CSJ - AC769-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC769-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC769-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05363-00 Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul y Quince Civil Municipal de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul, ECOPETROL S.A. presentó proceso especial de
Solicitud de Avalúo de Perjuicios por Servidumbre Petrolera1 contra Carlos Julio Barrera Álvarez, María Inés Parra Romero, herederos determinados e indeterminados de Quintin Ruiz Torres (q.e.p.d.), de Aníbal Ruiz Jiménez (q.e.p.d.) y, de Efraín Pulido, respecto del predio rural « San José», identificado con folio de matrícula inmobiliaria n.° 470205, localizado en la vereda El Depósito del mencionado municipio. Justificó la competencia por «la calidad de la parte demandante, la ubicación del predio»2 y, conforme al artículo 4° de la Ley 1274 de 2009. 1 Ley 1274 de 2009.2 Folio 16. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 2
2. Ese despacho admitió la solicitud presentada 3, cuyo auto fue objeto de aclaración4. Asimismo, ordenó inscribir la
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2. Ese despacho admitió la solicitud presentada 3, cuyo auto fue objeto de aclaración4. Asimismo, ordenó inscribir la demanda5, notificar a la pasiva y, previa verificación de requisitos legales, ordenó la entrega y ejercicio provisional de la servidumbre deprecada 6. También, realizó audiencia de contradicción del dictamen pericial presentado por la parte demandante7 y; posteriormente, decretó avalúo comercial y designó el auxiliar de la justicia.
No obstante, más adelante, por proveído adiado 15 de octubre de 2025, declaró su falta de competencia para conocer el asunto; porque era necesario aplicar los artículos 16, 28, núm. 10, y 29 del Código General del Proceso. Destacó que no era viable aplicar el fuero real previsto en el artículo 4° de la Ley 1274 de 2009 ni el del numeral 7 del mencionado precepto 28 adjetivo, dado que prevalecía la atribución por razón de la calidad de las partes8. En consecuencia, lo envió al homólogo de Bogotá.
3. Decisión cuestionada en reposición por la convocante, quien pidió aplicar los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia y garantía al debido proceso antes que el fuero personal concedido en su favor, pues contribuía a la dilación del proceso porque la práctica de pruebas y demás elementos necesarios para resolver estarían a merced del
garantía al debido proceso antes que el fuero personal concedido en su favor, pues contribuía a la dilación del proceso porque la práctica de pruebas y demás elementos necesarios para resolver estarían a merced del 3 Folio 393. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”. Auto de 14 de agosto de 2020.4 Folio 399. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”. Auto de 18 de agosto de 2020.5 Folio 436. Inscripción de Demanda. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”. 6 Folio 393 y 399. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”. Auto de 14 y 18 de agosto de 2020. 7 Folio 852-853. 30 de agosto de 2023. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”8 Folio 877. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 3 diligenciamiento de despachos comisorios, más las distancias para ejecutarlos, lo que retrasaría aún más la definición del asunto. El remedio fue rechazado por improcedente por el Juez de Aguazul.
4. Por su parte, el funcionario de la capital del país que recibió el expediente avocó su conocimiento; no obstante, dentro del término de ejecutoria la accionante pidió realizar un control de legalidad que reconsiderara la competencia asumida de cara a la reciente postura de la Corte Suprema de Justicia9 que dio prelación al fuero real sobre el domicilio de la entidad pública en asuntos de similar naturaleza al de ahora.
un control de legalidad que reconsiderara la competencia asumida de cara a la reciente postura de la Corte Suprema de Justicia9 que dio prelación al fuero real sobre el domicilio de la entidad pública en asuntos de similar naturaleza al de ahora.
5. Finalmente, el Estrado Judicial capitalino promovió la colisión negativa de esta especie, a cuyo efecto optó por el fuero de ubicación del bien raíz con respaldo en el numeral 7 del artículo 28 del estatuto procesal, el artículo 4° de la Ley 1274 de 2009 y el precedente de la Corte CSJ AC2051-2025 donde se expuso una interpretación sistemática de tales pautas bajo el amparo de los « principios constitucionales como el de acceso a la administración de justicia, inmediación, contradicción e igualdad, todos ellos como manifestación de la prerrogativa consagrada en el artículo 29 superior».
II. CONSIDERACIONES
1. Comoquiera que el conflicto que se estudia se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior 9 AC4452-2024; AC1145-2025; AC1260-2025; AC2468-2025.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 4 funcional común, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador, como establecen los artículos 35 y 139 del estatuto adjetivo vigente y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024.
estatuto adjetivo vigente y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024.
2. En palabras del tratadista Hernando Morales Molina, la jurisdicción «es una parte del poder del Estado, la soberanía con referencia a la función pública de administrar justicia », en cuanto «constituye el ejercicio de una de las tres funciones del Estado democrático, quien ejerce el monopolio de la jurisdicción, por regla general, aunque en un principio, antes de la organización jurídica, aquel emanó de verdaderos convenios en que las partes llevaban la decisión de sus conflictos a terceros, extraños a ellos»10.
El orden jurídico patrio consagra la jurisdicción como el poder de que está investido toda autoridad encargada de administrar justicia, y la distribución de la competencia de los casos concretos es la forma de materializarla 11, para ese efecto la ley ha previsto diversos factores determinantes de competencia, a saber, el objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad.
El factor objetivo: Se refiere al objeto del litigio, bien sea por (i) la naturaleza del asunto (la relación jurídica material de la pretensión), o por (ii) la cuantía de la aspiración.
Ejemplo de ello es el juicio de expropiación que corresponde adelantarlo en primera instancia a los jueces civiles del circuito (art. 20 [núm. 5] C.G.P.), y a los civiles municipales
Ejemplo de ello es el juicio de expropiación que corresponde adelantarlo en primera instancia a los jueces civiles del circuito (art. 20 [núm. 5] C.G.P.), y a los civiles municipales 10 Hernando Morales Molina, Curso de derecho procesal civil, parte general, Edit. ABC-Bogotá, 1991, págs. 19 y 20. 11 Luis Mattirolo, Tratado de derecho judicial civil, t. I, Madrid, Edit. Reus, 1930, pág. 3.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 5 atañe gestionar por la vía del verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía (art. 17 [núm. 1] ídem).
El factor subjetivo: Se funda en la calidad de las partes involucradas en la litis. En el proceso civil se aplica a los asuntos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional, y el caso será conocido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia (arts. 27 [inc. 1] y 30
[núm. 6] ibidem).
Factor funcional: Atiende la distribución de las funciones específicas de los órganos judiciales en las instancias. Así, determina el juez encargado de conocer el recurso de apelación (art. 33 ib.).
Factor de conexidad: Permite la acumulación de pretensiones, demandas o procesos con elementos comunes, las partes (litisconsorcios), clase de proceso y los hechos que respaldan los pedimentos.
Factor de conexidad: Permite la acumulación de pretensiones, demandas o procesos con elementos comunes, las partes (litisconsorcios), clase de proceso y los hechos que respaldan los pedimentos.
Como quedó dicho tales factores atienden diversas circunstancias que la ley prevé para determinar la autoridad judicial a la que corresponde conocer un proceso; sin embargo, para concretar el juzgador de la misma especialidad y categoría de las existentes en la división geográfica nacional al que atañe adelantar el caso particular, es menester echar mano del factor territorial (art. 28 ejusdem) que está integrado por varios fueros o foros (personal, real y contractual ) acotándolo a los elementos delRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 6 litigio, como son el domicilio de las personas, la localización de las cosas, o el lugar de ocurrencia de los hechos.
El foro personal: Se sujeta al domicilio de las partes. La regla general es el asiento del demandado (núm. 1), salvo pauta que disponga algo diferente, como las normas especiales, algunas privativas, como la que asigna la competencia al funcionario del domicilio de los niños, niñas o adolescentes (inc. 2, núm. 2), al del arraigo del concursado
(núm. 8), y al del domicilio de la entidad territorial, o entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad
adolescentes (inc. 2, núm. 2), al del arraigo del concursado (núm. 8), y al del domicilio de la entidad territorial, o entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública (núm. 10); otras concurrentes, como el domicilio común anterior, si lo conserva el demandante (inc. 1, núm. 2), el domicilio principal de la persona jurídica o el de la sucursal o agencia, si el caso está vinculado con estas (núm. 5).
El foro real: se sujeta en unos casos privativamente al lugar de ubicación de los bienes materia de derechos reales y de los procesos de deslinde y amojonamiento, expropiación, restitución de tenencia, posesorio de cualquier naturaleza, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos (núm. 7); y en otros concurrentes con el personal, como sucede en los eventos de responsabilidad aquiliana (núm. 6); o el del sitio donde se haya violado el derecho de propiedad intelectual, o realizado el acto, o donde este surta sus efectos, si se ha realizado en el exterior, o en el lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento de comercio.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00
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El foro contractual: alude al sitio señalado en el contrato o en el título ejecutivo donde debe honrarse la obligación.
De lo anterior se destaca que algunos de esos fueros pueden ser concurrentes y otros privativos. En el primer caso, el demandante está facultado para elegir promover su
contrato o en el título ejecutivo donde debe honrarse la obligación. De lo anterior se destaca que algunos de esos fueros pueden ser concurrentes y otros privativos. En el primer caso, el demandante está facultado para elegir promover su causa ante cualquiera de los jueces competentes, lo que implica que el que inicialmente aprehende el conocimiento inhibe a los demás de hacerlo; mientras que, en el segundo, la atribución territorial radica exclusivamente en un solo funcionario. Acerca del carácter «privativo» establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, la Corte en CSJ AC3744-2018, reiterado, entre otros, en AC2429-2019 y AC4079-2019 dijo: «[Q]ue constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole.»
3. De acuerdo con lo expuesto, el fuero privativo implica que solo a una autoridad judicial corresponde adelantar el trámite del asunto, ya sea la del lugar donde se ubica el bien raíz sobre el que recae el gravamen o se quiere
implica que solo a una autoridad judicial corresponde adelantar el trámite del asunto, ya sea la del lugar donde se ubica el bien raíz sobre el que recae el gravamen o se quiere constituir, o la del domicilio de la entidad pública. Pero ¿qué ocurre cuando esos foros privativos convergen en el mismoRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 8 caso, dado que no hay una regla que prefiera uno sobre el otro porque ambos poseen la misma jerarquía normativa? Ese interrogante, en principio, fue resuelto con el pronunciamiento CSJ AC140-2020, en cuanto acogió el criterio de prevalencia del « factor subjetivo » contenido en el artículo 29 ídem, pues estimó que de ese modo realizaba una interpretación sistemática de las pautas de competencia adoptadas por el legislador de 2012, y atendía el interés general que predominaba al fijar el conocimiento de los litigios en el funcionario del domicilio del ente público que fuera parte. Agregando que, el principio perpetuatio jurisdictionis no tenía cabida precisamente por la prevalencia de dicho factor de competencia, al igual que no estaba dado al organismo público disponer de esa prerrogativa por tratarse de una norma de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. No obstante, esa postura se ha venido matizando, así: 3.1.- Sin perder de vista el carácter privativo del fuero personal de la entidad pública demandante, enfatiza que la regla décima del artículo 28 del Código General del Proceso no restringe la asignación territorial al juez del domicilio
3.1.- Sin perder de vista el carácter privativo del fuero personal de la entidad pública demandante, enfatiza que la regla décima del artículo 28 del Código General del Proceso no restringe la asignación territorial al juez del domicilio principal de esta, por lo que ante la existencia de sucursal oRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 9 agencia vinculada con el objeto del proceso analógicamente aplica el numeral 5 del mismo precepto procesal12. 3.2.- Ante la concurrencia de fueros privativos como el real y el personal de los entes públicos, ha dado prelación al primero como resultado de realizar una interpretación sistemática de principios constitucionales y generales del proceso, como el acceso a la administración de justicia, defensa y contradicción, igualdad e inmediación del juez, sin desconocer la existencia del factor subjetivo en la regla décima del artículo 28 adjetivo13. 3.3.- Y, recientemente, en CSJ AC041-2026 destacó que los fueros real y personal de la entidad pública contenidos, respectivamente, en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del código de los ritos ostentan carácter privativo, lo que impide resolver ese enfrentamiento con auxilio del canon 29 ídem, conforme al cual prevalece la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes, por cuanto la regla décima del citado precepto 28 no consagra un factor subjetivo sino «un foro de atribución en función del territorio », de manera que únicamente los artículos 27, inc. 1 14, y 30,
cuanto la regla décima del citado precepto 28 no consagra un factor subjetivo sino «un foro de atribución en función del territorio », de manera que únicamente los artículos 27, inc. 1 14, y 30, núm. 615, de la misma obra consagran las hipótesis fácticas concebidas dentro del factor subjetivo. 12 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024, AC4264-2024, AC4338-2024, AC4433-2024, AC6356-2024, AC6366-2024, AC3663-2025, AC3908-2025, AC39402025, AC3955-2025, AC3956-2025 y AC4044-2025. 13 CSJ AC3037-2025, AC422-2025 y AC3953-2025.14 «La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia» (negrita fuera de texto).15 « De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional».Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 10 En ese entendido es posible aplicar el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el funcionario aprehenda el conocimiento del proceso y, luego, motu proprio quiera desdecir de su actuar, so pretexto de la aplicación de la
En ese entendido es posible aplicar el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el funcionario aprehenda el conocimiento del proceso y, luego, motu proprio quiera desdecir de su actuar, so pretexto de la aplicación de la citada pauta 29, ya que como fuera dicho, el foro personal contenido en el artículo 28, núm. 10, adjetivo no entraña un factor subjetivo sino una asignación de causas en función del territorio, por ende, es conducente predicar en ese caso que se prorrogó la competencia por el silencio del convocado (Cfr.
CSJ AC8573-2025).
Y, concluye que ante la anomia que dirima el enfrentamiento normativo: «[D]e esos foros privativos de atribución dentro del factor de competencia territorial, es menester acudir a los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), debido proceso, defensa y contradicción de las partes (art. 29 ídem); así como a los principios generales del derecho procesal de igualdad de las partes (art. 4, C.G.P., en Conc. art. 2, Ley 270 de 1996, reform. artículo 2, Ley 2430 de 2024), inmediación (art. 6, C.G.P.) y concentración (art. 5 ídem), con miras a garantizar la efectividad del derecho sustancial como disciplinan los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 11 y 12 del ordenamiento procesal. La aplicación de estos principios hace que el conocimiento de la controversia sea asignado al juzgador del fuero real o del
efectividad del derecho sustancial como disciplinan los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 11 y 12 del ordenamiento procesal. La aplicación de estos principios hace que el conocimiento de la controversia sea asignado al juzgador del fuero real o del lugar donde se localiza el bien sobre el cual recae el gravamen o busca imponerse . Esto, porque así puede tramitarse de forma más eficiente el pleito en atención a la cercanía con el bien raíz materia del proceso evitando un desgaste mayor del aparato judicial y la dilación en la definición del asunto al no tener que comisionar a otro funcionario para evacuar las actuaciones que deban adelantarse in situ y poder inmediar la práctica de las pruebas, amén de que permite a las partes acudir al juicio en pie de igualdad ejerciendo la defensa de sus intereses de forma efectiva y sin incurrir en más erogaciones económicas pues, generalmente coincide con el asiento del accionado; y si bien el ente estatal puede no tener domicilio en esa zona, si busca hacerse de un bien raíz privado para cumplir con el interés general es factible suponer que tiene presencia en el área de ubicación delRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 11 predio y, por contera, donde se surtirá la causa» (negrita fuera de texto). Postura que, si bien fue emitida para dirimir un conflicto de similar naturaleza originado en una expropiación judicial, resulta aplicable a los casos en que estén involucrados derechos reales o los demás juicios señalados
conflicto de similar naturaleza originado en una expropiación judicial, resulta aplicable a los casos en que estén involucrados derechos reales o los demás juicios señalados en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso. 4.- Las disquisiciones del numeral que antecede descendidas al caso que ahora ocupa la atención de la Corte permiten concluir que, la competencia territorial para conocer el proceso especial de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de hidrocarburos será deferida al juez del lugar donde se encuentra localizado el bien sobre el cual se pide imponer el gravamen (FMI 470-205), el cual como se advierte del certificado de tradición y libertad que obra en el plenario se sitúa en la vereda El Depósito del Municipio de Aguazul16, por cuanto ese foro de atribución garantiza la efectividad del derecho sustancial. Adicionalmente, como se concluyó, la regla décima del artículo 28 del ordenamiento procesal vigente no entraña un factor subjetivo, sino un foro de competencia en función exclusiva del territorio, de manera que en el asunto esta no puede predicarse improrrogable y, por ende, operó el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el otro Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul admitió la demanda y adelantó el diligenciamiento sin oposición de las 16 Folios 438-441. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 12
demanda y adelantó el diligenciamiento sin oposición de las 16 Folios 438-441. Archivo PDF denominado: “002DemandaAnexos”.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00 12 partes; téngase en cuenta que no era dable volver a evaluar si le asistía o no atribución al juez, más cuando se había surtido la contradicción del dictamen pericial presentado y, solo bastaba con definir la solicitud impetrada. 5.- Corolario a lo anterior, es el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul quien debe continuar con el trámite del proceso, para lo cual se le devolverá el expediente digital y se informará de ello al despacho de la capital de la República involucrado en el conflicto que acá queda dirimido.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE Primero: Declarar que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul es el competente para continuar con el conocimiento de la causa de la referencia.
Segundo: Devolver virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión que acá queda dirimida.
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretaría.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05363-00
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NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado