CSJ - AC7012-2026

AC7012-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05612-00

Bogotá D.C. , veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

De conformidad con el Acuerdo n° 034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprendidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Advertido lo anterior , d ecide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de A y Trece Civil Municipal de B.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el primer despacho, X, a nombre propio y de su hija menor de edad, promovió demanda de responsabilidad civil contractual contra el Banco Y S.A. y contra Z Seguros de Vida Colombia S.A. y sustentó la competencia territorial «por el domicilio de cumplimiento de la obligación, habida cuenta que, la relación contractual o negocio jurídicoRadicación n°. 11001-02-03-000-2026-05612-00

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se celebró en el municipio de A (…) además, el domicilio de uno de los demandados (sucursal) Banco Y S.A.».

2. Esa autoridad rechazó el trámite y lo remitió a B, al considerar que esa ciudad corresponde al domicilio de las demandadas.

3. El juzgado receptor rehusó el conocimiento del asunto y suscitó conflicto de competencia, al estimar que las demandantes se encontraban habilitadas para escoger « el

al considerar que esa ciudad corresponde al domicilio de las demandadas.

3. El juzgado receptor rehusó el conocimiento del asunto y suscitó conflicto de competencia, al estimar que las demandantes se encontraban habilitadas para escoger « el lugar del domicilio de la sucursal».

II. CONSIDERACIONES

1. Esta Corporación debe dirimir el conflicto objeto de estudio, en su condición de superior funcional común y por conducto del suscrito Magistrado, por haberse suscitado entre funcionarios de distinto distrito judicial, conforme a lo dispuesto en los artícul os 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, modificado el primero por los artículos 7° de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024.

2. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso fija como regla genérica de competencia territorial el domicilio del demandado, mientras que el numeral 3° ibidem, aplicable a los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, faculta al demandante para promover la acción ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. EnRadicación n°. 11001-02-03-000-2026-05612-00

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consecuencia, en tales asuntos concurren ambos fueros, sin prevalencia de uno sobre otro, y corresponde al demandante su elección.

Tratándose de procesos dirigidos contra personas jurídicas, el numeral 5° ídem dispone que la competencia corresponde al juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando la controversia guarda relación con la actividad

su elección.

Tratándose de procesos dirigidos contra personas jurídicas, el numeral 5° ídem dispone que la competencia corresponde al juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando la controversia guarda relación con la actividad desplegada por una sucursal o agencia, la norma establece un criterio a prevención, en virtud del cual podrán co nocer indistintamente el juez del domicilio principal de la persona jurídica o el del lugar donde se encuentre la sucursal o agencia involucrada.

3. En el asunto bajo examen, las razones expuestas por el Juzgado de A no resultan suficientes para declinar el conocimiento del proceso. Ciertamente, aunque el domicilio principal de las demandadas se encuentra en B, tal circunstancia por sí sola no lo habilitaba para desprenderse de su estudio.

Lo anterior, pues, la demandante no sustentó el fuero general de los demandados ; por el contrario, invocó la existencia de una sucursal del banco en A y la relación directa de esa oficina con los negocios que dieron origen al litigio, circunstancia que puede contrastar se con los documentos aportados con la demanda, particularmente los relativos a los seguros y al crédito.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05612-00 4

De dichos anexos se advierte que la póliza fue emitida en A y que la gestión relacionada con la vinculación del asegurado a los productos financieros y de seguros cuyo cumplimiento se reclama se desarrolló a través de dicha sucursal. De ese modo, la controversia no se encuentra vinculada exclusivamente a las demandadas, sino también a la actividad desplegada por la referida sucursal, pues fue

cumplimiento se reclama se desarrolló a través de dicha sucursal. De ese modo, la controversia no se encuentra vinculada exclusivamente a las demandadas, sino también a la actividad desplegada por la referida sucursal, pues fue mediante esa oficina que se canalizó la relación negocial.

4. En consecuencia, la competencia se fijará en Curumaní, toda vez que existían elementos suficientes para examinar la procedencia del fuero previsto en el numeral 5 del artículo 28 del Código General del Proceso, aspecto que no fue objeto de valoración por parte del juzgado remitente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Primero. Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de A es el competente para continuar conociendo la causa de la referencia.

Segundo. Remitir el expediente por el medio más expedito al citado despacho para que proceda de conformidad.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05612-00 5

Tercero. Comunicar lo decidido a la otra dependencia que tuvo el asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Juan Carlos Sosa Londoño Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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