CSJ - AC6985-2026

AC6985-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06065-00

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito Cuarto de Medellín y Treinta y Cuatro de Bogotá, con ocasión del conocimiento del trámite de liquidación patrimonial de Karen Johana Romero Ramos.

ANTECEDENTES

1. Karen Johana Romero Ramos solicitó ante el Centro de Conciliación Cornaju de Medellín dar trámite a la negociación de deudas con sus acreedores «con fundamento en la Ley 1564 de 2012, especialmente en el Artículo 531 y siguientes y libro 2º, título 4º, capítulo 4º del Decreto 1069 del 2015 y de la Ley 2445 de 2025», advirtiendo que estaba domiciliada en dicha ciudad.

2. En vista del fracaso de la negociación de pasivos, la operadora de insolvencia designada dispuso el traslado de las diligencias para la apertura del proceso de liquidación patrimonial a las autoridades judiciales de la misma urbe.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06065-00

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3. El primer despacho requirió a la deudora informar «bajo la gravedad de juramento su domicilio actual y real, así como las razones fácticas que lo sustentan », con el fin de « determinar la competencia territorial de esta judicatura para conocer de la liquidación patrimonial de persona natural no comerciante », pero ante su silencio rechazó las diligencias y dispuso su devolución al remitente.

competencia territorial de esta judicatura para conocer de la liquidación patrimonial de persona natural no comerciante », pero ante su silencio rechazó las diligencias y dispuso su devolución al remitente.

Como con posterioridad fue advertido que sí se había obtenido oportuna respuesta de la interesada, se procedió a dejar sin efectos lo antes decidido, pero como esta «informó que su domicilio corresponde la ciudad de Bogotá» dispuso su envío a los homólogos del Distrito Capital.

4. El receptor también se rehusó porque el remitente debía acogerlo en virtud de la regla prevista en el artículo 534 del Código General del Proceso, modificado por el artículo 6 de la Ley 2445 de 2025, con mayor razón cuando la obligada manifestó que tenía «relación permanente con la ciudad de Medellín,

particularmente en la dirección CALLE 44C No. 86 – 20, en razón a asuntos laborales, personales y de entorno familiar, motivo por el cual dicha dirección ha sido utilizada dentro de diferentes actuaciones y comunicaciones», la cual concordaba con la que reportó en la solicitud de negociación de deudas. Por eso envío la s diligencias a la Corte para dirimir la disparidad de criterios.

CONSIDERACIONES

1. Atribución legal para resolverRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06065-00

3 Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código

involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Sobre las reglas de competencia y la atribución territorial en el Estatuto Procesal

La pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el ordinal 1.º del artículo 28 del Código General del Proceso , foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta , exc eptivas que a su vez pueden ser:

(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el p romotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).

(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.

(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar

procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.

(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06065-00 4 restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado) (CSJ, AC5363-2022; CSJ, AC2421-2023, entre otras).

3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, el convocante dirigió su solicitud de negociación de deudas frente a su situación patrimonial ante el Centro de Conciliación Cornaju de Medellín, donde se tramitó hasta su fracaso. Fue por eso que, agotado dicho paso preliminar , la operadora de insolvencia designada remitió las diligencias a los juzgados civiles de la misma ciudad.

En ese orden, resultaba procedente dar aplicación a lo consagrado en el artículo 534 del estatuto procesal, con la reforma introducida por el artículo 6 de la Ley 2445 de 2025, según el cual la competencia de la jurisdicción ordinaria civil para el posterior liquidatorio recae en «el juez civil del domicilio del deudor o en su defecto del domicilio en donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas» -se resalta-.

Además, en el escrito inicial l a deudora expresó estar domiciliada en Medellín , sin que tal afirmación fuera

procedimiento de negociación de deudas» -se resalta-.

Además, en el escrito inicial l a deudora expresó estar domiciliada en Medellín , sin que tal afirmación fuera discutida en su oportunidad por el convocante ni los acreedores para que se declarara la incompetencia del operador de insolvencia , cuando cualquier reparo sobre el particular debía ventilarse por los intervinientes con antelación, en la etapa previa.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06065-00 5 Por ende , al iniciarse en el Centro de Conciliación escogido las negociaciones preliminares , sin que exist ieran reparos de los comparecientes sobre su potestad para adelantarlas, se entiende superada cualquier objeción posterior frente a la autoridad competente para adelantar el liquidatorio que es, como se resaltó , «donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas».

Así las cosas, el primer estrado no podía desprenderse de la tramitación con base en el requerimiento que hizo con posterioridad al recibo de las actuaciones , máxime cuando en la respuesta brindada, a pesar de señalar la deudora que «mi domicilio principal corresponde a la ciudad de Bogotá D.C.», expuso que «también mantengo relación permanente con la ciudad de Medellín, (…) en razón a asuntos laborales, personales y de entorno familiar, motivo por el cual dicha dirección ha sido utilizada dentro de diferentes actuaciones y comunicaciones», amén de que « ambas direcciones guardan relación real y vigente con mi situación personal y de ubicación, sin que exista contradicción frente a la información aportada dentro del trámite».

Una respuesta en esos términos, frente a una exigencia

guardan relación real y vigente con mi situación personal y de ubicación, sin que exista contradicción frente a la información aportada dentro del trámite».

Una respuesta en esos términos, frente a una exigencia extraordinaria e innecesaria de la autoridad, no logra desplazar una atribución preestablecida por la ley , sin que sea procedente reexaminar lo que resultó pacífico en un comienzo en aras de rebatir lo expresado en la solicitud de convocatoria a fin de llegar a un acuerdo crediticio.

Admitirlo sería contrariar las reglas de procedimiento ya explicadas, puesto que, una vez ejercida la elección y al serRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06065-00 6 asumida por el operador designado, sin reparos de los participantes, la competencia se torna privativa, sin que el subsecuente juez pueda modificarla de oficio.

4. Conclusión

En esa medida, la autoridad de la capital de Antioquia es competente para conocer de la liquidación patrimonial.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín para conocer del proceso de la referencia; en consecuencia, remítasele de inmediato la actuación.

SEGUNDO. Informar lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada en la contienda y a los demás interesados.

Notifíquese y cúmplase,

actuación.

SEGUNDO. Informar lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada en la contienda y a los demás interesados.

Notifíquese y cúmplase,

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

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