CSJ - AC6989-2026

AC6989-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06131-00

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Municipales Promiscuo de Cumbitara y Segundo Civil de Santander de Quilichao, con ocasión del conocimiento del trámite de liquidación patrimonial de Karen Tatiana Rodríguez Melo.

ANTECEDENTES

1. Karen Tatiana Rodríguez Melo solicitó ante el Centro de Conciliación Concertemos de Envigado dar trámite a la negociación de deudas con sus acreedores «con fundamento en la Ley 1564 de 2012, especialmente en el Artículo 531 y siguientes, y en el Decreto Reglamentario 2677 del 2012 », sin informar su lugar de domicilio.

2. En vista del fracaso de la negociación de pasivos, la operadora de insolvencia designada dispuso el traslado de las diligencias para la apertura del proceso de liquidación patrimonial «al Juez Civil Municipal de Cumbitara Nariño (Reparto)», sin que justificara tal determinación.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06131-00

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3. El primer despacho rechazó el liquidatorio tras advertir que «el domicilio de la deudora se encuentra ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, conforme a lo plasmado en el poder conferido a su apoderada judicial », por lo que dispuso su envío a «los Juzgados Civiles Municipales de Santander de Quilichao – Cauca (Reparto)», en atención a lo previsto

a lo plasmado en el poder conferido a su apoderada judicial », por lo que dispuso su envío a «los Juzgados Civiles Municipales de Santander de Quilichao – Cauca (Reparto)», en atención a lo previsto en el artículo 534 del Código General del Proceso.

4. El receptor también se rehusó porque el remitente debía acogerlo, pues «al existir una declaración expresa en el expediente (Anexo 259) de que la deudora reside en la Vereda El Desierto, Cumbitara - Nariño, se activa la competencia territorial obligatoria de dicho municipio; como se evidencia claramente en el pantallazo de la información entregada por el Banco Agrario de Colombia». Por eso envío las diligencias a la Corte para dirimir la disparidad de criterios.

CONSIDERACIONES

1. Atribución legal para resolver

Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Sobre las reglas de competencia y la atribución territorial en el Estatuto ProcesalRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06131-00

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La pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el ordinal 1.º del artículo 28 del Código General del Proceso , foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia

corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el ordinal 1.º del artículo 28 del Código General del Proceso , foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta , exc eptivas que a su vez pueden ser:

(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el p romotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).

(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.

(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado) (CSJ, AC5363-2022; CSJ, AC2421-2023, entre otras).

3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, el convocante dirigió su

(numeral 7 del artículo 28, ya citado) (CSJ, AC5363-2022; CSJ, AC2421-2023, entre otras).

3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, el convocante dirigió su solicitud de negociación de deudas frente a su situación patrimonial ante el Centro de Conciliación Concertemos deRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06131-00 4 Envigado, donde se tramitó hasta su fracaso , sin embargo, sin explicación alguna la operadora de insolvencia designada remitió las diligencias a los juzgados civiles municipales de Cumbitara (Nariño) , pasando por alto que resultaba procedente dar aplicación a lo consagrado en el artículo 534 del estatuto procesal , con la r eforma introducida por el artículo 6 de la Ley 2445 de 2025, según el cual la competencia de la jurisdicción ordinaria civil para el posterior liquidatorio recae en « el juez civil del domicilio del deudor o en su defecto del domicilio en donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas» -se resalta-.

Además, en el escrito inicial la deudora guardo silencio sobre su domicilio , sin que tal conducta fuera discutida en su oportunidad por l a operadora de insolvencia ni los acreedores, cuando cualquier reparo sobre el particular debía ventilarse por los intervinientes con antelación, en la etapa pre via, por lo que se entiende superada cualquier objeción posterior frente a la autoridad competente para adelantar el liquidatorio que es, como se resaltó , la correspondiente al lugar «donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas».

objeción posterior frente a la autoridad competente para adelantar el liquidatorio que es, como se resaltó , la correspondiente al lugar «donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas».

Así las cosas, existe razón a los dos estrados involucrados en la disparidad de criterios, ya que ante la situación presentada ninguno estaba autorizado para avocar el conocimiento y el acta por la cual se declaraba el fracaso de la negociación de d eudas no era la oportunidad para reexaminar y adecuar lo que resultó pacífico en un comienzo, ya que admitirlo sería contrariar las reglas de procedimientoRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06131-00 5 explicadas, pues una vez ejercida la elección y al ser asumida por el operador designado, sin reparos de los participantes, la competencia se torna privativa, sin que este o el subsecuente juez pueda modificarla de oficio.

Lo anterior significa que, al no haberse advertido desde un comienzo falta de competencia del operador de insolvencia, con lo cual quedaba asumida a perpetuidad, el hecho de que terminara involucrando en la liquidación a dos estrados que no estaban facultados para asumirla, no impide que esta Corporación tome las medidas necesarias para dirigirla a quienes corresponde, esto es, a los jueces municipales de Envigado.

4. Conclusión

En esa medida, las autoridades que por virtud de la ley procesal son competentes para conocer de la liquidación patrimonial son los jueces de la misma sede de l centro de conciliación que agotó la etapa preliminar.

DECISIÓN

En esa medida, las autoridades que por virtud de la ley procesal son competentes para conocer de la liquidación patrimonial son los jueces de la misma sede de l centro de conciliación que agotó la etapa preliminar.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVERadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06131-00 6 PRIMERO. DECLARAR competente a los Juzgados Civiles Municipales de Envigado para conocer del proceso de la referencia; en consecuencia, remítasele de inmediato la actuación a la oficina de reparto de dicha sede judicial para su asignación.

SEGUNDO. INFORMAR lo decidido a la s autoridades judiciales involucradas en la contiend a, a los demás interesados, así como a la operadora de insolvencia, para su conocimiento.

Notifíquese y cúmplase,

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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