CSJ - AC7015-2026

AC7015-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00

Bogotá D.C. , veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quince Civil del Circuito de Medellín y Tercero Civil del Circuito de Zipaquirá.

I. ANTECEDENTES

1. Pedro Antonio León Vanegas presentó solicitud de negociación de deudas en Medellín y fijó la competencia teniendo en cuenta que «[tiene] residencia en la Ciudad de Medellín – Antioquia y conforme a lo previsto en el artículo 533 de la Ley 1564 de 2012 y el decreto 2677 de 2012».

2. El Centro de Conciliación Corporación Nacional Auxiliares de Justicia Cornaju admitió la solicitud y en su trámite fueron presentadas objeciones, de manera tal que ordenó « trasladar el expediente al señor/a Juez civil municipal de Medellín (reparto) a fin de que resuelva de plano la objeción planteada».Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00

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3. El Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Medellín declaró la falta de competencia por el factor cuantía y remitió el expediente a los juzgados civiles del circuito de esa misma ciudad.

4. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín rechazó la competencia y remitió el expediente a Zipaquirá , al considerar que la atribución territorial corresponde privativamente al juez del domicilio del deudor y que, según la información obrante en el expediente y las verificaciones

rechazó la competencia y remitió el expediente a Zipaquirá , al considerar que la atribución territorial corresponde privativamente al juez del domicilio del deudor y que, según la información obrante en el expediente y las verificaciones efectuadas por ese despacho, dicho domicilio se encuentra en Cajicá y no en la capital de Antioquia.

5. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Zipaquirá declaró su incompetencia y suscitó conflicto negativo de esta especie, al estimar que no se podía desconocer el domicilio que el deudor había señalado expresamente en la solicitud, por lo que el conocimiento del trámite correspondía al despacho anterior.

II. CONSIDERACIONES

1. Esta Corporación debe dirimir el conflicto objeto de estudio, en su condición de superior funcional común y por conducto del suscrito Magistrado, por haberse suscitado entre funcionarios de distinto distrito judicial, conforme a lo dispuesto en los artícul os 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, modificado el primero por los artículos 7° de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00

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2. La insolvencia de la persona natural no comerciante tiene como finalidad facilitar la recuperación económica del deudor y la normalización de sus relaciones crediticias mediante la negociación de deudas, la convalidación de acuerdos privados o la liquidaci ón patrimonial. Cabe precisar que los primeros constituyen trámites orientados a la resolución pacífica y ordenada de los

crediticias mediante la negociación de deudas, la convalidación de acuerdos privados o la liquidaci ón patrimonial. Cabe precisar que los primeros constituyen trámites orientados a la resolución pacífica y ordenada de los conflictos, mientras que la última corresponde a un proceso jurisdiccional autónomo y no a una simple prolongación del trámite conciliatorio.

En ese contexto, el numeral 8° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra un fuero territorial privativo radicado en el domicilio del deudor, de manera que la competencia no puede quedar sometida a la libre escogencia de las partes ni alterars e por actuaciones adelantadas en sede extrajudicial, pues el legislador atribuyó de forma exclusiva el conocimiento de estos asuntos al juez del domicilio del insolvente.

Ahora bien, dicha norma debe interpretarse juntamente con el artículo 534 ibidem, modificado por el 6° de la Ley 2445 de 2025, según el cual:

De las controversias previstas en los artículos 549, 552, 557 y 560 conocerá, en única instancia, el juez civil del domicilio del deudor o en su defecto del domicilio en donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o convalidación del acuerdo. Cuando el monto total del capital de los pasivos relacionados por el deudor en la solicitud no supere la menor cuantía, la competencia será del juez municipal, y cuando sea de mayor cuantía lo será el del circuito.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00 4

En los mismos términos, dichos jueces serán competentes para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial.

circuito.Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00 4

En los mismos términos, dichos jueces serán competentes para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial.

De la lectura de ambas disposiciones se desprende que el legislador mantuvo como regla principal y prevalente el domicilio del deudor, por ende, la referencia al « domicilio en donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas » constituye apenas un criterio subsidiario aplicable únicamente «en su defecto ». Sin embargo, una interpretación puramente literal y aislada de esa última expresión conduciría al desatino de entender que el criterio excepcional opera en defecto del domicilio del deudor, como si este pudiera simplemente no existir, cuando precisament e el domicilio constituye uno de los atributos de la personalidad jurídica. De allí que la expresión « en su defecto » no pueda comprenderse como una autorización para desconocer el domicilio efectivo del insolvente, ni para sustituirlo discrecionalmente por el lugar escogido para adelantar la negociación.

Incluso, dicha cláusula también debe interpretarse con el artículo 533 del Código General del Proceso, modificado por el 5° de la Ley 2445 de 2025, el cual prevé expresamente «[c]uando en el municipio del domicilio del deudor no existan centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho ni notaría que tenga lista de conciliadores inscritos, el deudor podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cua lquier centro de conciliación que lo esté o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo

notaría que tenga lista de conciliadores inscritos, el deudor podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cua lquier centro de conciliación que lo esté o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente».Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00 5

Así, el criterio subsidiario previsto en el artículo 534 está concebido para aquellos eventos en los que, pese a existir un domicilio cierto del deudor, en ese municipio no haya centros de conciliación autorizados ni notarías con lista de conciliadores ins critos, circunstancia que obliga al solicitante a promover la negociación en otro lugar. Solo en esa hipótesis excepcional cobra relevancia el sitio donde efectivamente se adelantó la negociación o convalidación.

En conclusión, dicho precepto no eliminó el fuero privativo previsto en el numeral 8° del artículo 28 del Código General del Proceso, sino que estableció un criterio subsidiario únicamente cuando, en el municipio del domicilio deudor, no existan las entida des habilitadas para adelantar la negociación de deudas o la convalidación de acuerdos privados.

3. En el caso concreto, las razones expuestas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Zipaquirá no resultan suficientes para desprenderse del conocimiento del asunto, como pasa explicarse.

En primer lugar, porque el solicitante no afirmó tener su domicilio en Medellín, sino su residencia en esa ciudad. Dicha distinción no es irrelevante, pues, como se explicó el fuero privativo previsto en el numeral 8° del artículo 28 del

En primer lugar, porque el solicitante no afirmó tener su domicilio en Medellín, sino su residencia en esa ciudad. Dicha distinción no es irrelevante, pues, como se explicó el fuero privativo previsto en el numeral 8° del artículo 28 del Código General del Proceso se estructura a partir del domicilio del deudor y no de su mera residencia. Por tanto, la manifestación contenida en la solicitud inicial noRadicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00 6

constituía, por sí sola, prueba concluyente acerca del factor territorial.

En segundo término, se observa que, durante el control de legalidad que fue realizado por la conciliadora, varios acreedores solicitaron precisar el domicilio del deudor, ocasión ante la cual este aportó un contrato de arrendamiento relativo a un inmueble ubicado en Medellín. Sin embargo, del examen de dicho documento se advierte que este intervino en calidad de fiador, circunstancia que, aisladamente considerada no permite inferir que aquel constituyera su asiento principal ni acreditar el ánimo de permanencia exigido para estructurar el domicilio.

Por el contrario, los elementos obrantes en el expediente ofrecen mayor respaldo a la conclusión acogida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín. Lo anterior, pues se encuentra acreditado que el deudor es propietario de un establecimiento de c omercio ubicado en Cajicá, circunstancia que constituye una presunción del ánimo de permanencia y, por ende, de la existencia de vínculos concordantes con el concepto de domicilio previsto en el Código Civil.

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que entre los

circunstancia que constituye una presunción del ánimo de permanencia y, por ende, de la existencia de vínculos concordantes con el concepto de domicilio previsto en el Código Civil.

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que entre los acreedores se encuentra el m unicipio de Cajicá, entidad territorial favorecida por el fuero privativo previsto en el numeral 10° del artículo 28 ibidem. Así, aun bajo ese criterio atributivo de competencia, el conocimiento recaería en los jueces de ese circuito judicial, circunstancia que excluyeRadicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00 7

cualquier necesidad de resolver una eventual concurrencia de fueros, por cuanto ambos apuntan a la misma sede territorial.

Finalmente, llama la atención que la providencia mediante la cual el juzgado de Zipaquirá suscita el conflicto reproduce apartes de un asunto diferente al aquí examinado, pues hace referencia a un deudor identificado como « Héctor Augusto Ortega Carrascal» y a un domicilio ubicado en Bogotá, elementos fácticos completamente ajenos a la presente actuación. Dicha circunstancia resta fuerza persuasiva a la motivación ofrecida para rechazar la competencia, en la medida en que los fundamentos empleados no corresponden con las particularidades del caso sometido a decisión.

4. Así las cosas, no se advierte razón suficiente para desvirtuar la conclusión alcanzada por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín respecto de la ubicación del domicilio del deudor en Cajicá, motivo por el cual la competencia para conocer de la co ntroversia prevista en el

desvirtuar la conclusión alcanzada por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín respecto de la ubicación del domicilio del deudor en Cajicá, motivo por el cual la competencia para conocer de la co ntroversia prevista en el artículo 552 del Código General del Proceso recae en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Zipaquirá, al que se remitirá el expediente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,Radicación n°. 11001-02-03-000-2026-05896-00 8

RESUELVE

Primero. Declarar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Zipaquirá es el competente para continuar conociendo la causa de la referencia.

Segundo. Remitir el expediente por el medio más expedito al citado despacho para que proceda de conformidad.

Tercero. Comunicar lo decidido a la s otras dependencias que tuvieron el asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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