CSJ - AL6071-2017

RepúbdleCi oclao mbia con, Sgpramad eJ usticia Sala• casac1•1L awal JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ Magistrado ponente AL6071-2017 Radicación n. º78030 Acta 32 Bogotá, D. C., seis (06) de septiembre de dos mil diecisiete (201 7). Decide la Corte el recurso de queja propuesto por el apoderado de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP, contra el auto de 24 de febrero de 201 7, dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante el cual decidió, no conceder el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 19 de diciembre de 2016, proferida por el mismo Tribunal, dentro del proceso ordinario que contra la recurrente instauró CRISTO MANUEL GONZÁLEZ

ORTEGA.

Radicación n. º 78030 l. ANTECEDENTES De las copias allegadas se sabe que el señor Cristo Manuel González Ortega, instauró proceso ordinario laboral contra la Caja Nacional de Previsión Social EIC en Liquidación, con el fin de que fuera condenada a pagarle los incrementos pensionales por personas a cargo, debidamente indexado, y las costas del proceso. Correspondió el conocimiento del proceso al Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú (Córdoba), quien mediante sentencia del 24 de julio de 2015, condenó a la sucesora procesal de la entidad accionada, la Unidad Administrativa

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP a pagarle, a partir del 23 de julio de 1997, el incremento pensional debidamente indexado, por su cónyuge Elvira Luz Sierra Urango, en un 14% del valor de su pensión reconocida inicialmente y un 7% por hijo a cargo -Ariel Domingo, Ayrton del Cristo, Manuel del Cristo y por valor total de $ Jair José González Sierra-, 44.248.366,29. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en sentencia del 19 de diciembre de 2016, al decidir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la convocada, revocó parcialmente la de primera instancia, para en su lugar declarar que el demandante no le asiste el derecho al incremento del 7% de su pensión de vejez por hijos a cargo y la confirmó en todo lo demás. 2 Radicancº.7i 8ó0n3 0 Inconforme con la anterior determinación la demandada interpuso recurso extraordinario de casación, mediante proveído del 24 de febrero de 201 7, el Juez colegiado lo negó al considerar la falta de interés para recurrir por la parte accionada, pues al cuantificar la condena impuesta por el juez de primera instancia y modificada por el de segundo grado por concepto de incremento pensiona! por cónyuge a cargo desde el 23 de julio de 1997 debidamente indexada, más la incidencia futura de 296,5 meses se obtuvo un total de $25.290.137 ,O 1 que no supera la cuantía mínima exigida en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social. La convocada formuló recurso de reposición y, en subsidio, solicitó la expedición de las copias para instaurar queja, para lo cual argumento que al tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la cuantía es indeterminada, lo que significa que supera el mínimo exigido por la ley; que también la expectativa futura es incierta porque pese a utilizar la tabla de mortalidad expedida por la Superintendencia Financiera, lo cierto es que la probabilidad de vida del pensionado puede ser inferior o superior a la allí señalada y por último, reprocha el monto mensual con el cual el colegiado cuantificó la incidencia futura puesto que a partir del 2018 se desconoce el valor del salario mínimo y no va a corresponder con dicho cálculo. El colegiado para mantener su posición adujo que la condena impuesta corresponde a un incremento 3 Radicancº.7i 8ó0n3 0 pensioynt ae!n ieenndc ou enetlav aldoerrl e troayc tliav o expectadtevi ivdada e alc cionlaanc tuea nteísia n ferail oar mínimeax igipdaara ac cedaelrr e curdseco a sación. 11C.O NSIDERACIONES Sec omienpzoara dverqtuielr a C orthea fi jadcoo mo derrotpearroda e termilnavar i abileindl aacd o ncesyi ón admisidóenl r ecurseox trdaionraritor,a tándodseel demandadeol,v alodrel asc ondenlaisq uidhaadsatsla a fechdael as entendcesi eag ungdroa dhoa,b icduae nqtuae

loq uee nv erdasdee stipmaar eas toesf ecteoses l c osto económiqcuoe i mpliqpuaer al ap artaec cionaudnaa pérdipdoar v irtdued lasc ondendaesc retayd qause justamesnetc eon soleindl aaf echdaep roferimdieel nat o sentenccoirar espondiente. Asím ismoe,l a rtíc8u6l doe lC ódigPor ocesdaell Trabayj od e laS eguri_dS aodc ials,e t ienqeu es erán susceptidbellre esc urdseoc asacilóonsp rocescousy a cuanteíxac eldoa1s 2 0s alarmiíonsi moqsu,ea l af echdae l falldoe s egungdroa d<o1 6d ed iciedmeb2 r0e1 6a>s cendaí a las umad e$ 82.734.480. Ene fecltaocs,o ndeniamsp uesatlad se mandapdoor las entendceis ae gungdroa dao f avodre la ctoarlr evocar parcialmleand teel correspoaln dien cremento a quo, pensiopnoarc! ó nyuag cea rgqou,ec uantifiac laadf oe cha del as entendcesi eag unidnas tanacsicai eanl daes umad e $25.290..1O1; s3 i7nq ues obrdei chvoa lloarr ecurreenn te 4 Radicación n. º 78030 queJa hubiera expresado claramente el motivo de su disentimiento; simplemente, argumentó que por tratarse de una obligación de tracto sucesivo es imposible su

cuantificación. Al respecto, esta Sala tiene definido que el interés para recurrir en casación constituye un criterio objetivo fijo, dependiente de factores claramente determinables en el momento de la sentencia de segundo grado y no hipotéticos e indeterminables. Así mismo, como lo ha sostenido de manera reiterada esta Sala, en materia pensiona!, dada la naturaleza vitalicia y tracto sucesivo de dicha obligación, es claro que se debe tener en cuenta la incidencia futura respectiva, por tanto, para establecer el interés economico, es necesario cuantificar el incremento pensiona! con proyección por la expectativa de vida del actor, por tanto, para establecer el interés económico, es necesario cuantificar dicho incremento durante la vida probable del pensionado­ demandante. Significa lo anterior, que el Tribunal no incurrió en el desacierto que le enrostra la censura, más aún cuando el recurrente en queja olvidando la necesaria demostración economica que precisa su pretensión en el presente recurso, no ofrece ningún razonamiento valorativo del que se desprenda el yerro atribuido al juez de apelaciones, más cuando ni siquiera le ofreció reproche alguno el cálculo por este efectuado, el mismo, se circunscribe a la imposibilidad 5 Radicación n. º 78030 de la determinación del interés jurídico para recurrir al considerar que la cuantía es indeterminada por la incertidumbre de la vida probable del actor y el desconocimiento de los aumentos salariales, lo que en su sentir, le otorga el derecho al recurso extraordinario, pesre afirmaciones que por lo dicho no resultan ciertas y por

tanto no tienen vocación de prosperidad. En el presente caso, el Tribunal, como se dejó sentado, condenó a la entidad accionada al pago de los incrementos pensionales, debidamente indexados, por su cónyuge Elvira Luz Sierra Urango en un 14% del valor de su pensión, a partir del 23 de julio de 1997; por lo que efectuadas las operaciones aritméticas correspondientes, hasta la fecha de la sentencia de segundo grado, se le adeudan, debidamente indexados $18.990.045. De igual manera, al tomar el valor de los incrementos pensionales para el año 2016, que ascienden a $96.523,70, lai ncenicdifuatu raco nforme a la expectativa de vida del citado demandante de 10.9 años, quien para la fecha de la sentencia que se pretende impugnar contaba con 77 años de edad, equivale a la cantidad $14.729.516,62. Sumado el reajuste de los incrementos, debidamente indexados, liquidados hasta la fecha del fallo de segunda instancia y la incidencia futura, lo pretendido totaliza $33.719.561,62. 6 V Radicación n. º 78030 Así, sin mayores consideraciones se establece que el interés jurídico de la demandada para recurrir en casación se concretó en el valor de $33. 719.561,62, por tanto, no se cumplen los requisitos exigidos por la ley, pues es una suma inferior a los 120 salarios mínimos legales mensuales, requeridos para la concesión del recurso extraordinario con arreglo al artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social, modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, vigente para la presente anualidad en que se profirió la sentencia de segunda instancia y que equivalía a la suma de $82.734.480, por no asistirle interés jurídico para ello. En consecuencia, acertó entonces el Tribunal, al no conceder el recurso de casación propuesto por la demandada, por lo que se declarará bien denegado.

111. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Laboral. RESUELVE PRIMERO. /Declarar BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado por el apoderado de la demandada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

7 Radicacni.ó7ºn8 030 PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP, contra la sentencia de 19 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso instaurado contra la recurrente por Cristo Manuel González Ortega. SEGUNDO. Devolver el expediente al Tribunal de ongen. lase,

ASTILLO CADENA

8 Radicación n. º 78030 ---z::fifi.-rc-- -·-... lli;,,.fi.fifi

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO ' r- \

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