CSJ - AC826-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC826-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente AC826-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00338-00 Bogotá D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Aguazul – Casanare y Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá.
I. ANTECEDENTES 1.- Ecopetrol S. A. radicó demanda de «avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de hidrocarburos o petrolera » contra Margarita Forero Parada, con base en la Ley 1274 de 2009, ante los jueces promiscuos municipales de Aguazul, con el propósito que «[se] avalúen los perjuicios y se imponga como cuerpo cierto servidumbre legal de hidrocarburos con ocupación permanente petrolera a favor de Ecopetrol S.A. sobre el predio denominado ‘Las Margaritas’ ubicado en el municipio de Aguazul (…), cuya propiedad (…) está en cabeza de Margarita Forero Parada » y se determinara «el monto de la indemnización a que haya lugar y a favor de la parte demandada como titular del derecho de propiedad; indemnización que estará a cargo de la parte demandante (…) ECOPETROL S. A., a favor de la parte demandada».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00338-00
2 También solicitó «la entrega provisional de las áreas establecidas» [Folios 2 a 4, Archivo digital: 001_0001DemandaAnexos.pdf].
2 También solicitó «la entrega provisional de las áreas establecidas» [Folios 2 a 4, Archivo digital: 001_0001DemandaAnexos.pdf]. 2.- En el libelo, la gestora indicó que fijaba la competencia en los jueces del precitado lugar por «la ubicación del predio y de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1274 de 2009» [Folio 5, ib.]. 3.- El asunto correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul, quien lo remitió al Promiscuo Municipal Adjunto de esa misma sede, de conformidad con lo ordenado por el Acuerdo n.° PSAA11-8337 de 29 de julio de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que admitió la causa mediante auto de 19 de octubre de 2011 [Folios 102 a 105, ib]. El iudex primigenio siguió con el trámite 1, en el cual la convocada promovió recurso de reposición y apelación contra el anterior proveído; asimismo, se posesionaron tres peritos avaluadores el 6 de febrero de 2012 [Folio 116, ib], 7 de noviembre de 2013 [Folio 180, ib], y 17 de julio de 2020 [Folio 358, ib]; además, el despacho no aprobó el acuerdo parcial que celebraron los contendientes por concepto de «servidumbre y daños » (29 oct. 2012) [Folio 129, ib]. Pese a lo anterior, el 3 de febrero de 2025 declaró su incompetencia con apoyo en los proveídos AC140-2020,
- [Folio 129, ib].
Pese a lo anterior, el 3 de febrero de 2025 declaró su incompetencia con apoyo en los proveídos AC140-2020, AC2466-2021, AC5378-2022 y AC2241-2023 de esta Corporación, y en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, en razón a «la calidad que ostenta ECOPETROL S.A., pues es una empresa de economía mixta dependiente del Ministerio de Minas, de carácter nacional (…) con domicilio principal 1 Debido a que e l Juzgado Primero Promiscuo Municipal Adjunto de Aguazul – Casanare fue creado mediante dicho acuerdo a partir del 1 de agosto de 2011 y hasta el 16 de diciembre de ese mismo año.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00338-00 3 en la ciudad de Bogotá, tal y como aparece en el Certificado de existencia y representación aportado con la demanda, y así mismo la Ley 1118 de 2006, en su Artículo 1 indica sobre la naturaleza Jurídica de Ecopetrol S.A.», por ende remitió el paginario a los jueces civiles municipales capitalinos [Folios 637 a 639, ib]. Igualmente, rechazó de plano por improcedente el recurso de reposición propuesto por Ecopetrol S.A. (11 ag.) [Folios 664 y 665, ib]. 4.- El estrado Sesenta y Tres de dicha especialidad de Bogotá, al recibir el negocio, se negó a asumirlo con sustento
[Folios 664 y 665, ib]. 4.- El estrado Sesenta y Tres de dicha especialidad de Bogotá, al recibir el negocio, se negó a asumirlo con sustento en el numeral 7° del canon citado y en el artículo 4° de la Ley 1274 de 2009, pese a que la promotora «sea una ‘Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía’ », pues «fue el deseo del legislador que, sin importar el domicilio del demandante, que las demandas impulsadas las conociera el juez municipal del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble que deba soportar la servidumbre», reflexión que apoyó en el AC1260-2025, y acotó que es evidente «la preferencia del actor, al decidir, voluntariamente, radicar su demanda en la ciudad de Aguazul - Casanare, en consideración a que en aquella se ubica el inmueble objeto de la servidumbre». Basado en aquellos razonamientos, trabó la presente colisión, ordenando el envío del legajo a esta Colegiatura (19 dic.) [Archivo digital: 004_0004AutoPlanteaConflicto.pdf].
II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo
establecen los artículos 139 del Código General del Proceso yRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00338-00 4 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- De acuerdo con la regla 40 de la Ley 153 de 1887, modificada por el canon 624 del estatuto procedimental, «[l]as leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir ». Tal disposición resulta aplicable a la controversia donde se suscita el conflicto que ocupa la atención de la Sala, por así consagrarlo el numeral 6º del artículo 625 ejusdem. Significa lo anterior que el juicio de «avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de hidrocarburos o petrolera » presentado el 5 de septiembre de 2011 [Folio 9, archivo digital: 001_0001DemandaAnexos.pdf] por Ecopetrol S.A. y admitido el 19 de octubre siguiente [Fol. 102, idem], debía adelantarse a la luz de los ritos previstos en el actual compendio procedimental, tan pronto éste entró a regir. 3.- No obstante, en aras de fijar la competencia para tramitar el litigio, debe tenerse en cuenta «la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva (…) » -se destaca- (inc. final, art. 624 del C.G.P.), por
en el momento de formulación de la demanda con que se promueva (…) » -se destaca- (inc. final, art. 624 del C.G.P.), por cuanto, a voces del numeral 8º del 625 ídem, «[l]as reglas sobre competencia previstas en este código, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda (…)». Entonces, al libelo introductorio radicado en vigencia del anterior estatuto procesal, no le resulta aplicable el régimen contemplado en el Código General del Proceso, ni, por supuesto, la jurisprudencia que para su interpretación y aplicación ha edificado esta Corporación, como equivocadamente lo entendió el fallador inicial en suRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00338-00 5 pronunciamiento de 3 de febrero de 2025 , pues aquélla no alude a los lineamientos del antiguo ordenamiento adjetivo, sino a las previsiones del actual. 4.- Así las cosas, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul no podía desprenderse del conocimiento del asunto, ya que por mandato del numeral 10º del artículo 23 del referido compendio, los juicios de expropiación estaban atribuidos, de modo privativo, al «juez del lugar donde se hall[aran] ubicados los bienes». Incluso, la Ley 1274 de 2009, por la cual se «establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras », que
del lugar donde se hall[aran] ubicados los bienes». Incluso, la Ley 1274 de 2009, por la cual se «establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras », que involucran, en general, a la industria de hidrocarburos, detalla lo concerniente a la negociación directa, precisando que ante su fracaso respecto del valor de la indemnización o la imposibilidad de dar aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o dueños de mejoras, «el interesado presentará ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble , la solicitud del avalúo de los perjuicios que se ocasionarán con los trabajos o actividades a realizar en ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos…» -se subraya- (art. 3°). En la misma línea, puntualiza el artículo 4º que «[l]a autoridad competente para conocer de las solicitudes de avalúo para las servidumbres de hidrocarburos que adelante cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera y las sociedades de economía mixta, será el Juez Civil Municipal de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble que deba soportar la servidumbre», quien agotado el trámite previsto en la normativa en comento «deberá resolver definitivamente sobre el avalúo solicitado». De modo que, como la heredad cuya enajenación forzada se persigue, tiene lugar en el municipio de Aguazul y,
definitivamente sobre el avalúo solicitado». De modo que, como la heredad cuya enajenación forzada se persigue, tiene lugar en el municipio de Aguazul y, precisamente, en atención a ello la entidad promotora radicóRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00338-00 6 allí la controversia, ningún fundamento válido existía para que esa funcionaria decidiera, so pretexto del fueron privativo que el nuevo ordenamiento procedimental reconoce en favor de las entidades públicas, enviarlo a sus homólogos de esta capital. 5.- No puede perderse de vista, además, que el estrado Promiscuo Municipal Adjunto de dicho sitio, admitió la litis el 19 de octubre de 2011, y ante el iudex primigenio se adelantó la integración del contradictorio, la posesión de tres peritos avaluadores, la improbación del acuerdo parcial que celebraron los contendientes por concepto de «servidumbre y daños». Luego, mal podía declinar su competencia, en virtud del principio de perpetuatio jurisdictionis, cuyas excepciones, bajo la égida de la precedente ley de enjuiciamiento civil, estaban limitadas a litigios que involucraran «agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno Nacional » (art. 21 C.P.C.) ; cuando se comprometían los intereses de un menor (CSJ AC2123-2014), ante la mutación de la cuantía en los casos previstos por la norma precitada y en el evento de reforma de la demanda. Recuérdese que «(...) el juez que le dé inicio a la actuación
AC2123-2014), ante la mutación de la cuantía en los casos previstos por la norma precitada y en el evento de reforma de la demanda. Recuérdese que «(...) el juez que le dé inicio a la actuación conservará su competencia (...) dado que cuando se activa la jurisdicción el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administración de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluación, cómo no, también de su “competencia”, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en él la prorrogación de aquella atándolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala “ha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que después de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partesRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00338-00 7 variándola por iniciativa de aquellos”» (se destacó) (CSJ AC5451-2016, reiterada, entre otras, en CSJ AC791-2021, CSJ AC910-2021, CSJ
AC1237-2021, CSJ AC4133-2022).
En ese orden de ideas, no era dable a la sede judicial inicial renunciar al adelantamiento de la lid, por cuanto ello, no solo quebranta el axioma ya memorado y retarda, aún más, la definición del caso en contravía de la celeridad y economía procesal exigible a la judicatura, sino que
no solo quebranta el axioma ya memorado y retarda, aún más, la definición del caso en contravía de la celeridad y economía procesal exigible a la judicatura, sino que desconoce las pautas de competencia aplicables al sub lite, en atención a las normas de tránsito legislativo arriba señaladas. 6.- En consecuencia, corresponde al fallador de Aguazul continuar con el adelantamiento del decurso y así se declarará. Se prevendrá a la respectiva funcionaria para que adelante con la celeridad debida el expediente, a fin de superar la amplia mora que se viene presentando, pues, como se vio, el litigio inició en el año 2011.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema
de Justicia, RESUELVE: PRIMERO. Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul – Casanare, es el competente para conocer la acción descrita en el encabezamiento.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00338-00 8 SEGUNDO. Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio, previniéndolo para que lo haga con la celeridad debida, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO. Comunicar esta decisión al Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá y a las partes del litigio.
NOTIFÍQUESE,
las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO. Comunicar esta decisión al Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá y a las partes del litigio.
NOTIFÍQUESE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada