CSJ - AL3650-2020

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente AL3650-2020 Radicación n.°85117 Acta 44 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020). La Corte decide la solicitud de aprobación de transacción y terminación del proceso que las partes presentan en el trámite del recurso de casación interpuesto contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 19 de marzo de 2019, en el proceso ordinario laboral que BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO promueve contra GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA, los herederos

determinados GLORIA ELENA, JUAN GUILLERMO, LUIS

JAVIER, JORGE ALBERTO, MARÍA VICTORIA, MERCEDES, AGUSTÍN y BERTHA LUCÍA ACEVEDO MAYA y los indeterminados de BERTHA MAYA DE ACEVEDO.

I. ANTECEDENTES

SCLAJPT-06 V.00

Radicación n.° 85117 El accionante solicitó que se declare la existencia de un contrato de prestación de servicios de honorarios profesionales con los demandados, los cuales aún no le han sido cancelados y, en consecuencia, se condene al reconocimiento y pago de los mismos. En sustento de sus peticiones, narró que suscribió contrato de prestación de servicios con Gabriel Jaime Acevedo Maya, quién actuaba en calidad de albacea nombrado de los bienes de Bertha Maya de Acevedo, en el que se pactaron honorarios con la finalidad de adelantar los

trámites vinculados al juicio sucesorio de la precitada causante. Agregó que en dicho contrato se estableció que su actividad profesional se remuneraría conforme a la tarifa establecida por el Colegio Nacional de AbogadosCONALBOSpara los juicios sucesorios; que en ejecución de dicho mandato adelantó diferentes gestiones procesales «arduas y complejas», pero se «vio obligado a renunciar al poder» al no mantener comunicación con Gabriel Acevedo Maya, sin que hasta el momento de la presentación de la demanda hayan logrado ponerse de acuerdo frente a la cuantía y el reconocimiento de sus honorarios (f.º 1 a 14, cuaderno 1.1). Mediante fallo de 30 de noviembre de 2018, el Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín decidió (f.º 1762 a 1772, cuaderno 4):

SCLAJPT-06 V.00 2

Radicación n.° 85117

PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA respecto de los codemandados GLORIA ELENA ACEVEDO MAYA, JUAN

GUILLERMO ACEVEDO MAYA, LUIS JAVIER ACEVEDO MAYA,

JORGE ALBERTO ACEVEDO MAYA, MERCEDES ACEVEDO

MAYA, AGUSTÍN ACEVEDO MAYA Y BERTHA LUCÍA ACEVEDO

MAYA.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de pago, por la suma de $10.000.000 en relación con el

codemandado GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA.

TERCERO: CONDENAR al señor GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA, a pagar al demandante BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO, la suma de $153.411.712 por honorarios profesionales por su gestión en el proceso de sucesión de la señora BERTHA MAYA DE ACEVEDO, tramitado ante el JUZGADO QUINTO DE

FAMILIA DE MEDELLÍN radicado 2003-0081.

CUARTO: CONDENAR al señor GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA, a pagar al demandante BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO, los intereses legales del artículo 1617 del C.C., sobre la suma de $153.411.712, liquidados desde el 24 de febrero de 2009, fecha de la admisión de la renuncia del poder, en el contexto del proceso de sucesión, y hasta la fecha del pago.

QUINTO: Condenar a la señora MARÍA VICTORIA ACEVEDO MAYA, a pagar al demandante BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO, la suma de $9.821.859 por honorarios profesionales por su gestión en el proceso de sucesión de la señora BERTHA MAYA DE ACEVEDO, tramitado ante el JUZGADO QUINTO DE

FAMILIA DE MEDELLÍN radicado 2003-0081.

SEXTO: CONDENAR a la señora MARÍA VICTORIA ACEVEDO MAYA, a pagar al demandante BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO, los intereses legales del artículo 1617 del Código Civil, sobre la suma de $9.821.859, liquidados desde el 24 de febrero

de 2009, fecha de la admisión de la renuncia del poder, en el contexto del proceso de sucesión, y hasta la fecha del pago.

SÉPTIMO: DECLARAR IMPROBADAS LAS DEMÁS EXCEPCIONES propuestas por los demandados.

OCTAVO: COSTAS en esta instancia a cargo de los señores GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA y MARÍA VICTORIA ACEVEDO MAYA, por resultar vencidos en el juicio, en favor del demandante BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO. Se fijan como agencias en derecho la suma de $15.000.000 a cargo del señor GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA y $900.000 a cargo de MARÍA

VICTORIA ACEVEDO MAYA.

SCLAJPT-06 V.00 3

Radicación n.° 85117 Por apelación del demandado Gabriel Acevedo Maya (f.º 1773 a 1775, cuaderno 4), a través de sentencia de 19 de marzo de 2019 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín decidió (f.º 1783 a 1791): 1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 30 de noviembre de 2018, en cuento ordenó el reconocimiento y pago de los honorarios profesionales generados a favor del demandante y en contra de GABRIEL ACEVEDO MAYA y MARÍA VICTORIA ACEVEDO MAYA. 2.- La REVOCA en cuanto condenó al pago de los intereses legales a cargo del codemandado GABRIEL ACEVEDO MAYA, para en su lugar ABSOLVERLO de esta condena.

3.- CONDENA al Sr. GABRIEL ACEVEDO MAYA a reconocer y pagar la indexación de la suma adeudada, liquidada entre el 24 de febrero de 2009 y la fecha en que se haga el pago efectivo de la obligación. Costas, como se dijo en la parte motiva, en contra de la parte parcialmente vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de $690.097. El juez plural advirtió que en atención al principio de consonancia, su estudio se limitaría a las materias objeto del recurso de apelación «interpuesto en este caso por la parte accionada». Así, señaló que no era objeto de discusión que: (i) existió un contrato de prestación de servicios entre el actor y Gabriel Acevedo Maya, y este, en calidad de heredero y albacea de los bienes de Bertha Maya de Acevedo, junto con su hermana María Victoria Acevedo le confirieron poder a aquel a fin que

SCLAJPT-06 V.00 4

Radicación n.° 85117 adelantara desde su inicio y hasta su terminación el proceso sucesorio de Maya de Acevedo; (ii) son diez los sucesores determinados de Bertha Acevedo Maya; (iii) el apelante canceló al actor la suma de $10.000.000 por concepto de honorarios correspondientes al proceso de sucesión; (iv) el albaceazgo terminó el 14 de junio de 2005; (v) el accionante continúo con su rol de abogado en el proceso sucesorio hasta el 24 de febrero de 2009, fecha en la cual le fue aceptada su renuncia del poder, y (vi) Gabriel Acevedo Maya vendió sus

derechos litigiosos hereditarios el 11 de marzo de 2008. En esa perspectiva, indicó que resolvería si en este caso se configuró la excepción de prescripción. Al respecto, expuso que si bien la naturaleza del contrato celebrado por el demandante y el apelante es de naturaleza civil, el estudio de dicho fenómeno debía realizarse con las normas «del ordenamiento jurídico laboral», para lo cual citó la sentencia

CSJ SL9310-2016.

Agregó que la exigibilidad del derecho reclamado ocurrió a partir del momento en que el juez del proceso sucesorio aceptó la renuncia del demandante, esto es, el 24 de febrero de 2009 y no la fecha en la cual había terminado el albaceazgo, dado que el apelante había actuado al interior del proceso en doble calidad, tanto como albacea y como heredero. Respecto a la legitimación en la causa de los demás codemandados, reiteró que Gabriel Jaime Acevedo Maya actúo como albacea y heredero, y que al ser el proceso de

SCLAJPT-06 V.00 5

Radicación n.° 85117 sucesión un juicio adversarial en el cual no hubo acuerdo mutuo, «se convino que cada cual conseguiría un abogado que los representara, como en efecto aconteció», de modo que el poder otorgado por aquel y su hermana María Victoria Acevedo al demandante no era oponible a los otros codemandados. En su sustento citó la sentencia CC C-11782001. Por otra parte, en torno al argumento de temeridad o mala fe fundado en la venta de los derechos hereditarios que a título universal Gabriel Jaime Acevedo Maya realizó el 11

de marzo de 2008, señaló que «las actuaciones a partir de esa fecha, no producen ningún efecto» y que en el interregno entre la cesión de dichos derechos y la admisión de la renuncia del poder por el juez de conocimiento del proceso sucesorio no se surtió ninguna actuación que pueda llegar a «menguar los eventuales derechos del demandante en percibir el monto de sus honorarios». Explicó que el avance del proceso para el momento de la renuncia del poder no correspondía al 50% y ratificó los argumentos del a quo en tanto «el rasero con el cual deben medirse los honorarios deprecados, debe ser el avance material del proceso bajo la gestión del abogado, hasta la fecha de su efectiva actuación profesional». Aseveró que el mandato conferido por Gabriel Acevedo Maya en calidad de albacea finalizó el 14 de junio de 2005, sin que se haya terminado el otorgado en calidad de heredero, y que «con independencia de si la actuación del

SCLAJPT-06 V.00 6

Radicación n.° 85117 abogado dentro del proceso de sucesión, se hizo a nombre del albacea o del heredero o legatario, recayendo el acto de apoderamiento en la misma persona, la sola gestión profesional es causa y origen del derecho a percibir los honorarios que correspondan de conformidad con las tarifas vigentes», sin que exista prueba en el proceso de la «supuesta exoneración de honorarios que el demandante habría acordado con el demandado». En torno a los intereses legales señaló que solo en el marco de un eventual proceso ejecutivo «podrán hacerse valer» dado que no es posible «hablar de mora en el pago de

una obligación que aún se discute», de modo que revocó este punto de la sentencia y, en su lugar, condenó al reconocimiento de la indexación de las sumas adeudadas por el apelante. Por último, aclaró que «la anterior decisión recae solo sobre el codemandado enunciado, GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA, sin que se haga extensiva a la condena proferida en similar sentido en contra de MARIA (sic) VICTORIA ACEVEDO MAYA, quien no recurrió de la decisión». El demandado Gabriel Jaime Acevedo Maya interpuso recurso de casación y el Tribunal lo concedió por medio de auto de 29 de abril de 2019 (f.º 1793 y 1794, cuaderno 4). Sin embargo, previo a la admisión del recurso por parte de la Corte, el 25 de junio de 2019 el recurrente y la codemandada María Victoria Acevedo Maya, acompañado el

SCLAJPT-06 V.00 7

Radicación n.° 85117 primero por su apoderado, y en coadyuvancia con el demandante, radicaron memorial ratificado ante notario en el que informaron al despacho que realizaron acuerdo transaccional y, por ello, solicitan que se ordene la terminación del proceso conforme lo establecido en el artículo 312 del Código General del Proceso (f.º 1 a 4, cuaderno Corte). En él reseñaron los antecedentes procesales y convinieron lo siguiente (f.º 5 a 8): PRIMERO: Las partes que intervienen en este contrato, para poner fin al actual litigio judicial, convienen en TRANSAR con el pago de las siguientes sumas de dinero: a) A la firma del presente contrato la suma de TREINTA

MILLONES DE PESOS ($30.000.000), dinero pagado en efectivo y que tiene recibidos a plena satisfacción el DEMANDANTE. b) La suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000), dinero pagadero en efectivo el 30 de septiembre de 2019 a las 10:00 AM de la mañana en la ciudad de Medellín. SEGUNDO. Que de esta manera quedan transadas y pagadas la totalidad de las cuestiones debatidas y las condenas impuestas en las sentencias de primera y segunda instancia con respecto a los HONORARIOS PROFESIONALES, INTERESES LEGALES, COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO y demás condenas que se puedan imponer en contra de los DEMANDADOS con ocasión del RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN LABORAL interpuesto ante LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. TERCERO. Que en virtud de ésta (sic) TRANSACCIÓN y con esta suma de dinero LOS DEMANDADOS han incorporado lo que corresponda a todo concepto relacionado, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia que tenga por causa el contrato de prestación de servicios de abogado que ha quedado extinguido. Quedando así agotada totalmente ésta (sic) TRANSACCIÓN, con respecto a cualquier otra persona pública o privada que directa o indirectamente estuviera llamada a responder (sic) a cualquier título por esos mismos hechos (…).

SCLAJPT-06 V.00 8

Radicación n.° 85117 OCTAVO. Que de esta forma se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, ya que todas las diferencias planteadas han sido

transigidas y por lo tanto las partes solicitaran (sic) ante LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL, la terminación del proceso por TRANSACCIÓN de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 312 del C.G.P.

II. CONSIDERACIONES Sea lo primero señalar que a partir de la reciente providencia CSJ AL1761-2020, la Corte cambió el criterio expuesto en la decisión CSJ AL8458-2017, que indicaba que era inadecuado solicitar en sede de casación la aprobación de un contrato de transacción, para ahora retomar lo adoctrinado en el auto CSJ AL, 26 jul. 2011, rad. 49792 en el sentido de sostener la procedencia de este tipo de peticiones siempre que reúnan los requisitos legales previstos para ello. Al respecto, la Corporación puntualizó: (...) ante una nueva revisión del asunto, la Sala considera oportuno replantear lo que hasta la fecha fue su criterio mayoritario y arribar a un entendimiento distinto de los artículos 15 del Código Sustantivo del Trabajo y 312 del Código General del Proceso, en el sentido de considerar que es procedente la aceptación de la transacción, en aquellos casos en que se reúnan los presupuestos legales previstos para ello (...).

En fundamento de ello, debe anotarse que si bien la Sala de Casación Laboral como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene a su cargo la función de unificación de la jurisprudencia a través del conocimiento de los recursos de revisión y casación, lo cierto es que la transacción no es un mecanismo procesal incompatible o contrapuesto a estas facultades de autoridad de

cierre, ni a la etapa extraordinaria de casación del juicio laboral. En esa dirección, si bien la transacción no está regulada de forma expresa en el Código Procesal del Trabajo, lo cierto es que esta, al igual que otras tantas figuras no establecidas en aquel estatuto, es plenamente aplicable a los asuntos laborales en virtud de la remisión a las normas generales del proceso que autoriza el

SCLAJPT-06 V.00 9

Radicación n.° 85117 artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y aunque su solicitud de aprobación se dé en el curso del trámite de casación, no significa que sea extemporánea o ajena al juicio laboral, dado que en esta etapa el proceso aún sigue en curso y la decisión de instancia recurrida no ha cobrado firmeza. De ahí que la facultad de las partes para terminar de manera temprana y concertada el litigio a través de esta figura, no se enerva por su falta de previsión en el artículo 14 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social o por su solicitud en sede de casación, pues el artículo 312 del Código General del Proceso señala que se puede presentar en cualquier estado del proceso e incluso respecto de «las diferencias que surjan con ocasión al cumplimiento de la sentencia». Aunado a ello, la Sala estima que darle viabilidad a la aplicación de la transacción permite la materialización de otros principios procesales y constitucionales que también irradian el juicio laboral, como son los de economía procesal, lealtad procesal y buena fe de las partes en controversia; y no compromete el criterio de la Corte para resolver futuras controversias, toda vez que su

labor se ciñe a verificar la incertidumbre «real y efectiva» sobre los derechos transados por las partes y luego de ello, a impartir aprobación a lo convenido por estas, sin entrar a estudiar el asunto de fondo pues no le incumbe declarar o desestimar el derecho en discusión a partir de la verificación de lo fallado por el juez de segunda instancia, como sí le correspondería en su labor de tribunal de casación. Por ello, antes que proscribir la procedencia de la figura en sede de casación laboral, es pertinente avalar su aplicación, precedida claro está, de una rigurosa y cuidadosa verificación que será la que garantice la observancia de los principios de irrenunciabilidad e indisponibilidad de los derechos mínimos de los trabajadores, tal y como lo prevé el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 53 de la Carta Política, y en virtud del carácter público de las normas del trabajo y su propósito principal de dar equilibrio social a las relaciones patrono laborales -artículo 1.º del Código Sustantivo del Trabajo-. En ese contexto, la Sala considera necesario destacar que existen unos presupuestos cuyo cumplimiento es indispensable para que proceda la aprobación de la transacción, esto es, que: (i) exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver; (ii) el objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible; (iii) el acto jurídico sea producto de la voluntad libre de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento, y (iv) lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes (CSJ AL607-2017), o no sea abusiva o

lesiva de los derechos del trabajador.

SCLAJPT-06 V.00 10

Radicación n.° 85117 Claro lo anterior, la Sala advierte que aprobará el acuerdo de transacción objeto de estudio únicamente en cuanto a Gabriel Acevedo Maya, pues respecto a María Victoria Acevedo Maya no se cumple el primer presupuesto antes referido, esto es, que exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver. En efecto, adviértase que en el caso de la precitada accionada el litigio que se promovió en su contra terminó al no haber apelado de la sentencia de primera instancia. En esa dirección, es oportuno recordar que en la demanda que dio inicio a este proceso el accionante reclamó el pago de honorarios por la defensa jurídica que en particular e individualmente ejerció en favor de los accionados, y el a quo fijó los honorarios que estimó procedentes y que, a su juicio, dos de los codemandados, Gabriel Acevedo Maya y la precitada, adeudaban a aquel. Asimismo, que contra esta decisión, se reitera, la accionada María Victoria Acevedo Maya no apeló y por ello el ad quem la dejó incólume en cuanto a la condena dictada en contra de aquella, tal como expresamente lo aclaró. De modo que el interés de dicha codemandada en este litigio finalizó y la sentencia de primer grado hizo tránsito a cosa juzgada. Al respecto, debe señalarse que, conforme a lo establecido por el artículo 60 del Código General del Proceso y lo adoctrinado por esta Sala, en el caso de los litisconsorcios facultativos, como sin duda se configura en

este proceso, el efecto suspensivo del recurso extraordinario de casación solo cobija al litisconsorte recurrente, dado que

SCLAJPT-06 V.00 11

Radicación n.° 85117 respecto de aquel que no acude a este medio excepcional de impugnación, la sentencia se encuentra en firme, en tanto en sus relaciones con la contraparte los litisconsortes se consideran como litigantes separados y los actos de uno no redundan en beneficio o perjuicio de los otros (CSJ AL22612019). Precisamente, en esta decisión la Corporación señaló: Por consiguiente, para esta sala, luego de un nuevo estudio de la situación y atendiendo a los efectos jurídicos procesales que se tienen cuando se demanda en calidad de litisconsorcio facultativo, es razonable afirmar que el efecto suspensivo en el que se concede el recurso extraordinario de casación, en presencia de tal figura jurídica, no debe acarrear la suspensión de la decisión judicial que se encuentra en firme para aquellos respecto de los que no fue concedido dicho recurso. Tal posición es armónica con el principio constitucional de pronto y real acceso a la administración de justicia, toda vez que al negarse el cumplimiento de una sentencia judicial que adquirió firmeza para uno o varios integrantes de un litisconsorcio facultativo se estaría desconociendo el acceso a dicho principio constitucional que es imperativo en el Estado Social de Derecho Colombiano. Conforme lo expuesto, la Sala considera que en el caso de María Victoria Acevedo Maya la transacción no es pertinente y por tanto no se puede acceder a decretar la terminación de un proceso que ya se encuentra legalmente

concluido para ella desde la sentencia de primera instancia. No obstante, en atención a que en tal acuerdo las partes en comento expresamente acordaron que «quedan transadas y pagadas la totalidad de las cuestiones debatidas y las condenas impuestas en las sentencias de primera y segunda instancia», que «toda acreencia que tenga por causa el contrato de prestación de servicios de abogado (...) ha quedado extinguido» y, en coherencia con ello, se declararon a paz y

SCLAJPT-06 V.00 12

Radicación n.° 85117 salvo «por todo concepto», la Corte entiende que su objetivo fue establecer el pago como causa extintiva de cualquier obligación que pueda derivarse del proceso ordinario laboral que los ató y ya finalizó, de modo que así se declarará. Por otra parte, la Corte aceptará el acuerdo de transacción entre Bernardo Gonzalo Cardona Hurtado en calidad de demandante y Gabriel Jaime Acevedo Maya, cuyo proceso ordinario laboral sigue vigente y es precisamente el recurrente en casación, de modo que en su caso se declarará la terminación del litigio. Lo anterior porque se cumplen los requisitos legales referidos en el precedente transcrito con antelación, pues: (i) entre las partes existe un derecho litigioso eventual y pendiente de resolver en sede de casación; (ii) lo negociado no configura un derecho cierto e indiscutible; (iii) del acuerdo allegado se evidencia que las partes suscribientes de la transacción, manifestaron su voluntad expresa de dirimir la discusión que los convocaba a través de dicho pacto, sin que se advierta o alegue algún vicio en el consentimiento de alguna de ellas, y (iv) existen concesiones

recíprocas entre los contendientes. En el anterior contexto, la Corte aceptará la transacción que se presentó respecto del recurrente Gabriel Jaime Acevedo Maya, sin imponer costas pues no se causaron, y declarará el pago de la obligación en cuanto a la codemandada María Victoria Acevedo Maya.

III. DECISIÓN

SCLAJPT-06 V.00 13

Radicación n.° 85117 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: Aceptar la transacción que GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA y BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO celebraron, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No aceptar la transacción entre MARÍA VICTORIA ACEVEDO MAYA y BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Se declara que entre BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO y MARÍA VICTORIA ACEVEDO MAYA se configuró el pago de toda obligación derivada de este proceso ordinario laboral, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Sin costas.

QUINTO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

SCLAJPT-06 V.00 14

Radicación n.° 85117

SCLAJPT-06 V.00 15

Radicación n.° 85117

SALVO VOTO

SCLAJPT-06 V.00 16

CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO 050013105013200900689-01

RADICADO INTERNO: 85117

RECURRENTE: GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA

JUAN GUILLERMO ACEVEDO MAYA, LUIS

JAVIER ACEVEDO MAYA, MERCEDES

CECILIA ACEVEDO MAYA, GLORIA ELENA

ACEVEDO O ACEBEDO DE ARANGO,

BERTA LUCIA ACEVEDO DE MONTAÑA,

MARIA VICTORIA ACEVEDO MAYA, MARIA

OPOSITOR:

CLARA ACEVEDO MAYA, BERNARDO

GONZALO CARDONA HURTADO, JORGE

ALBERTO ACEVEDO MAYA, JOSE

AGUSTIN ACEVEDO MAYA, HEREDEROS

INDETERMINADOS DE BERTA MAYA DE

ACEVEDO

MAGISTRADO PONENTE: DR.IVAN MAURICIO LENIS GOMEZ

Secretaría Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN En la fecha 12 de enero de 2021, Se notifica por anotación en estado n.° 001 la providencia proferida el 25 de noviembre de 2020.

SECRETARIA__________________________________

Secretaría Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia CONSTANCIA DE EJECUTORIA En la fecha 15 de enero de 2021 y hora 5:00 p.m., queda ejecutoriada la providencia proferida el 25 de noviembre de 2020.

SECRETARIA____________________________________

SCLTJPT-05 V.01

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado Ponente SALVAMENTO DE VOTO Radicación n.° 85117 Acta 44

Referencia: Demanda promovida por BERNARDO GONZALO CARDONA HURTADO promueve contra

GABRIEL JAIME ACEVEDO MAYA, los herederos

determinados GLORIA ELENA, JUAN GUILLERMO, LUIS

JAVIER, JORGE ALBERTO, MARÍA VICTORIA, MERCEDES, AGUSTÍN y BERTHA LUCÍA ACEVEDO MAYA y los indeterminados de BERTHA MAYA DE

ACEVEDO.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me aparto de la postura adoptada, en la que se dispuso analizar de fondo y aprobar parcialmente el contrato de transacción presentado por las partes, como paso a explicar. Rad. 85117 Salvamento de voto La Sala mayoritaria, con fundamento en la providencia CSJ AL1761-2020, analizó de fondo la transacción arrimada por las partes, impartiendo su aprobación parcial frente ella. Contrario a lo sostenido en esta decisión, en mi prudente juicio, la Sala no tiene competencia para pronunciarse de fondo y resolver sobre la solicitud de transacción que presenten las partes en el trámite del recurso de casación, tal y como se sostuvo por parte de esta Corte en el proveído AL8458-2017, reiterado entre otros en el AL1213-2018, AL3808-2018; en el primero de estos se dijo: Desde la conformación de la Corte Suprema de Justicia en 1886, se le asignó como finalidad principal la unificación de la jurisprudencia y, en lo que atañe a la disciplina del trabajo y de la seguridad social, conforme al artículo 34 del Decreto 2350 de 1944, se confío la definición a la justicia laboral de los recursos

de revisión y de casación, lo que se mantuvo en la Ley 6 de 1945, y también en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dando cuenta que, en todas estas etapas ha sido determinante para la Sala el análisis sobre la legalidad de las sentencias y no de los procesos. Precisamente es a partir de tal dogmática que, hasta la fecha, esta Sala ha insistido que no corresponde, fuera del debate en el recurso de casación, a través de la violación de medio, resolver sobre las nulidades o demás defectos procesales que hayan podido concretarse al interior de los trámites, pues la comprensión de la competencia restringida sobre aspectos sustanciales es la que fortalece la función unificadora que se nos ha asignado. Esa función se entendió desde los albores de la disciplina del trabajo y fue abordada, en pronunciamiento de 1946, por el entonces Tribunal Supremo del Trabajo, en el que se explicó la inviabilidad de aceptar la transacción desde dos aristas, la primera ya esbozada sobre la competencia en esta sede en punto a la legalidad de la sentencia y, de otro, porque una idea en el sentido de pronunciarse fuera del recurso implicaría menoscabar 2 Rad. 85117 Salvamento de voto su razón, al resolver como trámite aquello que amerita una definición definitiva, para establecer, de fondo, si hay un objeto o causa ilícita en aquello que disponen las partes, de manera que se comprometería el criterio de la Corte en eventuales controversias. Así se dijo: «Ambas partes piden que no se formule condenación en

costas y renuncian términos de ejecutoria de providencia favorable. Aunque aquí no puede hablarse del juicio, porque ya terminó con la sentencia de segunda instancia, sino del recurso de casación, entiende la Corte, para interpretar con amplitud, que se trata del desistimiento de ese recurso extraordinario. La parte demandada fue la recurrente y como ella acepta el desistimiento del actor, también es lógico entender que desiste de su recurso. En cuanto a la transacción que, según el memorial, han celebrado las partes, la Corte advierte que por ser irrenunciables los derechos que confieren las leyes sociales, el trabajador no puede celebrar una transacción que implique esa renuncia. Como se desconocen los términos del acuerdo y tampoco se sabe cuáles son los derechos ciertos del actor, por cuanto la Corte no puede en este momento hacer un estudio de fondo que solo corresponde verificar en la sentencia, no es del caso examinar si la transacción está ajustada a aquella norma de derecho social» (Gaceta del Trabajo #2 a 4 Tomo I 1946). Tal criterio es válido a la luz de hoy, esto es que finalmente la aceptación de una transacción o de cualquier acuerdo entre las partes, en sede de casación, implica un examen de fondo sobre la controversia, como determinar si los derechos transados son inciertos e indiscutibles, aspecto sobre el cual, por ejemplo, en la doctrina no es pacífica tal figura de la transacción, dadas las características propias de las garantías que aquí se resuelven. (Subrayado fuera del texto original). Lo anterior por cuanto, en contraposición a los criterios

civilistas que han permeado las más de las veces la lectura de las normas del trabajo, y según los cuales, incluso con certeza sobre lo debido es posible transar, en el derecho social existe una restricción fundamental a la voluntad de las partes, que se genera como una limitación estatal que procura que el trabajador, por razón de su precariedad económica acceda a aceptar un acuerdo que sea lesivo a sus intereses por una necesidad 3 Rad. 85117 Salvamento de voto imperiosa, y con ello afecte sus derechos y es el principio de indisponibilidad o más conocido como el de irrenunciabilidad. Es que en el ámbito del trabajo y también en la de la seguridad social no hay distancia entre el derecho sustancial y el procesal, y la transacción es una muestra de ello, pues el simple acuerdo formal no resulta suficiente al trasluz de los principios que amparan la disciplina, como manifestación de una restricción disp