CSJ - AC7014-2026

AC7014-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00

Bogotá D.C. , veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Riohacha y Ochenta y Nueve de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá1.

ANTECEDENTES

1. Ante el primer despacho, en el año 2019, Elecnorte S.A.S. E.S.P. promovió proceso de imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica contra José Luís Pinedo Toncel, respecto del predio ubicado en Riohacha; en la que justificó la competencia «(…) por la ubicación del inmueble

(…)»2.

1 En el expediente no obra constancia, secuencia o acta de reparto que permita establecer que el conocimiento del asunto hubiese sido asignado directamente a esta célula judicial, pues la actuación aparece inicialmente radicada ante su homólogo, el Juzgado Cincuenta y Cuatro de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, bajo el número «11001-41-89-054-2025-02176-00». Tal circunstancia encuentra explicación en lo dispuesto por el Acuerdo No. CSJBTA26-12 de 20 de febrero de 2026, mediante el cual se ordenó la remisión de 654 procesos de ese despacho al estrado proponente. 2 Folio 8, archivo Pdf “001_001ExpedienteDigitalizadoDemanda.pdf”; zip

el cual se ordenó la remisión de 654 procesos de ese despacho al estrado proponente. 2 Folio 8, archivo Pdf “001_001ExpedienteDigitalizadoDemanda.pdf”; zip “11001020300020260563500-0004Expediente_remitido”; consec. 1, exp. ESAV.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 2

2. Esa autoridad judicial, admitió la demanda el 5 de febrero de 2020 y, posteriormente, citó para practicar la inspección judicial sobre el predio objeto de la litis , dejando constancia que no se pudo llevar a cabo en tanto, no se permitió ingresar al mismo .3 Durante el trámite, el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. informó que, mediante fusión, absorbió a Elecnorte S.A.S. E.S.P., solicitando que se reconociera a aquella como sucesora procesal. En proveído adiado 26 de febrero de 2025, la funcionaria accedió a dicho petitum y, acto seguido, declaró la falta de competencia y, remitió a los «juzgados civiles municipales» del Distrito Capital al considerar que «i) el domicilio principal de la entidad demandante se encuentra en la ciudad de Bogotá y ii) su naturaleza jurídica corresponde a una empresa de servicios públicos del estado y iii) la demanda versa sobre una servidumbre».4

3. Previa remisión del Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, referente sólo al factor cuantía, el Estrado receptor, también rehusó su conocimiento y promovió la colisión negativa. Señaló que el estrado guajiro adelantó varias actuaciones, entre ellas la inspección judicial, al ser

de Bogotá, referente sólo al factor cuantía, el Estrado receptor, también rehusó su conocimiento y promovió la colisión negativa. Señaló que el estrado guajiro adelantó varias actuaciones, entre ellas la inspección judicial, al ser dicho municipio la ubicación del inmueble debatido y que, conforme al principio de perpetuatio jurisdictionis y al principio de inmediación, es improcedente desprenderse del asunto por la posterior sucesión procesal , puesto que «el demandado no propuso excepciones previas relacionadas con la falta de competencia, ni recurso de reposición en ese sentido».5

3 Folios 144 al 150, op. cit. 4 Pdf “019_019AutoDeclaraFaltaCompetencia.pdf”; zip “110010203000202605635000004Expediente_remitido”; consec. 1, exp. ESAV. 5 Pdf “031_031ProponeConflictoNegativo5420250217611.pdf”; ibid.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 3

CONSIDERACIONES

1. Esta Corporación debe dirimir el conflicto objeto de estudio, en su condición de superior funcional común y por conducto del suscrito Magistrado, por haberse suscitado entre funcionarios de distinto distrito judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por los artículos 7° de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024; y 18 de esa misma Ley.

2. En el auto CSJ, AC041 -2026 esta Corporación precisó que el ordenamiento distingue entre los factores de competencia y los fueros o foros. Los primeros establecen

2024; y 18 de esa misma Ley.

2. En el auto CSJ, AC041 -2026 esta Corporación precisó que el ordenamiento distingue entre los factores de competencia y los fueros o foros. Los primeros establecen criterios generales que materializan la jurisdicción y determinan la autoridad llamada a conoc er un proceso, por lo que se clasifican en objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad. Por su parte, los segundos no constituyen factores autónomos, sino reglas de concreción del factor territorial, que permiten identificar el juez competente en una ubicación específica del territorio.

Tal diferenciación no resulta menor, pues la improrrogabilidad de la competencia únicamente se predica de los factores funcional y subjetivo; en cambio, los fueros pertenecen al factor territorial y, por regla general, no son improrrogables.

3. Desde esa perspectiva, la regla prevista en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso noRadicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00

4

consagra un factor de competencia, sino un fuero personal especial privativo que atribuye el conocimiento del proceso al juez del domicilio de la entidad pública. En el auto CSJ, AC8017-2025 esta Corte precisó que dicha regla no se restringe al domicilio principal de la entidad. Por el contrario, a partir de una interpretación extensiva, indicó que el legislador permitió considerar también domicilios secundarios en los que la entidad desarrolla sus actividades, siempre que exista una conexión entre la contr oversia y la sede vinculada con el asunto objeto del proceso.

legislador permitió considerar también domicilios secundarios en los que la entidad desarrolla sus actividades, siempre que exista una conexión entre la contr oversia y la sede vinculada con el asunto objeto del proceso.

4. Además, debe tenerse en cuenta que la regla antes descrita en algunas situaciones no opera de manera aislada, pues puede coincidir con otros parámetros privativos previstos en la misma disposición, como ocurre con el fuero real. Tal situación fue examinada en la providencia CSJ, AC041-2026, en la cual, mediante una interpretación sistemática, concluyó que debía otorgarse prelación a dicho fuero, dada la estrecha relación existente entre el litigio y el lugar de ubicación del bien. En efecto, se explicó que esa solución facilita la práctica directa de las actuaciones procesales, evita la innecesaria utilización de despachos comisorios y permite que el litigio se adelante con mayor proximidad al objeto del proceso. Asimismo, se reiteró que en tales eventos no resulta procedente acudir al artículo 29 del Código General del Proceso, pues la regla décima no consagra un factor subjetivo de competencia sino un foro territorial.

5. En ese entendido es posible aplicar el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el funcionario aprehenda elRadicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00

5

conocimiento del proceso y, luego, motu proprio quiera desdecir su actuar, so pretexto de la aplicación del canon 29 ídem, ya que como fuera dicho, el foro personal del artículo 28, numeral 10, adjetivo no entraña un factor subjetivo sino una asignación de causas en función del territorio (Cfr. CSJ

desdecir su actuar, so pretexto de la aplicación del canon 29 ídem, ya que como fuera dicho, el foro personal del artículo 28, numeral 10, adjetivo no entraña un factor subjetivo sino una asignación de causas en función del territorio (Cfr. CSJ AC8573-2025).

6. Ahora, tratándose de empresas prestadoras de servicios públicos la aplicación del foro exclusivo depende, como es natural, de la certidumbre sobre su eventual linaje público.

La Ley 142 de 1994 «por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones » distinguió en su artículo 14 entre las empresas de servicios públicas de carácter oficial, mixtas o privadas. Para tal efecto consagró que las primeras son aquellas «en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes», las segundas, «en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%» y las terceras, «cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares».

En sentencia C -736 de 2007 se analizó la constitucionalidad de esa y otras disposiciones, respecto de la naturaleza jurídica de las empresas prestadoras de servicios públicos, en la que se indicó:Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 6

constitucionalidad de esa y otras disposiciones, respecto de la naturaleza jurídica de las empresas prestadoras de servicios públicos, en la que se indicó:Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 6

«La propia Constitución Política en su artículo 365 define que la adecuada prestación de los servicios públicos está vinculada a la finalidad social del Estado, por lo cual a éste corresponde asegurar dicha prestación a todos los habitantes del territorio nacional. La misma norma indica que el régimen jurídico de los servicios públicos será el que fije la ley, y podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, pero que, en todo caso, “el Estado ma ntendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

«(…) la Corte entiende que el constituyente quiso definir que las personas o entidades que asuman la prestación de los servicios públicos tendrán no sólo un régimen jurídico especial, sino también una naturaleza jurídica especial; esta particular naturaleza y reglamentación jurídica encuentra su fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad social que es definida por la misma Carta como objetivo de la adecuada prestación de los servicios públicos. De lo anterior se desprende que cuando el Estado asume directamente o participa con los particulares en dicho cometido, las entidades que surgen para esos efectos también se revisten de ese carácter especial y quedan sujetas a la reglamentación jurídica particularmente diseñada para la prestación adecuada de los servicios públicos. Otro tanto sucede cuando los particulares asumen la prestación de servicios públicos. Así las cosas,

la reglamentación jurídica particularmente diseñada para la prestación adecuada de los servicios públicos. Otro tanto sucede cuando los particulares asumen la prestación de servicios públicos. Así las cosas, las sociedades públicas, privadas o mixtas cuyo objeto social sea la prestación de los servicios en comento, antes que socied ades de economía mixta, sociedades entre entidades públicas o sociedades de carácter privado, vienen a ser entidades de naturaleza especial, para responder así a este interés constitucional de someter esta actividad de interés social a un régimen jurídico también especial.

5.3 Las empresas de servicios públicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participación pública, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva (negrita fuera de texto).

(…) Nótese cómo una empresa de servicios públicos privada es aquella que mayoritariamente pertenece a particulares, lo cual, a contrario sensu, significa que minoritariamente pertenece al Estado o a sus entidades. Y que una empresa de servicios públicos mixta es aquella en la cual el capital público es igual o superior al cincuenta por ciento (50%), lo cual significa que minoritariamente pertenece a particulares. Así las cosas, una y otra se conforman con aporte de capital público, por lo cual su exclusión de la estructura de la Rama Ejecutiva y de la categoría jurídica denominada “entidades descentralizadas” resulta constitucionalmente cuestionable, toda vez que implica, a su vez, la exclusión de las consecuencias jurídicas derivadas de tal naturaleza jurídica, dispuestas expresamente por la Constitución.

(…) Obsérvese que si bien el legislador sólo considera

constitucionalmente cuestionable, toda vez que implica, a su vez, la exclusión de las consecuencias jurídicas derivadas de tal naturaleza jurídica, dispuestas expresamente por la Constitución.

(…) Obsérvese que si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades descentralizadas a las empresasRadicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 7

oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación indica que también son entidades descentralizadas “las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.” (Subraya la Corte). Así las cosas, de manera implícita incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obstáculo para declarar su constitucionalidad» Por su parte, la Ley 489 de 1998 «[p]or la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional (…) » dispuso en el numeral 2 del precepto 38, que hacen parte de la rama ejecutiva en el sector descentralizado por servicios, entre otras, «d) (…) las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios».

De igual forma, referente a las entidades descentralizadas el artículo 68 de ese mismo compendio estableció:

«Son entidades descentralizadas del orden nacional, los

oficiales de servicios públicos domiciliarios».

De igual forma, referente a las entidades descentralizadas el artículo 68 de ese mismo compendio estableció:

«Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiale s con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio». (subraya original del texto).

En ese contexto es claro que, «[l]as empresas de servicios públicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participación pública, son entidades descentralizadas constitucionalmente conforman la Rama Ejecutiva».Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 8

Ahora bien, basta acudir al contexto integral de esa normativa y de la sentencia en comento para dejar al descubierto que el linaje público es propio de las entidades de servicios públicos que tienen algún capital estatal y no de aquellas conformadas en su totalidad por aportes del sector privado. Así entonces, del escenario jurídico expuesto es dable colegir que, en cuanto a las privadas, existen dos tipos de sociedades, las primeras con participación societaria del Estado las cuales integran la categoría de entidades descentralizadas y las segundas, aquellas que no cuentan

colegir que, en cuanto a las privadas, existen dos tipos de sociedades, las primeras con participación societaria del Estado las cuales integran la categoría de entidades descentralizadas y las segundas, aquellas que no cuentan con aportes públicos y, por tanto, no entran a ostentar dicha calidad.

En ese orden de ideas, el Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., es una sociedad constituida por aportes estatales y de capital privado «en la cual los entes del Estado poseerán por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Consejo de Bogotá»6 datos que se extraen del sitio web oficial de esa entidad , por lo tanto, es una empresa de servicios públicos conformada con la mitad del porcentaje de capital estatal, lo que la convierte en una entidad descentralizada; por lo que, «la reciente inclusión al litigio de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., no tiene el efecto de modificar» la asignación determinada desde la configuración inicial de la litis». (CSJ, AC3521-2025).

6 https://www.grupoenergiabogota.com/gobierno-corporativo/documentos-degobierno-corporativo/estatutos-socialesRadicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 9

7. Cabe resaltar que, esta Corporación ha conocido conflictos originados en decisión d el Juzgado Primero Municipal de Riohacha dentro de procesos de la misma naturaleza – Imposición de Servidumbre de Conducción Eléctrica – y entre la s mismas partes, luego del reconocimiento de l

conflictos originados en decisión d el Juzgado Primero Municipal de Riohacha dentro de procesos de la misma naturaleza – Imposición de Servidumbre de Conducción Eléctrica – y entre la s mismas partes, luego del reconocimiento de l Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. como sucesora de Elecnorte S.A.S. E.S.P., como por ejemplo 7 CSJ, AC968120258, CSJ, AC155-20269, CSJ AC2791-202610.

En ese escenario, conviene advertir que el artículo 148 del Código General del Proceso autoriza que «[d]e oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia», siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento y concurra alguno de los supuestos allí previstos. Por tanto, ante la existencia de actuaciones de igual naturaleza y sujetos coincidentes, corresponde al funcionario verificar, en cada caso, si se satisfacen los requisitos legales para acudir a este mecanismo.

8. Descendiendo al sub judice la competencia quedó radicada desde el inicio en el estrado de Riohacha, que admitió la demanda e integró la litis11 del trámite especial de servidumbre respecto de un inmueble localizado en esa circunscripción, como lo acredita el Certificado de Tradición y Libertad del predio inmerso en el litigio .12 Por tanto, el

7 Rad. 11001-02-03-000-2026-05686-00, M.P. Juan Carlos Sosa Londoño 8 Rad. 11001-02-03-000-2025-05820-00, M.P. Francisco Ternera Barrios

7 Rad. 11001-02-03-000-2026-05686-00, M.P. Juan Carlos Sosa Londoño 8 Rad. 11001-02-03-000-2025-05820-00, M.P. Francisco Ternera Barrios 9 Rad. 11001-02-03-000-2026-00116-00, M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez 10 Rad. 11001-02-03-000-2026-01777-00, M.P. ibidem. 11 Folio 137; 147-150 y pdf “003_003MemorialDespacho.pdf”; op. cit. Pág. 1; 12 Folios 12 y 13, ib.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 10

posterior reconocimiento de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. como sucesora procesal no modificó aquella atribución; además, aun aceptando su naturaleza pública, el numeral 10 del artículo 28 del estatuto procesal consagra un foro territorial especial y no un factor subjetivo, de modo que, frente a su concurrencia con el fuero real del numeral 7° ejusdem, prevalece este último por la relación directa entre la controversia y el lugar de ubicación del bien (CSJ, AC50552026).

9. En ese orden de ideas, se remitirá al Juzgado de Riohacha para que siga conociendo de las diligencias y se comunicará a la otra dependencia judicial involucrada de la colisión que aquí queda dirimida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Primero. Declarar que el Juzgado Primero Civil

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Primero. Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Riohacha es el competente para continuar conociendo la causa de la referencia.

Segundo. Remitir el expediente por el medio más expedito al citado despacho para que proceda de conformidad.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05635-00 11

Tercero. Comunicar lo decidido a la otra dependencia que tuvo el asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 175818312F5FA94D8FF40AAB9E19C1A00BD991E7D7010111B0A904B64288009B Documento generado en 2026-10-27