CSJ - AC819-2026

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado Ponente AC819-2026 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 (Aprobado en sesión de 12 de febrero de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Libardo Melo Vega, para sustentar el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 10 de octubre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de grupo que promovió en contra de Procter & Gamble Colombia LTDA.

ANTECEDENTES

1. En su demanda 1 el recurrente pidió condenar a la demandada al pago de los perjuicios ocasionados al grupo consumidor2, cuyos integrantes adquirieron «cosméticos fraudulentos marca Head & Shoulders shampoo para el control de la caspa, Head & Shoulders shampoo control caspa, Head & Shoulders 1 003CuadernoPrincipalParteTres. Folios 150 a 157. 2 Equivalentes a $126.000.000000Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 2 acondicionador control caspa y Head & Shoulders clinical solutions shampoo para caspa severa en todas sus presentaciones (sic)».

2. Para sustentar sus aspiraciones, el actor afirmó, en representación de los consumidores que han adquirido los mentados productos a nivel nacional desde el año 2005, que la sociedad demandada los ha venido importando y comercializando de forma masiva, en diferentes presentaciones y mediante actos de engaño, por tratarse de

mentados productos a nivel nacional desde el año 2005, que la sociedad demandada los ha venido importando y comercializando de forma masiva, en diferentes presentaciones y mediante actos de engaño, por tratarse de cosméticos fraudulentos, en los términos del artículo 2 del Decreto 219 de 1998. A partir de lo anterior, acusó a Procter & Gamble Colombia LTDA de vulnerar el derecho de los consumidores a recibir información suficiente, clara, oportuna, verificable e idónea, lo cual quedó acreditado en la Resolución 19991 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues dicha autoridad encontró que las leyendas empleadas en sus productos, parte de una campaña de publicidad engañosa, indicaban efectos terapéuticos inexistentes. Ejemplo de ello son las expresiones «shampoo control caspa», «shampoo para la capsa severa», «esta es la protección para la caspa que estabas esperando» y «hasta 100% libre de caspa» , que no pueden estar ajustadas a la realidad porque los cosméticos se ofrecen para enfermedades recurrentes, de tipo «papuloescamoso», que únicamente pueden ser tratadas por un médico dermatólogo con ayuda de medicamentos. Por consiguiente, todos los miembros del grupo demandante fueron afectados por la publicidad engañosa que laRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 3 demandada introdujo en el mercado.

2. Notificado el auto admisorio, la demandada propuso

fueron afectados por la publicidad engañosa que laRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 3 demandada introdujo en el mercado.

2. Notificado el auto admisorio, la demandada propuso las que denominó excepciones de «falta de legitimación: indebida determinación de las personas que integran el grupo», «las afirmaciones que son objeto de cuestionamiento, fueron aprobadas por la autoridad regulatoria competente», «acerca del supuesto incumplimiento de la decisión 516 de la CAN», «los beneficios y atributos de los productos head & shoulders son consistentes con la realidad », «decisión de compra del consumidor», «frente a la fuente del daño alegado » y «del amplio uso de las expresiones "libre de caspa", "100% libre de caspa", "protección contra la caspa" y similares en productos cosméticos».

3. El a quo, en sentencia de 10 de abril de 2023, resolvió negar las pretensiones de la demanda3.

4. El ad quem, al desatar la apelación formulada por la parte demandante, mediante providencia proferida el 10 de octubre de 2023 , confirmó la sentencia de primera instancia4.

Para arribar a dicha decisión, tuvo en consideración los siguientes argumentos: (i) La jurisprudencia ha decantado que en las acciones de grupo la discusión no se puede limitar a los derechos fundamentales, tampoco a los colectivos, pues «suponen siempre -a diferencia de las acciones popularesla existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante

fundamentales, tampoco a los colectivos, pues «suponen siempre -a diferencia de las acciones popularesla existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante 3 77SentenciaPrimeraInstancia. 4 21SentenciaConfirma. CuadernoTribunal.Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 4 la juez’, quebrantamiento de sus derechos individuales que amerita un trato uniforme, en la medida en que ‘las personas que se han visto afectadas en un interés jurídico deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales y frente a los demás elementos atribuibles a la responsabilidad» (ii) Debe acreditarse el daño causado por el demandado, ya que sin responsabilidad no hay daño y la pretensión grupal no escapa a ese entendimiento. (iii) Expuesto lo anterior, el Tribunal concluyó que el recurso de apelación se limitó a sostener que un análisis adecuado de la prueba debía conducir, necesariamente, al acogimiento de las pretensiones. En particular, el Colegiado se refirió al análisis de la prueba documental — entre ella, el registro fotográfico de los productos comercializados por la demandada, las respuestas de la autoridad sanitaria a diversas solicitudes formuladas por el demandante —, así como al dictamen pericial rendido por Econometría S.A. y al interrogatorio de parte del representante legal de Procter & Gamble. (iv) Del dictamen pericial se podía extractar una conclusión de relevancia para el proceso: la percepción del consumidor medio o racional, quien solía elegir los productos

interrogatorio de parte del representante legal de Procter & Gamble. (iv) Del dictamen pericial se podía extractar una conclusión de relevancia para el proceso: la percepción del consumidor medio o racional, quien solía elegir los productos vendidos por la demandada buscando prevenir o eliminar síntomas asociados a la caspa, específicamente para quitar la picazón y las escamas blancas. En adición, de esa prueba el Tribunal también resaltó que «de los hallazgos anteriores se concluye que la razón por la que la población colombiana compra champú Head & Shoulders es cosmética y de cuidado del cabello, y queRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 5 no lo hace por razones medicinales». (v) Visto que el demandante alegó, en representación del grupo consumidor, que la indemnización equivalente a $126.000.000.000 tenía causa en el valor total pagado por cada producto cosmético marca Head & Shoulders vendido bajo «falsas promesas de efectos terapéuticos» , el juez de segundo grado estimó que: i) los consumidores no fueron determinados en la demanda y tampoco en el curso del proceso; y ii) «no (se) vislumbra en el presente asunto el nexo de causalidad entre la adquisición de los productos citados ut supra por parte de los consumidores y la generación de los perjuicios materiales específicamente alegados, puesto que no milita en el legajo pieza suasoria que así lo corrobore» (vi) El actor centró sus esfuerzos en acreditar que las

específicamente alegados, puesto que no milita en el legajo pieza suasoria que así lo corrobore» (vi) El actor centró sus esfuerzos en acreditar que las proclamas comerciales acusadas desconocieron la Decisión 516 de 2002 de la CAN y las disposiciones de la Lay 1488 de 2011, pero no quedó probado que los consumidores adquirieron los productos bajo en engaño, puntualmente en busca de la cura para una enfermedad. Por el contrario, «(…) en el dictamen incorporado al proceso, tras el análisis de la encuesta realizada por la persona responsable de realizar la experticia, se estableció que (i) “(N)inguna de las personas encuestadas que utilizan Head & Shoulders dijo que la razón por la cual seleccionó esta marca fuera por ser un medicamento». (vii) El actor ni siquiera acreditó ser consumidor, pues aportó evidencia de haber comprado productos de la marca Head & Shoulders los días 14 de enero de 2017, 29 de septiembre de 2018 y 19 de mayo de 2019, amén de lo queRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 6 reposa en unos anexos ilegibles (H e I) que dan cuenta de unas cantidades superiores a las que aconseja la razón natural, pero sin probar que lo hizo pensando que tendría efectos terapéuticos, de hecho no se conoce si efectivamente los utilizó y, en todo caso, no demostró daño a su salud o patrimonio. (viii) Tampoco se probó el monto del perjuicio, ni

efectos terapéuticos, de hecho no se conoce si efectivamente los utilizó y, en todo caso, no demostró daño a su salud o patrimonio. (viii) Tampoco se probó el monto del perjuicio, ni mucho menos que la suma pedida correspondiera a productos comprados por consumidores que actuaron movidos por necesidades terapéuticas. (ix) No puede aplicarse el «precedente» de la acción popular decidida por el juzgado de primera instancia en el asunto 032-2019-00313, por ser de naturaleza diferente. Además, el actor no «pidió incorporar el proceso sancionatorio adelantado en la Superintendencia de Industria y Comercio, para así poder valorar esos medios probatorios».

5. Contra la providencia de segunda instancia la parte demandante interpuso recurso de casación, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

DEMANDA DE CASACIÓN En la demanda de casación se proponen tres cargos, uno encuadrado en la vía directa, otro en la indirecta y el último por la causal tercera.Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 7 CARGO PRIMERO Acusa la sentencia con fundamento en la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso, por la vía directa, a causa de la interpretación errónea del artículo 78 de la Constitución, así como de los artículos 1, 3 numerales 1.3, 1.4 y 1.5, 5 numerales 1, 5, 6, 7, 12 y 13, y los

artículo 78 de la Constitución, así como de los artículos 1, 3 numerales 1.3, 1.4 y 1.5, 5 numerales 1, 5, 6, 7, 12 y 13, y los artículos 6, 7, 11, 23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011. Así mismo, señala la falta de aplicación del artículo 56 de la misma ley, del parágrafo 1 del artículo 38 del Decreto 219 de 1998, de las Decisiones 516 de 2002 y 833 de 2018 de la Comunidad Andina (CAN), del Decreto 735 de 2013 y del artículo 863 del Código de Comercio. En sustento, sostiene el casacionista que el Tribunal «omitió» aplicar las normas de la Ley 1480 de 2011, puesto que en «concordancia con el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia protegen a lo (sic) consumidores respecto de la información que les es transmitida respecto de los productos puestos en circulación. Es decir, si bien el juzgador citó la ley 1480 de 2011 la entendió y aplicó equivocadamente limitando los objetivos constitucionales de esta ley». Además, el Tribunal «violó directamente normas jurídicas sustanciales del orden constitucional» al no aplicar el artículo 56 Ibídem, puesto que no ordenó el pago de la indemnización de los perjuicios causados a los consumidores con ocasión de la publicidad engañosa. Es más, en sentir del demandante, el Tribunal también vulneró normas constitucionales – en general – al estimar

Ibídem, puesto que no ordenó el pago de la indemnización de los perjuicios causados a los consumidores con ocasión de la publicidad engañosa. Es más, en sentir del demandante, el Tribunal también vulneró normas constitucionales – en general – al estimar que el actor no acreditó ser un consumidor, basado enRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 8 suposiciones sin fundamento legal. Es decir, «el Tribunal omitió aplicar en debida forma esta norma sustancial contenida en la ley 1480 de 2011, llegando a juicios incorrectos respecto del actor, limitando el alcance de una norma con carácter de mandato constitucional para cercenar los derechos del grupo afectado». Con respecto al Decreto 219 de 1998, para el actor «el Tribunal violó directamente normas jurídicas sustanciales», habida cuenta que los productos de que trata la demanda no cumplen con las reglas del parágrafo 1 contenido en el artículo 28 del Decreto 219 de 1998, según el cual “cuando en los envases o empaques se incluyan propiedades especiales del producto, deberán estar sustentados con la información técnica respectiva. En todo caso, el titular del registro sanitario será responsable ante los consumidores por el contenido de los envases y empaques”, el Tribunal cometió un craso error al soportar su decisión en una simple ENCUESTA aportada por la accionada (…)». Sobre las Decisiones 516 de 2002 y 833 de 2018 de la CAN, afirma que el Colegiado no aplicó en debida forma «una

ENCUESTA aportada por la accionada (…)». Sobre las Decisiones 516 de 2002 y 833 de 2018 de la CAN, afirma que el Colegiado no aplicó en debida forma «una norma sustancial» (artículos 2-2.26, 3 y 485), por cuanto realizó juicios incorrectos que llevaron a la exoneración de responsabilidad, omitiendo el hecho de que los productos cosméticos no pueden declarar indicaciones que contravengan su definición o sugieran propiedades que en realidad no poseen. Lo mismo ocurrió con el parágrafo 1 del artículo 28 del Decreto 219 de 1998 (omisión de aplicación normativa), en concordancia con tales Decisiones, dado que la supuesta 5 En la demanda no se dice a qué cuerpo normativo pertenecen esos artículos.Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 9 bondad de prevenir la caída del cabello no tiene sustento en estudios clínicos, punto en el que el Tribunal valoró de forma inadecuada la prueba, tal como se hizo con respecto a la apreciación del material publicitario difundido por la demandada, dado que no mereció ningún reparo pese a que dicha campaña se proyectó en el mercado con pleno conocimiento de que las cualidades atribuidas a sus productos no correspondían a la realidad. Respecto al Decreto 735 de 2013 y el artículo 863 del Código de Comercio, alega que el Tribunal desconoció esas normas, específicamente no las aplicó en debida forma, porque de haberlo hecho habría concluido que la demandada

Código de Comercio, alega que el Tribunal desconoció esas normas, específicamente no las aplicó en debida forma, porque de haberlo hecho habría concluido que la demandada está en la obligación de devolver las sumas pagadas por los consumidores, en atención al deber de buena fe que debe reinar en el periodo precontractual. CARGO SEGUNDO Censura el impugnante ad-quem con fundamento en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, vía indirecta, por «violación» de las normas contenidas en el artículo 78 de la Constitución, la Ley 1480 de 2011 y los Decretos 219 de 1998 y 735 de 2013, el artículo 863 del Código de Comercio, las Decisiones 516 de 2002 y 833 de 2018 de la CAN y el Reglamento (UE) N o 655/2013 de la Comisión de 10 de julio de 2013. Particularmente, en punto a la omisión de aplicación, el cargo se soporta en que el juez plural no tuvo en cuenta lasRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 10 Decisiones 516 de 2002 y 833 de 2018 de la CAN y el Reglamento (UE) N o 655/2013 de la Comisión de 10 de julio de 2013, si se repara que con base en una prueba pericial aportada por la demandada, una encuesta cuyo contenido tergiversó, arribó a la conclusión de que la demandada no era responsable por los perjuicios alegados, sin considerar que «no aportó estudios científicos fiables y verificables realizados con todos y cada uno de los productos objeto de la acción con los que se soportaran

responsable por los perjuicios alegados, sin considerar que «no aportó estudios científicos fiables y verificables realizados con todos y cada uno de los productos objeto de la acción con los que se soportaran todas y cada una de las bondades atribuidas a los productos». En adición, el juzgador de segundo grado omitió considerar que durante el proceso no se desmintió la incursión de la demandada en publicidad engañosa, lo que obligaba a la aplicación de los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 para condenar a la sociedad encausada. Esto, habida cuenta que la publicidad sustituye la oferta prevista en el Código de Comercio y causa daño al influir en la decisión de compra de productos que no cumplen con las bondades prometidas. No obstante, el Colegiado tergiversó irrazonablemente la prueba, «omitiendo el hecho de que las supuestas bondades, además de no contar con el debido soporte técnico, desbordan las funciones que por definición legal pueden ser atribuidas a productos cosméticos». Por otro lado, el Tribunal interpretó de manera incorrecta la demanda y «las pruebas presentadas». Lo anterior, porque no otorgó «prioridad al litigio en sí, lo que constituye una violación de la normativa jurídica que regula todo lo relacionado con la fabricación y comercialización de productos cosméticos, incluyendo la publicidad y la información proporcionada en las etiquetas» . De igual forma, incurrió en un yerro al concluir que Libardo Melo VegaRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 11 sugirió en la demanda que los productos comercializados por

publicidad y la información proporcionada en las etiquetas» . De igual forma, incurrió en un yerro al concluir que Libardo Melo VegaRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 11 sugirió en la demanda que los productos comercializados por Procter & Gamble LTDA eran medicamentos cuando, en realidad, planteó lo contrario: fue enfático en señalar que se trataba de cosméticos y que, por ende, debían ajustarse a las reglas propias de esa categoría. Poco más sostuvo el casacionista sobre las disposiciones contenidas en los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 735 de 2013, que estima comprometidas en el caso por omisión, considerando que la demandada puso en circulación productos defectuosos y, en consecuencia, debió ordenarse la devolución del precio pagado. A tono con lo anterior, insistió en un desconocimiento del numeral 17 contenido en el artículo 5 de la Ley 1480 de 2011. Ya con respecto a los medios suasorios base de la acusación, se dijo que el Tribunal tergiversó de forma irrazonable la prueba, refiriéndose a toda y en abstracto. También, se planteó crítica frente al dictamen pericial, y una indebida interpretación de la demanda y los interrogatorios, comoquiera que el Tribunal entendió de forma inadecuada que el demandante había afirmado que los productos denunciados en la acción de grupo eran medicamentos -que no cosméticos -, por lo cual estaban sometidos a cierta regulación, sobre cuyo incumplimiento el ad-quem ignoró toda prueba.

denunciados en la acción de grupo eran medicamentos -que no cosméticos -, por lo cual estaban sometidos a cierta regulación, sobre cuyo incumplimiento el ad-quem ignoró toda prueba. CARGO TERCERORadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 12 Por vía de la causal tercera del artículo 336 del Código General del Proceso, el casacionista acusa la sentencia de no estar en consonancia con los hechos, las excepciones propuestas por el demandado y lo que de oficio debió resolverse al desatar la apelación. Lo anterior, porque el juzgado de primera instancia – en acción popular - y la Superintendencia de Industria y Comercio – en actuación administrativa - «condenaron» a la demandada por transmitir publicidad engañosa, con respecto al producto «Head & shoulders shampoo para control de la caspa nutrición profunda», razón por la cual se desconoció que «sí hay manera de hallarle prosperidad a la acción de grupo, respecto de por lo menos uno de los productos objeto de esta acción porque está probado por parte de una autoridad judicial que sí existió una conducta reprochable y antijurídica».

CONSIDERACIONES

1. El de casación es un recurso extraordinario que persigue, entre otros, defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos y unificar la jurisprudencia nacional.

Por su naturaleza extraordinaria, la ley previó exigentes

internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos y unificar la jurisprudencia nacional. Por su naturaleza extraordinaria, la ley previó exigentes formas que deben respetarse en la demanda (art. 344, C.G.P.), lo cual implica la formulación de los cargos con la exhibición de sus fundamentos en forma separada, clara, precisa y completa, de cara a que la Corte, con base enRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 13 causales taxativas (art. 336 ibidem), controle el cumplimiento de las reglas con rigor (art. 346 ejusdem) al momento de proveer sobre su admisibilidad.

1.1. Concretamente, si se acude a los dos primeros motivos de casación relacionados con la infracción de la ley sustancial, se requiere invocar mínimamente una disposición de ese cariz que siendo, o debiendo ser, base esencial del fallo cuestionado haya sido desconocida por el Tribunal, pues así lo regla el parágrafo 1º del citado artículo 344. Entonces, cuando el embate se formula por la vía directa, el demandante debe enfocar sus esfuerzos en acreditar los errores de derecho ( iuris in iudicando) y limitar sus alegaciones a «la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada cómo se produjo la vulneración ya por tomar en cuenta

a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada cómo se produjo la vulneración ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo regían o, a pesar de acertarse en la selección, terminar reconociéndoles implicaciones que no tienen » (CSJ, AC3599-2018; criterio reiterado en CSJ, AC2396-2020 y CSJ, AC5521-2022, citados en CSJ, AC2620-2025). En cambio, cuando la elegida es la vía indirecta, la causal segunda muestra algún grado de apertura en la medida que puede estructurarse por errores de hecho o de derecho. Los primeros ocurren «a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que, si existe, pero se altera sin embargo suRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 14 contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento» (CSJ, AC4947-2022, reiterada en CSJ, AC3491-2024). En los segundos se parte de que el Tribunal no se equivocó en la verificación material de la existencia de las pruebas y la fijación de su contenido, pero al apreciarlas desconoció «los requisitos legalmente necesarios para su producción; o

En los segundos se parte de que el Tribunal no se equivocó en la verificación material de la existencia de las pruebas y la fijación de su contenido, pero al apreciarlas desconoció «los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere »

(CSJ, AC3327-2021 y CSJ, AC5354-2022; CSJ, AC72512024; CSJ, AC1506-2025).

Ahora, trátese de cualquiera de los errores que acaban de explicarse «(…) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta última en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursión en errores de hecho ora de derecho, y en qué consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 “no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió”» (CSJ AC1804-2020) 1.2. Otro de los motivos casacionales es el vinculado con la consonancia de la sentencia, causal 3 del artículo 336

presente la manera como el sentenciador las transgredió”» (CSJ AC1804-2020) 1.2. Otro de los motivos casacionales es el vinculado con la consonancia de la sentencia, causal 3 del artículo 336 del Estatuto Procesal, bajo cuyo amparo el análisis debeRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 15 concentrarse en establecer si el fallo se apartó de lo que realmente quedó definido en los escritos que fijan el litigio, en especial la demanda y su contestación. La labor consiste en verificar si el juez decidió por fuera de lo planteado por las partes, o si dejó de proveer oficio, en los asuntos que así lo obliga la norma procesal. Este control no permite convertir la inconsonancia en un cuestionamiento de la interpretación que el juez hizo de esos escritos, ni en una discusión sobre cómo valoró las pruebas, pues esos reproches pertenecen a la segunda causal. Lo anterior significa que el motivo no tiene lugar cuando la decisión es simplemente adversa al casacionista, «salvo que sea el producto de un desvío garrafal de la senda claramente esbozada por las partes o que provenga del reconocimiento oficioso de medios de defensa reservados para la contraparte» (CSJ, AC979-2019). Con mayor detalle, la Sala ha dicho que lo anterior debe ser leído sin perjuicio de las facultades ultra y extra petita, así (CSJ,

AC003-2018, AC6475-2025):

(L)a incongruencia fáctica (causa petendi) implica sustitución arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de

AC003-2018, AC6475-2025):

(L)a incongruencia fáctica (causa petendi) implica sustitución arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de sus aspiraciones y no de su interpretación. Sucede, por tanto, en los casos en que el juzgador, al decir de la Corte, imagina o inventa hechos, pero no cuando los tergiversa” (CSJ. Casación Civil. Sentencias de 3 de noviembre de 2010, expediente 03315, de 22 de abril de 2013, radicación 00187, y de 3 de noviembre de 2015, expediente 00201, entre otros). Se trata, como se observa, de yerros de naturaleza distinta, cada una con gobierno propio en casación. Así, “[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos (…) de la demanda”, en el artículo 336,Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 16 numeral 3º del Código General del Proceso; y el “error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda”, en el numeral 2º, ibídem; cuestión esta última denunciable por la causal consistente en errores facti in iudicando, mas no, por errores in procedendo. La incongruencia objetiva (tocante con el petitum), predicable de los fallos estimatorios, en cambio, ocurre cuando el juzgador, también en sentir de esta Corporación, “peca por exceso o por defecto (extra, ultra o mínima petita)” (CSJ. Casación Civil. Sentencias de 25 de

fallos estimatorios, en cambio, ocurre cuando el juzgador, también en sentir de esta Corporación, “peca por exceso o por defecto (extra, ultra o mínima petita)” (CSJ. Casación Civil. Sentencias de 25 de abril de 2005, expediente 014115, de 17 de junio de 2011, radicación 00591, y de 21 de junio de 2016, expediente 00043, entre otras.).. En tal caso, todo se reduciría a ajustar los defectos o a eliminar los excesos. Si nada de lo anterior se procura, los problemas de construcción de la sentencia, no son de procedimiento, esto es, de las decisiones, en sí mismas consideradas, sino de juzgamiento, respecto de su estructura o fundamentos, o de fijación del contenido y alcance de los mismos hechos controvertido (errores facti in iudicando).

2. En la demanda de casación bajo examen se advierten falencias de técnica que, al tenor del numeral 1º del artículo 346 del C.G.P, impiden su admisión. 2.1. La mayoría de las normas cuyo quebrantamiento se denunció por vía directa o indirecta en los dos primeros cargos, o no tienen carácter de sustancial o no constituyen la base esencial del fallo cuestionado. Téngase presente que ambas acusaciones comparten la base normativa, esto es, el artículo 78 constitucional, la Ley 1480 de 2011, el Decreto 219 de 1998, el Decreto 735 de 2013, el artículo 863 del Código de Comercio, la Decisión 516 de 2002 de la CAN y laRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01

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219 de 1998, el Decreto 735 de 2013, el artículo 863 del Código de Comercio, la Decisión 516 de 2002 de la CAN y laRadicación n° 11001-31-03-032-2019-00311-01 17 Decisión 833 de 2018 de la CAN. Nótese que el artículo 78 Constitucional 6 simplemente contiene un mandato general para que el legislador controle la calidad de los bienes y servicios ofrecidos, amén de un mandato abstracto que obliga al Estado a garantizar la participación de las organizaciones de los consumidores en la construcción de la legislación que los involucra. Además, si bien define la responsabilidad para quienes atenten en contra de la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios, lo cierto es que (…) por el solo hecho de consagrar valores o principios caros a nuestro ordenamiento o establecer derechos fundamentales, como el debido proceso o el derecho de defensa, no le imprimen esa calidad (de sustancial), característica que, se itera, apunta a que en el precepto se regule una situación jurídica con miras a crear, modificar o extinguir derechos entre las personas implicadas en la relación (CSJ, AC5613-20167). Lo mismo puede decirse del artículo 56 de la Ley 1480, 6 «La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la produc