CSJ - AC6952-2026

AC6952-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06133-00

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Ochenta y Tres Civil Municipal de Bogotá -transitoriamente Juzgado 65 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple - y Treinta y Tres Civil Municipal de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el primer despacho judicial Luis Miguel Mora Rojas promovió demanda ejecutiva en contra de Diana Marcela Villamil, para la cual atribuyó competencia en razón al «domicilio del demandante y el lugar donde debe cumplirse la obligación».

Relató que el 10 de diciembre de 2024 celebró con la enjuiciada un contrato de mutuo comercial en el que le entregó una suma de $44.200.000, la cual debía restituirse el 5 de febrero de 2025, operación que fue garantizada mediante prenda de un vehículo «KIA SPORTAGE MODELO 2019», paraRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 2

la cual no se pactó lugar de cumplimiento de las obligaciones. Llegada la fecha de vencimiento, la demandada no cumplió con el pago del capital, ni de los intereses estipulados, por lo que la requirió para su cumplimiento.

A causa de lo anterior, el 16 de septiembre de 2025 , celebraron documento intitulado « acta de desistimiento contrato de mutuo comercial» (que en su demanda lo denominó como «documento adicionado al contrato de mutuo»), en el que

A causa de lo anterior, el 16 de septiembre de 2025 , celebraron documento intitulado « acta de desistimiento contrato de mutuo comercial» (que en su demanda lo denominó como «documento adicionado al contrato de mutuo»), en el que se acordó que la deudora pagaría $49.003.000 más el 2% de interés sin establecer lugar para su satisfacción , pagaderos en un plazo de 20 a 25 días hábiles después de autenticadas las firmas del documento, negocio que también fue incumplido por la ejecutada.

Por ende, pretende que se ordene el pago de los $49.003.000, más intereses moratorios. Finalmente, aseguró estar domiciliado en Bogotá y su contraparte en Medellín.

2. Mediante auto del 13 de agosto de 2026 el juzgado de Bogotá rechazó la demanda por falta de competencia, en razón a que, conforme con el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, debía conocer el litigio el juez del domicilio de la demand ada correspondiente a Medellín.

Añadió que, si bien el numeral 3º del mismo precepto establece que también puede ser competente el lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, « lo cierto es que en el negocio jurídico báculo de la ejecución no se pactó como lugar de cumplimiento de las obligaciones allí convenidas la ciudad de Bogotá», por lo que este no resultaba aplicable.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 3

Finalmente, precisó que la estipulación de la cláusula cuarta del «acta de desistimiento contrato de mutuo comercial»

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Finalmente, precisó que la estipulación de la cláusula cuarta del «acta de desistimiento contrato de mutuo comercial» en la que se acordó que las controversias se someterían « a la jurisdicción de los tribunales de Bogotá » debe entenderse por no escrita, pues corresponde a estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales. En consecuencia, remitió el expediente a los jueces de Medellín.

3. El segundo receptor rehusó la competencia y suscitó la colisión. Inició por establecer que el ejecutante eligió el fuero correspondiente al lugar de cumplimiento de las obligaciones, luego reseñó que, verificada la información del acápite de notificaciones de la demanda, aunque había señalado que la dirección de la enjuiciada corresponde a Medellín, tras revisar « el Portal Geográfico del Municipio » confirmó que esa nomenclatura no existe en esa ciudad y, por el contrario, pertenece a Bogotá.

Adicionó que, de los anexos del escrito inicial se extrae que «los documentos base del recaudo permiten establecer que se trata de un asunto vinculado territorialmente con Bogotá », pues el acta de desistimiento del contrato de mutuo comercial del 16 de septiembre de 2025 señaló que Diana Villamil está domiciliada en Bogotá y el contrato de mutuo del 10 de diciembre de 2024 la ubica en Facatativá, así como que, en todo caso, « fue el propio demandante quien eligió el fuero territorial de Bogotá D.C.» por lo que era en esa ciudad donde debió conocerse del coercitivo.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 4

territorial de Bogotá D.C.» por lo que era en esa ciudad donde debió conocerse del coercitivo.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 4

II. CONSIDERACIONES

1. Como el conflicto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. Mediante el tercero de ellos indica cuál es el juez que, debido a la circunscripción, debe conocer del litigio y para concretarlo establece los « foros o fueros», de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al «personal» que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado.

Además, consagra otros fueros concurrentes, como el que contempla el numeral 3º del artículo 28 del estatuto procesal, el cual se circunscribe al lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones en aquellos asuntos que se originan en virtud de un negocio jurídico o que involucran un título ejecutivo.

De modo que, cuando se demanden cuestiones relacionadas con un contrato o derivadas de un título

cualquiera de las obligaciones en aquellos asuntos que se originan en virtud de un negocio jurídico o que involucran un título ejecutivo.

De modo que, cuando se demanden cuestiones relacionadas con un contrato o derivadas de un título ejecutivo, podrán ser competentes, a prevención, tanto el juezRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 5

del domicilio del demandado, como el del lugar de su cumplimiento, siendo el accionante quien se encontrará facultado para elegir cuál de ellos favorecer en tal supuesto.

De esta forma, en presencia de fueros concurrentes, el juez que conozca del asunto estará llamado a plegarse a la voluntaria elección del demandante , siempre que esta se ajuste a las reglas contempladas por la normativa adjetiva, ya que, como lo destacó la Sala en AC057-2019, reiterado en AC1595-2024:

(…) el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto. Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armonía obliga a encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor. (Se resalta).

Ahora bien, en negocios mercantiles en los que existan obligaciones dinerarias, en los que las partes no establezcan expresamente el lugar de cumplimiento de aquellas, esta Corte ha señalado la necesidad de aplicar como complemento

Ahora bien, en negocios mercantiles en los que existan obligaciones dinerarias, en los que las partes no establezcan expresamente el lugar de cumplimiento de aquellas, esta Corte ha señalado la necesidad de aplicar como complemento del numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, el artículo 876 del Código de Comercio, así:

Ahora bien, tratándose de obligaciones dinerarias derivadas de un negocio mercantil, el fuero contractual del numeral 3º del artículo 28 del estatuto procesal encuentra complemento en el artículo 876 del Código de Comercio, a cuyo tenor:

«Salvo estipulación en contrario, la obligación que tenga por objeto una suma de dinero deberá cumplirse en el lugar de domicilio que tenga el acreedor al tiempo del vencimiento. Si dicho lugar es distinto al domicilio que tenía el acreedor al contraerse la obligaciónRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 6

y, por ello resulta más gravoso su cumplimiento, el deudor podrá hacer el pago en el lugar de su propio domicilio, previo aviso al acreedor.»

El precepto transcrito consagra entonces, una regla supletoria según la cual, en caso de que no se indique el lugar de pago de obligaciones dinerarias mercantiles, este corresponderá, en principio, al domicilio del acreedor al tiempo del vencimiento de la obligación. (CSJ, AC6763-2026)

3. En el caso bajo estudio, el ejecutivo se radicó ante los jueces de Bogotá, con expresa mención a que allí era «el lugar donde debe cumplirse la obligación», criterio válido y acorde al fuero establecido en el numeral 3º del artículo 28 del Código

jueces de Bogotá, con expresa mención a que allí era «el lugar donde debe cumplirse la obligación», criterio válido y acorde al fuero establecido en el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso. En esa medida, la elección del demandante de asignar el conocimiento del proceso al juez del lugar de satisfacción de la prestación fue clara, por lo que el juzgador debía plegarse a ella.

Ahora, el título ejecutivo, que en este caso es el «Acta de Desistimiento Contrato de Mutuo Comercial » de fecha 16 de septiembre de 2025, que tuvo lugar en razón al incumplimiento del contrato de mutuo comercial que se había firmado entre las mismas partes el 10 de diciembre de 2024, no especificó el lugar de cumplimiento de las obligaciones dinerarias allí contenidas. En esa medida debía e ntonces aplicarse lo establecido en el artículo 876 del Código de Comercio para determinar de manera supletiva el sitio de satisfacción de los créditos a falta de acuerdo de las partes.

Entonces, de conformidad con la norma mercantil en mención, la satisfacción del acuerdo de pago debía darse en el domicilio del acreedor al tiempo del vencimiento de laRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 7

obligación, para lo cual es necesario establecer (i) la fecha en que debía satisfacerse la prestación y (ii) el domicilio del ejecutante para esa fecha.

En primer lugar, respecto a la fecha de cumplimiento de la obligación de pago , conforme con la cláusula primera del «Acta de Desistimiento Contrato de Mutuo Comercial » el pago

ejecutante para esa fecha.

En primer lugar, respecto a la fecha de cumplimiento de la obligación de pago , conforme con la cláusula primera del «Acta de Desistimiento Contrato de Mutuo Comercial » el pago debía hacerse «en un plazo de 20 a 25 días hábiles después de firmado, notariado y autenticado». Revisado dicho documento, se advierte que la última diligencia de presentación personal data de 22 de septiembre de 2025, por lo que los 25 días hábiles se cumplían el 28 de octubre de 2025.

En segundo lugar, en relación con el domicilio de Luis Miguel Mora Rojas para el 28 de octubre de 2025 , es viable inferir que correspondía a Bogotá, puesto que: (i) en el «Acta de Desistimiento Contrato de Mutuo Comercial » fechado en septiembre de 2025 se indicó que estaba domiciliado en esa ciudad, (ii) en el poder especial con diligencia de presentación personal de fecha 26 de enero de 2026 indicó ser vecino de Bogotá, (iii) en la demanda también señaló esa ciudad como su lugar de domicilio y (iii) promovió el coercitivo en esa sede con expresa atribución de que allí estaba su residencia, domicilio y lugar de cumplimiento de la obligación.

En consecuencia, conforme con lo expuesto era dable colegir que el lugar de cumplimiento de la obligación dineraria contenida en el « Acta de Desistimiento Contrato de Mutuo Comercial» era la ciudad de Bogotá, razón por la que, ante la elección clara del ejecutante de atribuir competenciaRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 8

Comercial» era la ciudad de Bogotá, razón por la que, ante la elección clara del ejecutante de atribuir competenciaRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 8

conforme con el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, era el primer fallador el que debía adelantar el coercitivo de la referencia.

En este orden, el primer despacho judicial erró al desprenderse del asunto al aplicar el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso pues la escogencia del actor conforme con el numeral 3º de ese canon había quedado plenamente determinada y d ebía apegarse a ella. Tampoco acertó al asegurar que ante la falta de pacto expreso de cumplimiento de obligaciones en Bogotá, no podía adelantarse el litigio en esa ciudad, pues omitió aplicar las normas comerciales que suplen justamente la falta de voluntad de las partes en ese punto.

Sin embargo, el fallador de Medellín también erró en sus apreciaciones puesto que, (i) a pesar de encontrar clara la escogencia del fuero negocial por parte del accionante, solucionó la problemática conforme al numeral 1º del artículo 28 del estatuto procesal, (ii) confundió los conceptos de domicilio con lugar o dirección de notificaciones los cuales esta Corte ha señalado que tienen significados distintos (CSJ, AC5693-2026, (iii) acudió al lugar de suscripción del acta de desistimiento del contrato de mutuo comercial, así como al lugar de radicación de la demanda, sin que dichas cuestiones por sí solas comportaran criterio de asignación válido de la competencia territorial.

desistimiento del contrato de mutuo comercial, así como al lugar de radicación de la demanda, sin que dichas cuestiones por sí solas comportaran criterio de asignación válido de la competencia territorial.

Finalmente, respecto a la cláusula cuarta del título ejecutivo, según la cual las partes acordaron que « cualquierRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00 9

controversia que pudiera surgir en relación con esta acta, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de Bogotá», esta no es válida. En primer lugar, porque de considerarse que esta constituye un domicilio contractual para efectos judiciales, según el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, esta se tendría por no escrita. En segundo lugar, porque, en todo caso, conforme con el artículo 13 del Código General del Proceso, «las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o los particulares», entre esas las relacionadas con los factores y fueros de competencia.

En suma, el proceso ejecutivo debía adelantarse en Bogotá por ser ese el lugar de cumplimiento de las obligaciones dinerarias contenidas en el « Acta de Desistimiento Contrato de Mutuo Comercial », fuero seleccionado válidamente por el ejecutante.

En definitiva, era el Juzgado Ochenta y Tres Civil Municipal de Bogotá -transitoriamente Juzgado 65 de Pequeñas Causas y Competencia Múltipleel competente para conocer del proceso ejecutivo de la referencia.

4. En consecuencia, se declara que la competencia para

Municipal de Bogotá -transitoriamente Juzgado 65 de Pequeñas Causas y Competencia Múltipleel competente para conocer del proceso ejecutivo de la referencia.

4. En consecuencia, se declara que la competencia para conocer el asunto en revisión corresponde al Juzgado Ochenta y Tres Civil Municipal de Bogotá -transitoriamente Juzgado 65 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple-, sin perjuicio de las defensas que en ese litigio eventualmente se expongan, porRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06133-00

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lo que se ordenará por Secretaría remitir a este Despacho para que imprima el trámite pertinente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE:

Primero: Declarar que el Juzgado Ochenta y Tres Civil Municipal de Bogotá -transitoriamente Juzgado 65 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple - es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra sede judicial involucrada.

Tercero: Librar los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

MagistradaFirmado electrónicamente por:

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

MagistradaFirmado electrónicamente por:

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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