CSJ - AC9543-2025

AC9543-2025 Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 Bogotá, D. C ., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá y Primero Civil Municipal de El Espinal , con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva hipotecaria que el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo promovió contra Paola Andrea Hernández Benito.

ANTECEDENTES

1. En su escrito inicial, radicado ante el Juzgado de Bogotá, el Fondo Nacional del Ahorro presentó la demanda de la referencia, en procura del importe del saldo insoluto de un pagaré y otros conceptos derivados de este, así como para la efectividad de la garantía real. En el acápite pertinente, indicó que la competencia venía dada por su naturaleza de «Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional».

2. El aludido fallador se desprendió de la atribución, porque consideró competente a los jueces de El Espinal, todaRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 2 vez que « el inmueble objeto de la garantía real […] se encuentra ubicado en [ese] municipio».

3. El despacho receptor de El Espinal también rehusó la asignación, porque, al ser la ejecutante una entidad pública, el trámite se debe adelantar ante los jueces del lugar en donde se encuentra ubicado su domicilio

rehusó la asignación, porque, al ser la ejecutante una entidad pública, el trámite se debe adelantar ante los jueces del lugar en donde se encuentra ubicado su domicilio principal. Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo.

CONSIDERACIONES

1. Atribución legal para resolver Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código

General del Proceso.

2. Sobre las reglas de competencia y la atribución territorial en el Estatuto Procesal La pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el ordinal 1.º del artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertenciaRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 3 de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.

Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así: (i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de

(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28). (ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente. (iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado) (CSJ, AC5363-2022; CSJ, AC2421-2023, entre otras).

3. Concurrencia entre factores de competencia privativos 3.1. La competencia privativa o única, como se conoce en la doctrina, consiste en que, de la multiplicidad de jueces existentes dentro de la jurisdicción ordinaria, solo uno de ellos puede conocer válidamente del asunto y llevarlo a término; competencia especial que se enlista en la norma

existentes dentro de la jurisdicción ordinaria, solo uno de ellos puede conocer válidamente del asunto y llevarlo a término; competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepción a la reglaRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 4 general para determinar la facultad decisoria por razón del territorio, esto es, el domicilio del demandado. En determinadas circunstancias, una misma demanda puede armonizar con la premisa fáctica de dos reglas de competencia diferentes que, por su carácter privativo, resultan incompatibles. Lo anterior impone elegir una de ellas, a través de la aplicación del referente legal que orienta dicha labor de superposición: el canon 29 del estatuto adjetivo, que señala que «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes. Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor». La significación procesal de esa prelación equivale a reconocer que el orden de esos factores busca evitar que se menoscabe la validez del proceso, entendiendo que, en algunos casos, resultaría más gravoso inobservar el factor subjetivo, puesto que la codificación actual hizo improrrogable la competencia por aquel fuero (artículo 16 ejusdem). En ese sentido, correspondería aplicar la pauta de atribución legal que merece mayor estimación legal frente a aquellas de menor rango ( v. gr., la consagrada en la regla

ejusdem). En ese sentido, correspondería aplicar la pauta de atribución legal que merece mayor estimación legal frente a aquellas de menor rango ( v. gr., la consagrada en la regla general del ordinal 1.º del art. 28 del C.G.P.), esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, al encontrar cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecidoRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 5 (regla subjetiva que, en la actualidad, está vinculada con una de carácter territorial). De acuerdo con lo anterior, sería dable considerar que en los procesos en que es parte una entidad de naturaleza pública (cualquiera sea su denominación), se encuentra involucrada una regla de competencia instituida « en consideración a la calidad de las partes», de ahí que, en aplicación del criterio de preponderancia comentado, aquella desplaza a otras, como la del domicilio del demandado o del lugar de cumplimiento de la obligación. 3.2. La dificultad, entonces, se presenta cuando en un mismo asunto se verifica la confluencia de dos factores de competencia de carácter privativo que, en principio, podrían resultar incompatibles entre sí. Tal es el caso de los procesos en los que participa una entidad pública y están en discusión derechos reales. En efecto, el numeral 5 del artículo 28 del estatuto procesal señala que en los procesos contra una persona jurídica el competente es el juez del domicilio principal de esta, pero « cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o

En efecto, el numeral 5 del artículo 28 del estatuto procesal señala que en los procesos contra una persona jurídica el competente es el juez del domicilio principal de esta, pero « cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta», al tiempo que el ordinal 10.º de la misma norma dispone que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (…)».Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 6 Por su parte, la regla 7.ª del canon mencionado establece que «en los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia […] será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante». Tenemos, pues, que el Código General del Proceso asignó en ambos casos una competencia territorial exclusiva, ya sea en razón a la calidad del sujeto, « por el domicilio de la entidad pública», ora por el fuero o foro real, es decir, «por el lugar donde estén ubicados los bienes », cuando la discusión gira en torno a derechos reales.

ya sea en razón a la calidad del sujeto, « por el domicilio de la entidad pública», ora por el fuero o foro real, es decir, «por el lugar donde estén ubicados los bienes », cuando la discusión gira en torno a derechos reales. 3.3. La concurrencia de los anteriores foros en un mismo asunto ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala, generando el surgimiento de dos posturas: Por un lado, se encuentra aquella en la que se da prelación al fuero subjetivo representado por la naturaleza de la entidad pública como una de las partes en conflicto, sustentada principalmente por el precepto 29 de la norma procesal, según el cual « [e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes »1, mientras que la otra propende por la prevalencia del fuero real, acudiendo a una hermenéutica sistemática de principios fundamentales como el acceso a la administración de justicia de quien ve afectado 1 Ver entre otras: CSJ, AC4272-2018; CSJ, AC4522-2018; CSJ, AC117-2019; CSJ, AC1167-2019; CSJ, AC2313-2019; CSJ, AC3108-2019 y CSJ, AC1772-2021.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 7 su derecho de propiedad en un plano de igualdad e, incluso, el de inmediación del juez, contradicción y defensa, como manifestaciones del debido proceso2. 3.4. Es por esta segunda tesis que se ha venido inclinando el Despacho -sin desconocer el imperativo

el de inmediación del juez, contradicción y defensa, como manifestaciones del debido proceso2. 3.4. Es por esta segunda tesis que se ha venido inclinando el Despacho -sin desconocer el imperativo consagrado en la regla 10.ª del artículo 28 de la codificación procesal-, comoquiera que, al ser la justicia un servicio público esencial, su acceso y prestación debe garantizarse a todos los habitantes del territorio en condiciones de igualdad (art. 4º C.G:P.), eficacia (art. 4º Ley 270 de 1996) y eficiencia (art. 7º Ley 270 de 1996), ya que a través de ella se materializan fines esenciales del Estado como el aseguramiento de « la convivencia pacífica » y la « vigencia de un orden justo», al contribuir con la solución de los conflictos que se presentan entre los asociados (Art. 2º Constitución Política); sin embargo, en esta oportunidad no es posible plegarse a ese criterio, sin que ello signifique desatención del precedente horizontal, por las razones que pasan a exponerse.

4. Solución al caso concreto 4.1. Descendiendo al caso concreto, de conformidad con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia aportado con la demanda, así como de la información de público acceso que puede ser consultada en el sitio web de la entidad demandante, el Fondo Nacional del Ahorro es una sociedad de economía

Financiera de Colombia aportado con la demanda, así como de la información de público acceso que puede ser consultada en el sitio web de la entidad demandante, el Fondo Nacional del Ahorro es una sociedad de economía 2 Ver, entre otras: CSJ, AC3744-2018; CSJ, AC4875-2018; CSJ, AC5051-2018; CSJ, AC162-2019; CSJ, AC277-2019; CSJ, AC616-2019; CSJ, AC1020-2019 y CSJ, AC1028-2021.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 8 mixta, de carácter financiero de orden nacional, con domicilio principal en Bogotá, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público3, factores que indican su naturaleza pública. En este sentido, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del Poder Público está integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por «[l]as sociedades de economía mixta», por lo que resulta claro que la gestora es una de las personas jurídicas a que alude el ordinal 10.º del canon 28 referido, de tal suerte que, en principio, una interpretación literal de dicha norma podría llevar a la ineludible conclusión de que el asunto corresponde al juzgado del domicilio principal de la entidad promotora. 4.2. Como se advirtió con antelación (cfr. 3.4 supra) en principio la postura de esta Magistratura ha sostenido que

al juzgado del domicilio principal de la entidad promotora. 4.2. Como se advirtió con antelación (cfr. 3.4 supra) en principio la postura de esta Magistratura ha sostenido que una intelección conjunta de las reglas de competencia tantas veces citadas, al amparo de principios constitucionales como el de acceso a la administración de justicia, inmediación, contradicción e igualdad, todos ellos como manifestación de la prerrogativa consagrada en el artículo 29 Superior y con miras a efectivizar al derecho sustancial, permitiría resolver la tensión entre los foros competenciales real y subjetivo, dando prelación al consagrado en el numeral 7 del artículo 28 del Estatuto Adjetivo, según el cual «en los procesos en que se ejerciten derechos reales […] será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes (...)». 3 Decreto Ley 492 de 2020, conc. Acuerdo 2468 de 2022 por medio el cual se adoptan los Estatutos del FNA.Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 9 En efecto, la aplicación irrestricta del fuero personal, atendiendo la naturaleza pública del ente demandante, podría menoscabar las prerrogativas del llamado a juicio al tener que destinar tiempo y recursos para trasladarse a una ciudad diferente a la de ubicación del bien hipotecado que, en este caso, se encuentra en el mismo circuito judicial de su domicilio, amén de atentar contra la celeridad misma que se espera en la tramitación del asunto, pues para la práctica de diligencias el juez se vería en la obligación de comisionar a otros funcionarios, generando con ello demoras a todas luces

domicilio, amén de atentar contra la celeridad misma que se espera en la tramitación del asunto, pues para la práctica de diligencias el juez se vería en la obligación de comisionar a otros funcionarios, generando con ello demoras a todas luces evitables al acogerse el foro real. Inclusive, y no menos importante, la congestión judicial que esa inflexibilidad conllevaría, pues, como es sabido, la mayoría de entidades públicas -salvo las pertenecientes a sectores territoriales (municipios y departamentos)-, tienen su domicilio principal en Bogotá, lo cual implica la concentración de funciones y sobrecarga de los jueces de la capital de la República que repercutiría negativamente, se itera, en la celeridad y eficacia que se espera de la administración de justicia. 4.3. No obstante, comoquiera que en este caso no se presenta la tensión advertida, pues el Fondo Nacional del Ahorro no renunció a su prerrogativa subjetiva al presentar la demanda ante los jueces de la capital de la República -donde tiene asiento su domicilio principal-, el funcionario al que inicialmente se le asignó la causa no podía desprenderse de su tramitación, pues ello contraría las reglasRadicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 10 de procedimiento ya explicadas y el querer de la entidad en favor de la cual el legislador estableció el privilegio consagrado en los artículos 28-10 y 29 del Estatuto Procedimental General.

5. Conclusión Por lo anterior, estima el Despacho que la competencia

consagrado en los artículos 28-10 y 29 del Estatuto Procedimental General.

5. Conclusión Por lo anterior, estima el Despacho que la competencia para adelantar el compulsivo con garantía hipotecaria, promovido por el Fondo Nacional del Ahorro contra Paola Andrea Hernández Benito, recae en el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, de acuerdo con la elección del foro de competencia por parte del ente demandante.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá para conocer la demanda de la referencia; en consecuencia, remítasele de inmediato el expediente. SEGUNDO. Informar lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada en la contienda y a los demás interesados. Notifíquese y cúmplase,Radicación n.º 11001-02-03-000-2025-05451-00 11

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado