CSJ - AL12721(20-11-2003)

República de Colombia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION LABORAL

Magistrada Ponente: ISAURA VARGAS DIAZ

Tutela Referencia No.497604 Radicación No. 12721 Acta No. 75 Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil tres (2003). Se resuelve lo que en derecho corresponda en relación con la decisión T-663 de 2003 que por vía de tutela emitió la Corte Constitucional en la cual dispuso “ Ordenar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, decida los recursos de casación instaurados en los procesos mencionados en el numeral anterior, con sujeción a lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 48 y al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política”. La sentencia de casación a que se refiere el fallo de la Corte Constitucional en el sub judice, es la proferida el 31 de enero de 2000 dentro del proceso promovido por JUAN CLÍMACO República de Colombia 2 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia

RODRÍGUEZ RODRIGUEZ contra la CAJA DE CREDITO AGRARIO

INDUSTRIAL Y MINERO, radicación 12721.

I. ANTECEDENTES En lo que a la decisión interesa basta decir que JUAN CLIMACO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ instauró demanda ordinaria laboral contra la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIALO Y MINERO para que se lo condenara a reliquidar el valor inicial de su

pensión, actualizando el salario promedio devengado en el último año de servicios según la variación de los índices de precios al consumidor hasta cuando comenzó a disfrutar de ella, y a pagarle la diferencia entre lo que viene pagando y el valor actualizado. La demandada no contestó la demanda y en la primera audiencia de trámite propuso las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido, buena fe, pago, inexistencia de la obligación y la que denominó “no configuración de doctrina probable”. Por fallo del 9 de octubre de 1998 el Juzgado República de Colombia 3 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la demandada a “reliquidar el valor inicial de la pensión de jubilación reconocida al demandante, señor Juan Clímaco Rodríguez Rodríguez, cuya primera mesada asciende a trescientos ochenta y un mil cuarenta y un pesos con 32/100 ($381.041,32) moneda corriente, a partir del 9 de agosto de 1994, y el pago de la diferencia entre lo que está reconociendo y el valor actualizado, junto con los incrementos legales y las correspondientes mesadas adicionales”; decisión que al conocer de la apelación de la demandada el Tribunal confirmó con la sentencia acusada en casación.

II. EL RECURSO DE CASACION Al resolver el recurso extraordinario interpuesto por la parte demandante, como ya se dijo, con su fallo del 31 de enero de 2000, la Corte casó la sentencia de segunda instancia.

Contra la anterior decisión JUAN CLÍMACO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ acudió a la acción de tutela, con el objeto

de que le fueran protegidos sus derechos “al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y amparo de la República de Colombia 4 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia tercera edad”. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “B”, denegó la acción de tutela, al considerar que “cuando la decisión está sustentada en un criterio jurídico, que puede ser admisible a la luz del ordenamiento o de la interpretación de las normas aplicables, no podía ser discutida por esta vía de amparo constitucional toda vez que atentaría contra el principio de autonomía judicial en virtud del cual, cuando el juez aplica la ley, debe fijar el alcance de la misma, esto es, darle un sentido frente al caso concreto, a menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento” (folio 17 cuaderno 1). La anterior providencia fue confirmada por la Subsección “B” Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sic), por considerar que “en este proceso no se presentó una vía de hecho puesto que la sentencia se dictó de conformidad con las normas procesales y su valoración se realizó conforme a los documentos aportados al expediente, correspondiendo su decisión a un punto de derecho, sin que pueda decirse que se violó el debido proceso o algún otro derecho fundamental del actor” (Ibídem). República de Colombia 5 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia Al conocer de las decisiones de tutela en virtud de la revisión, la Corte Constitucional, mediante sentencia del 6 de agosto de 2003, resolvió revocar la anterior sentencia, disponiendo lo

que arriba se dijo. III CONSIDERACIONES DE LA CORTE Como ya se ha dicho en similares situaciones, es un verdadero despropósito insinuar, y mucho más decirlo, que lo resuelto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el asunto que nos ocupa, constituyó una vía de hecho. Ello es tanto como sostener, que toda controversia de carácter eminentemente jurídico, por la sola circunstancia de que la otra opinión apoyada también en doctrina respetable no le seduzca a la Corte Constitucional, resulta arbitraria. No puede decirse, con razón de peso, que la no aplicación de la indexación a la primera mesada pensional, sustentada en argumentos, opuestos a su viabilidad, discernidos en el campo de las pensiones durante ya cerca de dos décadas, tanto en un sector de los estrados judiciales como de la academia, sea caprichosa y como tal República de Colombia 6 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia vaya en contravía de lo dispuesto en los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Carta Política, pues ese juicio, al igual que el contrario, está sustentado en criterios sopesados durante un tiempo bastante considerable, que hasta hoy al propio interior de la Sala de Casación Laboral no ha encontrado uniformidad entre sus miembros. Aunque sin trascendencia para la decisión que habrá de tomarse, conviene anotar que la discusión jurídica decidida en la sentencia de casación cuestionada no infringió derecho fundamental alguno del demandante, pues versó sobre un aspecto de orden legal. Si bien es cierto que en la Constitución Política se prevé que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se

presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, también lo es que ella misma remite a la ley la regulación de la cobertura de esos riesgos (Art. 48); luego, habiéndose tratado de un aspecto tendiente a determinar acerca de la viabilidad de la corrección monetaria de la primera mesada pensional, obviamente dentro del régimen legal aplicable al caso, fácilmente se comprende que en rigor, no hubo pronunciamiento respecto de ningún derecho fundamental, en tanto la Sala de Casación Laboral obrando dentro del marco de su competencia constitucional, resolvió simplemente una controversia República de Colombia 7 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia jurídica, en su esencia de estirpe legal. Resulta inadmisible, por lo tanto, que a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de su exclusiva incumbencia, se pretenda imponer por la Corte Constitucional la particular opinión de varios de sus Magistrados, asumiendo una competencia que no tiene y con ello desconociendo la autoridad que la Constitución le otorga a la Sala de Casación Laboral en las materias tratadas, con apoyo descuidado en la desatención de un criterio que guste o no es más que respetable. Esa situación incomprensible y caprichosa de la Corte Constitucional no puede pasar desapercibida por la Corte Suprema de Justicia y, precisamente, con la única finalidad de proteger la propia Carta Política, concretamente el artículo 218, se dirá que la única sentencia válida en este asunto, es la del 31 de enero de 2000, con lo cual se garantiza el principio de autonomía e

independencia de los Jueces tan necesario en los tiempos actuales, cuyo postulado viene reafirmado en el artículo 5o. de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia al precisar que “Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá República de Colombia 8 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias”. Prohibición que con mayor razón debe entenderse tratándose de la Corte Suprema de Justicia, habida consideración que carece de superior. En ese orden de ideas, corresponde una vez más reiterar, las reflexiones planteadas en sentencia de 9 de marzo de 2000, donde se resolvió por esta Corporación una situación igual, señalándose en lo pertinente, lo siguiente: “Son de jerarquía constitucional los postulados según los cuales la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; los jueces en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley; las decisiones de éstos son independientes, los términos procesales deben ser observados so pena de ser sancionado su incumplimiento; y el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. “Lo anterior supone el establecimiento, a nivel constitucional, de unos lineamientos que colocan a la Corte Suprema como responsable de una función judicial específica cuyo ejercicio y resguardo implica, por tanto, el respeto mismo a la Carta Política. “En ese orden de ideas, la Corte Suprema al desempeñar sus

funciones, está garantizando el desarrollo del orden jurídico impuesto por la Constitución, que la estableció como órgano límite, no por un simple acto de imposición formal, sino porque en un orden jerárquico todo proceso de decisión debe tener un final y ese fue el establecido en la Carta al darle efecto de intangibles a las determinaciones de la República de Colombia 9 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia Corte Suprema. “Dentro de tal concepción, debe entenderse que con estas decisiones se desarrolla el postulado de defensa de los derechos fundamentales, pues no es concebible la colisión que representaría que una resolución final, según la propia Constitución, pudiera ser vulnerada bajo el supuesto de su oposición a un derecho fundamental. “Los límites reconocidos al recurso de casación, como decisión encomendada a la Corte Suprema por la misma Carta, provienen de la naturaleza del fallo correspondiente, de los fines que a esta institución se le reconocen y del procedimiento especial al que debe ajustarse su trámite. “Debe tenerse presente que dentro de tales parámetros quedan involucrados los conceptos de cosa juzgada, como verdad judicial incontrovertible, y de seguridad jurídica, como una consecuencia de aquella y fundamento necesario de la convivencia social. Esta última, a su vez como fin del Estado, es la que legitima en mayor grado la exigencia de inmutabilidad de las decisiones del Cuerpo Judicial requerido para expresar el dictamen final. “También debe destacarse la consagración constitucional de la función como Tribunal de Casación que se le asigna a la Corte Suprema, en la cual actúa, además, como garante de enmienda de las

violaciones a las normas de derecho sustancial en que se incurre en el desarrollo de la aplicación del derecho ordinario. “Por tanto, pretender el desconocimiento de un pronunciamiento hecho por vía de casación, subvierte el respeto que a la Constitución misma se le debe tener como Norma Máxima y dentro de la concepción abstracta de representar ella, en sí misma, el orden jurídico y de consagrar, además, la primacía de la ley como único sendero imperativo para las decisiones judiciales. La ley es la concreción de los postulados abstractos previstos en la Carta y por ello al garantizar su recta aplicación, por la vía del juicio de legalidad que es propio de la casación, éste recurso extraordinario está permitiendo la defensa misma de la Constitución. No debe olvidarse que la ley se presume avenida a ella mientras no sea declarada inexequible o no resulte de bulto su inaplicación por la evidente República de Colombia 10 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia contradicción de los postulados constitucionales. “La casación a su vez, y ateniéndose en ello a otro mandato superior, debe respetar las reglas fijadas para su procedencia, previstas en la misma ley procesal, que por su parte es la garante del debido proceso y dentro de él, del derecho de defensa. “No es concebible, por tanto, la posibilidad de una orden contraria a una decisión de casación. Configura un imposible jurídico el cumplimiento de una determinación tal y nadie está obligado a lo imposible. “La proliferación de tutelas contra fallos de casación, proviene de la incomprensión acerca de los cometidos institucionales a que ella

corresponde lo que ha sido auspiciado por la propia jurisprudencia constitucional en una aplicación inapropiada y desintegradora del ordenamiento jurídico. “Los razonamientos a que se acude en este tipo de decisiones de tutela permiten comprobar que se trata más de juicios al sistema que de reales atentados a los derechos fundamentales. Luego si los ordenamientos casacionales no desarrollan los principios y valores consagrados en la Constitución, como se les juzga en este tipo de decisiones, lo políticamente correcto sería reformarlos y no mantenerlos para seguir acusándolos a través de la tutela con los costos que para el sistema democrático, el poder judicial y la confianza en general ello implica. “Todo lo anterior ha generado la desarticulación del sistema, dando lugar a que la tutela se preste a propósitos no claros de desconocimiento de los fallos y de la seguridad jurídica expresión del Estado sometido al derecho en una explosión de litigiosidad inmanejable. “Los razonamientos a que se acude en esta clase de fallos ponen en evidencia lo alejados que se encuentran de la protección de los derechos fundamentales. Las más de las veces son juicios despóticos sobre un supuesto deber ser procesal a manera de instancia adicional del proceso ordinario, cuando no se expresan como postura manifiestamente defensiva de la inocencia o interés del accionante, con lo cual al fallo demandado termina superponiéndosele República de Colombia 11 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia uno nuevo fundado en razones distintas a las debatidas. “Esta irracionalidad tiene dos manifestaciones claves: “a) La deslegitimación del poder judicial por el propio poder

judicial (constitucional) sin que logre establecerse si ello es expresión del debate de paradigmas sobre teoría jurídica, que no parece si se observa el tipo de motivaciones que se consagran en estos fallos, o a una instrumentalización de la jurisdicción constitucional y su carácter difuso, para hacer prevalecer intereses de algunos sectores o personas en particular. “b) El fraude y la invalidación manifiesta del querer del constituyente por configurar un poder judicial independiente. Su prescripción porque los jueces en sus fallos sólo estén sometidos al imperio de la ley no rige. El mandato de abstención a las autoridades públicas (incluidos los jueces de constitucionalidad) de no interpelar la labor de los jueces en sus decisiones de expreso enunciado constitucional ha sido derogado. “Para esta Sala, su sentencia emitida el 18 de octubre de 2000, dentro del proceso ordinario laboral promovido por FLORENTINO ENRIQUE MENDEZ ESPINOZA contra EL BANCO POPULAR, de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, ha hecho tránsito a cosa juzgada y, por lo mismo, resulta inmodificable no solo por esta misma Corporación, sino por cualquier otra autoridad del país, no siendo la acción de tutela el mecanismo idóneo para producir su anulación y menos para indicarle a la Corte Suprema de Justicia, cómo debe proferir la decisión de reemplazo, por las razones que se exponen a continuación: “A).- FUNCION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN CASACIÓN. “1.- El artículo 234 de la Constitución Política

de Colombia erige a la Corte Suprema de Justicia como “...el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria...” y en tal condición, le es asignada por el artículo 235 ibídem, entre otras funciones, la de “Actuar como Tribunal de Casación.” “La necesidad de encomendar a un órgano superior el fin de las decisiones judiciales en materia civil, laboral y penal y la República de Colombia 12 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia legitimidad que encarna dentro de esas ramas la Corte Suprema de Justicia, llevó al constituyente de 1991 a erigir a esta Corporación en “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, así está plasmado paladinamente en el artículo de la Constitución Política en comento, que no admite una lectura diferente de la que fluye de ese claro precepto superior. Es elemental que si hay un organismo máximo, las decisiones que él profiera de ninguna manera y bajo ningún pretexto pueden ser revocadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad porque la propia Constitución les da el sello de intangibilidad; ellas son las últimas y las definitivas dentro de la respectiva especialidad. Por consiguiente, las decisiones que en ese especial carácter profieren las Salas de la Corte Suprema se consideran acertadas y legítimas, no porque esta Corporación les asigne tal condición, sino porque es la propia Carta fundamental la que lo discierne al situarla en la cúspide de la jurisdicción ordinaria. “Así lo reconoció la Corte Constitucional al efectuar la revisión de la que posteriormente sería la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, al analizar el artículo 17 referente a las

funciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia frente a las disposiciones del Estatuto Superior, concretamente al artículo 234. En los siguientes términos se expresó esa alta Corporación: “Esta norma (artículo 234 de la Constitución) señala que la Corte Suprema será dividida por la ley en salas, las cuales conocerán de sus asuntos en forma ‘separada’, salvo que se determine que en algunas oportunidades se estudiarán materias por la Corporación en pleno. En ese orden de ideas, las atribuciones que el artículo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casación y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que serán ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casación Penal. De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada sala de casación – penal, civil o laboral – actúa, dentro del ámbito de su competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba República de Colombia 13 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas. En otras palabras, la redacción del artículo 234

constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como ‘máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’”. Lo indicado entre paréntesis es por fuera de texto. (Sentencia No.C-037/96). “2.- La abundante literatura sobre el recurso de casación enseña que es consubstancial al mismo la existencia de un tribunal especializado que conozca de él. La Constitución Política fue consciente de ello al asignarle a la Corte Suprema de Justicia de manera privativa la “atribución” de conocer del recurso de casación. Siendo ello así resulta innegable que este medio de impugnación no tiene una consagración simplemente legal sino una clara contemplación en la Carta Fundamental y que cuando el órgano constitucionalmente competente cumple con la regulación legal que lo disciplina está obedeciendo el ordenamiento superior, siéndole vedado a cualquier otra autoridad inmiscuirse en sus decisiones, independientemente de la motivación que le asista para ello. Lo contrario conduciría al contrasentido de instituir en un órgano el control del recurso de casación y considerar contrarias a la Constitución sus decisiones, cuando éste en ejercicio de sus atribuciones dicta sentencias con arreglo a las normas que lo regulan. “La particular naturaleza, características y finalidades del recurso impone que sea un tribunal especializado, situado constitucionalmente en la cúspide de la estructura judicial, a través de sus Salas de Casación, a quien corresponda de manera privativa su conocimiento y decisión. Si esa indiscutible atribución constitucional se compartiera

con cualquier otra autoridad judicial, o lo que es peor, se permitiera la revisión de sus decisiones por otro organismo, obviamente se desnaturalizaría el recurso mismo y se quebrantaría el texto constitucional que entrega a la Corte Suprema la función exclusiva de decidir definitivamente sobre los asuntos atinentes al mismo. “3. Desde su misma creación, se ha entendido y reconocido, no solo por esta misma Corporación, sino, además, por la Corte Constitucional, que la Casación no es una tercera instancia, donde se deba recomponer el litigio, pues éste formalmente concluye con la República de Colombia 14 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia ejecutoria de la sentencia de único, primer o segundo grado, la cual goza de la presunción de legalidad y acierto, como consecuencia necesaria de la aplicación del principio de cosa juzgada (verdad legal). “4.- La competencia de la Corte Suprema de Justicia, frente a tales actos, como máximo Tribunal de Casación, es restringida y extraordinaria. “Es restringida porque su función está limitada a hacer el examen comparativo, que le proponga el recurrente, de la sentencia impugnada con la ley, con el fin de preservar el imperio de ésta y unificar la jurisprudencia nacional. Examen que solo puede estar circunscrito a la demanda de casación, pues no puede olvidarse que para la contraparte, como lo ha afirmado la propia Corte Constitucional, (sentencia C-543/92) “la sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para la parte favorecida, un título dotado de

plena validez y oponible a todo el mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a partir de la firmeza del fallo.” “Es extraordinaria porque no todas las sentencias son susceptibles de ser acusadas por este mecanismo. “5.- Desde este punto de vista, y dado el carácter extraordinario del recurso, se ha entendido ecuménicamente que la demanda de casación debe estructurarse con acomodo estricto a los preceptos legales, con sus desarrollos doctrinales y jurisprudenciales, siendo el derrotero único para la labor de la Corte, quien carece de facultades para actuar de oficio a fin de enmendar o corregir los defectos de que dicha demanda pueda adolecer. “6.- Sólo en este ámbito, mirado a grandes rasgos, puede desarrollar la Corte su actividad en orden a cumplir su función como Tribunal de casación. Como puede verse, entonces, ese es su papel asignado por el legislador y tiene que desenvolverse con cumplimiento estricto a las formas legalmente establecidas, so riesgo, en caso de no hacerlo, de ser ella la infractora de la ley. “En términos similares, la misma Corte Constitucional lo expresó al decidir sobre la exequibilidad del artículo 7º de la Ley 16 de 1969: “2.3. La casación en materia laboral y la causal acusada. República de Colombia 15 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia “Él recurso de casación ha sido calificado como ‘extraordinario’, en la medida en que no constituye una tercera instancia y su procedencia sólo se da previo el cumplimiento de exigentes requisitos determinados por el legislador. Con todo, debe

señalarse que la posibilidad de intentar este tipo de impugnación no está establecida para cualquier situación de orden procedimental que se presente en un juicio, ni tampoco contra cualquier sentencia. Por el contrario, el legislador, buscando la prevalencia del Estado de derecho, el imperio de la ley, la realización del derecho sustancial y la unificación de la jurisprudencia nacional, determinó que la Corte Suprema de Justicia sólo ejercería sus funciones como tribunal de casación (art. 235-1 C.P.) en los casos taxativamente consagrados en los artículos 368 del Código de Procedimiento Civil, 87 del Código de Procedimiento Laboral -modificado por los artículos 60 del Decreto 528 de 1964, 23 de la Ley 16 de 1968 y 7° de la Ley 16 de 1969y 220 del Código de Procedimiento Penal. “Áhora bien, debe decirse que el conflicto que amerita la procedencia de una demanda de casación, comporta necesariamente un enfrentamiento entre la sentencia acusada y la ley. El examen recae, pues, sobre la sentencia y no sobre la controversia sometida inicialmente a conocimiento del juez de instancia. Así las cosas, conviene señalar que tradicionalmente se ha sostenido que existen dos grandes categorías de causales para acudir en casación: los errores in iudicando, en los cuales se debaten aspectos sustanciales referentes al desconocimiento de la ley; y los errores in procedendo, relativos a los aspectos de forma o procedimentales del proceso. “Én materia laboral, el legislador, al considerar que los argumentos respecto de asuntos de forma deberían ventilarse y

definirse ante las respectivas instancias, quiso que los denominados errores in procedendo no fueran argumentables en casación. Por tanto, en esta materia sólo es posible demandar respecto de asuntos in iudicando, procedentes de errores de derecho o de hecho. “’Sobre este asunto, señaló la Corte Suprema de Justicia: República de Colombia 16 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia “’Por su raíz histórica y por su desarrollo constitucional y legislativo, la casación es un recurso extraordinario. Supone que el proceso ha concluido, y que ha concluido con una decisión acertada y ajustada a la ley. Y el carácter excepcional del recurso de casación se manifiesta por dos aspectos: el primero porque no cabe contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala; y el segundo porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio. Para atender a una realidad social específica la ley ha autorizado la proposición de este medio de impugnación cuando en la sentencia acusada se incurre en error de hecho o de derecho. El primero de esos yerros debe ser manifiesto, protuberante, y el recurrente asume la carga de romper las presunciones de legalidad y acierto que por fuerza del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las dos instancias amparan la decisión impugnada, de manera que está obligado a comprobar el desacierto, poniendo de presente que es ostensible y destruyendo de una manera razonada todos los soportes que sirvieron de fundamento a la decisión judicial, demostrando que ella surge de deficiencias del sentenciador

por la errónea apreciación de las pruebas. El rigor del recurso, tratándose del error de hecho -ajeno a lo que fue la casación en sus orígenes-, fue acentuada por nuestro legislador de 1969 (Ley 16 del año citado, art. 7o.), que estimó que este yerro, en el recurso extraordinario laboral, sólo podía provenir de la falta de apreciación o de la apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular, con lo cual, en principio, excluyó las restantes pruebas’. “Resulta entonces de particular interés observar que el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, excluyó la posibilidad de demandar en casación aspectos en materia probatoria diferentes al error de hecho ‘por falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular’. Esta decisión no se basó únicamente -como se señaló- en el argumento de que los asuntos procedimentales se podían ventilar ante los jueces de instancia, pues no debe olvidarse que el juez que dirige el proceso tiene un contacto directo y permanente con el proceso y, lo que es más importante, evalúa en forma personal y autónoma cada una de República de Colombia 17 Expediente 12721 Corte Suprema de Justicia las pruebas, asignándole a cada una de ellas su respectivo valor jurídico. De ello resulta que mal podría el juez de casación entrar a evaluar si el juez de instancia apreció correctamente o no un testimonio u otra prueba cuya relevancia no pueda ser definida

objetivamente. Por ello, en estos casos la casación sólo se permite del error de hecho por indebida apreciación de un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección judicial, y siempre y cuando ese yerro altere sustancialmente el resultado del proceso. “Al respecto, estableció la Corte Suprema de Justicia: “‘Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de alguna de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto de textos sustanciales de la ley que conduzca a dejar sin efectos la decisión que así estuviere viciada. “‘La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto a otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del v