CSJ - AC6983-2026

AC6983-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06037-00

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Dirime la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles Municipales Sexto de Cali y de Roldanillo, con ocasión del proceso ejecutivo promovido por Casa Muebles Rivera S.A.S. contra Blanca Irene Gómez Varela.

ANTECEDENTES

1. Ante el primer despacho , la e jecutante solicit ó librar mandamiento de pago por las obligaciones representadas en dos facturas electrónicas de venta . La atribución la hizo «por el factor territorial correspondiente al lugar de cumplimiento de la obligación, de conformidad con el numeral tercero del artículo 28 del Código General del Proceso».

2. Esa autoridad rechazó la demanda porque el domicilio del deudor está en Roldanillo y el lugar de cumplimiento de la obligación es en Palmira , pero como el pago puede hacerse por internet este no aplica, razón por laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-06037-00

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cual «el competente en este caso sería el Juez 001 Civil Municipal de Roldanillo - Valle», a donde dispuso su envío.

3. El receptor también se abstuvo con el argumento de que, si el ejecutante «adelanta la acción cambiaria y opta por el lugar de cumplimiento de la obligación como factor territorial para atribuir la competencia, ésta se torna privativa, por ende, no le está permitido al juez variarla», por lo que el remitente debió acogerla

lugar de cumplimiento de la obligación como factor territorial para atribuir la competencia, ésta se torna privativa, por ende, no le está permitido al juez variarla», por lo que el remitente debió acogerla ya que si los títulos «carecen de indicación expresa sobre el lugar de cumplimiento de la obligación, debe darse aplicación al artículo 621 del Código de Comercio». En consecuencia, remitió las diligencias a esta Corporación para que dirima la disparidad de criterios.

CONSIDERACIONES

1. Atribución legal para resolver

Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Sobre las reglas de competencia y la atribución territorial en el Estatuto Procesal

La pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el ordinal 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, foro que operaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-06037-00 3

«salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.

Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:

(i) Los fueros concurrentes por elección operan,

no disponga una cosa distinta.

Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:

(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el p romotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).

(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.

(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado) (CSJ, AC5363 -2022; CSJ, AC2421-2023, entre otras).

3. Caso concreto

En asuntos como el presente convergen dos fueros de competencia que operan concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla general en el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso (domicilio del demandado) y (ii) el que establece el ordinal 3 del mismo

competencia que operan concurrentemente, a saber: (i) el previsto a manera de regla general en el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso (domicilio del demandado) y (ii) el que establece el ordinal 3 del mismo precepto (lugar de cumplimiento de la obligación).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-06037-00 4

Revisada la demanda se advierte que la competencia quedó determinada por el fuero contractual y se aportaron como títulos base de recaudo dos facturas electrónicas de venta expedidas directamente por la acreedora, de ahí que la ausencia de lugar de pago es deducible de la regla establecida en el tercer inciso del artículo 621 del Código de Comercio, según el cual «[s]i no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio» -se resalta-.

En ese escenario, como el domicilio de la demandante está en Cali conforme al certificado de existencia y representación aportado, quiere decir que ese es el sitio previsto para satisfacer l os compromisos adquiridos, lo que la legitimaba para optar por tal sede a fin de procurar el cobro, como en efecto lo hizo y debió ser respetado, ya que

(...) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su

(...) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes (CSJ, AC2738-2016, citado recientemente en AC6528-2025).

Lo anterior no se modifica por la dirección del acreedor consignada en los instrumentos , ya que la información relevante es la que reporta el organismo de inscripción, fueraRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-06037-00 5

de que no aparece estipulación expresa en el sentido de que la satisfacción del crédito fuera solo por medios electrónicos, ya que tal alcance no deriva de la expresión «Medio de Pago Otro», como desacertadamente dedujo el primer funcionario.

4. Conclusión

Respetando la elección entre fueros concurrentes que, realizó la ejecutante, al acudir al circuito judicial donde debía cumplirse lo convenido , la competencia para conocer de la acción de cobro la tiene el despacho de la capital de Valle.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali para conocer de la demanda de

Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali para conocer de la demanda de la referencia. Remítasele de inmediato el expediente.

SEGUNDO. INFORMAR lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada en la contienda y a los demás interesados.

Notifíquese y cúmplase,

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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