CSJ - AC7062-2026

AC7062-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-06291-00

Cartagena, veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecisiete Civil Municipal de Bogotá D.C . y Noveno Civil Municipal de Villavicencio.

I. ANTECEDENTES

1. Ante los jueces civiles municipales de Bogotá, el Fondo Nacional del Ahorro S.A. promovió demanda ejecutiva de menor cuantía para la efectividad de la garantía real contra María Alejandra Cuervo Herrera y Javier Leonardo Ballesteros Cuervo, con el propósito de obtener el pago de la suma contenida en el pagaré n.º 20976142, garantizada con hipoteca sobre un inmueble ubicado en Villavicencio.

Atribuyó la competencia por la cuantía del asunto y por el domicilio principal de la entidad pública ejecutante, de conformidad con lo establecido en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 2

2. Repartido el asunto al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá , mediante auto de 13 de abril de 2026 rechazó la demanda tras considerar que el litigio debía tramitarse en Villavicencio por ser allí donde se ubicaba el inmueble hipotecado. En consecuencia, conforme al numeral 7° del artículo 28 ibidem, ordenó la remisión a los jueces civiles municipales de esa urbe.

3. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Villavicencio ,

inmueble hipotecado. En consecuencia, conforme al numeral 7° del artículo 28 ibidem, ordenó la remisión a los jueces civiles municipales de esa urbe.

3. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Villavicencio , en auto de 29 de septiembre de 2026, se rehusó a asumir su conocimiento y propuso el conflicto porque la ejecutante era una entidad pública que había elegido expresamente demandar ante los jueces de su domicilio principal, al amparo del numeral 10 del artículo 28 ibidem.

II. CONSIDERACIONES

1. Como el conflicto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. Dentro del territorial, el numeral 1° del artículo 28 del estatuto procesal asigna, como regla general, la competencia de los procesos contenciosos al «juezRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00

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del domicilio del demandado».

A su turno, su numeral 3° agrega que, cuando el proceso se origine en un negocio jurídico o se fundamente en títulos ejecutivos, también será competente «el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». Sin embargo,

A su turno, su numeral 3° agrega que, cuando el proceso se origine en un negocio jurídico o se fundamente en títulos ejecutivos, también será competente «el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones». Sin embargo, la misma disposición contempla fueros de naturaleza privativa que desplazan a los anteriores, como los previstos en sus numerales 7° y 10°.

Así, el numeral 7° dispone que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, s erá competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (Resaltado de ahora).

Por su parte, el numeral 10° prevé que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad» (Resaltado propio).

De esta manera, cuando en un proceso se ejercitan derechos reales y, además, interviene una entidad pública, se verifica una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, pues cada uno asigna el asunto a unRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 4

juez que puede resultar diferente, lo cual amerita una interpretación que la solucione.

una aparente colisión, pues cada uno asigna el asunto a unRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 4

juez que puede resultar diferente, lo cual amerita una interpretación que la solucione.

Ante tales escenarios, esta Corporación acogió en su oportunidad la tesis según la cual la colisión se resuelve a partir del artículo 29 del Código General del Proceso, a cuyo tenor «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes» , y en tal sentido sostuvo que:

«[E]s dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.»

(CSJ AC140-2020).

Por lo anterior, concluyó que:

«[L]a colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7º (real) y 10º (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibídem, razón por la que prima el último de los citados» (CSJ AC1402020).

La principal justificación de esa providencia para descartar la aplicación del fuero real se basó en que, por ser de orden público, las normas de competencia eran irrenunciables, de suerte que la entidad demandante no podía

2020).

La principal justificación de esa providencia para descartar la aplicación del fuero real se basó en que, por ser de orden público, las normas de competencia eran irrenunciables, de suerte que la entidad demandante no podía declinar la prerrogativa conferi da y acudir a un foro distinto del previsto en el numeral 10° del artículo 28 del estatuto procesal, como allí se precisó al señalar queRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 5

«Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público (Art. 13, C.G.P.), surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10º del artículo 28 del citado estatuto» (CSJ AC140-2020).

No obstante, la Sala modificó recientemente su postura para sostener que, cuando la entidad pública demandante opta por el fuero real previsto en el numeral 7° del artículo 28 ibídem, esa elección debe respetarse (CSJ AC8217 -2025, AC8631-2025 y AC2535 -2026, entre otros ). Tal criterio se sustenta, en esencia, en el alcance del artículo 29 del Código

ibídem, esa elección debe respetarse (CSJ AC8217 -2025, AC8631-2025 y AC2535 -2026, entre otros ). Tal criterio se sustenta, en esencia, en el alcance del artículo 29 del Código General del Proceso, en el carácter renunciable de los fueros territoriales y en la efectividad de los principios que orientan el proceso, como pasa a explicarse.

1. En primer lugar, la prelación prevista en el artículo 29 para la competencia «en consideración a la calidad de las partes» hace referencia al factor subjetivo, que asigna un asunto de manera exclusiva a una autoridad judicial en razón de la calidad de la parte, como la fijada en el numeral 6º del artículo 30 ibídem, que dispone que esta Sala de Casación conocerá «[d]e los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero [o] un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República».

Esa norma contempla con claridad que, atendiendo a laRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 6

condición de uno o varios extremos de la litis, conocerá un determinado despacho judicial, sin consideración a otro factor de competencia, como el objetivo, por la naturaleza o la cuantía, o el territorial. Por ello, se comprende que el estatuto procesal disponga que esta competencia no puede ceder frente a otras y, según su canon 16, sea improrrogable.

Aspecto distinto son los criterios o fueros que, dentro del factor territorial, regula el artículo 28 del estatuto procesal, pues este inicia precisando que «la competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas», sin referirse a otros factores. Es

Aspecto distinto son los criterios o fueros que, dentro del factor territorial, regula el artículo 28 del estatuto procesal, pues este inicia precisando que «la competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas», sin referirse a otros factores. Es por ello que sus catorce numerales contemplan criterios espaciales, como la ubicación de los bienes, el domicilio de las partes o el lugar de cumplimiento de las obligaciones.

En ese orden, a modo de ejemplo, los numerales 9º y 10º del canon 28 consagran fueros territoriales que atienden a la calidad estatal de quien concurre al proceso. Así, el numeral 9º, relativo a la Nación, esto es, a las autoridades del sector central (art. 38, Ley 489 de 1998), dispone que, si aquella es demandante, conocerá «el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado» y, si es demandada, el «del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial del demandante».

Nótese que, frente a esta autoridad, que pudiera considerarse la de mayor nivel estatal, el legislador priorizó la sede de su contraparte particular para fijar la competencia territorial. A su turno, el numeral 10º, aplicable a las entidades territoriales, a las descentralizadas por servicios yRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 7

a las demás entidades públicas distintas a la Nación (art. 38, num. 2º, Ley 489 de 1998), establece que «conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».

Por consiguiente, queda en evidencia que tales

num. 2º, Ley 489 de 1998), establece que «conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».

Por consiguiente, queda en evidencia que tales parámetros normativos no asignan la competencia por el factor subjetivo , pues no delimitan las autoridades que pueden conocer de manera exclusiva cuando es parte una entidad pública, en sus distintos niveles central o descentralizado, sino que determinan, en el plano del territorio, cuál de los despachos que podrían asumir la causa debe conocer de ella.

1. En segundo lugar , el ordenamiento admite, por razones de economía y de acceso efectivo a la justicia, que la competencia fijada por factores distintos al subjetivo y al funcional se prorrogue. Ciertamente, el artículo 16 del Código General del Proceso solo declara improrrogables esos dos factores y prevé que la falta de competencia por los demás es prorrogable cuando no se reclama en tiempo, de suerte que la parte en cuyo favor se estableció el fuero territo rial puede llevar o aceptar el juicio ante un juez distinto del que, en abstracto, debía conocer.

Esta condición dispositiva encuentra sustento en el artículo 15 del Código Civil, según el cual «[p]odrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia». Además, si bien las normas procesales son de orden público (art. 13 del Código General del Proceso),Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 8

ello no significa que los fueros territoriales sean

son de orden público (art. 13 del Código General del Proceso),Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 8

ello no significa que los fueros territoriales sean irrenunciables, pues la parte en cuyo favor se conceden puede declinarlos, como lo evidencia el artículo 119 ibídem, a cuyo tenor:

«Artículo 119. Renuncia de términos. Los términos son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia podrá hacerse verbalmente en audiencia, o por escrito, o en el acto de la notificación personal de la providen cia que lo señale».

Ahora bien, esta Sala ha considerado que el fuero del numeral 10º del artículo 28 ibídem constituye un «“beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deberá avocar el conocimiento del libelo así propuesto» (CSJ AC925 -2019), lo cual resalta su carácter renunciable, pues, como lo ha precisado la Corporación,

«A esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del artículo 15 del Código Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontológica, supone la dejación de una ventaja (derecho o regla jurídica di spensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaración unilateral de voluntad, expresa o tácita , encaminada a tal propósito» (CSJ AC925-2019, se resalta).

Por lo anterior, es viable colegir que los fueros relativos a entidades públicas reglados en los numerales 9º y 10º del

AC925-2019, se resalta).

Por lo anterior, es viable colegir que los fueros relativos a entidades públicas reglados en los numerales 9º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso tienen una condición dispositiva que habilita su renuncia, dado que fueron previstos en garantía de la persona de derecho público a que se refieren, y por ello no presentan la improrrogabilidad que el artículo 16 ibídem reserva a los factores subjetivo yRadicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 9

funcional.

Así las cosas, la renuncia al fuero del numeral 10º puede ser expresa, cuando la entidad pública atribuye de manera explícita la competencia al juez del lugar de ubicación del bien, aun si radica la demanda en otra sede (CSJ AC64922026), o tácita , cuando, sin manifestarlo, demanda ante el juez del lugar del inmueble y no ante el de su domicilio (CSJ AC6528-2026), conducta que revela inequívocamente su voluntad de prescindir del beneficio. En ambos eventos, el asunto queda gobernado por el foro rea l del numeral 7º ibídem.

Con todo, vale precisar que la renuncia no se presume ni puede ser impuesta por el juez, de suerte que, si la entidad acude a los jueces de su domicilio e invoca el numeral 10° del artículo 28, o no realiza actuación alguna que permita colegir que prescindió de esa prerrogativa, la conserva, y en tal caso el funcionario no puede desprenderse del asunto con fundamento en la ubicación del bien (CSJ AC6493-2026).

1. En tercer lugar, esta lectura favorece la aplicación de

que prescindió de esa prerrogativa, la conserva, y en tal caso el funcionario no puede desprenderse del asunto con fundamento en la ubicación del bien (CSJ AC6493-2026).

1. En tercer lugar, esta lectura favorece la aplicación de principios procesales como el previsto en el artículo 11 del estatuto procesal, según el cual el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, finalidad que se realiza de mejor manera cuando se respeta la opción de la entidad entre el foro real y el fuero personal.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00

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En efecto, al permitir que la entidad escoja de ese modo, i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, ii) se garantiza la cercanía geográfica entre el juez y el lugar de ubicación de los bienes, permitiendo una justicia contextualizada, iii) se ahorran a las partes los costos y las dificultades de desplazarse a Bogotá o a las capitales departamentales, y iv) se fortalece la inmediación, pues el juez tiene contacto directo con las partes, los hechos y las pruebas.

En conclusión, cuando en un mismo asunto concurren el fuero real del numeral 7º y el personal del numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia no se define por la prevalencia automática de este último, sino por la opción que ejerza la entida d pública. A ella le corresponde decidir si hace valer la prerrogativa de litigar ante el juez de su domicilio o si renuncia a ella, de manera expresa

se define por la prevalencia automática de este último, sino por la opción que ejerza la entida d pública. A ella le corresponde decidir si hace valer la prerrogativa de litigar ante el juez de su domicilio o si renuncia a ella, de manera expresa o tácita, para acudir al del lugar donde se ubica el bien, elección que el juez está llamado a respetar.

3. En el caso concreto, conforme al certificado que obra en el expediente, se advierte que el Fondo Nacional del Ahorro S.A. es una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con

domicilio principal en Bogotá D.C. Por tanto, es una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10º del artículo 28 referido y, en principio, puede beneficiarse de la prerrogativa que allí se consagra.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00 11

Ahora bien, toda vez que la entidad ejecutante atribuyó expresamente la competencia a los jueces de Bogotá (lugar de su domicilio principal), no queda duda de que eligió acogerse al beneficio que le concede el fuero previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, a lo cual debía plegarse el juez que primigeniamente conoció el asunto, conforme a las consideraciones expuestas.

4. En consecuencia, se declarará que la competencia para conocer de este asunto radica en el Juzgado Diecisiete

Civil Municipal de Bogotá D.C. , al que por Secretaría se remitirán las diligencias para que imprima el trámite pertinente.

III. DECISIÓN

para conocer de este asunto radica en el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá D.C. , al que por Secretaría se remitirán las diligencias para que imprima el trámite pertinente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE:

Primero: Declarar que el Juzgado Diecisiete Civil

Municipal de Bogotá D.C es el competente para conocer la causa de la referencia.

Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependenci a inmersa en el conflicto dirimido. Librar los oficios correspondientes.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-06291-00

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NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

MagistradaFirmado electrónicamente por:

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

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