los efectos

(artículo 33 id.).

Igualmente, según lo reglado en el artículo 111 ibídem , las personas jurídicas deben identificar su domicilio en la escritura de constitución y registrar para todos los efectos legales la habilitación de sucursales o agencias «también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal».

Ahora bien, la diferencia entre los dos conceptos en análisis corresponde a que en la sucursal existiránRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 7

administradores con facultades para representar a la sociedad, mientras que en la agencia no.

Conforme a esta regulación, es viable considerar que el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal estima la posibilidad de entender, para la definición de la competencia territorial, que el domicilio de la parte comprende los conceptos de agencia y sucursal cuando se encuentren vinculados al asunto, bajo el criterio de que en dichos lugares igualmente se desarrolla el objeto de la empresa.

Esta interpretación permite que se garanticen otros derechos asociados al debido proceso de las partes, toda vez que no los atribuye, obligatoriamente, al lugar del domicilio principal de la entidad pública, sino que contempla la alternativa de desarrollar el litigio en el lugar vinculado a la sucursal o agencia. Desde esta perspectiva, se asegura el principio de inmediación probatoria, dado que facilita la cercanía entre el juez y las pruebas y un mayor conocimiento de las realidades de los lugares en que sucedieron los hechos.

Del mismo modo, se contribuye a disminuir las cargas

principio de inmediación probatoria, dado que facilita la cercanía entre el juez y las pruebas y un mayor conocimiento de las realidades de los lugares en que sucedieron los hechos.

Del mismo modo, se contribuye a disminuir las cargas económicas, físicas y logísticas asociadas a los desplazamientos de las partes, apoderados y terceros, teniendo en cuenta la proximidad entre el despacho judicial y el lugar de la sucursal o agencia rela cionada con el asunto respectivo.

En este punto, resulta necesario aclarar que la condición de sucursal o agencia para estos asuntos no puede serRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 8

atendida con la sola existencia de un punto de atención u oficina. En efecto, la identificación de determinados espacios como « oficinas» o « puntos de atención » constituye información insuficiente para concluir que se trata de un establecimiento de comercio ubicado fuera del domicilio principal, administrado por mandatarios con o sin facultades de representación, como lo imponen los artículos atrás citados del Código de Comercio.

Además, la entidad pública demandante en este asunto, conforme a lo reglado en los artículos 233 y 234 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se encuentra organizada como un establecimiento de crédito bancario y puede realizar todas las operaciones autorizadas a estos, por lo que mal podría otorgársele un tratamiento desigual frente a una sociedad financiera privada, en la que no existiría discusión sobre la aplicación de la regla de competencia prevista en el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal.

Finalmente, si bien en algunas decisiones de esta Sala

sociedad financiera privada, en la que no existiría discusión sobre la aplicación de la regla de competencia prevista en el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal.

Finalmente, si bien en algunas decisiones de esta Sala se acogió una lectura restrictiva del numeral 5º, que circunscribe su aplicación a los casos en que la persona jurídica es demandada, esta Magistratura, en armonía con la postura que ha venido reitera ndo la Sala, considera que esa regla complementa el fuero privativo del numeral 10º con independencia de la posición que la entidad pública ocupe en el litigio, por las razones atrás expuestas.

3. De acuerdo con lo expuesto y frente al caso concreto, se advierte que, conforme al certificado que obra en elRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00

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expediente, el Banco Agrario de Colombia S.A. es una «sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la especie de las anónimas », con domicilio principal en Bogotá D.C., que cuenta con sucursales y agencias en todo el territorio nacional.

De igual forma, revisado el plenario se comprueba que el acreedor optó por adelantar el recaudo en Villanueva (Casanare), municipio en el cual el banco ejecutante cuenta con agencia activa, según la información pública y de acceso abierto que reposa en la página web oficial del acreedor1. Esa circunstancia, por lo demás, la reconoció el propio juzgado de Villanueva al señalar que el banco « tiene sucursal física» en ese municipio.

abierto que reposa en la página web oficial del acreedor1. Esa circunstancia, por lo demás, la reconoció el propio juzgado de Villanueva al señalar que el banco « tiene sucursal física» en ese municipio.

Aunado a ello, en los pagarés n.º 086406100008690 y 086406100010899 suscritos en esa municipalidad el 29 de abril de 2021 y el 11 de julio de 2024 respectivamente, el deudor se obligó a pagar a la orden del Banco Agrario de Colombia S.A. « en sus oficinas de la ciudad de Villanueva (Casanare)»2. Ello se corrobora con las tablas de amortización de los créditos, en las que figura como oficina la de Villanueva, de modo que es viable concluir que la obligación cobrada se originó y se gestionó en esa agencia.

En ese sentido, se concluye que el despacho judicial inicial no debió desprenderse del conocimiento del asunto,

1https://www.bancoagrario.gov.co/system/files/202610/base%20Oficinas%20con%20encabezado%2019%20oct%20%202026.pdf 2 Archivo digital 002Anexos, págs. 14 a 25 (pagarés y tablas de amortización).Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 10

toda vez que la elección del acreedor de radicar allí la demanda se ajustaba a las pautas antes señaladas, que le permitían acudir al juez del domicilio principal o al del lugar de la agencia vinculada al negocio.

Por esa vía, como el Banco Agrario de Colombia S.A. optó válidamente por presentar su demanda en el municipio donde

permitían acudir al juez del domicilio principal o al del lugar de la agencia vinculada al negocio.

Por esa vía, como el Banco Agrario de Colombia S.A. optó válidamente por presentar su demanda en el municipio donde tiene asiento la agencia que otorgó el crédito, la cual coincide con el lugar pactado para el pago, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villan ueva está llamado a conocer de la ejecución, sin que ello implique desconocer el fuero privativo del numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso.

En este punto, se insta a los jueces, y en especial al del juzgado remitente (Juez Camilo Andrés Soto Díaz) a que, con el objeto de verificar los aspectos necesarios para decidir sobre su competencia cuando se presente un conflicto con las características aquí abordadas, consulten el Registro Único Empresarial y Social o el registro equivalente, entre otros, con miras a determinar si la entidad demandante cuenta con una sucursal o agencia en el lugar en que se presentó la demanda.

En conclusión, para el caso de las entidades públicas, la regla del numeral 5º del artículo 28 del Código General del Proceso no se desvirtúa por la del numeral 10º, sino que la complementa, como ocurre en el particular con el Banco Agrario de Colombia S.A., por su esencia de entidad financiera con presencia en todo el país.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06369-00 11

4. En consecuencia, se declara que la competencia del asunto la tiene el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva

(Casanare), por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las

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4. En consecuencia, se declara que la competencia del asunto la tiene el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva

(Casanare), por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para que imprima el trámite pertinente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE:

Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva (Casanare) es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido. Librar los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

MagistradaFirmado electrónicamente por:

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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