CSJ - AC6981-2026

AC6981-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06051-00

Bogotá D.C, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles Municipales Treinta y Seis de Medellín y Cuarto de Montería, con ocasión del conocimiento de l trámite de liquidación patrimonial de Reginaldo de Jesús Medrano Payares.

ANTECEDENTES

1. Reginaldo de Jesús Medrano Payares solicitó ante el Centro de Conciliación Avancemos Sede Medellín dar trámite a la negociación de deudas con sus acreedores «con fundamento en la Ley 1564 de 2012, especialmente en el Artículo 531 y siguientes, en el Decreto Reglamentario de 2012, y la Ley 2445 de 2025».

2. En vista del fracaso de la negociación de pasivos, la operadora de insolvencia designada dispuso el traslado de las diligencias para la apertura del proceso de liquidación patrimonial a las autoridades judiciales de la misma urbe.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06051-00

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3. El Juzgado Trece Civil Municipal de Medellín las recibió, pero en virtud de lo dispuesto en los Acuerdos CSJANTA26-81 y CSJANTA26 -111 fueron reasignadas al Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Medellín, el cual rechazó el liquidatorio porque «el domicilio del deudor es el Diagotal 14 #1b -35 Municipio de Monteria Córdoba , lugar donde reside con su esposa y municipio donde recauda su pensión como militar

rechazó el liquidatorio porque «el domicilio del deudor es el Diagotal 14 #1b -35 Municipio de Monteria Córdoba , lugar donde reside con su esposa y municipio donde recauda su pensión como militar retirado de las fuerzas militares tal y como se evidencia a fl 22 de la demanda», a donde lo remitió, ya que con ello se desvirtuaba «la manifestación contenida en la solicitud de negociación de deudas donde se indicó que residía en Medellín, en la dirección Calle 48 D No 99 B 190».

4. El receptor también se rehusó porque el remitente debió acogerlo en virtud de la regla prevista en el artículo 534 del Código General del Proceso , muy a pesar de lo que se hubiera expresado en el escrito de solicitud, pues aunque el deudor «manifestó encontrarse transitoriamente en la ciudad de Montería (Barrio San Martín) por estrictas contingencias de salud, dicha circunstancia constituye una residencia médica temporal que no desvirtúa el ánimo de permanencia ni el asiento principal de sus negocios y pasivos radicados en Medellín ». Por eso envío la s diligencias a la Corte para dirimir la disparidad de criterios.

CONSIDERACIONES

1. Atribución legal para resolver

Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; elloRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06051-00 3 según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

3 según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Sobre las reglas de competencia y la atribución territorial en el Estatuto Procesal

La pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el ordinal 1.º del artículo 28 del Código General del Proceso , foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta , exc eptivas que a su vez pueden ser:

(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el p romotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).

(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.

(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia

(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado) (CSJ, AC5363-2022; CSJ, AC2421-2023, entre otras).

3. Caso concretoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06051-00

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En esta oportunidad, el convocante dirigió su solicitud de negociación de deudas frente a su situación patrimonial adversa ante el Centro de Conciliación Avancemos Sede Medellín, donde se tramitó hasta su fracaso. Fue por eso que, agotado dicho paso preliminar , el operador de insolvencia designado remitió las diligencias a los juzgados civiles de la misma ciudad.

En ese orden, resultaba procedente dar aplicación a lo consagrado en el artículo 534 del estatuto procesal, con la reforma introducida por el artículo 6 de la Ley 2445 de 2025, según el cual la competencia de la jurisdicción ordinaria civil para el posterior liquidatorio recae en «el juez civil del domicilio del deudor o en su defecto del domicilio en donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas» -se resalta-.

Además, en el escrito inicial el deudor expresó residir en Medellín , sin que tal afirmación fuera discutida en su oportunidad por el convocante ni los acreedores para que se declarara la incompetencia del operador de insolvencia ,

Además, en el escrito inicial el deudor expresó residir en Medellín , sin que tal afirmación fuera discutida en su oportunidad por el convocante ni los acreedores para que se declarara la incompetencia del operador de insolvencia , cuando cualquier reparo sobre el particular debía ventilarse con antelación en la etapa preliminar por los intervinientes.

Por ende , al iniciarse en el Centro de Conciliación escogido las negociaciones preliminares , sin que exist ieran reparos de los comparecientes sobre su potestad para impulsar el trámite, se entiende superada cualquier objeción posterior frente a la autoridad competente para adelantar elRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06051-00 5 liquidatorio que es, como se resaltó , «donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas».

Así las cosas, el primer estrado no podía desprenderse de la tramitación con base en otra información obrante en las diligencias, sin que correspondiera a un cuestionamiento en la etapa preliminar para rebatir lo expresado en la solicitud de convocatoria para llegar a un acuerdo crediticio, pues ello contraría las reglas de procedimiento ya explicadas, más cuando, ejercida la mencionada posibilidad de elección, la competencia se torna privativa, sin que el juez pueda modificarla de oficio.

4. Conclusión

En esa medida, la autoridad de la capital de Antioquia es competente para conocer de la liquidación patrimonial.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Medellín para conocer del proceso de la referencia; en consecuencia, remítasele de inmediato la actuación.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06051-00 6

SEGUNDO. Informar lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada en la contienda y a los demás interesados.

Notifíquese y cúmplase,

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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