CSJ - AC7025-2026

AC7025-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

Bogotá, D. C ., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se decide sobre la idoneidad del escrito que presentó Luisa Fernanda Valencia Abad para subsanar el recurso extraordinario de revisión que promovió contra la sentencia que el 24 de febrero de 2026 profirió la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Di strito Judicial de Pereira, en el proceso verbal de rendición provocada de cuentas que José Fernando Abad Jaramillo promovió contra la ahora recurrente, al cual fue vinculada Patricia Abad Jaramillo como litisconsorte necesaria (rad. 66001 -31-03-003-201900084-00).

ANTECEDENTES

1. Mediante providencia CSJ, AC6545-2026, se inadmitió la demanda para que, entre otros aspectos 1, la recurrente precisara los hechos que, en su criterio, sirven de fundamento a la causal octava del artículo 355 del Código

General del Proceso.

1 Relacionados con la explicación y acreditación de la forma en que se obtuvieron las direcciones electrónicas de los demandados, en atención a las prescripciones del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

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En ese proveído se advirtió que la demanda no explicaba «cómo la eventual falta de sustentación de la alzada en segunda instancia involucraría un vicio invalidante por falta de competencia funcional», pues la misma recurrente reconocía que la

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En ese proveído se advirtió que la demanda no explicaba «cómo la eventual falta de sustentación de la alzada en segunda instancia involucraría un vicio invalidante por falta de competencia funcional», pues la misma recurrente reconocía que la apelación la había resuelto la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en su condición de superior funcional del juzgado de primer grado; y tampoco « cómo puede considerarse “legalmente concluido” un proceso en el que la apelación fue admitida y nunca se declaró desierta, ni por qué podría hablarse de una pretermisión íntegra de la segunda instancia cuando, según el propio relato, esta efectivamente se surtió». Se le pidió, además, que precisara «el contenido de la providencia de 12 de julio de 2022 (en particular, si en ella se corrió traslado de los reparos que se tuvieron como sustentación) y lo que ocurrió con posterioridad a esa decisión».

Además, como según el relato de la propia demanda, la decisión de tener por sustentada la apelación se adoptó en la providencia de 12 de julio de 2022, se le indicó a la impugnante que debía «(i) precisar la naturaleza y el contenido de la providencia de 12 de julio de 2022, la fecha y la forma en que se notificó y si contra ella interpuso algún recurso; (ii) indicar si, en el tiempo que transcurrió entre esa providencia y la sentencia, solicitó la nulidad de lo actuado o puso de presente de algún otro modo la irregularidad ante el ad quem, en especial al comparecer a la audiencia de reconstrucción del expediente que se celebró el 30 de julio de 2025; y (iii) explicar, a la luz

actuado o puso de presente de algún otro modo la irregularidad ante el ad quem, en especial al comparecer a la audiencia de reconstrucción del expediente que se celebró el 30 de julio de 2025; y (iii) explicar, a la luz de esas circunstancias, por qué el vicio debe entenderse originado en la sentencia y por qué no se habría saneado (arts. 135 y 136, C.G.P.)».

Y como la recurrente apoyó en la providencia CSJ, AC2038-2020 su aserto de que el fallo no era susceptible deRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

3 casación, se le recordó que fue justamente en ese proveído que la Sala señaló que « ninguna duda surge en torno a que por vía de casación es impugnable la primera decisión definitiva (la de la fase inicial) que se dicta en el proceso en mención », razón por la cual tendría que «explicar con mayor detalle por qué, pese a lo anterior, la sentencia que pretende invalidar no era susceptible del recurso extraordinario de casación».

2. El 13 de octubre de 2026, a las 4:59 p.m., el apoderado de la recurrente radicó un escrito con el que pretendió subsanar esas deficiencias e integrar la demanda

en un solo texto. En lo que aquí interesa, allí:

2.1. Reorganizó la censura en dos cargos, ambos al amparo de la causal octava: el primero, por haberse resuelto de fondo una apelación que no fue sustentada, lo que, en su criterio, privó al tribunal de competencia funcional y configuró la nulidad por revivir u n proceso legalmente

amparo de la causal octava: el primero, por haberse resuelto de fondo una apelación que no fue sustentada, lo que, en su criterio, privó al tribunal de competencia funcional y configuró la nulidad por revivir u n proceso legalmente concluido y pretermitir íntegramente la instancia (inc. 1, art. 16, y num. 2, art. 133, C.G.P.); y el segundo, por haberse omitido la oportunidad de contradicción de la parte no apelante (num. 6, art. 133, ib.).

2.2. Insistió en que, ante la falta de sustentación, la única decisión que la ley le permitía al tribunal era declarar desierta la alzada, de manera que, al resolverla de fondo, «ejerció una función (…) que la ley no le tenía asignada en esas circunstancias». Añadió que, en « [f]irme la sentencia de primera instancia por deserción del recurso no sustentado, el proceso quedó legalmente concluido en lo que a esa instancia respecta », y que esaRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

4 nulidad es insaneable por mandato del parágrafo del artículo 136 del Código General del Proceso.

2.3. Frente al cargo segundo, precisó que la nulidad que invoca « no consiste, por tanto, en la ausencia absoluta de todo traslado, sino en que el traslado surtido, por su objeto, fue estructuralmente insuficiente para activar la garantía que el artículo 133, numeral 6°, del CGP protege».

2.4. En lo que atañe al origen del vicio, sostuvo que la

estructuralmente insuficiente para activar la garantía que el artículo 133, numeral 6°, del CGP protege».

2.4. En lo que atañe al origen del vicio, sostuvo que la deserción del recurso «no es una sanción que opere de pleno derecho con el solo transcurso del término sin sustentación: es una consecuencia procesal que debe ser declarada por el juzgador competente», de suerte que «[a]ntes del 24 de febrero de 2026 no existía, por tanto, ningún vicio que alegar »; y que, por esa misma razón, la audiencia de reconstrucción del expediente de 30 de julio de 2025, a la que compareció, no pudo sanear una nulidad que aún no había nacido.

2.5. Sobre la procedencia de la casación, admitió que «[n]o se discute que, en abstracto, conforme a CSJ AC2038 -2020, la casación sea el recurso llamado a atacar decisiones como la sentencia SC0025-2026», pero señaló que ese medio de impugnación « no era un medio disponible en la práctica, dentro del término legal, frente a esa sentencia concreta, porque a la fecha de su ejecutoria (3 de marzo de 2026) no existía todavía un interés económico cuantificado » que superara el umbral de los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes que exigen los artículos 338 y 339 del Código General del Proceso.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

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3. Con posterioridad, el apoderado de la recurrente remitió otros tres correos electrónicos con documentos e información adicionales, que se recibieron el 13 de octubre

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3. Con posterioridad, el apoderado de la recurrente remitió otros tres correos electrónicos con documentos e información adicionales, que se recibieron el 13 de octubre de 2026 después de las 5:00 p.m. y el 14 de octubre siguiente.

CONSIDERACIONES

1. Se rechazará la demanda de revisión en referencia, en consideración a que los defectos que se anotaron en el auto inadmisorio, específicamente los atinentes a la carga argumentativa que debía atender la recurrente, no fueron cabalmente superados.

De manera preliminar, conviene precisar que el siguiente análisis se circunscribirá al escrito subsanatorio que se recibió a las 4:59 p.m. del 13 de octubre de 2026, que corresponde al último de los cinco días con los que contó la actora para atender las e xigencias que se le hicieron en el auto inadmisorio del pasado 2 de octubre (notificado, por estado, el día 5 siguiente). Los memoriales que se allegaron después de esa fecha no pueden tenerse en cuenta, puesto que los términos que la ley señala para los actos de las partes son perentorios e improrrogables (art. 117, C.G.P.) y los mensajes de datos solo se entienden presentados oportunamente si se reciben antes del cierre del despacho del día en que vence el término (art. 109, ib.).

2. Tal como expresamente se le indicó a la memorialista en el referido proveído de inadmisión, laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

6 viabilidad de tramitar su censura extraordinaria estaba

memorialista en el referido proveído de inadmisión, laRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

6 viabilidad de tramitar su censura extraordinaria estaba condicionada a que el sustrato fáctico de la demanda se adecuara, con nitidez, a la causal de revisión que se invocó como su fundamento.

También allí se recalcó que, tratándose de la causal octava, «el vicio debe aparecer con la sentencia, y no con una actuación o trámite que le anteceda. Por lo tanto, en aquellos eventos en que la causal de nulidad se presente con anterioridad al fallo, no tendrá aplicabilidad la causal octava de revisión » (CSJ, SC 29 jul. 1995, rad. 4875, reiterada en CSJ, SC 19 dic. 2012, exp. 201002199, y CSJ, SC2845-2020); exigencia que se acompasa con la regla general según la cual las nulidades deben alegarse antes de que se dicte sentencia, salvo que ocurran en ell a (art. 134, C.G.P.).

2.1. Sobre este particular, la recurrente insiste en que el vicio solo nació el 24 de febrero de 2026, cuando el tribunal, en lugar de declarar desierta la apelación, la resolvió de fondo.

Sin embargo, su propio relato desmiente esa afirmación, en la medida en que en el escrito de subsanación transcribió el pasaje de la sentencia en el que el ad quem dejó constancia de que, « [a]dmitido el recurso en esta instancia el recurrente no sustentó dentro del término establecido por el decreto 806

transcribió el pasaje de la sentencia en el que el ad quem dejó constancia de que, « [a]dmitido el recurso en esta instancia el recurrente no sustentó dentro del término establecido por el decreto 806 de 2020, por lo que conforme a la providencia fechada 12 de julio de 2022, y conforme a la tesis que regía en ese momento, de los reparos presentados en la primera instancia se extraen argumentos suficientes para considerarlos como sustentación de la alzada », y a renglón seguido explicó que, « mediante providencia del 12 de julio deRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

7 2022, el Tribunal Superior de Pereira tuvo por sustentación de la alzada los cuatro (4) reparos que el apelante había formulado ante el a quo ». Más adelante, al referirse a la audiencia de reconstrucción del expediente, reconoció que la falta de sustentación del recurso y la consiguiente omisión del traslado quedaron «consumadas años antes, a partir del momento procesal siguiente al auto del 12 de julio de 2022».

Lo anotado en precedencia pone de manifiesto que la determinación que, en criterio de la impugnante, vició el trámite de la segunda instancia (tener por sustentada la apelación con los reparos expuestos ante el juez de primer grado) no se adoptó realmente en la sentencia, sino más de tres años y medio antes, en una providencia que el fallo de 24 de febrero de 2026 se limitó a reseñar en el acápite dedicado al trámite del recurso.

El hecho de que la sentencia diera cuenta de esa decisión o que en ella el tribunal hubiera señalado que no

24 de febrero de 2026 se limitó a reseñar en el acápite dedicado al trámite del recurso.

El hecho de que la sentencia diera cuenta de esa decisión o que en ella el tribunal hubiera señalado que no advertía irregularidades que invalidaran lo actuado no traslada al fallo el origen o nacimiento del eventual vicio, pues, si así fuera, cualquier anomalía anterior a la sentencia tendría que entenderse originada en ella, en la medida en que todo fallo presupone la validez de la actuación que le precede; conclusión que privaría de sentido la distinción que la jurisprudencia ha trazado entre la nulidad que surge en el acto mismo de sentenciar y la « nulidad del proceso nacida antes de proferir en éste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada» (CSJ, SC9228-2017).Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

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Y en lo que concierne a lo ocurrido con posterioridad a esa providencia del 12 de julio de 2022, ha de verse que la propia impugnante reconoció que, el 30 de julio de 2025, compareció a la audiencia de reconstrucción del expediente que programó el magistrado sustanciador «sin proponer, discutir, ni mucho menos convalidar la nulidad que hoy se demanda »; manifestación que, lejos de explicar por qué la irregularidad no se habría saneado, confirma que, después de ocurrida, la recurrente actuó en el proceso sin alegarla (inc. 2, art. 135,

manifestación que, lejos de explicar por qué la irregularidad no se habría saneado, confirma que, después de ocurrida, la recurrente actuó en el proceso sin alegarla (inc. 2, art. 135, y núm. 1, art. 136, C.G.P.).

2.2. Igual suerte corre el alegato que se ventiló por conducto del denominado « cargo segundo », puesto que el traslado cuya omisión se denuncia es una actuación que, por mandato del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, debe surtirse antes de que se dicte la sentencia de segunda instancia, de manera que su eventual pretermisión se habría producido en el trámite previo al fallo.

No olvida el Despacho que la recurrente intentó sortear esa dificultad alegando que la nulidad « solo se tornó procesalmente relevante y exigible como fundamento de revisión una vez el Tribunal la convirtió en la premisa de su decisión de fondo »; razonamiento que confunde el momento en que se produce la irregularidad con aquel en que se despliegan sus efectos, que es precisamente la distinción en la que descansa la causal octava.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

9 A lo anterior se suma que la impugnante tampoco aclaró, como se le pidió, si el traslado se corrió o no, pues en un apartado afirma que la nulidad « no consiste, por tanto, en la ausencia absoluta de todo traslado, sino en que el traslado surtido, por su objeto, fue estructuralmente insuficiente » y en otro, que « esa garantía no se cumplió en absoluto » y que la sentencia « falta a la

ausencia absoluta de todo traslado, sino en que el traslado surtido, por su objeto, fue estructuralmente insuficiente » y en otro, que « esa garantía no se cumplió en absoluto » y que la sentencia « falta a la verdad» cuando registra que la parte no recurrente guardó silencio.

3. La recurrente tampoco logró explicar por qué la decisión de tener por sustentada la apelación con los reparos formulados ante el juez a quo alteró la competencia funcional del tribunal y no simplemente las reglas del trámite del recurso.

En esta materia, el escrito de subsanación se apoyó en las sentencias CC, SU-418/19 y CC, T-350/24 de la Corte Constitucional, de las que se extrajo que « la competencia del superior se circunscribe a las actuaciones que se surtan ante él»2. Pero esos pronunciamientos, según los apartes que la propia memorialista transcribe, se ocuparon de definir ante quién y en qué oportunidad debe sustentarse la apelación y cuál es la consecuencia de no hacerlo, que no es otra que la declaratoria de deserción del recurso; consecuencia que el numeral 3 del artículo 322 del Código General del Proceso y el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 asignan, precisamente, al juez de segunda instancia.

2 Págs. 7 y 40, ibidem.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

10 Nada hay en esos precedentes que permita sostener que el incumplimiento de la susodicha carga altera el « reparto de funciones entre los juzgadores en razón al grado que tienen asignado dentro del proceso », que es lo que define el factor funcional

10 Nada hay en esos precedentes que permita sostener que el incumplimiento de la susodicha carga altera el « reparto de funciones entre los juzgadores en razón al grado que tienen asignado dentro del proceso », que es lo que define el factor funcional según insistentemente lo ha precisado esta Corporación (entre otras, en CSJ, SC4174 -2021, reiterada en CSJ , SC032-2024).

Por el contrario, en la misma sentencia cuestionada, cuyo texto transcribió la recurrente, se indicó que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira actuaba « como superior jerárquico de la a quo (art. 31 -1 del CGP) », lo que confirmaría, en los términos de la misma censura, que la alzada la decidió la autoridad a la que la ley le atribuye esa función. Bajo ese entendido, con independencia de si fue, o no, acertada la decisión de tener por sustentado el recurso con los reparos que el apelante expuso en primera instancia (aspecto sobre el cual no le corresponde pronunciarse a la Corte en esta sede) resulta claro que lo que la recurrente cuestiona es la manera en que el ad quem aplicó las reglas que gobiernan el trámite de la apelación de sentencias, no la aptitud legal de esa colegiatura para resolver la alzada.

4. Algo similar ocurre con la nulidad que, a juicio de la actora, se habría producido por revivir un proceso legalmente concluido (núm. 2, art. 133, C.G.P.).

Véase que, para sustentar esa alegación, la memorialista partió de la premisa de que, en «[f]irme la sentencia

legalmente concluido (núm. 2, art. 133, C.G.P.).

Véase que, para sustentar esa alegación, la memorialista partió de la premisa de que, en «[f]irme la sentencia de primera instancia por deserción del recurso no sustentado, el procesoRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

11 quedó legalmente concluido »; pero, al mismo tiempo, para sostener que el vicio se originó en el fallo, afirmó que la deserción «no es una sanción que opere de pleno derecho» y que «debe ser declarada por el juzgador competente».

Esos dos planteamientos son abiertamente contradictorios e infractores, por ende, de la carga de claridad y precisión que aquí debía atenderse con rigor, puesto que si, como lo reconoce la propia impugnante, la deserción nunca se declaró, la sentencia de primer grado no cobró firmeza y el proceso no podía tenerse por concluido cuando se dictó el fallo de segunda instancia.

5. Y en lo que atañe a la pretermisión íntegra de la segunda instancia, el escrito de subsanación no respondió el reparo que sobre el particular se formuló en el auto inadmisorio, pues, según el mismo relato de la impugnante, esa instancia efectivamente se su rtió: el recurso se admitió el 12 de julio de 2022, el magistrado sustanciador convocó y adelantó una audiencia de reconstrucción del expediente a la que ella compareció, y se dictó sentencia. La omisión de una oportunidad específica dentro de ese trámite, como el traslado de la sustentación, encuentra regulación en una

adelantó una audiencia de reconstrucción del expediente a la que ella compareció, y se dictó sentencia. La omisión de una oportunidad específica dentro de ese trámite, como el traslado de la sustentación, encuentra regulación en una causal distinta (núm. 6, art. 133, ib.), que es justamente la que se invoca en el cargo segundo y que, como viene de verse, no se habría originado en la sentencia.

6. Por último, incumbe recalcar que la recurrente tampoco explicó por qué la sentencia que pretende invalidar no era susceptible del recurso de casación, presupuesto sinRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

12 el cual la causal octava no puede configurarse, pues, como lo ha precisado la Sala, si contra el fallo procedían mecanismos de censura como ese, « la irregularidad deberá alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que, si la respectiva impugnación no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio» (CSJ, SC9228-2017).

De hecho, en el escrito de subsanación la misma memorialista admitió que, conforme a la providencia CSJ, AC2038-2020, la casación sí es un mecanismo idóneo para atacar sentencias como la que aquí se cuestiona (dictada en la primera fase de un juicio de ren dición de cuentas); contingencia cuyos efectos en revisión trató de evadir, proponiendo distinguir entre la procedencia « en abstracto» del recurso y su disponibilidad «en la práctica» y pretextando que, al momento de la ejecutoria del fallo que acá se ataca, no existía un interés económico cuantificado que superara el

proponiendo distinguir entre la procedencia « en abstracto» del recurso y su disponibilidad «en la práctica» y pretextando que, al momento de la ejecutoria del fallo que acá se ataca, no existía un interés económico cuantificado que superara el umbral legal.

La distinción que en esos términos planteó la convocante no resulta apta para superar las deficiencias argumentativas que se advierten en la formulación de esta causal, principalmente, porque la ausencia de una condena dineraria expresa en la sentencia no es una circunstancia que, por sí sola, torne inviable el recurso extraordinario de casación (según se recalca en el pronunciamiento que la misma actora trajo a cuento), ni la cuantificación de ese interés dependía de que más adelante se decretaran medidas cautelares en el trámite de ejecución, como parece entenderlo la recurrente al señalar que la cuantía «solo se materializó» conRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

13 el auto de 30 de junio de 2026, que decretó el embargo de sus dineros hasta por $2.757.703.068.

No sobra agregar que la impugnante no llegó a intentar, siquiera, la formulación del recurso de casación, de manera que su afirmación de que no habría superado el umbral legal no pasa de ser una conjetura, que además no explica por qué los elementos que ya obraban en el expediente, entre ellos la estimación bajo juramento de $1.838.468.712 que la parte demandante hizo en su demanda, sumado a la advertencia que se consignó en la sentencia, según la cual, si no se

los elementos que ya obraban en el expediente, entre ellos la estimación bajo juramento de $1.838.468.712 que la parte demandante hizo en su demanda, sumado a la advertencia que se consignó en la sentencia, según la cual, si no se rendían las cuentas, tendría que ordenarse « pagar lo estimado en la demanda»; no habrían permitido establecer el valor de la resolución que le fue desfavorable a quien aquí recurre; circunstancias estas que, por resultar indispensables para dotar de verosimilitud la causal de revisión invocada en la demanda, necesariamente debió ser suficientemente explicada en el memorial de subsanación.

7. Precisión final

Es importante reiterar, a tono con lo que sobre este particular se advirtió en el auto de inadmisión, que el análisis que en esta oportunidad efectuó la Corte no involucra en manera alguna un estudio de fondo o una definición sobre los aspectos probatorios y procesales del litigio que acá interesa, sino una verificación formal de las exigencias técnicas que se requieren para que resulte viable admitir a trámite un recurso de revisión.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

14 Por esa misma razón, no es de recibo la afirmación de la memorialista según la cual el auto inadmisorio exigió requisitos que exceden los previstos en la ley, « incurriendo en denegación de justicia» y en un «defecto procedimental por exceso ritual manifiesto». Los requerimientos que allí se le hicieron se desprenden directamente del numeral 4 del artículo 357 del estatuto procesal, según el cual la demanda debe contener

denegación de justicia» y en un «defecto procedimental por exceso ritual manifiesto». Los requerimientos que allí se le hicieron se desprenden directamente del numeral 4 del artículo 357 del estatuto procesal, según el cual la demanda debe contener «la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento », y se dirigieron, precisamente, a que la recurrente explicara cómo el relato que ofreció se ajustaba a los elementos estructurales de la causal octava.

Insiste el suscrito Magistrado en que, dada la naturaleza extraordinaria de este mecanismo de impugnación, resultaba indispensable que el promotor de la demanda atendiera la exigente y cualificada carga argumentativa que reposaba sobre sus hombros, en orden a construir una plataforma fáctica que, en caso de llegarse a corroborar en los puntuales términos en que fue esgrimida, conduciría necesariamente al decaimiento del fallo censurado.

El recurso de revisión no fue previsto para averiguar qué irregularidades pudieron haberse cometido a la hora de dictar la sentencia que por esta vía se cuestiona, sino para establecer si las específicas anomalías que denuncia el impugnante (que deben enmarcarse en al menos una de las causales de revisión que taxativamente previó el legislador) fueron, o no, cometidas.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

15 Es justamente por ello que la admisión de un recurso como el de la referencia supone un escenario fáctico que, al menos en principio, devele con claridad la configuración de alguno de los supuestos que contempla el artículo 355 del

15 Es justamente por ello que la admisión de un recurso como el de la referencia supone un escenario fáctico que, al menos en principio, devele con claridad la configuración de alguno de los supuestos que contempla el artículo 355 del estatuto procesal, pues de lo contrario resultaría inane el adelantamiento del proceso, en la medida en que, por más acuciosa que pudiera ser la fase instructiva que eventualmente se lleve a cabo, la demanda estaría – inevitablementecondenada a fracasar.

En esa dirección ha recabado la Sala en que:

si el censor se limita a expresar la causal o causales de revisión que pretende hacer valer, pero sin explicitar idóneamente los elementos fácticos que la estructurarían, el libelo no puede servir para que la Corte adelante el trámite correspondiente; de tolerarse la mera enunciación de unos ‘hechos’, sin ponderarse su ‘concreción’, ‘simetría’ e ‘idoneidad’, seguramente (…) ‘tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ, AC 5 abr. 2010, exp. 2009-02240; reiterado, entre otros, en AC 4 dic. 2012, exp. 2012-02452).

8. Así las cosas, como las deficiencias anotadas en el auto inadmisorio no fueron debidamente subsanadas, se

AC 4 dic. 2012, exp. 2012-02452).

8. Así las cosas, como las deficiencias anotadas en el auto inadmisorio no fueron debidamente subsanadas, se rechazará la demanda de revisión con fundamento en el artículo 358 del Código General del Proceso, lo que hace innecesario pronunciarse sobre la medid a cautelar que se solicitó en el escrito de subsanación.

DECISIÓNRad. n.° 11001-02-03-000-2026-05805-00

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En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO. RECHAZAR la demanda de revisión que Luisa Fernanda Valencia Abad formuló contra la sentencia de fecha y origen prenotados.

SEGUNDO. No se ordena desglose o devolución alguna, en tanto que los documentos se radicaron virtualmente. En firme este proveído, archívense las diligencias, previas las constancias de ley.

Notifíquese y cúmplase.

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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