CSJ - AC7002-2026

AC7002-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00

Bogotá, D. C ., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito Primero de Funza y Treinta y Cinco de Bogotá, con ocasión del proceso de restitución que promovió el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldex contra Constructora Ingesa S.A.S.

ANTECEDENTES

1. La demandante persigue que se declare la terminación del contrato de « leasing financiero No. 101 -600049788, cuyo objeto está constituido por el lote número catorce (14) de la manzana F que hace parte del PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO constituido en el régimen de propiedad horizontal, situado en la Vereda Siete Trojes en jurisdicción del Municipio de Mosquera, Departamento de Cundinamarca», con la consecuente restitución del inmueble , por la mora en el pago de los cánones convenidos . En el acápite de competencia invocó «la naturaleza del asunto y por el lugar donde se encuentra el bien materia de la pretensión de restitución es usted competente para conocer de esta demanda (artículo 28, ordinal 7º del Código General del Proceso)».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00

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2. Esa autoridad se negó a asumirl a, porque como «BANCOLDEX, se trata de una Sociedad Anónima de Economía Mixta, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, emerge con

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2. Esa autoridad se negó a asumirl a, porque como «BANCOLDEX, se trata de una Sociedad Anónima de Economía Mixta, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, emerge con claridad que el competente para asumir su conocimiento, resultan ser los JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ », en virtud de lo previsto en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso , por lo que envió de las diligencias a sus homólogos en el Distrito Capital, donde la sociedad tiene su domicilio.

3. El receptor también rehusó la asignació n, pues consideró que el remitente debió acogerla porque «el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A., a pesar de ser una sociedad colombiana de economía mixta creada por la Ley 7ª del 16 de enero de 1991 (Sentencia C - 969 de 1999); se comporta en el mercado como una entidad financiera, a la que aplican las reglas del derecho privado (parágrafo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998)», de ahí que «dada la cuantía, el lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del negocio jurídico y el domicilio de las partes; es claro, compete conocer el presente asunto al Juez Civil del Circuito de Funza (Cundinamarca) », a quien devolvió las actuaciones para que las impulsara. En vista de que dicho funcionario le advirtió que ya se había pronunciado negativamente sobre el particular, reconsideró la decisión y envió el expediente a esta Colegiatura para dirimir la disparidad de criterios.

CONSIDERACIONES

vista de que dicho funcionario le advirtió que ya se había pronunciado negativamente sobre el particular, reconsideró la decisión y envió el expediente a esta Colegiatura para dirimir la disparidad de criterios.

CONSIDERACIONES

1. Atribución legal para resolverRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00

3 Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Sobre las reglas de competencia y la atribución territorial en el Estatuto Procesal

La pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el ordinal 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.

Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:

(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predi spuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado,

varias opciones predi spuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede d e ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).

(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que e llo no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 4

(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado) (CSJ, AC5363-2022; CSJ, AC2421-2023, entre otras).

3. Problemática de las acciones reales en las que intervienen entidades públicas

3.1. En asuntos de restitución de tenencia , por o en conta de una entidad pública, confluyen dos reglas de competencia territorial que el legislador calificó expresamente como privativas.

De una parte, el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso atribuye el conocimiento de tales procesos al juez del lugar donde se encuentre ubicado el bien a restituir; de otra, el numeral 10 de la misma disposición

De una parte, el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso atribuye el conocimiento de tales procesos al juez del lugar donde se encuentre ubicado el bien a restituir; de otra, el numeral 10 de la misma disposición establece que los litigios en los que sea parte una entidad pública deben ser conocidos, de manera privativa, por el juez de su domicilio.

La coexistencia de ambos criterios frente a una misma controversia genera una tensión interpretativa, en la medida en que cada una de esas reglas, co nsiderada aisladamente, conduciría a radicar el conocimiento del asunto en una autoridad judicial diferente, pese a que ambas fueron concebidas por el legislador como foros exclusivos.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 5 Surge así una hipótesis de concurrencia entre fueros privativos que el artículo 28, por sí solo, no permite resolver, puesto que dicha disposición se limita a consagrar los distintos criterios atributivos de competencia sin establecer una pauta expresa para definir cuál de ellos debe prevalecer en aquellos casos en que dos de sus numerales resultan simultáneamente aplicables.

3.2. La concurrencia de esos fueros ha sido objeto de reiterado examen por parte de la Sala, circunstancia que ha dado lugar, en términos generales, a dos orientaciones interpretativas:

La primera, a boga por la invencible prevalencia del fuero subjetivo derivado de la participación de una entidad pública en el litigio, con fundamento principal en el artículo 29 del Código General del Proceso, según el cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes»1.

fuero subjetivo derivado de la participación de una entidad pública en el litigio, con fundamento principal en el artículo 29 del Código General del Proceso, según el cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes»1.

La segunda, por el contrario, se inclina por privilegiar el fuero real, a partir de una lectura sistemática de principios constitucionales y procesales como el acceso efectivo a la administración de justicia, la igualdad de los litigantes, la inmediación judicial, la contradicción y el derecho de defensa, particularmente cuando la controversia versa sobre derechos vinculados a un inmueble determinado2.

1 Ver entre otras: CSJ, AC4272-2018; CSJ, AC4522-2018; CSJ, AC117-2019; CSJ, AC1167-2019; CSJ, AC2313-2019; CSJ, AC3108-2019 y CSJ, AC1772-2021 2 Ver, entre otras: CSJ, AC3744-2018; CSJ, AC4875-2018; CSJ, AC5051-2018; CSJ, AC162-2019; CSJ, AC277-2019; CSJ, AC616-2019; CSJ, AC1020-2019 y CSJ, AC1028-2021Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 6 En anteriores oportunidades, este Despacho se i nclinó por esta última postura, en cuanto permite evitar los inconvenientes prácticos derivados de la concentración de este tipo de litigios en el domicilio principal de las entidades públicas y favorece la proximidad entre el juez y el objeto material de la controversia. Sin embargo, a partir de una nueva revisión del problema, concluye el suscrito Magistrado

este tipo de litigios en el domicilio principal de las entidades públicas y favorece la proximidad entre el juez y el objeto material de la controversia. Sin embargo, a partir de una nueva revisión del problema, concluye el suscrito Magistrado que, en realidad, ambas construcciones resultan teóricamente insuficientes para resolver adecuadamente la cuestión.

La primera, porque asume que la sola aplicación del artículo 29 conduce necesariamente a radicar el conocimiento del asunto en el domicilio principal de la entidad pública; al paso que la segunda termina desplazando la regla legal de prevalencia establecida por el legislador mediante la invocación de principios generales que, aunque relevantes, no fueron concebidos para sustituir los criterios normativos de atribución de competencia.

Si se miran bien las cosas, se advertirá que la dificultad interpretativa no radica propiamente en determinar si el artículo 29 debe o no aplicarse, pues es precisamente esa disposición la llamada a resolver la concurrencia entre fueros privativos. El problema consiste realmente en establecer cuál es el verdadero alcance de la preferencia allí consagrada y, particularmente, qué debe entenderse por una competencia establecida «en consideración a la calidad de las partes».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 7 A juicio de este Despacho, la correcta inteligencia del precepto en cita exige superar una comprensión puramente literal de su contenido. Asumir que toda controversia en la que intervenga una entidad pública debe ser conocida invariablemente por los jueces de su domicilio principal equivaldría a reducir el alcance de la disposición a una

literal de su contenido. Asumir que toda controversia en la que intervenga una entidad pública debe ser conocida invariablemente por los jueces de su domicilio principal equivaldría a reducir el alcance de la disposición a una simple regla de localización territ orial, desatendiendo las razones que justifican su existencia dentro del sistema de asignación de competencia.

En rigor, el fundamento de la prevalencia consagrada en el artículo 29 no radica en la protección abstracta de un determinado territorio ni en e l otorgamiento de ventajas procesales injustificadas a favor de las entidades estatales. Lo que el legislador quiso privilegiar fue la consideración de los intereses públicos cuya gestión les fue encomendada a esos entes, y la adecuada prestación de los se rvicios que desarrollan en cumplimiento de los fines del Estado.

Bajo ese entendido, la calidad de la parte constituye el elemento prevalente, no porque su domicilio posea un valor intrínseco superior a cualquier otro criterio territorial, sino porque se presume que la solución que mejor consulte los intereses institucionales de la entidad será, al mismo tiempo, la que mejor satisfaga los intereses generales que esta autoridad representa.

Desde esa perspectiva, la regla de preferencia establecida en el artículo 29 no conduce necesariamente a la concentración de todos los asuntos en el domicilio principalRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 8 de la entidad pública involucrada. Lo que impone reconocer es que, en aquellos casos en los que concurran varios foros legalmente admisibles, la solución debe construirse a partir de la protección del interés público comprometido y de los

8 de la entidad pública involucrada. Lo que impone reconocer es que, en aquellos casos en los que concurran varios foros legalmente admisibles, la solución debe construirse a partir de la protección del interés público comprometido y de los principios de eficacia, eficiencia, economía procesal y buena administración de justicia que informan el ejercicio de la función jurisdiccional.

Esto explica que, en puridad, no exista incompatibilidad conceptual entre la prevalencia del factor subjetivo y la posibilidad de que el litigio sea conocido por una autoridad judicial distinta de la correspondiente al domicilio principal de la entidad pública.

Ello ocurrirá, p or ejemplo, cuando la entidad opte por promover la actuación en el lugar donde se encuentra el bien objeto del derecho real discutido, o ante los jueces de una circunscripción donde posee una agencia, sucursal o dependencia con capacidad para atender el asunto (núm. 5, art. 28, ib.). En tales hipótesis, ha de entenderse que la entidad no desconoció la prerrogativa que el ordenamiento le reconoce, sino que, por el contrario, la ejerció de la manera que considera más adecuada para la satisfacción de los fines públicos cuya realización le corresponde.

Así, cuando la entidad pública ha manifestado de forma inequívoca -expresa o implícitamentesu voluntad de acudir a uno de esos foros alternativos, dicha determinación constituye un elemento de especial relevanc ia para fijar el lugar de conocimiento del proceso, pues, a fin de cuentas, esRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 9 ella la titular de la prerrogativa que el legislador estimó

lugar de conocimiento del proceso, pues, a fin de cuentas, esRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 9 ella la titular de la prerrogativa que el legislador estimó merecedora de protección preferente y, al mismo tiempo, la llamada a representar en el caso concreto los intereses públicos que justifican la existencia del fuero subjetivo.

Desatender esa elección para imponer, de manera automática, la competencia de los jueces de su domicilio principal supondría sustituir el juicio de conveniencia realizado por el propio sujeto prote gido por la norma y, en últimas, terminaría sacrificando la finalidad que el artículo 29 pretende salvaguardar bajo el pretexto de aplicarlo.

Tampoco debe olvidarse que, al ser la justicia un servicio público esencial, su acceso y prestación debe garantizarse a todos los habitantes del territorio en condiciones de igualdad (art. 4º C.G:P.), eficacia (art. 4º Ley 270 de 1996) y eficiencia (art. 7º Ley 270 de 1996), ya que a través de ella se materializan fines esenciales del Estado como el aseguramiento de «la convivencia pacífica » y la «vigencia de un orden justo», al contribuir a la solución de los conflictos que se presentan entre los asociados (art. 2º, Constitución Política).

4. Caso concreto

Lo primero a establecer es la naturaleza de la demandante, ya que es punto de discordia de las dos autoridades si encaja en alguna de las categorías a las que

Constitución Política).

4. Caso concreto

Lo primero a establecer es la naturaleza de la demandante, ya que es punto de discordia de las dos autoridades si encaja en alguna de las categorías a las que se refiere el numeral 10 del artículo 28 del Código GeneralRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 10 del Proceso , esto es, «una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública».

El Banco de Comercio Exterior S.A. es una sociedad de economía mixta, del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito bancario, vinculada al Ministerio de Comercio Exterior 3, con un porcentaje de participación accionaria de la Nación equivalente al «99.72%»4 y domicilio principal en Bogotá5.

Lo anterior sumado a que el sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del poder público está integrada, entre otras, por «[l]as sociedades públicas y las sociedades de economía mixta»6; luego, es evidente que la gestora es una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10 del referido artículo 28, el que resulta entonces aplicable a este caso, sin que a esta conclusión se puedan oponer los argumentos relacionados con el régimen «privado» de los actos y contratos que desarrolla esa entidad.

No obstante, se advierte que Bancoldex promovió la presente acción ante l a autoridad en cuya jurisdicción se localiza el inmueble entregado en leasing financiero, ya que el municipio de Mosquera está comprendido dentro del circuito de Funza, escogiendo el foro previsto en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, con

localiza el inmueble entregado en leasing financiero, ya que el municipio de Mosquera está comprendido dentro del circuito de Funza, escogiendo el foro previsto en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, con

3 Conforme a lo dispuesto en el artículo 279 del Estatuto Orgánico del Sector Financiero, modificado por el artículo 58 de la Ley 795 de 2003. 4 Información extractada de la página web https://www.bancoldex.com/sobre-bancoldex/quienessomos/informacion-de-interes-para-accionistas-e-inversionistas-4. 5 Numeral 4 id 3. 6 Según prevén los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 11 prescindencia de acudir ante los jueces correspondientes a su domicilio principal, en atención a su calidad.

Esa elección no aparece caprichosa ni contraria a los intereses cuya protección inspira la regla de prevalencia prevista en el citado artículo 29. Por el contrario, resulta enteramente razonable si se considera que la controversia versa sobre la restitución de un predio ubicado en su zona de influencia, vicisitud que favorece la proximidad del juez con el objeto material del litigio; facilita la práctica de las actuaciones que eventualmente deban realizarse respecto del inmueble y contribuye a una prestació n más eficiente y adecuada del servicio público de administración de justicia.

Así las cosas, si la preferencia que el ordenamiento reconoce a las entidades públicas encuentra justificación en la necesidad de salvaguardar los intereses que estas representan y en permitirles gestionar de manera adecuada

Así las cosas, si la preferencia que el ordenamiento reconoce a las entidades públicas encuentra justificación en la necesidad de salvaguardar los intereses que estas representan y en permitirles gestionar de manera adecuada los asuntos sometidos a consideración judicial, ninguna razón existe para desconocer la opción procesal adoptada por la propia entidad beneficiaria de esa prerrogativa e imponerle una asignación de competencia distinta de la que estimó más conveniente para la satisfacción de tales fines.

5. Conclusión

En virtud de que la demandante optó legítimamente por promover la acción ante el juzgador d onde está ubicado el lote a restituir, el estrado competente para adelantarla es el de Funza.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06362-00 12

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Funza para conocer de las diligencias de la referencia; en consecuencia, remítasele de inmediato el expediente.

SEGUNDO. INFORMAR lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada en la contienda y a los demás interesados.

Notifíquese y cúmplase,

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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